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JALISCO

Casos de COVID-19 en personal de salud y en Puente Grande: Falla Gobierno de Jalisco en prevenir coronavirus en casa

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Por Daniel Emilio Pacheco //

En Jalisco, los brotes positivos de COVID-19 con mayor número de casos activos tienen que ver con instituciones del Gobierno Estatal.

El 15 de abril por la noche, la Secretaría de Salud Jalisco confirmó siete casos de COVID-19 entre personal de salud, cuyo contagio estaba asociado a la atención prestada en unidades médicas; los casos se registraron en el municipio de Puerto Vallarta.

Aseguraba la SSJ que desde una semana antes -pongamos 7 de abril-, había reforzado la vigilancia y la aplicación de protocolo de ingreso y salidas en unidades médicas (filtros); la limpieza y exhaustivos de las áreas; decía que también dio la capacitación en el uso adecuado del equipo de protección personal; así como el apego al uso y disposición de ropa de trabajo del personal de salud.

¡Ojo! Desde el 20 de marzo en Jalisco se había tomado la decisión de enviar a la población a casa por lo contagioso de la enfermedad, pero, la Secretaría de Salud hasta dos semanas después, según su reporte, capacitaba al personal de salud: «en el uso adecuado del equipo de protección personal; así como el apego al uso y disposición de ropa de trabajo del personal de salud».

La SSJ remataba su comunicado diciendo: «En suma se están supervisando la correcta observancia de todos los lineamientos federales y estándares internacionales».

Para el 24 de abril, la SSJ informaba que se registraban en la entidad: «19 casos positivos de SAR-CoV-2 entre personal de salud, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas».

El número de casos era la suma de: «doce corresponden a residentes del municipio de Puerto Vallarta y siete residentes de Ocotlán».

El dato curioso ese día era que Ocotlán registraba 9 enfermos activos por Covid-19, de los cuales 7 eran del personal de salud.

Cuatro días después, el 28 de abril, la SSJ reportaba 26 casos positivos de Covid-19 entre personal de salud: «De éstos, 19 corresponden a residentes del municipio de Puerto Vallarta, y siete a residentes del municipio de Ocotlán» informaba la institución.

Abril cerraba su día 30 con 32 casos positivos de SAR-CoV-2 entre personal de salud, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. 21 correspondientes a residentes del municipio de Puerto Vallarta, nueve a residentes del municipio de Ocotlán y dos del municipio de Guadalajara.

Al cierre del día 2 de mayo, se han registrado 33 casos positivos de SAR-CoV-2 entre personal de salud, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. De éstos, 21 corresponden a residentes del municipio de Puerto Vallarta, nueve a residentes del municipio de Ocotlán y tres al municipio de Guadalajara.

Las quejas del personal de salud pertenecientes a la SSJ son recurrentes:

-Insuficientes insumos médicos

-Falta de capacitación

-Uso de prestadores de servicio social mal preparados y obligados a trabajar.

-Carencia de adecuado equipo de protección.

-Ausencia de los responsables jerárquicos en varias unidades de salud.

CASO PUENTE GRANDE

El 5 de marzo se supone fue puesto en marcha el P​rotocolo Penitenciario de Prevención y Detección Temprana del Covid-19, dentro del estado de Jalisco. Según eso, el protocolo incluye medidas preventivas sanitarias, de concientización y sanitización dentro de las cárceles del estado.

Sin embargo, el 22 de marzo ante el incremento de casos de COVID-19 en la entidad, la Dirección de Reinserción Social del Estado de Jalisco, anunció la suspensión de las visitas a todos los centros penitenciarios por tiempo indefinido, sólo se permitirían visitas en casos jurídicos y humanitarios especiales. Incluso, se informó que pondrían una línea telefónica para dar información a familiares de los presos sobre el estado de salud de sus seres queridos.

El 17 de abril, casi un mes después de la suspensión de las visitas, y casi mes y medio de la implementación del pomposo «P​rotocolo Penitenciario de Prevención y Detección Temprana del Covid-19», nos informa la SSJ que, resultado de un muestreo aleatorio en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, se identificaron tres casos positivos de COVID-19.

Cuatro días después, 21 de abril, ya se reportaban ocho casos activos de Covid-19 en el penal de Puente Grande.

