La sombra de López Obrador

Opinión, por Gerardo Rico 

Aún recuerdo cuando en los primeros días de diciembre del 2022 la oposición a Morena en la Cámara de Diputados celebró con “bombo y platillos” el rechazo al llamado Plan A del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La propuesta contemplaba convertir el Instituto Nacional Electoral (INE) al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), así como disminuir de 11 a siete consejeros electorales, eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias y desaparecer a los llamados legisladores plurinominales.

También el objetivo de dicha reforma, según se planteó, era abaratar el costo de la democracia, logrando ahorros por más de 20 mil millones de pesos, para ello también se buscaría que el INEC fuera el único organismo encargado de la organización de las elecciones, absorbiendo así las funciones de los Organismos Públicos Locales, como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco.

El PAN, PRI, PRD y MC celebraron el 6 de diciembre de 2022 el rechazo de la reforma electoral constitucional, Plan A, calificándolo como un triunfo de la democracia y la defensa del INE, argumentando que protegieron la independencia del organismo electoral y la estructura democrática del país. Finalmente, el 22 de febrero de 2023, el Senado aprobó el llamado Plan B de la reforma electoral propuesta por el Presidente. 

Planteó así modificar estas seis leyes secundarias pero sin cambiar la Constitución: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), Ley General de Partidos Políticos, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley Federal de Consulta Popular y Ley General de Comunicación Social.

Luego tuvimos el Plan C, con la que de plano el entonces Presidente buscaba el “carro completo” de Morena en las elecciones del 2024, lo que sin lugar a duda logró. Sin embargo, en mayo del 2023 la SCJN invalidó la primera parte del Plan B de la reforma electoral de López Obrador, el pleno determinó graves violaciones al procedimiento legislativo durante su aprobación en el Congreso.  

Todo esto viene a colación tras el nombramiento de tres consejeros ciudadanos que la alicaída oposición mexicana califica como “muy cercanos a Morena”: Arturo Manuel Chávez López, Blanca Yassahara Cruz García y Frida Denisse Gómez Puga, designados por un periodo de nueve años.  

Pero ¿qué relación tienen una situación de hace años con los recientes nombramientos?

Sin duda alguna, Morena ha reconfigurado el poder en México desde 2018 al centralizar la toma de decisiones en el Ejecutivo federal, debilitar organismos autónomos y consolidar una mayoría legislativa que impulsó reformas estructurales como la Reforma Judicial, la incorporación de la Guardia Nacional a la Defensa y la creación de programas sociales con rango constitucional. 

El proyecto de la 4T ha movido el eje del poder desde el Congreso y los contrapesos institucionales hacía la Presidencia de la República. Con la reforma del 2024 se aprobó que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el voto popular, teniendo como objetivo la democratización del Poder Judicial, aunque voces críticas afirman que quedó debilitada su independencia. Reformas recientes también limitan la capacidad de la Suprema Corte para frenar cambios constitucionales promovidos por la mayoría oficialista.

Morena y sus aliados aprobaron la extinción de siete organismos autónomos transfiriendo sus funciones a secretaría de Estado para “generar ahorros”. Los organismos afectados incluyeron al INAI -transparencia-, es decir la eliminación del entre intermediario en acceso a la información; COFECE e IFT -órganos reguladores de competencia económica y telecomunicaciones; CONEVAL, -medición de la pobreza- lo pasaron al INEGI y la CRE y CNH, es decir Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Además, Morena pasó de ser un partido nuevo a gobernar la mayoría de las entidades federativas, reconfigurando el mapa político nacional. El partido y sus aliados han mantenido mayorías que permiten cambios constitucionales -mayoría calificada-, limitando la capacidad de negociación de la oposición y la joya de la corona: los programas sociales: La constitucionalización de programas sociales ha creado una estructura de bienestar directa, que fortalece la legitimidad y base social del partido. 

El poder se centra en torno a un fuerte liderazgo como sigue siendo López Obrador y luego la Presidenta Claudia Sheinbaum, más que en instituciones partidistas tradicionales, similar a la estructura del histórico PRI, de acuerdo a analistas. El ascenso de Morena provocó el colapso de los partidos tradicionales, estableciendo una nueva dinámica donde la oposición perdió capacidad de contra peso.

A través de estas acciones, Morena ha buscado romper con el modelo neoliberal anterior, instaurando un régimen que prioriza la «economía moral» y la participación popular directa, aunque con señalamientos sobre la concentración de poder y la reducción de contrapesos democráticos. Toda una reingeniería del poder que Morena logró en los últimos años sin que la oposición o diferentes actores mediáticos fueran capaces de frenarla. En los siguientes comicios veremos hasta donde el partido gobernante es capaz de mantener la cohesión y el poder.