OPINIÓN
Al rescate de un «estado de derecho»

Opinión de Isabel Venegas Salazar //
Tratados sobre la socialización de la violencia en las escuelas como un proceso funcional determinante para la descomposición social, ponen de manifiesto un estado de derecho débil, es decir, si no están claras las reglas del juego o no hay quién las haga respetar, cada quien apela a sus propias fuerzas y trata de imponerse; es una forma equivocada de entender la resiliencia, porque en el deterioro de su propia autoestima, el niño se queda sin elementos para posteriormente enfrentar los retos de la vida con éxito.
Esta semana, un buen amigo me hizo la referencia al ensayo de Mario Vargas Llosa, “La civilización del espectáculo”, respecto de mi opinión ante el informe de la CNDH en el que hablaba sobre los linchamientos en nuestro país y su relación con la formación de ciudadanía en las escuelas.
Coincido en que el abaratamiento de la cultura ha tenido mucho que ver con el mercantilismo en casi todos los aspectos de la vida moderna; la mayoría de los cuerpos académicos en el área de investigación sienten un tipo de presión para producir como “a destajo”, provocando una falta de credibilidad a su labor, lo que se ha tratado de resolver empleando mecanismos burocráticos, que tal vez hayan empeorado la situación.
Mi postura no va tanto en el sentido de la producción cultural, ya sea vista como una elaboración social intencionada, o como un evento espontáneo relativo a cualquier interacción en la comunidad. En esta ocasión trato de abordar el tema desde la institucionalidad.
Quiero insistir en este tema porque la trascendencia va en dos sentidos: tanto hace la escuela un ejercicio de entrenamiento para la vida, con la idea de practicar el cumplimiento de normas sencillas para lograr una relación ordenada, como hace evidente en el niño-ciudadano el valor de una institución que representa protección y cobijo.
Si los niños aprenden que “no pasa nada” al violar una regla, por ejemplo, la de respetar a sus compañeros, no solo está haciendo el entrenamiento en el sentido más perjudicial por ser desde los primeros años de vida con conductas repetitivas, sino que además, tarde o temprano él mismo se verá violentado, sin encontrar el amparo que la Institución debería brindar.
En una escuela de la zona metropolitana, un estudiante de secundaria ingresó al plantel con armas blancas. Previamente había hecho amenazas contra su maestra de inglés a través de dibujos, reportes y expresiones verbales. En una ocasión, la profesora le pidió a su grupo de segundo grado que hicieran una actividad en equipo, pero él se negó a participar de ese modo, decidió más bien que lo haría solo. El ejercicio se trataba de llevar a una puesta en escena experiencias de su entorno, obviamente con diálogos en el idioma extranjero.
Pues bien, el chico llegó a exponer una obra con marionetas; en su historia los personajes atacaban a su maestra de inglés hasta matarla; graciosamente para sus compañeros, la muñeca que tenía el papel de la víctima, era una réplica exacta de su maestra, en la vida real.
Las quejas que se presentaron en contra del estudiante que violentaba no solo a su profesora, sino a la mayoría de los compañeros, hicieron que se llamara a los padres de familia, y que se tuviera una breve intervención del gabinete psico-pedagógico para llevar un registro de notas que dieran cuenta del “apoyo” que estaba recibiendo el chico, a fin de que no se diera de baja del plantel. Es decir, un protocolo más reactivo, que preventivo.
Quizá en otros tiempos, o en otras circunstancias político-educativas, la decisión habría sido la expulsión inmediata al ser considerado el hecho como una “falta grave”, pero al igual que el caso de estudiantes que agredieron física o sexualmente a sus compañeros, o que se tiene evidencia de que son responsables en la difusión de imágenes eróticas de sus compañeros, a través de redes sociales; fueron considerados más bien casos que ameritaron de un reporte o de algún citatorio a padres de familia.
Este es un claro dilema: Por un lado, aplicar un reglamento de manera tajante, pone de relieve el cumplimiento de la normatividad para la población estudiantil, pero implica que muchos de los jóvenes que actúan de manera incorrecta se queden sin ser arropados por una institución; contrario a eso, tenemos la oportunidad de albergarlos en las escuelas, restando el valor a la misma, puesto que pierde la valía de ser quien brinda un estímulo y ejemplo para el buen comportamiento social. Ya vemos ahora que en los reglamentos escolares (si es que se tiene la noción de su existencia), casi ha quedado prohibida la palabra “No”.
