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OPINIÓN

Leyes de ingresos

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Opinión, por Héctor Romero Fierro //

Nuevamente llega el fin de año y los diferentes niveles de gobierno, ejerciendo sus potestades tributarias presentan sus Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, muchas de ellas con grandes expectativas, difíciles de cumplir y, otras, donde a pesar de la notoria reducción de participaciones federales que se avecina para el año próximo, no son capaces de ser creativos para incrementar la recaudación necesaria, y simplemente toman la publicada para el año en curso y le aplican un incremento por índice inflacionario pero bajo perspectivas económicas imposibles de cumplir.

Tal es el caso del proyecto que presentó el Gobierno del Estado de Jalisco, el cual parte de la premisa de que el PIB nacional crecerá el 2% cuando es conocido por todos que, por las erróneas políticas del Gobierno Federal, sin bien nos va, el PIB del 2020 será del 0.0% al 1.1% con expectativas a la baja.

Dice el Gobierno del Estado que en 2020 percibirá la cantidad de ciento veintidós mil cuatrocientos millones cuatrocientos veinte mil seiscientos ochenta pesos, cantidad superior en un 4.66% a lo presupuestado para 2019. Sus expectativas se basan en un incremento disfrazado en la tarifa de pago por enajenaciones de vehículos usados, en un incremento difícil de cumplir sin apretar a los que ofrecen hospedaje a través de aplicaciones con Airbnb, ya que se espera recaudar un 29.21% superior a lo presupuestado para el año en curso, no obstante que la actividad turística disminuirá por motivos de la grave inseguridad en el estado; pero donde tienen aún más grandes expectativas es en la recaudación proveniente del Nóminas y Asimilables, ya que pretenden recaudar casi cuatro mil quinientos sesenta y ocho millones de pesos contra tres mil setecientos veintiséis millones, lo que implica un incremento en la recaudación del 22.59% lo cual en lo personal dudo que se logre, no obstante que el estado cuenta con las bases de datos del SAT para la fiscalización en base a la información revelada en las declaraciones federales.

En el caso de enajenación de automóviles usados, es claro un nuevo ajuste a los tramos de la tarifa para hacer que las operaciones vayan ubicándose en los valores más altos, ya que ahora para llegar al renglón más alto de la tarifa se considera una base de solo ciento sesenta mil novecientos dieciocho pesos contra la de doscientos veintidós mil doscientos pesos del 2019. Por ejemplo, un vehículo con una valor según las tablas del estado de doscientos mil pesos paga durante 2019 solo $9,227.70 en 2020 pagará $11,701.00 lo que equivale así al 27% de incremento. Lo curioso de esto es que a muchas de las dependencias que nos son parte del gobierno central estatal no se les incrementa su presupuesto o se les incrementa en forma ridícula no obstante que incluso tienen funciones nuevas derivado de reformas legales, como el caso de la Universidad de Guadalajara. En contraste, el gasto de comunicación social será nuevamente exagerado, renglón en el que esperemos no sean nuevamente beneficiadas las dos o tres empresas favoritas del gobernador, sin embargo se nos olvida qué hay una imperiosa necesidad de promocionar la tan esperada refundación del estado, lo que quiera que eso signifique, haciendo a un lado las verdaderas prioridades, tales como la seguridad pública y salud.

Por cierto, debemos estar en Jalisco muy orgullosos, somos ya récord nacional en número de personas contagiadas de dengue, lo cual, lamentablemente ha causado la muerte de numerosos jaliscienses. Parece que el Poder Ejecutivo le tiene más miedo a lo que implica declarar urgentemente la alerta sanitaria que a los muertos que cargarán en su conciencia los irresponsables funcionarios estatales del sector salud.

En el caso de la recaudación municipal es lamentable que se les obligue a conservar tarifas de impuesto predial inconstitucionales, ya que muchas de ellas no pasarían un test de proporcionalidad y equidad de acuerdo a los parámetros fijados por nuestro más alto tribunal; habrá que ver la conformación de las nuevas tarifas y si la lógica de su tabla reúne esos requisitos, ya que algunas, como la de Guadalajara, para este año no lo cumplen.

