OPINIÓN
LUCHAS SOCIALES /// Derecho a la información, petróleo y gobierno

Por Mónica Ortiz ///
Jalisco al igual que otros estados enfrenta la crisis por desabasto de combustible, producto de las estrategias federales contra el robo de gasolina y la corrupción que se dice imperaba al interior de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Para el presidente López Obrador el petróleo ha sido un asunto prioritario, desde que era candidato usó su calidad de oposición con énfasis en el hidrocarburo, su distribución, las refinerías y la petrolera, hasta la fecha ha marcado un evidente interés superior, razón por la que esta estrenada administración gubernamental federal se muestra implacable con el problema del huachicol, por encima incluso del grave conflicto de inseguridad fruto de la delincuencia organizada, el desempleo, los niveles de pobreza y la corrupción gubernamental que vive el país.
Para López Obrador la corrupción de Pemex y el petróleo son los problemas madre de nuestro país, tan es así que ya estamos los mexicanos inmersos y convencidos de la lucha contra los huachicoles y su estrategia, sin embargo para bien o para mal nuestro país es un enorme abanico de corrupción, opacidad, impunidad y delincuencia.
Jalisco es de los estados que ha sufrido mayor desbasto de gasolina, por lo que las implicaciones colaterales iniciaron en diversos sectores, como todo aquello que al moverse o detenerse provoca consecuencias, así la falta de movilidad para los ciudadanos, comerciantes, empresas, servicios privados y públicos etc.
PARA LÓPEZ OBRADOR LA CORRUPCIÓN DE PEMEX Y EL PETRÓLEO SON LOS PROBLEMAS MADRE DE NUESTRO PAÍS, TAN ES ASÍ QUE YA ESTAMOS LOS MEXICANOS INMERSOS Y CONVENCIDOS DE LA LUCHA CONTRA LOS HUACHICOLES Y SU ESTRATEGIA, SIN EMBARGO PARA BIEN O PARA MAL NUESTRO PAÍS ES UN ENORME ABANICO DE CORRUPCIÓN, OPACIDAD, IMPUNIDAD Y DELINCUENCIA.
El mayor impacto fue el político usado mediáticamente en una secuencia de declaraciones entre el Gobernador Enrique Alfaro y el Presidente López Obrador, ocasionando aumento de politización en un asunto de interés público nacional, tan delicado que nos tiene en un trance de incertidumbre, mismo que de no tener un final consecuente y lógico, podría dejar a cualquier gobierno con etiqueta de incapaz de resolver a favor de la sociedad.
La exigencia del Ejecutivo Estatal al Federal, nos permite justificar que gozamos de gobiernos colgados del drama y el grito, acusándose uno al otro del truco publicitario o el abono a la popularidad, buscando que los reflectores ciudadanos se enfoquen para captar sectores sociales a favor o en contra según el interesado.
En este contexto las preguntas obligadas son: ¿Necesitamos realmente la información que los poderes ejecutivos dan a los medios? ¿Debemos tomar partido? ¿Somos víctimas de alguno de nuestros gobiernos? El derecho a la información y el acceso a la información pública son herramientas adecuadas y diseñadas para el convencimiento social mediante la certeza de la información emitida por el propio gobierno y sus respetivos sujetos obligados sobre las acciones, prácticas o políticas públicas que se implementan, deberíamos aumentar las maneras de comprobar lo que nos cuentan o nos gritan, además de la forma tradicional de recibir la información mediante el discurso, la entrevista y el comunicado gubernamental, para adquirir conciencia del ejercicio gubernamental y la participación ciudadana verificando, evaluando y analizando la información de interés público de las administraciones de gobierno, con el uso de la transparencia y el acceso a la información pública.
La falta de ejercicio en el acceso a la información pública, provoca corrupción, opacidad e impunidad, lo contrario confronta las realidades de la sociedad, así como el discurso y los dichos de los gobiernos vs los hechos verdaderos, quizás el acceso a la información pública puede parecer complicada para el ciudadano, pero no lleva gran ciencia inscribirse a la plataforma nacional de transparencia, mediante un correo electrónico para solicitar información bajo el amparo del ejercicio libre de nuestros derechos humanos y fundamentales, respecto de los actos gubernamentales y políticas públicas.
En este sentido permitir que los gobiernos cualesquiera que sean, nos emitan información estratégica, pública y gubernamental, con la ligereza de una conferencia, rueda de prensa o entrevista, convirtiéndola en el foco mediático y polarizado que enmarañe sus obligaciones y nuestros derechos a través del discurso hueco y estructurado para obtener una percepción negativa o positiva según el modo deseado.
El beneficio de esta sociedad en plena era de la información, son sin duda los derechos humanos y la democracia, deberán ser aplicadas de manera consiente y con amplio sentido social, ejercer la participación ciudadana, sus herramientas y a la sociedad civil organizada, como medio las solicitudes de información vía transparencia, nos salva del protagonismo político de los gobiernos y de las simulaciones, incluso de las dictaduras con ideologías de izquierdas ilusorias que se adjudican bienestar, patriotismo simulado y confianza ciega por el amor al país, seguro es que en Venezuela vivían con Maduro, un nivel irreal del ejercicio a la información pública.
JALISCO
Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el pago el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinado al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 Planes de Justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuri en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío, el gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario. Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
JALISCO
El expediente que ocultan de Eli Castro

– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
NACIONALES
El rey ha muerto, la nostalgia vive

-Opinión, Por Miguel Anaya
En política, nada se improvisa. Lo que parece una casualidad o un hecho totalmente fortuito, en la mayoría de las ocasiones tiene un trasfondo que deja un mensaje para aquellos que saben descifrarlo.
La política mexicana recicla sus figuras, usándolas para comparaciones y discursos, no para gobernar. Aquí, la popularidad supera al liderazgo y la acción
La célebre frase “el rey ha muerto, viva el rey” no solo representaba la transición inmediata de poder en la Francia medieval, sino también el principio de continuidad en el ejercicio del mando, incluso si el anterior había fracasado estrepitosamente. Y en México, aunque ya no hay tronos ni coronas (pero sí hay palacios), la lógica persiste: los viejos soberanos nunca desaparecen del todo, porque en tiempos de crisis política, incluso los caídos se vuelven útiles.
El caso reciente de Enrique Peña Nieto lo ilustra bien. Tras años de silencio, exilio dorado y memes de alto voltaje, el expresidente volvió a la conversación pública con declaraciones que fueron tomadas por muchos como un gesto de «normalidad». Lo que antes era escándalo hoy es nostalgia. Aquella Casa Blanca que provocó marchas y editoriales indignados hoy apenas ocupa un párrafo en la memoria colectiva. Aquellos muertos, los de Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanhuato, los miles que desaparecieron bajo su sexenio, parecen haber sido arrastrados por el alud de nuevas tragedias más recientes, más frescas, más urgentes.
¿Peña regresó por nostalgia? ¿Por necesidad? ¿Por encargo? No lo sabemos. Lo que sí es claro es que su reaparición no es casual. Como dicta esa frase que se le atribuye a Félix Flores: “La política no es para el que le gusta, es para el que le entiende”. Y quien entiende la política sabe que cada palabra, cada aparición, cada silencio tiene una razón de ser. La política es un ajedrez, no un juego de dados.
En un escenario donde la clase política actual se ha desgastado tan rápidamente —por excesos, por improvisación o por arrogancia—, el terreno se vuelve fértil para que las figuras del pasado, incluso aquellas que parecían sepultadas por la historia, regresen al tablero. No porque hayan sido redimidas, sino porque no hay muchas más opciones con quién llenar el vacío. La orfandad de liderazgos reales, de estadistas con visión, obliga a echar mano de quien haya tenido al menos una figura reconocible. Aunque sea para recordar lo que no se debe hacer… o para sugerir que, después de todo, pudo haber sido peor.
La fragilidad de la memoria pública también juega su papel. El golpeteo mediático constante, la saturación informativa, la polarización política y el vértigo cotidiano que produce el México moderno han logrado que incluso las grandes tragedias se desvanezcan con rapidez. Lo que en otro país hubiera significado la cancelación vitalicia de una carrera política, aquí se transforma con el tiempo en una anécdota o un video en TikTok.
Y así, en plena era de la desmemoria funcional, un Peña Nieto puede volver al escenario, no como aspirante, sino como referente. Lo mismo puede pasar con otros nombres que hoy parecen impresentables, pero que mañana, si el desgaste lo permite, podrían ser reactivados para construir algún nuevo mito, servir de contrapeso o simplemente dar la cara cuando nadie más quiera hacerlo.
Porque, al final, la política mexicana no entierra del todo a sus muertos; los guarda, los recicla y los acomoda en la estantería de los recursos disponibles. Tal vez no para gobernar, pero sí para ser comparados, rehabilitados, usados. Porque en este país, donde a menudo se confunde popularidad con liderazgo y discurso con acción, lo importante no es lo que hiciste, sino con quién te comparan.
Y si el presente se descompone lo suficiente, incluso un pasado fallido puede parecer aceptable. El rey ha muerto. Viva el rey, aunque sea el mismo…