El INEGI en 2016, reportó a Jalisco como la segunda entidad a nivel nacional con mayor incidencia en violencia escolar, llegando a un índice de 32% de la población encuestada. Para el 2018, el entonces Secretario de Educación, Alfonso Gómez, reportaba una baja en las denuncias de los hechos, y hacía mención de programas que, de la mano con la comisión de Derechos Humanos en el estado, habrían de encaminarse a los temas de suma por la paz, convivencia social y sana relación, en toda la comunidad educativa.
Queda claro que, además de la complejidad por la cantidad de factores que intervienen, también está la complicación de atender a las concepciones y percepciones de la ciudadanía. En muchas comunidades educativas la violencia ha cobrado una figura de normalidad, al punto que las denuncias no se hacen, no solo por la falta de credibilidad en las instituciones de impartición de justicia o por el miedo a represalias, sino porque ni siquiera se consideran actitudes violentas y mucho menos graves. Los chicos tienen frases que aparentan inocencia como “manden -nudes-” o “compartan el pack”, en referencia a enviar imágenes íntimas de algún compañero, acciones que por cierto, ya están tipificadas en el Código Penal.
A fin de cuentas, dos posibilidades están probadas:
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Expulsar al niño que viola las reglas, en cumplimiento de una norma restrictiva, obliga también a considerar que en muchos casos lo tomará como premio (ya no se tiene que levantar temprano, ni obedecer órdenes), además de que no enfrenta su carencia en la interacción con el prójimo
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Procurar su permanencia en el plantel, implica atender protocolos reactivos que en la mayoría de los casos solo sirven para documentar, generando una carga administrativa más para los docentes, y que van apuntando a la instalación de conductas anti-sociales, como “normales”
La sugerencia es que se integre a los niños a tareas de participación más activa, labores que le lleven a la reflexión de su importancia y trascendencia en el entorno social, así como las consecuencias de sus acciones, aunque también habría qué involucrar a los padres de familia con el mismo rigor de compromiso, instaurando simultáneamente en los colegios, mecanismos formales de detección temprana de situaciones de riesgo, para que sean atendidas con programas de diseño desde un pensamiento sistémico.
En su mayoría, los que estamos frente a grupo, docentes, directivos y prefectos, formamos parte de esa última generación de niños que fueron regañados por sus padres, y que ahora son regañados por sus hijos, pero tanto en la casa como en la escuela la situación parece ser la misma, a la hora de enfrentar situaciones de esta magnitud, los padres le reclaman a los maestros y los maestros a los padres, la falta de formación en valores.
¡No, es NO! Discute tu reglamento escolar, el del coto de tu fraccionamiento, el de vialidad; pero una vez instituido, aprobado por la mayoría (porque seguramente por unanimidad, nunca lo será), ¡A cumplirlo señores!, a asumir la legalidad cueste lo que cueste, sabiendo que en el orden y en el respeto a la norma se vive mucho mejor que en la “rebeldía sin causa”, para eso están las películas y son solo diversión de un rato, para la vida está la escuela.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa_venegas@hotmail.com
JALISCO
Consejos para la jubilación

Opinión, por Arturo Pérez Díaz //
Cumplir 55 años no solo marca un nuevo capítulo en la vida, también enciende una alerta: es momento de pensar con seriedad en el retiro. Muchas personas posponen esta reflexión, confiadas en que aún hay tiempo.
Sin embargo, el marco legal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), establece requisitos que no se cumplen de la noche a la mañana y que, de no gestionarse oportunamente, pueden traducirse en la pérdida de derechos adquiridos durante toda una vida laboral.
Acorde al Consejo Nacional de Población (CONAPO), hasta el año 2024 el 12.3% de la población total del estado eran personas adultas mayores de 60 años o más, lo que equivale a 1 millón 085 mil 609 habitantes.
Así de grande es el problema de las jubilaciones en Jalisco, que en la mayoría de los casos se concibe como problema, dado que reciben pagos mensuales de miseria, en caso de que todo adulto de este grupo de edad haya logrado una jubilación.
