Por Diego Morales //

Las instancias encargadas de transparencia y la rendición de cuentas deben investigar el manejo perverso y corrompido de la comunicación institucional que hace el Gobierno de Jalisco con adjudicaciones directas que han hecho a tres empresas, Eutzen, Indatcom y La Covacha, como lo han documentado las investigaciones de los periodistas de NTR Guadalajara, Sonia Serrano y Lauro Rodríguez.

La Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría Estatal, así como la Auditoría Superior del Estado, deben investigar estas denuncias, ya que son cientos de millones de pesos que han recibido estas empresas de dinero que proviene de los impuestos de los jaliscienses, plantea la diputada de Morena en el Congreso del Estado, Erika Pérez García.

De la misma forma, apunta, se debe llevar a cabo una auditoría de costo-beneficio de cada uno de los proyectos que han entregado al Gobierno del Estado.

“Lo que existe, es propaganda y culto a la personalidad del Gobernador Enrique Alfaro, que en su afán de cambiar la percepción negativa que la sociedad tiene de su administración, hacen un mal manejo de los recursos del gobierno destinados a generar puentes de comunicación con la sociedad”, considera la legisladora de Morena entrevistada por Conciencia pública.

“Hoy gracias a la investigación del Diario NTR nos enteramos que el trío de empresas señaladas, enfocan sus tácticas a la creación de granjas de bots, noticias falsas y acoso de sus adversarios políticos, periodistas y organizaciones sociales que son contrarias a los intereses del Gobierno, y peor aún, todo esto pagado con recursos públicos”, señala y considera que este tipo de prácticas además de denigrantes, van en sentido contrario al desarrollo democrático.   

LA ENTREVISTA 

– ¿Qué opinión le merece esta investigación y denuncia pública que han realizado los periodistas del diario NTR Guadalajara, Sonia Serrano y Lauro Rodríguez sobre las empresas de comunicación preferidas por el actual gobierno den Jalisco (Indetcom, Euzen y La Cobacha) que se dedican a atacar a líderes opositores y periodistas críticos a través de granjas de bots desde el anonimato?

Es una investigación puntual, bien documentada que nos revela que en Jalisco al gobierno estatal no le preocupa tener una comunicación social efectiva con los jaliscienses. 

Lo que existe, es propaganda y culto a la personalidad del Gobernador Enrique Alfaro, que en su afán de cambiar la percepción negativa que la sociedad tiene de su administración, hacen un mal manejo de los recursos del gobierno destinados a generar puentes de comunicación con la sociedad.   

Los gobiernos de Movimiento Ciudadano han pervertido y corrompido la comunicación institucional. 

Hoy gracias a la investigación del Diario NTR nos enteramos que el trío de empresas señaladas, enfocan sus tácticas a la creación de granjas de bots, noticias falsas y acoso de sus adversarios políticos, periodistas y organizaciones sociales que son contrarias a los intereses del Gobierno, y peor aún, todo esto pagado con recursos públicos. 

Esto se logra gracias a la falta de transparencia y auditoría del trabajo que realizan las empresas privadas de marketing, imagen y producción de campañas, mismas que se contratan para llevar la comunicación de los gobiernos.  Es un punto que hay que legislar.  

LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

El utilizar recursos públicos para hacer campañas de ataque desde el anonimato además de ser un delito, es un atentado a la democracia y al estado de derecho… ¿Qué se puede hacer desde el Congreso del Estado para evitar este tipo de prácticas tan denigrantes y oprobiosas atentatorias a los derechos humanos?

Primero que nada, hay que exhortar a las instancias encargadas de la transparencia y la rendición de cuentas que investiguen y exijan el cumplimento de la ley. 

A la Auditoría Superior del Estado pedirle que investigue la legalidad de cada contrato que se adjudicado a las empresas Euzen, Indatcom, La Covacha, además que se lleve a cabo una auditoría de costo – beneficio de cada uno de los proyectos que han entregado al Gobierno. 

La Contraloría Estatal deberá revisar si hay conflicto de interés, tráfico de influencias para obtener los contratos millonarios que ha ganado Euzen, Indatcom, La Covacha.

Al Instituto de Transparencia pedirle que exija puntualidad en la actualización y publicación de toda la información pública que deben tener expuestas en sus páginas el Gobierno del Estado y ayuntamientos, que hayan contratado los servicios de Euzen, Indatcom, La Covacha.