Ya que estamos hablando de municipios hay que tener mucho cuidado con los ilegales cobros que pretenden hacer, lamentablemente ya muchos ayuntamientos, por un concepto de “subdivisión”, esto en predios que en su momento ya fueron afectados por ese gravamen o cobro, solo como ejemplo, una empresa fracciona un terreno de su propiedad, ahí si el Código Urbano le autoriza al municipio a recibir una donación equivalente del16% al 21% de la superficie total, pero el comprador de uno de los terrenos ya fraccionados no tiene de ninguna manera que volver a pagar dicho “derecho” incluso aunque este inserto en un reglamento municipal. Primer encargo que tendrá el nuevo Procurador de Desarrollo Urbano, cargo actualmente acéfalo, y que será fijar un criterio al respecto aclarando la aplicación del Código Urbano al respecto y evitar que la ciudadanía sea engañada con claras intenciones recaudatorias.

En otro tema, asistí a la Convención Anual de Correduría Pública Mexicana, gremio que se consolida cada vez más como un pilar fundamental de la actividad mercantil, sin embargo, fue preocupante conocer el poco conocimiento que tienen los comerciantes de ese importante auxiliar del comercio. Según las encuestas, muchos empresarios ni sus contadores saben que el Corredor Público goza de la fe pública del Estado, la cual le es delegada por la habilitación del ejecutivo federal y que al gozar de ella en la materia mercantil, permite que el Estado garantice que son ciertos determinados hechos que interesan al derecho; otorgando seguridad jurídica por parte del Corredor, tanto al Estado como a los particulares, en los actos que interviene este. Los avances de la tecnología nos superan y ya es posible asistir en actos y contratos mercantiles incluso desde otros países dando fe de su celebración, facilitando con esto el comercio internacional.

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OPINIÓN

Un país lleno de tumbas

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Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

¿Hasta dónde llegará la sangre derramada por todos los confines del país?

México, oficialmente no está en guerra, pero los saldos de muertes violentas, no tienen fin…no tendrán fin ni a corto ni mediano plazo, todo lo contrario.

En dos sexenios, encabezados por los Presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entre homicidios y desaparecidos, suman 300 mil vidas apagadas. ¿Qué son 300 mil vidas? Si lo comparamos con un país en guerra como fue el caso de Irak -ocupación de Estados Unidos- entre el 2003 y el 2011 se estima que murieron 601 mil personas directamente por la violencia y de acuerdo a estimaciones realizadas por organizaciones de derechos humanos, de las cuales el 14%, 91,700 fue por atentado suicidas; el 57%, por arma de fuego, más de 373 mil, y un 20%, más de 137 mil, por ataques aéreos.

Durante el primer año del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la violencia no encuentra freno, sino todo lo contrario. Al terminar el 2019 serán cerca de 35 mil los homicidios registrados en el país y si esa constante se mantiene -en los dos sexenios que le han antecedido, tienden a aumentar año con año- llegaríamos al cerrar el 2024 a 210 mil homicidios y que sumados a los 300 mil de los últimos 12 años, llegaríamos a los 500 mil pérdida de vidas en 18 años.

Sí, 500 mil pérdidas de vida. ¡Es una barbaridad!

El sexenio de Peña Nieto cerró con 14% más homicidios que el de Felipe Calderón, conforme a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre enero y noviembre del 2018 fueron asesinados un promedio de 94 personas en México por día, esto es 4 asesinatos por hora.

Los 35 mil homicidios como seguramente cerraremos el año en todo el país vendrá a imponer marca histórica.

El gobierno de la 4T ha señalado que no hará uso de la fuerza del Estado para pacificar el país. El Presidente López Obrador ha señalado que hay que resolver el problema social para que México logre la paz y la reconciliación. Tiene parte de razón, pero el encontrarle solución pueden pasar décadas y hasta siglos, y tal vez no se logre disminuir la desigualdad, porque abatirla, es imposible. Requerimos a un Presidente mas terrenal, más realista.

Ya pasó el primero de seis años de un gobierno y a juzgar por los resultados, esa actitud cristiana de ofrecer la mejilla a los criminales, en vez de combatirlo con la fuerza del gobierno y la ley en la mano, no sirve de nada.

Al mismo tiempo, tenemos el funcionamiento de la Guardia Nacional que en el tercer tercio de este año, empezó su operación, con problemas presupuestales muy críticos, por la premura que se tuvo para que ya se hiciera presente en el país. Esperamos que la Guardia Nacional se asiente en el 2020.

UN AÑO DE PLAZO

¿Qué dice el Presidente sobre la realidad violenta que golpea al país en los tiempos de la 4T?

Tácitamente acepta la magnitud del problema cuando pide un año más de plazo.