Para entender el tema hay que revisar el artículo 138 de la Ley del Seguro Social, que indica requisitos para obtener una jubilación: para la pensión por vejez se necesitan 65 años de edad y al menos 500 semanas cotizadas (diez años de trabajo formal). Pero también existe la opción de cesantía en edad avanzada, disponible de 60 a 64 años de edad, si se cuenta con las mismas semanas cotizadas y ya no se tiene trabajo remunerado.
Aun así, ningún beneficio es automático: hay que solicitarlos y acreditar los requisitos ante el IMSS, lo cual puede ser confuso para muchos, además de que toma tiempo.
La decisión de pensionarse debe ser estratégica y no dejarla al tiempo porque equivale al olvido. Dejar pasar los años sin revisar cotizaciones, sin confirmar la situación laboral, sin conocer los montos aproximados de cesantía o jubilación por vejez, puede poner en riesgo no solo la pensión, sino también las asignaciones familiares, ayuda asistencial y servicios médicos a los que se tiene derecho (arts. 137 y 145).
Por ello, quienes cumplen 55 años deben comenzar ya el proceso de revisión de jubilación, analizando: semanas cotizadas, modalidades de retiro, documentación, trámites y requisitos ante el IMSS. Ser omiso y no hacerlo a tiempo puede llevar a perder beneficios irrecuperables. La vejez no llega de golpe, pero cuando lo hace, no perdona la omisión. Es mejor prevenir que lamentar.
Toda una vida de trabajo puede llevar el riesgo de jubilarse con montos injustos de 9 mil quinientos pesos mensuales. Sin embargo, la mayoría de la gente debería saber que hay opciones de incrementar las jubilaciones hasta montos mayores de 80 mil pesos, mediante una estrategia legal acorde a la propia ley del IMSS.
Una pensión justa es aquella que brinda los medios adecuados para pagar los servicios de salud, alimentación y cuidado del jubilado, pero muchas personas adultas no lograron una pensión, y los que sí tuvieron derecho recibieron pensiones de hambre.
Muestra de ello es que, a pesar de tener edad de retiro, la gente sigue trabajando. Así lo demuestra el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Según resultados del primer trimestre de 2024, el 19.5% de la población de 65 años y más en Jalisco era económicamente activa, es decir, 182 mil 375 personas; de las cuales 64.2% (117,108) eran hombres y 35.8% (65,267) mujeres. Destaca que, el cien por ciento de las personas adultas mayores económicamente activas se encontraba ocupado.
Una jubilación justa se debe empezar a trabajar a los 55 años de edad, en las próximas colaboraciones expondremos las estrategias para lograr pensiones mayores a lo que le tiene programado el IMSS a quienes caminan ya rumbo al sexto piso.
Lograr una vejez tranquila, sin tener necesidad de seguir trabajando hasta una edad muy avanzada, es posible, pero hay que informarse de los derechos laborales y de las prestaciones.
El mayor problema es el de personas que tienen más de 50 años de edad y hoy laboran sin seguridad social, sin los beneficios de una AFORE, INFONAVIT y sobre todo sin cotizar para una jubilación, que con una adecuada información, toda esta gente estaría a tiempo de rescatar una jubilación digna. La informalidad provoca daños en el futuro de los trabajadores, porque, llegado el tiempo, vivirán una vejez sin protección social, sin dinero.
La gente debería saber que existen mecanismos legales para regularizar su situación en cualquier giro laboral, logrando la protección del IMSS con servicios médicos, cirugías y medicamentos en el presente y una pensión para el futuro.
Algunos ejemplos de incorporación al IMSS son los trabajos domésticos, en donde miles de mujeres trabajan para un patrón que no les brinda hasta hoy la afiliación al seguro social que puede realizarse de una forma sencilla. Otro caso son los trabajadores de aplicaciones móviles como Uber y Didi, que a partir de junio de este año ya se deben inscribir por ley al IMSS.
También existen trabajadores independientes de alto nivel, como los dentistas, que siempre por tradición han sido independientes y no tienen patrón que los incorpore al seguro social. Para ellos también existen modalidades de afiliación al IMSS, y aunque muchos creen que la población de escasa formación es la víctima de la injusticia de las jubilaciones, esto no es así, también profesionistas están descobijados en su futuro laboral.