LA GUERRA SUCIA NO BENEFICIA A LA SOCIEDAD

Dichas empresas han sido señaladas de instrumentar campañas de ataques y descalificación en elecciones en diversos estados contra opositores… ¿Debemos acostumbrarnos a esas campañas de lodo utilizando recursos públicos?

La guerra sucia no beneficia a la sociedad. La gente está cansada de la manipulación mediática que este tipo de empresas de comunicación quieren imponer para influir de manera negativa en la opinión pública.

Afortunadamente tenemos una sociedad cada vez más informada y ya no es tan manipulable y ustedes lo pueden ver, hoy los usuarios de redes sociales identifican muy rápido las noticias falsas y desactivan su potencial daño en la opinión pública. 

NTR Guadalajara documentó la entrega de 660 cheques que suman pagos por 316 millones de pesos que les han pagado los gobiernos de MC a estas tres empresas… pero no hay transparencia…no se sabe qué hacen estas empresas, si realmente desquitan lo que se les paga…

Por eso insisto la Auditoría Superior del Estado debe hacer una investigación al respecto donde se analice el costo beneficio de las campañas y proyectos de comunicación que las empresas entregaron al Gobierno estatal.  

Las campañas que realizan estas empresas no son exclusivamente para difundir actividades de gobierno, lo hacen para generar tendencias en posicionamientos políticos del gobernador Alfaro…

Es delicada esta situación, porque en Euzen, Indatcom y La Covacha recayó la responsabilidad de la estrategia estatal de comunicación para la prevención de COVID-19. 

Por investigaciones periodísticas del Diario NTR sabemos que en marzo la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) les pagó más de 2.7 millones de pesos, en contratos adjudicados de manera directa, cuyo contenido a pesar de ser información fundamental, no se transparenta. 

Y tenemos como ejemplo el manejo que se da a la comunicación social para prevenir el coronavirus, las campañas se enfocan en posicionar a Enrique Alfaro y sus aspiraciones políticas y no en una comunicación asertiva que informe y oriente a la ciudadanía, es por eso hay tanta confusión en las medidas de prevención que ha comunicado el gobierno respecto a la pandemia. 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN NACIONAL

Gran parte del presupuesto de publicidad estatal se destina para proyectar la figura política de Enrique Alfaro a nivel nacional…

Por un reportaje periodístico nos enteramos que, en mayo y agosto del año pasado, el Gobierno del Estado firmó contratos por más de 61 millones de pesos para tener presencia en medios de comunicación nacionales y este año pese a la crisis de salud y economía que vivimos en Jalisco, más que comunicación social, se destinó a propaganda 108 millones de pesos a medios. 

La construcción del proyecto político de Alfaro es de contraste con nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, por eso busca el impacto nacional. 

Y no olvidemos que Enrique Alfaro es parte del grupo de los ocho gobernadores en su mayoría panistas que forman un equipo enfocado a golpear y demeritar el proyecto de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación.

Y lo constatamos desde los primeros días del Gobierno de Alfaro, recordemos que creó una cortina de humo, especulando que el gobierno federal “no entregaría un presupuesto digno para Jalisco”.

En el tema de la pandemia ya todos conocemos la historia; Enrique Alfaro ha jugado el papel de “víctima”, ante las decisiones federales que se toman para el manejo de la emergencia sanitaria, y él creó esta percepción de victimismo, para adelantar la supuesta estrategia estatal de contención del COVID-19 una semana antes que la estrategia federal. 

El caso más reciente y descarado es haber señalado que desde los sótanos del poder en la Ciudad de México se organizaron las violentas manifestaciones del 4, 5 y 6 de junio por el asesinato del joven Giovanni, dejando de lado su responsabilidad al dar la orden de hacer uso de la fuerza pública a quien no portara cubrebocas.

LEGISLAR DISCRECIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Una investigación periodística del Blog Partidero muestra que en marzo se destinaron más dinero a pauta publicitarias que a la adquisición de pruebas para detección de Covid19, fue un contrato de 26 millones 451 mil pesos, mientras que asigna 23 millones 490 mil pesos para la compra de 12 mil pruebas PCR… ¿Pareciera el mundo al revés?

Es la confirmación de que tenemos un gobierno estatal insensible a las preocupaciones y prioridades de las y los jaliscienses, aquí su prioridad no es la salud del pueblo es la imagen del gobernante. 

