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OPINIÓN

Recuperación del salario

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

A mediados del mes de las navidades se dio a conocer por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), el monto que alcanzarán los salarios mínimos a partir del uno de enero inminente. El promedio porcentual del incremento es de 15%, por lo que las cifras quedarán de los $123.22 vigentes en este agónico 2020, en $141.70 pesos diarios en general para la República, con excepción de la zona libre fronteriza donde actualmente se devenga la suma de $185.56 y que llegará a los $213.39 pesos por dia: no cabe duda de que tales números significan una evidente recuperación salarial.

Ya sabemos que esos aumentos al minisalario se determinan en la CONASAMI por los tres sectores que la integran, a saber: el patronal, el obrero y el gubernamental. Lo ideal es que se pongan de acuerdo todos y así se decida anualmente el nuevo salario mínimo; sin embargo no siempre es de tal manera, y en no pocas ocasiones han votado en contra, ya los patrones o en otras veces los representantes obreros. En este año los que no estuvieron de acuerdo fueron los dueños de las empresas, específicamente los señores del sindicato patronal, es decir la COPARMEX, con el respaldo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pues auguran que con esta mejoría a la clase trabajadora, como setecientas mil pequeñas negociaciones irán a la quiebra, por no estar en condiciones de absorber el aumento. Para estos señores el susodicho acrecentamiento es “irracional” y de tinte populista, por lo que impedirá el desarrollo con bienestar.

En Jalisco, dice un dirigente (Aldo de Anda, de los restauranteros) que sus representados son los más golpeados por la pandemia del COVID 19, y que para enero estarán en tesitura de cierre 4,500 de sus giros servidores de comida, advirtiendo que a nivel nacional lo harán como 122,000 restaurantes. En el Estado se tiene un registro de 38 mil negocios de ese ramo, correspondiendo a la zona metropolitana tapatía unos 18 mil.

La filosofía de esas organizaciones, por lo que dicen, es tener trabajadores empobrecidos, con lo cual sí habría decrecimiento económico. Esa fue la política imperante desde 1980 cuando México ocupaba salarialmente el sitial doce entre las 135 naciones más importantes del mundo, hasta la década de 2010 en que de plano nuestro país se desbarrancó clasificándose en el lugar 81.

Con la actual administración federal se lograron dos grandes avances en 2019 y 2020, con inusitados 16 y 20 por ciento respectivos, y sin embargo se llegó al lugar 82 internacional. Ahora con el aumento para el año venidero, se remontarán posiciones para llegar al sitio 76, lo cual prueba que este paso salarial sí traerá mejoras no solo a los cuatro millones aproximados de asalariados del mínimo, sino que de repercusión se beneficiarán otros niveles de mejores sueldos.

Otro paso adelante fue incorporar a la lista de profesiones con minisalario, a las trabajadoras del hogar (con sueldo de $154.03 pesos) y los jornaleros agrícolas, quienes deberán percibir al menos $160.19 pesos al día, lo cual es acto de estricta e inaplazable justicia.

Para comprender mejor este tema de los ingresos de los trabajadores, se debe de tener en cuenta que el salario en México se desplomó durante el periodo neoliberal, o sea en los más de treinta años últimos, para tener el penoso calificativo de considerarlo uno de los salarios más bajos del mundo. Entonces, como afirma el Presidente de la República, “necesitamos, es urgente recuperar la capacidad de compra del salario mínimo. Además, así lo establece la Constitución, el salario debe ser justo y debe de alcanzar para el sustento de la familia, ese es el mandato constitucional”.

En esas más de tres décadas se castigó demasiado el alcance de los trabajadores, a tal grado que hubo años en que los aumentos al salario mínimo estuvieron por debajo de la inflación, lo cual prácticamente fue una infamia atribuible no solo a los patrones, sino a las dirigencias sindicalistas obreras y a la complicidad gubernamental.

Ahora pues, se está en la ruta de recuperar el poder adquisitivo del minisalario, que como ya dijimos tiene efectos en casi todos los sueldos, y esa es la mejor forma de lograr crecer económicamente a la par de beneficiar a toda la población.

Post Scriptum: al terminar esta colaboración, me enteré del artero asesinato del exgobernador de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, la madrugada del viernes 18 de diciembre, en Puerto Vallarta. El crimen, condenable desde cualquier ángulo, no debe quedar sin aclarar: la mafia organizada tiene que ver y nada debe detener a las autoridades estatales para la investigación íntegra. En este como en muchos otros casos, el pueblo espera se haga justicia, para evitar que los jaliscienses la hagan por su propia mano, al concluir que la sociedad está en manos de la delincuencia, grado al cual jamás debemos llegar. Las autoridades tienen la palabra.

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Deportes

Atlas, de la gloria reciente al futuro incierto

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-Por Diego Morales Heredia

A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.

Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.

Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.

Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.

Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.

Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.

Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?

 

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Deportes

Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara

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Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal

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JALISCO

Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac 

Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.

En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.

Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.

Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.

Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?

UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS

El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.

Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.

Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.

Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.

Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.

Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.

Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.

Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.

Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.

CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD

El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.

Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.

Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.

No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.

Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.

MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER

La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.

Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.

Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.

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