Si toda persona inscrita en el IMSS, que tiene ahora más de 55 años de edad y que pertenece a la Ley 73, se preocupara hoy por informarse, estaría a tiempo de evitar una jubilación injusta con montos bajos que empobrecen a los jubilados.
A la población que pertenece a la ley 73 del IMSS, le asiste la ley con varios beneficios que, sin embargo, no son ejercidos por ignorancia. El mayor beneficio es poder continuar cotizando para una jubilación a pesar de que se hayan quedado sin empleo, y por su edad, ya nadie quiso brindarles empleo formal.
El beneficio se conoce como continuación voluntaria, con lo que, al contribuir directamente y pagar su afiliación, podrán asegurar su retiro aun cuando se hayan quedado sin patrón y un empleo formal. Pero, adicionalmente, tienen el derecho de enriquecer su cotización, elevando el salario base, lo cual repercute en una pensión que puede ser en 2025 superior a 80 mil pesos mensuales.
Es tiempo de prepararse para el futuro y no dejarlo al día a día, el tiempo y el futuro están más cerca de lo que parece, infórmese.
E-mail: amper61@hotmail.com
Arturo Pérez Díaz es periodista independiente, ha sido docente de política, opinión pública y mercadotecnia política, así como asesor profesional de comunicación pública.
NACIONALES
Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.
Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.
Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?
El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.
Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.
La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.
Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.
Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.
Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.
A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.
La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.
En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.
Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.
JALISCO
Uribe y su circunstancia

De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //
Hay cuatro asignaturas en la agenda de Guadalajara que están fastidiando al gobierno de Movimiento Ciudadano: Inseguridad, agua, movilidad y basura.
En todas las evaluaciones brotan esos temas de manera consistente.
Personalmente creo que Verónica Delgadillo hace –como puede y con lo que tiene- un esfuerzo que merece un alto reconocimiento.
Y aunque no tenemos condiciones para afirmar que su labor pinta para lograr la postulación naranja con miras a nuestro próximo encuentro con las urnas, lo cierto es que nadie puede negar que le pone seriedad y esfuerzo a su función como presidenta.
En un contexto así, a Morena se le presenta una oportunidad única para conquistar el triunfo en menos de dos años.
Hay cartas con nombre y apellido en la baraja guinda.
Cito algunos con verdaderas posibilidades de alcanzar la nominación:
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Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados.
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Claudia Delgadillo González, ex diputada federal y ex candidata al gobierno del Estado.
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Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato al gobierno de Jalisco y actual senador de la República.
Sin embargo debemos colocar en la primera línea a quien ya ha sido alcalde, Alberto Uribe.
Hombre de las confianzas de Marcelo Ebrard, es titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y Coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) de la Secretaría de Economía, posición que lo coloca en inmejorables condiciones para vincularse con sectores estratégicos que si bien no definen una elección, sí inciden en ella.
Por una extraña razón, distinguidos opinantes se resisten a suponer que a Uribe Camacho le aguarda un futuro prometedor en la escena electoral.
Yo difiero. Lo conozco, y si alguien sabe sortear el oleaje del impredecible e implacable mar de la política, es Alberto.
Por eso, para aquellos que sostienen que la historia sobre la designación de la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía tapatía ya se escribió, vale la pena recordarles esa máxima que dice que en la política, como en la vida misma, la circunstancia lo es todo.
En X: @DeFrentealPoder
*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.
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Profesor Anonimo
24 de junio de 2019 at 09:35
Lamentablemente así es ya en todas las escuelas. Pues cierto números de reportes leves hacen uno grave o tantos graves uno muy grave y tantos muy graves la expulsión. Y no vemos como instituciones educativas q si tenemos las evidencias en nuestras manos podemos darle fin a esta situación haciendo responsables a los padres. Pero que pasa? Q como institución tampoco conocemos nuestros reglamentos y es por esto que hacemos tanto «protocolo» q yo llamaría pancho. Es por eso q ahora nuestros alumnos toman sus propios medios para ponerse en paz simplemente porque…así, literal lo dicen no nos hacen caso.
Ahora que pasa cuando el maestro es acosado? En vez de también recibir apoyo de nuestras autoridades nos dan la espalda. Porque resulta que somos nosotros los que debemos cambiar nuestra conducta para que el alumno cambie.