OPINIÓN
Un gobernador que se reinvente
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Un primer año muy complicado en el ejercicio del gobierno ha resultado para el gobernador Enrique Alfaro Ramírez al enfrentar problemas muy graves de difícil situación, como es el caso de la seguridad y otros de orden coyuntural (crisis sanitaria del dengue), que fueron muy mal enfrentados y manejados.
El desgaste sufrido es muy rápido, perdiendo gran parte de aquel capital político que lo catapultó y que lo obliga a un replanteamiento tanto en sus políticas de gobierno, como es su forma de comunicar.
El discurso y narrativa de la Refundación que había sido la gran apuesta del gobierno alfarista dentro de su grandilocuencia y obsesión de encabezar “un gobierno que venía a hacer historia”, es un fracaso, la sociedad no lo compró y por lo visto el mismo Alfaro se ha perdido el interés porque El Constituyente pueda hacerse realidad.
LA FORMA DE COMUNICAR
Una línea fundamental en el ejercicio de gobierno es la forma de comunicar y en ese sentido se debe ser pertinente con el rol que la circunstancia le permite jugar. No es lo mismo ser un líder de oposición que se distingue por un discurso crítico, que convertirse en autoridad y ofrecer respuestas con soluciones a los ciudadanos.
Un error que el gobernador Enrique Alfaro ha cometido es que no ha cambiado de chip. Se quedó como el político crítico, opositor, echado para adelante, una especie de bulldozer que tiene la característica de embestir. Hoy el líder del movimiento naranja ya no tiene enfrente a los villanos del PRI, a ellos ya los derrotó, ahora le toca construir, demostrar que tiene capacidad para hacer un buen gobierno y cumplir con las expectativas que generó.
El principal ingrediente en el discurso de Alfaro el gobernador es el ataque. Presenta un anuncio de determinada obra, programa o acción de gobierno y es común que fustigue al pasado, con una visión maniquea de la vida y como si él fuera el gran salvador, que viene a hacer lo que los malosos del pasado que le antecedieron no quisieron realizar.
El mensaje que envía con sus video mensajes en redes no tienen empatía y no generan confianza. El tono como dice las cosas y el rostro duro generan rechazo. En las entrevistas presenta el ceño fruncido, como si estuviera permanentemente a la defensiva. Difícilmente convive con los periodistas y comunicadores.
LA CONFRONTACIÓN CON LA PRENSA
Alguien le vendió la idea a Alfaro que los periodistas son sus enemigos, olvidando que fueron precisamente ellos los que lo arroparon y apoyaron para convertirse en aquel líder carismático que conectó con la gente. En este proceso de ajuste a su gabinete, el gobernador bien podría cambiar a su director de comunicación y nombrar a un profesional en la materia, pero de poco servirá, si éste no cambia su actitud y no se esfuerza por recuperar la empatía que lo distinguió en el pasado, dejando esas actitudes de señor autoritario que pierde el control emocional ante las preguntas incómodas de los reporteros, o los análisis críticos que son esgrimidos en los diversos medios de comunicación.
Alfaro no debe menospreciar a nadie, otro de los problemas que trae, con la visión maniquea de buenos y malos. Esos ataques que ha dirigido a diversos medios que han tenido el valor de señalarle los excesos de funcionarios, las licitaciones amañadas, carentes de transparencia, son lo que le han hecho mucho daño a su imagen y los resultados están a la vista.
LOS AJUSTES A SU GOBIERNO
El pasado sábado se dieron a conocer los primeros ajustes a su equipo de gobierno y el primero fue en el área de salud, precisamente donde se tuvo uno de los grandes y graves problemas durante su primer año de gobierno. En el juego de intereses inmersos, la gana el Secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren , ligado a los poderosos grupos farmacéuticos y la pierde Consuelo Robles, la titular de la OPD de Salud. La hebra se rompe siempre por lo más delgado.
Por lo que se traslució hacia la opinión pública, la siguiente área bien podría ser la Comisaría de Vialidad, que no ha funcionado con la integración a la Secretaría de Seguridad. Habrá que ver en el cambio de esquema.
Y un área vital es seguridad y fiscalía donde está el problema que más golpea la imagen del Ejecutivo tanto con los delitos de alta incidencia como los de alto impacto. Un cambio de fondo significaría hacer una reestructuración de 360 grados en la Fiscalía General.
Los cambios que realiza a su equipo de gobierno obedecen a los focos rojos que se han prendido en la máquina naranja, habrá que ver de qué magnitud son y qué resultados prácticos ofrece. Pero de poco servirán si el cambio para que todo siga igual, si el propio gobernador no cambia sus actitudes, con esos poses y actitudes soberbias de confrontación por todos lados, que es lo que lo tiene en un creciente deterioro de rechazo ciudadano.
En estos días empezaremos a ver de que tamaño son los ajustes y replanteamientos que se atreva Alfaro a hacer a su gobierno.
Pero el cambio debe iniciar con el mismo Alfaro. Un Alfaro que se reinvente.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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