La discrecionalidad en el gasto del erario público es un tema que también debemos legislar. El dinero público debe estar en una caja de cristal para que la gente conozca el destino de cada peso que aporta con el sudor de su frente.  

¿Qué puede hacerse desde el Congreso del Estado para evitar que use recursos de los jaliscienses para la promoción política del Goberandor a nivel nacional?

Primero que se cumpla la reglamentación que ya existe, el Gobierno del Estado se debe apegar a lo que marca la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco que es puntual al establecer criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y perspectiva de género. 

Si hay una laguna legal en cuanto al gasto discrecional vamos a poner manos a la obra para presentar las reformas necesarias y evitar la opacidad y corrupción en el gasto del dinero del pueblo.

Ha trascendido que la fracción legislativa de Morena tiene una iniciativa de ley que vendría a poner fin a este manejo discrecional de recursos de comunicación que se utilizan como zanahoria y/o garrote para premiar lealtades y castigar a los medios críticos que los ponen en una lista negra…

Tenemos que legislar para acabar con la corrupción y el mal manejo de la comunicación social en Jalisco.

Ya existe a nivel federal la Ley General de Comunicación Social que se publicó el 11 de mayo de 2018. Y en sus transitorios obliga a los congresos locales a armonizar la ley en cada estado.

Ya en la pasada legislatura hubo una iniciativa para que Jalisco tuviera su propia ley de Comunicación Social (presentada por Kumamoto) sin embargo, fue rechazada. 

Hoy tenemos una propuesta que presentó que encabezó mi compañera diputada Norma Valenzuela y nos sumamos como fracción, en la que se prevé que la inversión en medios para comunicación social sea equitativa, sin embargo, Morena tiene enfrente a las bancadas de MC y PAN que protegen los intereses del Gobierno estatal y no es sencillo colocar el tema en la agenda legislativa. 

Por mi parte hay el compromiso de revisar las iniciativas existentes y presentar una propia que venga enriquecer las propuestas que ya están en comisiones, necesitamos garantizar que todos difundan las acciones de gobierno sin importar su línea editorial sino el alcance de su público.   

El pasado año se destinaron 134 millones de pesos en gasto de comunicación social del Gobierno de Jalisco y hasta mayo de este año han gastado 108 millones de pesos, cuyos principales beneficiarios son los medios televisivos, radiofónicos y prensa de la Ciudad de México…

Esto evidencia que no hay una comunicación social en la que se informe a la sociedad de lo que hace el gobierno: campañas de salud, educación, empleo etcétera. Lo que tenemos es una campaña de posicionamiento de la imagen del Gobernador, que evidentemente en nada beneficia a los jaliscienses.  

Se debe investigar el posible desvío de recursos públicos en el Gobierno estatal, es una prueba de fuego para el Sistema Estatal Anticorrupción y para la Contraloría Estatal, aquí se evidenciaría su capacidad e independencia para hacer cumplir la ley. 

En caso de que haya desvío de recursos federales entonces tendría que intervenir la Auditoría Superior de la Federación, incluso la Secretaría de Hacienda.

Por Daniel Emilio Pacheco //

Sí algo ha caracterizado la administración de Iván Arguelles al frente del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), es la falta de interés que se tiene por los derechohabientes del Instituto, a tal grado ha llegado este evidente desinterés, que incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, el 23 de junio publicó un “Pronunciamiento para la debida prestación de servicios médicos de los pensionados y sus beneficiarios en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL)”.

En dicho documento de la CEDHJ se hace constar que:

“Esta Comisión tuvo conocimiento de diversas deficiencias en la prestación del servicio que se otorga en las instalaciones de la Unidad Médica Familiar (Unimef) ubicada en avenida Federalismo, como desabasto o compra de medicamentos y trámite de reembolso por parte de las personas usuarias, tiempo de espera de hasta dos horas para recabar la firma de autorización, o incluso que el trámite de reembolso puede tardar hasta dos meses; no hay elevador, lo cual constituye una barrera física por la condición de salud de las y los pensionados, así como la falta de asientos suficientes y de un espacio con sombra para que las personas esperen durante el proceso de los trámites.

