De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

La pregunta lleva lumbre pero no sorprendería si en un futuro el rumor se vuelve realidad.

Y es que en menos de dos semanas, en momentos distintos y en voz de personajes distantes entre ellos, me enteré que un buen número de emecistas han colocado sobre el escritorio el nombre de Juan José Frangie como una opción para proponerle que dirija su mirada hacia la capital.

¿La razón?

Porque consideran que Verónica Delgadillo y su equipo cercano están más preocupados en producir estallidos mediáticos de poca duración, que en hacer un gobierno eficiente y de largo aliento.

Me dicen que en el primer cerco montado alrededor de Pablo Lemus hay quienes proyectan que de seguir viajando en demasía al extranjero y continuar cediendo el mando a su gente de confianza, el escenario electoral intermedio pinta en extremo complicado.

Sobre el particular, tuve a la vista una encuesta en la que Morena ya rebasa en Guadalajara con seis puntos porcentuales a Movimiento Ciudadano.

Dicho de otro modo, de acuerdo a las mediciones que tienen en mano los estrategas del poder naranja, si la cuatro té elije un perfil verdaderamente competitivo –ya sea Mary Gómez o Claudia Delgadillo, por ejemplo- el triunfo emecista se vería tremendamente comprometido.

En este sentido, y aunque en lo personal creo que Frangie, al término de su gestión, se integrará al gabinete de Lemus como jefe de gabinete, lo cierto es que hay dos variables que podríamos contemplar.

La primera es que el actual alcalde zapopano –que para mi gusto ha sido mucho mejor presidente municipal de lo que fue el gobernador- aparece con buen posicionamiento en el ánimo metropolitano, lo que supone que daría una batalla digna, con amplias posibilidades de refrendar el gane para emecé.

La segunda, es que indudablemente Pablo se sentiría más cómodo teniendo como candidato a Juan José que a Verónica.

¿Por qué?

Porque el manual dice que presidir el ayuntamiento tapatío es la vía corta que conduce a Casa Jalisco, y por lo que se sabe, a Lemus nada le provocaría más alegría que su gran amigo y maestro le sucediera en el cargo.

En este espacio he sostenido que Juan José Frangie es uno de esos casos de excepción en el que un empresario logra sortear con éxito una alta responsabilidad en el ámbito público.

Al margen del afecto y profundo respeto que le tengo, estoy convencido de que nadie con un mínimo de sensatez, puede negar que su trabajo es muy aceptable.

Así pues, recordemos que en política no hay sorpresas, de manera que si comienza a cobrar fuerza la versión que aquí expongo, no habría cabida para los sorprendidos.

@DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista social, escritor y analista político.

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

La importancia de darle continuidad a la transparencia en Jalisco será relevante para determinar el mejor modelo de quien sustituirá al órgano garante en el Estado. Habrá que establecer, entre lo pasado y lo presente del derecho al acceso a la información pública, qué se puede construir que no interfiera con la legislación, pero que definitivamente permita de manera certera que el ciudadano tenga acceso a la información pública y se garantice el derecho a saber.

Un reto sin duda importante en nuestra entidad federativa, pero que debe marcar la pauta en materia de transparencia gubernamental.

A menos de un mes para que sucumba el antiguo modelo de órganos garantes y transitemos a la transformación de la transparencia en México, Jalisco deberá aprovechar todo su bagaje histórico de más de dos décadas en los temas de transparencia para consolidar un nuevo modelo que permita el acceso y la garantía de acceso a la información pública.

Tendrá también que demostrar a sus ciudadanos que es un asunto de suma importancia para los poderes Legislativo y Ejecutivo participar propositivamente en mantener la transparencia accesible a todo ciudadano, cuidando de todas las formas posibles que en Jalisco se tenga acceso a la información gubernamental para cotejar las acciones de gobierno con la realidad de los discursos politiqueros.

En este sentido, cabe ser conscientes de que, ante la oportunidad de consolidar un modelo adecuado para abonar a la continuidad del acceso a la información pública, generando las condiciones que reúnan sin falta la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, se conserven y, mediante capacidades institucionales de responsabilidad gubernamental, la transparencia en Jalisco no disminuya los estándares de acceso a la información pública con los que durante dos décadas se ha cimentado.

La nueva reforma que nos deja un modelo distinto deberá marcar la diferencia entre las entidades federativas, como lo ha hecho Jalisco, en calidad de puntero en el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Es importante resaltar que esta construcción de un nuevo modelo estatal que garantice la transparencia debe ir de la mano de la participación ciudadana. Jalisco cuenta con una considerable cantidad de sociedad civil, instituciones y organizaciones de expertos transparentólogos que, sin duda, son parte importantísima de casi más de veinte años de aportar y construir la transparencia jalisciense, de los que se puede percibir la preocupación que generó el nuevo modelo de la federación en materia de transparencia, y que tiende a la opacidad y debilitó un sistema construido bajo el derecho humano a la información. Sin embargo, toca a todos en Jalisco ser proactivos en este corto espacio para generar el nuevo modelo de transparencia en Jalisco.

En este contexto y ante la oportunidad que tenemos en Jalisco, ahora que se discute la Nueva Ley de Transparencia del estado, se vuelve fundamental dar continuidad a la transparencia. Esta es la obligación de las autoridades y organismos públicos de poner a disposición de los ciudadanos la información relativa a sus acciones, decisiones, el uso de recursos públicos y cualquier otra actividad que realicen. Es un derecho esencial para la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la democracia.