Para el 27 de abril, la SSJ reportaba 29 casos activos de Covid-19 en el penal de Puente Grande, informaba, además: «Es importante señalar que al día de hoy solo se han detectado casos positivos únicamente en el Reclusorio Preventivo, el resto del Sistema Penitenciario de la entidad no presenta ninguno».

«… en Jalisco se han tomado acciones estrictas para prevenir y evitar el avance de la enfermedad, según los estándares avanzados de la Organización de las Naciones Unidas adaptadas al Sistema Penitenciario Mexicano, entre las que destacan:

1. Aplicación de medidas sanitarias de orden general, como la suspensión de visitas, el uso de cubrebocas y desinfectantes, además de procesos de limpieza y sanitización constante de los espacios».

La SSJ informaba el 29 de abril de la existencia de 40 casos activos de Covid-19 y el 30 de abril, informó de 5 casos más, sumando 45 casos activos al cierre del mes.

En mayo, el Penal de Puente Grande ha registrado 51 casos positivos a Covid-19 el día primero y 58 el segundo día.

Y ante el creciente número de casos positivos en Covid-19 en el Penal de Puente Grande, surgen las quejas y evidencias de que las cosas no se están haciendo bien al interior del complejo penitenciario.

Por medio de un comunicado, Familiares Unidos de Personas Privadas de su Libertad, denunciaron que las autoridades del estado de Jalisco no les han proporcionado información clara y suficiente respecto al estado de salud de sus familiares que se encuentran dentro de los Centros de Reinserción Social de Puente Grande Jalisco, tal como se habían comprometido a hacerlo.

Una situación más que ejemplifica el mal manejo de los riesgos por Covid-19 en el Penal de Puente Grande, es la muerte de Ricardo Cárdenas, empleado de limpieza en el Reclusorio Preventivo, a causa de COVID-19, para sus familiares y cercanos, es considerada una negligencia de parte del Director de Reinserción Social, José Antonio Pérez Juárez, pues fue omiso a las indicaciones del Gobierno Federal sobre retirar del espacio laboral a grupos vulnerables, según el dicho de sus conocidos Ricardo padecía de diabetes.

Por si fuera poco, el periódico Mural el 17 abril, publicó una nota donde se conoció la denuncia que realizó personal del reclusorio de Puente Grande sobre el riesgo que sentían de contraer coronavirus por la falta de medidas sanitarias, esto es entendible pues la nota da cuenta de que, “la Dirección de Reinserción y Prevención Social siguió permitiendo los encuentros deportivos entre reclusos y que mujeres privadas de la libertad visitaran varios reclusorios varoniles”. Se muestra en la publicación imágenes de lo animado de la reunión, donde se señala que en estas reuniones hubo apuestas, bebidas embriagantes, carne asada y albercas.

El sábado 2 de mayo Jalisco cerró con 510 casos confirmados de Covid-19, de los cuales 58 son aportados por el Penal de Puente Grande, es decir, más del 10 %. Y 33 casos positivos de personal de la salud, más del 6%.

Si sumamos los casos de estas dos dependencias del Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Salud y Reinserción y Prevención Social, nos damos cuenta de que, de los 510 casos confirmados de Covid-19, 91 casos son aportados por Centros de Salud y Penal de Puente Grande, es decir el 17.84 % de los casos surgen por mal manejo de protocolos y capacitación por parte de los funcionarios del Gobierno de Jalisco.

¿No creen que se deberían fincar responsabilidades a los funcionarios a cargo de los errores que ponen en riesgo la salud de los jaliscienses?

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ENTREVISTAS

Es hora del drenaje profundo, plantea el CICEJ

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Por Gabriel Ibarra Bourjac //

La solución integral de fondo a los problemas de las inundaciones que enfrenta y sufre la metrópoli cada temporal de lluvias es la implementación de un drenaje profundo, un proyecto de infraestructura magna que manejaría exclusivamente el agua pluvial, aliviando la presión sobre el sistema combinado de drenaje actual.

Este sistema, inspirado en proyectos exitosos como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans), requiere una inversión estimada de 20,000 a 25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12 a 15 años.

La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Mirna Avilés, así lo precisa en entrevista con Conciencia Pública y señala que el CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo ya el pago de estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Esto no es algo nuevo, el estudio lo hizo en 2017 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ya hay incluso los análisis de las cuencas, los análisis de dónde podría ser drenaje semiprofundo, en dónde puede ser profundo, ya hay un análisis completo”.