En la investigación, esta defensoría entrevistó a personas afectadas que asistieron a la Unimef Federalismo, quienes confirmaron que no se les habían entregado sus medicinas completas, que no se habían dado pases para recibir consultas médicas especializadas y que, por el momento, no podían acceder a cirugías o intervenciones quirúrgicas, lo que supone un obstáculo para garantizar su salud”.

En el documento de la Defensoría también pide a los responsables de IPEJAL:

“Se lleve a cabo una revisión exhaustiva de la medida implementada en las Unimef, en la que se determinó la suspensión de cirugías y otorgamiento de pases médicos para consulta de especialistas, con la finalidad de garantizar la continuidad de la prestación del servicio médico a las y los usuarios de esas unidades, para lo cual se deberá llevar a cabo un análisis de cada caso en particular, y valorar su gravedad y pertinencia”.

Parte de la explicación al desabasto en medicinas y servicios externos, así como la tardanza en reembolsar gastos a los derechohabientes, tiene su origen en la Sesión de Consejo de febrero de este año, ahí se aprobó por unanimidad disminuir el 20 % en las partidas de medicamentos y servicios médicos subrogados del presupuesto modificado para 2020.

La Dirección de Servicios Médicos en 2019 gastó $842, 238, 637.00; para 2020 tenía asignado un presupuesto de $1, 224, 222, 744.00; en esa Sesión de Consejo decidieron reducir el presupuesto a $1, 007, 019, 764.00; un total de $217, 202, 980.00 fue lo que se le redujo de presupuesto para este 2020.

En esa misma Sesión de Consejo de febrero, dice que en el punto diez del orden del día, “Licitación Medicamentos”, el Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Iván Eduardo Argüelles Sánchez, planteó la posibilidad de solicitar a la Secretaria de Administración del Gobierno del Estado, se encargue de llevar a cabo, por lo que este punto se presentará posteriormente.

La licitación de medicamento de IPEJAL se pospuso en un inicio por irregularidades en su redacción, falta de análisis del costo-beneficio que sustente la opción de lanzar la licitación multianual, distinción en los tiempos de entrega de medicamentos, falta de datos de medicamentos, entre otras cosas.

El problema crece más cuando en febrero de 2020, en plena Sesión de Consejo, Iván Argüelles, planteó la “posibilidad de solicitar” a la Secretaria de Administración del Gobierno del Estado, se encargue de llevar a cabo la licitación y terminen en un “lo veremos posteriormente”, es decir, Argüelles Sánchez llegó a platicar una idea, no ha presentar una solución.

Como sí lo hizo con su propuesta de incremento generalizado del 2.4% retroactivo al 1° de enero de 2020 a todos los empleados del Instituto hasta el Nivel 17 del tabulador más $200.00 en ayuda de transporte. Además de la creación de plazas nuevas:

Dos abogados para el área Jurídica, 6 Auxiliares de ventanilla transitorios para módulos foráneos (próxima apertura), 1 Coordinador de Delegaciones y Módulos Foráneos, 1 Coordinador de Atención a Jubilados, 1 Coordinador de Proceso, Eliminación de 12 plazas (8 confianza y/4 transitorios). Aquí sí había propuesta lista para votar y aprobar por parte de los miembros del Consejo.

Para la Sesión de Consejo de abril de este año, en el punto siete del orden del día, como primer tema, se presenta a los miembros del Consejo Directivo el convenio de colaboración con la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, para que se lleven a cabo los procedimientos de adquisición de medicamentos del cuadro básico, primer, segundo y tercer nivel de atención medica del IPEJAL. Cuatro meses después de iniciado 2020, una tercera parte del año transcurrida y aún no hay medicamentos en las farmacias.

El COVID-19

Dice la CEDHJ en su pronunciamiento:

“En el lugar también se corroboró que las personas formadas a las afueras de la Unimef no seguían protocolos de prevención de contagio de Covid-19; sin embargo, al entrar se constató que el personal de la Unidad sí portaba cubrebocas y ofrecía gel antibacterial al ingreso.

También se extienden las siguientes proposiciones al director general de Servicios Médicos del IPEJAL: Aplique un protocolo de sana distancia, tanto al exterior como al interior de las Unimef del IPEJAL, a efecto de que mientras las y los usuarios esperan ser atendidos, se disminuya el riesgo de contagio de Covid-19 y otras enfermedades.

Refuercen las medidas de limpieza al interior y exterior de las Unimef del IPEJAL, y ofrezcan gel antibacterial a todas las personas usuarias que ingresen, así como cubrebocas a aquellas que no lo porten o lo tengan en mal estado”.