Jalisco deberá tener la capacidad de enfrentar la regresión que implica el nuevo modelo de transparencia de esta administración federal y buscar las oportunidades para conseguir que se dé a la transparencia en nuestra entidad federativa un enfoque de absoluta garantía al acceso a la información pública, accesible y sobre todo útil.

Esperemos que el nuevo modelo de transparencia en Jalisco sea un acierto, producto de la unidad para abonar a la democracia y mantener las garantías constitucionales; dejando la política de lado para ver por la sociedad y la transparencia.

Opinión, por Iván Arrazola //

En México, revisar las noticias del día se ha convertido en un ejercicio de resistencia emocional. Día tras día, los titulares parecen repetirse: joven desaparecido, estudiante no localizado, funcionario ejecutado, hombre asesinado a plena luz del día.

Es un ciclo que no cesa y que, lejos de conmocionar, corre el riesgo de volverse rutina. La violencia se ha instalado como telón de fondo de la vida pública, mientras el discurso oficial insiste en minimizar su gravedad o en reducirla a estadísticas y casos aislados.

El reciente asesinato de dos personas en la Zona Real de Guadalajara volvió a evidenciar la dolorosa normalización de la violencia. El primer caso fue el de Luis Armando Córdova, secretario de Alianzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien fue ejecutado en una cafetería a plena luz del día, sin que nadie pudiera intervenir para evitarlo. Horas más tarde, el homicidio de la joven influencer Valeria Márquez, perpetrado dentro de su propio establecimiento, conmocionó aún más a la opinión pública.

El hecho, captado en video, muestra con crudeza los momentos de angustia e incertidumbre que vivió Valeria antes de ser asesinada. La secuencia de ambos crímenes, lejos de parecer fortuita, deja entrever una inquietante sensación de fatalidad.

Ambos crímenes detonaron una ola de críticas y señalamientos hacia las autoridades locales. Uno de los puntos más cuestionados fue la ineficacia del sistema de videovigilancia C5, cuya utilidad vuelve a ponerse en entredicho cada vez que un asesinato de alto perfil ocurre sin que las cámaras sirvan para identificar o detener a los agresores en tiempo real. ¿Qué tan funcional es este sistema? ¿Qué tan útil resulta cuando los crímenes suceden en lugares vigilados, a plena luz del día y, aun así, los responsables logran huir sin mayor problema?

La respuesta oficial no hizo más que agravar la indignación. El secretario general de Gobierno de Jalisco admitió: «Desafortunadamente no hubo la capacidad de velocidad, de reacción para poder aprehender a los responsables, pero hay que trabajar en eso». Por su parte, el coordinador estratégico de seguridad, Roberto Alarcón, señaló: «Dentro del margen de sus posibilidades, las unidades respondieron». Más que respuestas, estas declaraciones revelan la falta de coordinación, la debilidad de los protocolos de emergencia y la resignación institucional frente a una violencia que claramente los sobrepasa.

Las explicaciones técnicas ofrecidas por Alarcón —como la ventaja que otorgan las motocicletas a los criminales para escapar entre el tráfico— no hacen sino subrayar la incapacidad del Estado para adaptar sus métodos de respuesta a nuevas formas de operación del crimen. La falta de previsión y de capacidades tácticas, sumadas a una pobre inversión en inteligencia, terminan dejando a la población a merced de grupos criminales cada vez más audaces.

Este patrón no es exclusivo de Jalisco. En la Ciudad de México, el asesinato de dos funcionarios públicos a manos de un sicario en plena vía pública mostró una planificación criminal detallada, ejecutada sin obstáculos. Aunque en este caso las autoridades han logrado reconstruir parte de la operación, el hecho de que no se previniera evidencia nuevamente la fragilidad de los sistemas de inteligencia y protección, incluso para funcionarios públicos.

La violencia en México no discrimina, y la justicia pronta parece inalcanzable. La narrativa gubernamental que minimiza los crímenes, como los asesinatos en Zona Real de Guadalajara, profundiza la desconfianza ciudadana. Cada caso impune refuerza la percepción de un Estado incapaz o renuente a garantizar seguridad.

Surgen entonces preguntas urgentes: ¿están las autoridades realmente comprometidas a mejorar las capacidades de respuesta y prevención? ¿Funciona el C5 como debería o es solo una herramienta decorativa? ¿Están los gobiernos dispuestos a revisar sus protocolos de respuesta y a incrementar los recursos destinados a seguridad?

En el caso de la Ciudad de México, mientras los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación se resguardan bajo la narrativa de la “austeridad republicana”, resulta válido cuestionar si comprenden que invertir en inteligencia y seguridad no es un lujo, sino una necesidad. Los servicios de inteligencia no solo sirven para espiar a políticos—como ha sostenido su líder moral—, sino que pueden y deben desempeñar un papel clave en la prevención de delitos de alto impacto.

De no corregirse esta ruta, los crímenes seguirán ocurriendo, la impunidad se perpetuará y el discurso oficial continuará desdibujándose ante una realidad que lo contradice todos los días. Porque si algo queda después de cada asesinato, además del dolor, es una verdad incontestable: el Estado sigue fallando.