Hay dos sucesos que este año han cimbrado a su gobierno por parte de los grupos criminales: por un lado “el culiacanazo”, que vino a exhibir el desorden que traen dentro del gabinete de seguridad que coordina el civil Alfonso Durazo, que se ha convertido en el funcionario más cuestionado de este gabinete, al no convencer su narrativa y justificaciones que ha brindado, no pocas contradictorias, en cuanto al operativo fallido en Sinaloa para detener a Ovidio Guzmán.

El segundo suceso trágico y macabro fue el que se registró en Bavispe, Sonora -en la frontera entre Sonora y Chihuahua- donde fueron asesinados 6 niños y 4 mujeres de la familia LeBarón, noticia que le dio la vuelta al mundo en los espacios estelares de los medios de comunicación.

En esas circunstancias, el Presidente de EEUU Donald Trump se atrevió a proponerle al gobierno de México ayuda para enfrentar la guerra a estos grupos criminales que han arrodillado y humillado al gobierno, lo cual inmediatamente fue rechazado por el Presidente López Obrador.

El gobierno de EEUU calificó el suceso en el que murieron ciudadanos americanos, como un acto terrorista y en esa tesitura, la administración se da la potestad de intervenir, de acuerdo a sus leyes imperialistas, justificando esas acciones de perseguir este tipo de actos estén dónde estén.

El Presidente mexicano hace alusión a la soberanía de México que debe ser salvaguardada al rechazar ayuda de Trump. ¿Debe cambiar México está posición que ha mantenido firme por décadas al no permitir la ayuda de un ejército extranjero participe en una acción de defensa del orden público? ¿Debería discutirse este punto? ¿De qué sirve la soberanía cuando el Estado es incapaz de ofrecer seguridad a sus ciudadanos, cuándo se impone la ley de la selva y la ley y el estado de derecho son letra muerta?

Lo cierto es que el gobierno de México por más que se esfuerce ha fracasado en la lucha contra los grupos criminales. 300 mil muertes en dos sexenios y 35 mil en este primer año, son números fríos y muy contundentes. ¿Esperaremos que en estos seis años se acumulen 200 mil más para llegar al medio millón de homicidios?

Ante esta terrible realidad, ¡Dios nos tome confesados!

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OPINIÓN

El triunfo de MC: La crisis en los medios

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De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

Hace cinco años, un 22 de noviembre, en el Periódico Oficial de El Estado de Jalisco, se publicó la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios. Se trata de una norma vigente que impulsó el partido Movimiento Ciudadano –promovida por el actual senador Clemente Castañeda Hoeflich como presidente del poder legislativo local- y que supuestamente tiene como premisa básica (según lo enuncia su artículo 1 en el Capítulo Primero) lo que sigue: “Esta Ley es de orden e interés público, y tiene por objeto establecer reglas para el ahorro, gasto eficiente, racional y honesto que se deberá poner en práctica en el manejo de los recursos públicos de los sujetos regulados por la presente Ley”.

En ese tiempo yo era secretario general del extinto Cesjal, y fue justo desde las trincheras de ese organismo autónomo, al que por cierto tanto se atacó con falacias desde algunos espacios periodísticos, que se quiso dar la batalla contra la entrada en vigor de dicho mandato jurídico. ¿Por qué? Porque en realidad esta Ley escondía un propósito perverso que en su momento expliqué a algunos amigos columnistas, reporteros y directivos comerciales, pero que nadie se atrevió a denunciarlo.

Y es que la precitada Ley, en el Artículo 13, correspondiente al Capítulo III, mandata de forma textual: “Los gastos en publicidad y comunicación de los sujetos obligados, por concepto de tiempos en radio y televisión, pautas en Internet y redes sociales, así como los espacios en prensa escrita y cualquier otra erogación equivalente de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, no podrán rebasar el cero punto tres por ciento de su presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente, con excepción de la difusión en materia de programas de protección civil, salud y seguridad pública. En el caso del Poder Ejecutivo del Estado el porcentaje señalado en el párrafo anterior se aplicará al conjunto de la Administración Pública Centralizada”.

Ya con la mira puesta en la conquista del Gobierno del Estado, con esta redacción era claro (el tiempo me dio la razón) que el quid de la construcción de un marco legal así contemplaba dos objetivos estratégicos para el alfarismo: el primero, mermar las finanzas de los medios de comunicación a través de una drástica reducción en los presupuestos destinados a la compra de publicidad institucional, con el fin de desaparecer los más que se pudiera y así disminuir la carga crítica de su gestión en caso de alcanzar la gubernatura.