Entonces, lo que hay que hacer es animarse a dar el paso, porque creo que recursos siempre vamos a necesitar, pero alguien se tiene que animar a dar el primer paso. Como sociedad y como ciudad no nos merecemos esta infraestructura, pero también no nos merecemos la falta de toma de decisiones”, precisa Mirna Avilés, experta en temas hidráulicos.

El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica; no solo descargaría agua hacia destinos como la barranca, sino que también permitiría regenerar parte de este volumen para nuevas fuentes de abastecimiento, promoviendo una economía circular del agua.

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) enfrenta cada temporal de lluvias un desafío recurrente: inundaciones que generan pérdidas humanas, daños al patrimonio y caos en la vida cotidiana de sus más de 5 millones de habitantes.

La combinación de una infraestructura hidráulica obsoleta, con tuberías de hasta 70 años, y un crecimiento urbano desordenado ha convertido el agua de lluvia en una amenaza en lugar de un recurso.

La ingeniera Mirna Avilés, ha señalado que este problema no radica en la escasez del agua, sino en una gestión deficiente que requiere soluciones integrales y de largo plazo.

La normalización de las inundaciones, con 570 puntos críticos identificados por la Universidad de Guadalajara y 363 por el Imeplan, evidencia la urgencia de actuar para evitar que la ciudad colapse ante lluvias atípicas agravadas por el cambio climático.

El CICEJ, bajo el liderazgo de Avilés, propone un enfoque transformador que trasciende las soluciones parciales, como los vasos reguladores del Dean y San Rafael, que, a pesar de inversiones millonarias, no han resuelto el problema de raíz.

La solución del CICEJ no se limita a la infraestructura. Avilés aboga por una gestión hídrica integral que combine infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables, con la rehabilitación de colectores obsoletos y la regulación del crecimiento urbano.

La urbanización descontrolada, que ha eliminado áreas verdes esenciales para la infiltración, ha aumentado la velocidad de los escurrimientos, saturando los drenajes.

El CICEJ propone incorporar soluciones basadas en la naturaleza, priorizando al ciudadano y al medio ambiente, para recuperar el equilibrio del ciclo urbano del agua. Este enfoque requiere una visión metropolitana, ya que las acciones aisladas por municipio no abordan la interconexión de las cuencas y subcuencas de la ZMG.

El CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Este modelo, desarrollado en colaboración con gobiernos, universidades y organismos operadores, busca superar la falta de continuidad en las políticas hídricas, que reinician cada sexenio o trienio. Avilés destaca la necesidad de personal técnico en la toma de decisiones y la búsqueda de financiamiento internacional, dado que los temas hídricos son prioritarios a nivel global.

La ZMG, como la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural, no puede seguir postergando decisiones que garanticen su resiliencia frente a las lluvias.

La propuesta del CICEJ, encabezada por Mirna Avilés, representa una oportunidad histórica para transformar la ZMG en una ciudad preparada para los retos del cambio climático y el crecimiento demográfico.

El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica. Con el respaldo del gobierno estatal, federal, municipal y fondos internacionales, este proyecto podría garantizar agua, seguridad y desarrollo sostenible, evitando que las lluvias sigan siendo una amenaza para los ciudadanos. El CICEJ, comprometido con esta visión, no quitará el dedo del renglón hasta que estas soluciones se materialicen.

¿Qué plan integral a mediano y largo plazo proponen los expertos para enfrentar esta problemática y evitar que el caos se agudice?

CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.

En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.

El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.

Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli cercana a los 6 millones de habitantes.

¿Se tiene estimado cuánto sería la inversión?
En 2017, el estudio del IMTA estimó una inversión de 18,000 millones de pesos, pero debe actualizarse debido a la urbanización de zonas verdes y cambios en subcuencas. La inversión podría alcanzar 20,000-25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12-15 años, similar a proyectos internacionales como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans, 18-20 años).

Mirna Avilés precisa con plena convicción: “Es esencial iniciar, aunque sea por fases, para evitar soluciones aisladas que no resuelven el problema estructural”.

¿Cómo se implementaría un proyecto integral para abordar las inundaciones recurrentes en la ZMG, considerando los más de 500 puntos críticos identificados por la UdeG y los más de 300 por el Imeplan?

