Exgobernadores del PAN califican a Ernesto Ruffo como «preso político» y cuestionan la imparcialidad del sistema de justicia

Por Francisco Junco

El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, acompañado por los exgobernadores de Jalisco Alberto Cárdenas Jiménez y Francisco Ramírez Acuña, así como por los exmandatarios de Guanajuato Juan Carlos Romero Hicks y Miguel Márquez Márquez, encabezó un encuentro del grupo Unidos por México, integrado por 16 exgobernadores panistas, donde afirmaron que Ernesto Ruffo Appel es un «preso político» de la Cuarta Transformación y expresaron su desconfianza en el sistema de procuración e impartición de justicia del país.

«Venimos llenos de entusiasmo, de gusto, llenos a la vez de tristeza y de dolor por lo que está pasando en México y lo que está pasando con nuestro queridísimo amigo Ernesto Ruffo. Estamos aquí para defender el Estado de derecho, las garantías constitucionales y la dignidad de Ernesto Ruffo Appel. Defender estas garantías no significa defender la impunidad, sino defender el principio de que el poder público tiene límites y que la justicia debe ser imparcial para todas y para todos», manifestó Fox Quesada.

Durante la rueda de prensa, realizada en la Cámara de Comercio de Guadalajara, Fox dio lectura a un posicionamiento aprobado por los 16 exgobernadores que integran la agrupación, la cual, según explicaron, se reúne semanalmente para analizar la situación política, económica y social de México. Aunque varios integrantes no pudieron asistir por motivos de salud o compromisos de viaje, el documento fue respaldado por todos los integrantes del bloque.

En el pronunciamiento, los exmandatarios señalaron que la detención de Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición electo democráticamente en México, representa un caso que obliga a defender el Estado de derecho, las garantías constitucionales y la presunción de inocencia. Sostuvieron que ninguna autoridad puede colocarse por encima de la Constitución ni vulnerar los derechos fundamentales de cualquier ciudadano.

Fox afirmó que la justicia pierde legitimidad cuando es utilizada con fines distintos a la búsqueda imparcial de la verdad y advirtió que una persecución selectiva, o incluso la percepción de que esta exista, debilita la confianza en las instituciones, erosiona la igualdad ante la ley y pone en riesgo el Estado de derecho. Añadió que la aplicación de la ley debe sustentarse en pruebas, legalidad e independencia judicial, nunca en presiones políticas o mediáticas.

El posicionamiento también contextualiza el caso con las investigaciones y denuncias realizadas durante los últimos años sobre presuntas redes de contrabando de combustibles y evasión fiscal.

Los exgobernadores recordaron decomisos, investigaciones periodísticas y señalamientos públicos relacionados con el denominado «huachicol fiscal», al considerar que las autoridades no han esclarecido plenamente la estructura de esas operaciones.

En ese sentido, cuestionaron que, pese a la existencia de investigaciones sobre redes de gran escala, la actuación de la Fiscalía General de la República se concentre en Ernesto Ruffo Appel.

Los integrantes de Unidos por México plantearon que esa situación genera dudas sobre la imparcialidad de las investigaciones y demandaron que se esclarezcan las responsabilidades de quienes presuntamente participaron en esas operaciones.

«La justicia pierde su legitimidad cuando se utiliza para fines distintos a la búsqueda imparcial de la verdad. La ley debe aplicarse con los mismos criterios para todos, sustentada en pruebas, legalidad e independencia; nunca, jamás, en presiones políticas o mediáticas. La persecución selectiva, cuando existe o incluso cuando razonablemente puede percibirse, debilita la confianza en las instituciones, erosiona la igualdad ante la ley y pone en riesgo el Estado de derecho», resaltó el expresidente de México, Vicente Fox.

Asimismo, denunciaron que la defensa del exgobernador ha enfrentado restricciones para mantener comunicación con él debido a las condiciones de internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano.

Consideraron desproporcionado que Ruffo permanezca en un penal de máxima seguridad, al sostener que no representa un riesgo de violencia y que ello afecta su derecho a una defensa adecuada.

Finalmente, los exgobernadores panistas exigieron que el proceso judicial se conduzca con estricto apego a la legalidad, la transparencia y el respeto a los derechos constitucionales del exmandatario bajacaliforniano.

También señalaron que, por ser una persona mayor de 70 años, la legislación contempla la posibilidad de enfrentar el proceso bajo arraigo domiciliario, por lo que insistieron en que no solicitan un trato privilegiado, sino el cumplimiento de las garantías que establece la ley.