El segundo -con un enfoque de negocio personal-, apropiarse de gran parte de dinero del erario destinado a gastos de promoción y difusión, a través de las empresas consultoras en comunicación INDATCOM, Euzen y La Covacha, a las que por la vía de la asignación directa, se les ha otorgado a la fecha cientos de millones de pesos, y de los que nadie conoce su uso y destino, porque en este asunto ni el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) le entra, por temor a que se le quite recursos.

Así pues, mientras que hoy vemos con pena la crisis económica por la que atraviesan algunas empresas de comunicación, en Casa Jalisco presumen el control editorial que se ejerce sobre algunos “líderes de opinión” y festejan el despido de profesionales del periodismo que no quisieron alinearse a la Refundación.

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OPINIÓN

Estructuras ocupacionales II

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Metástasis, por Flavio Mendoza //

Terminó Recrea Academy, evento que impulsó el Gobierno del Estado, particularmente el Secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, en el que se planteó sólo una cara de la moneda, la del ideal de lo que se quisiera para las escuelas de educación básica en el estado. Sin embargo, la otra cara que no se vio en ese evento son las más de 11 mil escuelas cuya realidad es el contraste de lo que se abordó ahí.

Las escuelas de educación básica en Jalisco, en su mayoría, tienen carencias en infraestructura física, de materiales didácticos o personal, sin duda el tema de las estructuras ocupacionales es un elemento fundamental para el buen funcionamiento de las escuelas y el cumplimiento de sus objetivos, pero para la autoridad educativa parece ser un tema sin importancia o relevancia, en Recrea Academy no se dio una sola conferencia dedicada a este tema o bien en los planes de desarrollo y proyectos ejecutivos del gobierno y la propia dependencia estatal.

Un claro ejemplo es la incongruencia para la prestación del servicio educativo, una obligación del estado para garantizar el derecho a la niñez de recibir educación pública, que derivado de los planes de expansión 2019 – 2020, la Secretaría de Educación Jalisco autoriza la creación y apertura de turnos vespertinos para la oferta del servicio en el nivel de Educación Secundaria, estableciendo incluso el número de grupos por grado que debe de atender en dicho nuevo turno para el plantel educativo, sin embargo no resuelve nada sobre la plantilla de personal que deberá atender la matricula correspondiente.

Es tanta la indiferencia, frivolidad e insensatez de la SEJ, que a través de oficios dirigidos a los Directores de las Escuelas, les dan la indicación de aperturar el servicio a la comunidad que demanda un derecho en las localidades, pero en el mismo oficio, del que tengo copia, le informan al directivo que “en cuanto al personal para atender dicho servicio, se atenderá en la medida de lo posible y de no ser así, será considerado en la programación detallada, sujeta a disponibilidad de recursos y a la priorización de necesidades del Estado”. Además de no definir la situación del directivo que les es útil para la apertura del turno vespertino, pero sin garantizar su situación laboral, pues le avisan que la dirección de dicho turno estará sujeta a la convocatoria que emita la propia Secretaría con base a la normatividad vigente.

El oficio muestra la crudeza con la que desde los escritorios la autoridad educativa toma las decisiones, sin importar prácticamente ni la educación de los niños ni las garantías laborales del profesorado, además de la seguridad y el buen funcionamiento del nuevo turno en el plantel escolar, la frivolidad de los funcionarios promueve y profundiza la crisis en materia educativa por la que atraviesa el país y estado, mientras en Recrea Academy se habla de escuelas con tecnología, personal suficiente y especializado, capacitación profesional de primer nivel e infraestructura física acorde, mientras la realidad de las escuelas todos los días mete en aprietos a los directivos que deben resolver con lo que pueden para no interrumpir el servicio y los procesos educativos a millones de educandos.

El Secretario de Educación en la entidad debe conocer la realidad de las escuelas, para que comience Recrea con el cumplimiento de lo que ya está establecido en la norma vigente del Sistema Educativo, para que, considerando ésta, pueda tener el verdadero diagnóstico que permita avanzar en materia educativa, antes de gastar millones en eventos de relumbrón, cuyo recurso podrían resolver sueldos anuales de personal que falta en las escuelas, ante este escenario, son pocas las voces que se atreven a denunciarlo, excluyendo incluso a la representación sindical, porque además este tema para directivos y supervisores se vuelve un problema dentro de su función en las que generalmente enfrenta sólos la insensibilidad de las autoridades educativas.

Twitter: @FlavioMendoza_

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