La solución debe ser integral, analizando los flujos de agua en la cuenca metropolitana, identificando trayectorias, puntos de captación y desahogo. Las discrepancias entre los 570 puntos críticos (UdeG) y 363 (Imeplan) reflejan enfoques municipales fragmentados, lo que requiere un plan unificado.

La presidenta de CICEJ, explica que muchos puntos críticos no solo son por escurrimientos, sino por fallas en la infraestructura actual (fugas, socavones por reblandecimiento de suelos).

Las lluvias atípicas por el cambio climático podrían colapsar la ciudad si no se actúa. Un plan metropolitano debe priorizar la rehabilitación de infraestructura y la gestión integral de cuencas.

La ZMG debe equilibrar el ciclo urbano, evitando desechar el agua de lluvia rápidamente y promoviendo su infiltración local para mantener el ciclo natural, afectado por la urbanización y el cambio climático.

¿Por qué se ha priorizado el transporte, como el macrobús, sobre la infraestructura hídrica en la ZMG, y cómo pueden las autoridades darle mayor atención a la problemática del agua, que ha sido relegada frente a otros temas?

La infraestructura hídrica ha sido relegada porque no es visible y “no da votos”, a diferencia de proyectos como el macrobús. Sin embargo, la falta de soluciones ahora “quita votos” al poner en riesgo vidas y patrimonios.

Las lluvias se han convertido en una amenaza para la ciudadanía, lo que exige decisiones a largo plazo, aunque impliquen un costo político.

El gobierno estatal, con líderes como Pablo Lemus, Ernesto Marroquín, Antonio Juárez Trueva y Mario López, muestra disposición a escuchar y entender el problema, lo que representa una oportunidad para actuar.

¿Quién debe dar el primer paso para implementar estas soluciones?

El gobierno estatal debe liderar, con apoyo federal, municipal, de la academia y asociaciones civiles. Los temas hídricos son prioritarios a nivel mundial, y Jalisco puede acceder a fondos internacionales para financiar proyectos de gran escala.

El CICEJ participa en un plan estatal hídrico 2024-2030 con visión a 25 años, que evitará reiniciar cada sexenio o trienio, marcando una ruta clara.

¿Espera que las autoridades tomen decisiones pronto, especialmente ante eventos como el Mundial?
Se espera que las autoridades diseñen un plan integral, no solo paliativos para el Mundial, sino una infraestructura duradera que beneficie a la ciudadanía a largo plazo.

El CICEJ no cejará en su labor de impulsar soluciones, trabajando con gobiernos y ciudadanos, ya que los profesionistas, como ciudadanos, también viven estas problemáticas.

PUNTOS FUNDAMENTALES:  SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIANO Y LARGO PLAZO

  • Modelo de gestión hídrica: El CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.
  • Estudios previos: En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.
  • Toma de decisiones: Es urgente que las autoridades den el primer paso, respaldadas por personal técnico que entienda las necesidades y soluciones.
  • Colaboración intersectorial: El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.
  • Financiamiento: Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli de 6 millones de habitantes.
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JALISCO

Es hora del drenaje profundo

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Guadalajara, una metrópoli que merece infraestructura de vanguardia.

La Zona Metropolitana (ZMG), con más de 5 millones de habitantes, es un referente cultural y económico de México, hogar del mariachi y el tequila, y candidata a ser sede de eventos globales como el Mundial de Fútbol.

Sin embargo, cada temporal de lluvias revela una verdad incómoda: su infraestructura hidráulica está al borde del colapso. Socavones, inundaciones y pérdidas patrimoniales son síntomas de un sistema obsoleto que no resiste el crecimiento urbano ni el cambio climático.

¿Es hora de pensar en grande, con una obra magna como el drenaje profundo que transformó la Ciudad de México entre 1967 y 1975 o el proyecto Jikans de Tokio? La respuesta es un rotundo sí.

En entrevista con Conciencia Pública, Mirna Avilés Mis, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), presenta una propuesta técnica y ambiciosa: un drenaje profundo para gestionar exclusivamente el agua pluvial, aliviando la presión sobre el sistema combinado actual.

Este proyecto, respaldado por estudios de preinversión del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) de 2017, realizados bajo el gobierno de Aristóteles Sandoval, requiere una inversión de 20,000 a 25,000 millones de pesos a ejecutarse en 12 a 15 años.