En la Sesión del Consejo de abril, dentro del quinto tema de asuntos varios: “el Director General del Instituto, Iván Eduardo Argüelles Sánchez, informó a los miembros del Consejo Directivo sobre la necesidad de establecer una partida presupuestal para la atención de los casos y necesidades surgidos con motivo del COVID 19, señalando que en la próxima sesión Gustavo Adolfo Montes López, Director General de Servicios Médicos, expondrá en detalle el proyecto.

Los miembros del Consejo Directivo se dan por enterados del tema informado”.

Era abril, Jalisco ya estaba en cuarentena, Iván Argüelles dice que en la próxima Sesión habrá detalles del proyecto Covid-19.

Una vez más, dejan en veremos la parte médica, pero, traen listo un tema para autorizar:

“Continuando con el cuarto tema de asuntos varios se presenta la propuesta de apoyo a arrendatarios de locales comerciales IPEJAL en virtud de la situación provocada por el Covid-19.

El Director General de Promoción de vivienda, Rodrigo Tostado Rodríguez, hace la presentación de la propuesta y de los requisitos para poder acceder al apoyo a los miembros del consejo Directivo.

Una vez discutida la propuesta, los miembros del Consejo Directivo, con base en el artículo 153 fracción IV, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, autorizaron descontar el mes de mayo del pago de renta a los arrendatarios de locales comerciales considerados esenciales”.

El apoyo a los arrendatarios si pasó, lo que sucedería con la partida para enfrentar el Covid-19, eso luego se vería.

Los que levantan la mano para aprobar todo en el Consejo Directivo del IPEJAL son:

Consejero y Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco Iván Eduardo Argüelles Sánchez.

Consejero en Representación del Gobierno del Estado: Juan Partida Morales.

Consejero en Representación del Municipio de Guadalajara Sandra Deyanira Tovar López.

Secretario de Actas Svjatoslav Igor González Muñoz

Consejero en Representación de los Servidores Públicos de la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,Mtro. Arnoldo Rubio Cárdenas.

Consejero en Representación de los Servidores Públicos de la Federación de Sindicatos de Empleados de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco (FSESEJ), Juan Pelayo Ruelas.

Los dos últimos son los representantes de los trabajadores que aportan a IPEJAL.

Por cierto, el 2 de julio a medio día, se dio un conato de bronca en las instalaciones de la FSESEJ, de Juan Pelayo, pues el IPEJAL decidió cerrar cuatro de sus seis módulos de atención a derechohabientes, y uno de los módulos abiertos es el que se encuentra en las instalaciones de la FSESEJ. El problema es que pretenden que solo se atiendan ahí a los trabajadores afiliados a su federación y no a todos los trabajadores que cotizan en IPEJAL, pues son todos los trabajadores quienes pagan los sueldos de los funcionarios de IPEJAL que ahí atienden. El trato prepotente de la gente de Juan Pelayo terminó exasperando a uno de los trabajadores que fue a tramitar un préstamo y llegaron a los empujones. Un ejemplo más de lo poco que le importa dar un buen servicio a la gente que trabaja en la administración de Iván Argüelles y también.

Mientras tanto, las indagatorias por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en torno a la adquisición irregular de productos milagro que realizó el IPEJAL están sin avance.

Y según el del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción todavía no hay elementos para demostrar algún delito, respecto a las posibles compras a sobreprecio por 10 millones de pesos, la Contraloría Estatal revisa el caso.

Por Mario Ávila //

Una reforma “descafeinada” es lo que menos necesita Jalisco en la lucha contra la corrupción, de ahí que desde el Comité de Participación Social se empuje la Reforma 2.0 y el principal promotor es el académico del ITESO, Jesús Ibarra, a la vez integrante del CPS del Sistema Estatal Anticorrupción.

La propuesta de la reforma se trata de recuperar las cosas que no se hacían, que no se aceptaron o que no se incluyeron en el 2017, cuando se implementó el sistema nacional y se obligó a los estados a tener un sistema local; en el 2017 hubo unas mesas a las que convocó el entonces el gobernador Aristóteles Sandoval, invitaron a organizaciones, a universidades y la reforma salió se instaló el sistema, sin embargo muchas cosas quedaron fuera, tal cual no se aceptaron.