“No es algo nuevo; ya hay análisis completos de cuencas, drenajes semiprofundos y profundos”, afirma Avilés, destacando que el CICEJ lleva dos años desarrollando un modelo de gestión hídrica con 82 acciones específicas.

UNA CRISIS HÍDRICA QUE NO PUEDE ESPERAR

La ZMG enfrenta inundaciones recurrentes que afectan la movilidad, la seguridad y la calidad de vida. La Universidad de Guadalajara identifica 570 puntos críticos de inundación, mientras que el Imeplan reporta 363, evidenciando la falta de un enfoque metropolitano unificado.

Proyectos como los vasos reguladores del Dean y San Rafael, impulsados por el exgobernador Enrique Alfaro con una inversión cercana a los mil millones de pesos, han sido paliativos insuficientes.

La infraestructura hidráulica, con tuberías de hasta 70 años, está rebasada por el crecimiento urbano desordenado, que ha eliminado áreas verdes esenciales para la infiltración y acelerado los escurrimientos.

Recientes incidentes ilustran la gravedad del problema. En 2024, un macrosocavón en avenida López Mateos, la vía de mayor circulación de sur a norte, paralizó la ciudad. En julio de 2025, hace unos días, otro socavón en la colonia El Bethel, en el cruce de avenida Malecón y calle Sidón, midió 20 metros de largo, 8 de ancho y 5 de profundidad. El colapso de un colector pluvial de 2.44 metros de diámetro, con más de 20 años de antigüedad, arrastró tres vehículos, incluyendo uno con una familia.

Aunque no hubo víctimas fatales, la imagen de un auto volcado con las llantas al cielo, junto a un camión materialista y otro de transporte, es un recordatorio de la fragilidad de la infraestructura.

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), responsable de estos sistemas, enfrenta una crisis financiera, administrativa y técnica que agrava la situación.

LA PROPUESTA DEL CICEJ: UNA VISIÓN TRANSFORMADORA

La solución de Avilés y el CICEJ trasciende los parches temporales. El drenaje profundo no solo descargaría agua hacia destinos como la barranca, sino que permitiría regenerar parte de este volumen para nuevas fuentes de abastecimiento, promoviendo una economía circular del agua.

El proyecto se complementa con infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables, y la regulación del crecimiento urbano para recuperar el equilibrio del ciclo hídrico. Avilés subraya que las discrepancias entre los puntos críticos identificados por la UdeG y el Imeplan reflejan enfoques municipales fragmentados, lo que exige un plan metropolitano integral que analice flujos, captación y desahogo de agua.

El CICEJ propone un modelo colaborativo que involucre al gobierno estatal, federal, municipal, la academia y asociaciones civiles. Los temas hídricos son prioritarios a nivel global, y Jalisco puede acceder a fondos internacionales para financiar esta obra.

El plan estatal hídrico 2024-2030, con visión a 25 años, busca superar la discontinuidad de políticas que reinician cada sexenio. Avilés insiste en que la falta de acción es inaceptable para una metrópoli de la importancia de la ZMG, que no merece una infraestructura obsoleta ni la inseguridad que generan las lluvias.

EL LIDERAZGO QUE GUADALAJARA NECESITA

El liderazgo debe recaer en el gobernador Pablo Lemus, quien, junto con alcaldes metropolitanos como Verónica Delgadillo de Guadalajara, debe priorizar la gestión hídrica. Delgadillo, durante su campaña, expresó interés en modernizar la infraestructura hidráulica, pero al asumir el cargo se enfrentó a la magnitud del problema y la escasez de recursos, lo que la llevó a postergar el tema.

Sin embargo, la crisis no puede esperar. Las inundaciones no solo causan pérdidas materiales, como en Zapopan recientemente, sino tragedias humanas, como las muertes en túneles vehiculares por corrientes imparables.

Avilés enfatiza que el drenaje profundo requiere voluntad política y decisiones técnicas, no políticas. “Alguien debe animarse a dar el primer paso”, afirma, señalando que la falta de mantenimiento sistemático y la urbanización descontrolada han convertido el agua de lluvia en una amenaza en lugar de un recurso.

La ZMG no puede seguir dependiendo de soluciones parciales que no abordan la interconexión de cuencas y subcuencas. Un llamado a la acción.

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ENTREVISTAS

Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

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Por Mario Ávila //

El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.

Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.

“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.

Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.

Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.

En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.

“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.

A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.

Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.

También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.

El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.

 

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