De ello habló con lujo de detalles el académico Jesús Ibarra, quien detalló que esas y otras observaciones sobre la marcha, se han venido cocinando durante todo el 2018 mientras se estuvo implementando el sistema, y una parte del 2019.

“La reforma -dijo-, como recordarás consistió en ocho mesas en donde se discutían varios temas relacionados para incluir lo que se marginó en el 2017 y para eficientar el sistema. Por ejemplo, en el 2017 no se incluyeron las cosas que dolían a los grupos de poder en temas de corrupción”.

“Una muy importante -abundó-, perseguir el dinero fruto de actos de corrupción. Para ello se proponía una unidad de inteligencia financiera a nivel local y eso no pasó, a cambio de ello aprobaron que hubiera una Fiscalía Anticorrupción supuestamente autónoma, pero lo que no pasó es que esa Fiscalía tuviera una Unidad de Inteligencia Financiera para investigación de hechos de corrupción, porque se supone que agarran tu cuenta bancaria y empiezan a rastrear el dinero y eso no pasó, por lo cual no puedes seguir la huella del dinero, no puedes recuperar activos, ni tampoco puedes acusar y condenar ante un juez, por varios de los delitos por hechos de corrupción, por ejemplo enriquecimiento ilícito”.

El académico expuso: “Si tú ante el Ministerio Público no le demuestras que equis persona se enriqueció ilícitamente con tales y cuales propiedades, con ciertas cuentas bancarias y con dinero en efectivo, el juez jamás emitirá una condena por enriquecimiento ilícito. Y como ese delito, varios más que no se podrían comprobar desde la Fiscalía, por ejemplo, tampoco el cohecho, el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada, que son delitos difíciles de probar si no sigues la huella del dinero”.

“Y ahí qué puede hacer la Fiscalía, pues recurrir al uso indebido de atribuciones, quien firmó mal el contrato que es lo que se ha hecho al vincular a proceso por ese tipo de delitos que no llegan a los grandes corruptos, a los autores de las tramas y solo se detienen a los ‘chivos expiatorios’, detienen al de compras porque firmó el contrato, detienen al que hizo el depósito, detienen al que pagó, pero a los jefes no se les puede comprobar nada”, planteó.

Y abunda: “En ese tema, recuerdo que tampoco se aprobó el delito contra la ordenación al desarrollo territorial y urbano, porque se sabe que ahí hay una corrupción rampante entre constructoras, gobiernos, municipios, notarios, todo mundo está metido ahí. Pero imagínate, que el fiscal descubriera que efectivamente se cambió indebidamente el plan parcial de desarrollo urbano de un municipio; se autorizó que fuera para uso urbano cuando estaba prohibido porque era una zona protegida. Incluso aunque el fiscal lo demuestre, eso no es delito, ahí está la cosa, no puede ser que la corrupción urbanística no sea delito”.

“En una situación de esta naturaleza, cuando mucho van a sancionar administrativamente a los empleados del municipio que cambiaron el uso de suelo, va a poner sanciones administrativas a las constructoras que participación indebidamente”, expuso.

Tal fue el caso de los más de 200 edificios que se construyeron en Guadalajara en los gobiernos de Jorge Aristóteles y Ramiro Hernández, y a la llegada de Enrique Alfaro simple y sencillamente los regularizó con una simple multa.

“Así es, ese no es un delito, solo se paga con una simple multa y cuando mucho pudieron haber sancionado administrativamente a algún funcionario, cuando lo ideal eran las demoliciones para proteger al medio ambiente, pero no se hizo. Esos detalles son los que abordan la Reforma 2.0”, precisó Jesús Ibarra.

En concreto, el atorón para que esto fluya está en el Congreso del Estado, en particular en la comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, que preside Mirza Flores Gómez, en donde se ha trabajado arduamente, pero sin resultados concretos.

Puntualizó el académico que la primera mesa fue para tratar la necesidad del comité coordinador; la segunda sobre adquisiciones y contrataciones y la tercera sobre integridad empresarial en donde planteaba que solo se entregaran contratos a empresas que tuvieran sistemas de auditoría antisoborno.

Esta propuesta de reforma 2.0 se entregó al Congreso del Estado en el mes de diciembre del 2019 y de esa fecha para acá no se ha sabido nada, aunque la diputada Mirza Flores asegura que está en vísperas de la dictaminación.