Unidos por México: Exgobernadores del PAN declaran a Ernesto Ruffo “preso político”

Por Francisco Junco

“Nadie está por encima de la ley, pero ninguna autoridad puede estar por encima de la Constitución y de los derechos. Vulnerar las garantías de un ciudadano debilita las de todos y pone en riesgo la democracia”, dijo Vicente Fox. Cuestionó que las autoridades se enfoquen en Ruffo, pese a la existencia de redes de contrabando de combustible, y exigió respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

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El expresidente Vicente Fox y 16 exgobernadores panistas de Unidos por México declararon, en Guadalajara, a Ernesto Ruffo Appel “preso político”; acusaron persecución y advirtieron que el caso vulnera el Estado de derecho y el futuro de la democracia.

Por Francisco Junco

Los integrantes de la organización Unidos por México, conformada por 16 exgobernadores panistas y encabezada por el expresidente Vicente Fox Quesada, declararon que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, es un “preso político” y acusaron que su detención forma parte de una persecución con motivaciones políticas.

Durante una rueda de prensa realizada en Guadalajara, los exmandatarios sostuvieron que el proceso judicial vulnera el Estado de derecho y aseguraron que en México ya no existen garantías de imparcialidad en la impartición de justicia.

El posicionamiento fue respaldado por Vicente Fox, Francisco Ramírez Acuña, Alberto Cárdenas Jiménez, Juan Carlos Romero Hicks y Miguel Márquez Márquez, quienes coincidieron en que el caso de Ruffo representa un precedente grave para la democracia mexicana. Los exgobernadores afirmaron que la utilización de la justicia con fines políticos pone en riesgo las libertades ciudadanas y el equilibrio entre los poderes del Estado.

Al leer el posicionamiento oficial, Vicente Fox sostuvo que el caso no solo implica la defensa de un exgobernador, sino la protección de las garantías constitucionales de cualquier ciudadano.

“Nadie está por encima de la ley, pero ninguna autoridad puede estar por encima de la Constitución y de los derechos fundamentales. Cuando se vulneran las garantías de un ciudadano, se debilitan las garantías de todos, y cuando el Estado de derecho se pone en riesgo, lo que está en juego es el futuro de la democracia mexicana”, expresó Vicente Fox.

El expresidente también cuestionó que, pese a las investigaciones y los decomisos relacionados con redes de contrabando de combustible, la actuación de las autoridades se concentre en Ruffo.

“¿Por qué, después de años de denuncias sobre redes y estructuras de gran escala, la actuación del Estado termina concentrándose en Ernesto Ruffo Appel?”, preguntó, al señalar que el procedimiento debe conducirse con absoluto respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Fox fue todavía más contundente al asegurar que el caso tiene un trasfondo político. “Evidentemente, es un caso político. Yo meto las manos al fuego por Ernesto Ruffo. Lo hago ahora y lo hago mil veces, si es necesario. Conozco a Ernesto Ruffo desde hace muchísimo tiempo; es una persona íntegra, honesta y responsable”, afirmó.

El exmandatario federal fue más allá al aceptar expresamente la denominación de preso político. “Los compañeros, ante el encarcelamiento de Ernesto Ruffo, le llaman ahora ‘Ruffo Mandela’, haciendo alusión a la injusticia brutal que se cometió contra Nelson Mandela. Estos casos sí tienen que ser denunciados”, señaló, al considerar que existe una aplicación selectiva de la justicia en México.

Juan Carlos Romero Hicks reforzó esa postura al asegurar que Ruffo representa una figura histórica de la transición democrática. “Es un quijote de la democracia, un mártir de la democracia y un preso político”, afirmó, al recordar que fue el primer gobernador de oposición, impulsor de la credencial para votar con fotografía y uno de los promotores del Sistema Nacional Anticorrupción.

Romero Hicks sostuvo, además, que el proceso judicial presenta múltiples irregularidades y forma parte de un patrón de regresión autoritaria. “Esto es de manual: hay una crisis interna, hay un sistema de protección, hay un distractor y, finalmente, una persecución política”, afirmó, al señalar que Ruffo Appel nunca intentó ocultarse, siempre acudió ante la autoridad y confiaba en el Estado de derecho.

Se afectan principios de la democracia: Alberto Cárdenas

Por su parte, Alberto Cárdenas, exmandatario jalisciense, advirtió que el caso trasciende a un solo partido político, porque afecta principios esenciales de la democracia. “Hoy, el caso de Ernesto está golpeando duramente a la democracia, porque, al parecer, de aquí en adelante no todos seremos iguales ante la ley. Este país requiere un Poder Judicial independiente y un equilibrio de poderes para que existan contrapesos”, sostuvo.

Más adelante, el exgobernador jalisciense insistió en que Ruffo está siendo utilizado políticamente. “Cuando vemos este caso de Ernesto en concreto, quien es un preso político y a quien quieren utilizar como escudo y parapeto de todas sus corrupciones, queda claro que este proceso está elevando el costo y el riesgo de ser oposición en este país”, declaró, al llamar a no permitir que la persecución judicial se convierta en una herramienta política.

El segundo gran eje del posicionamiento fue la desconfianza absoluta hacia el nuevo Poder Judicial. Cuestionado sobre si confiaban en los jueces surgidos de la elección popular, Vicente Fox respondió sin reservas: “No, no confiamos en un Poder Judicial patito, un Poder Judicial que no se integró de manera correcta y profesional. No confiamos en el Poder Judicial electo popularmente”.

Vicente Fox sostuvo, además, que el actual sistema de justicia perdió su independencia frente al Poder Ejecutivo. “Teníamos un Poder Judicial absolutamente independiente y respetábamos al Congreso. Hoy eso no existe. Existe un solo poder central. La única voz que habla y decide en México es la de un poder central”, afirmó, al comparar su administración con el modelo institucional vigente.

Francisco Ramírez Acuña, actual senador por Jalisco, respaldó esa postura al asegurar que el grupo únicamente exige que el proceso se lleve con transparencia y legalidad. “Hasta hoy, las pruebas que ha aportado Ernesto Ruffo no han sido valoradas a profundidad. Por eso, como bien lo dice el expresidente Fox, no confiamos en el Poder Judicial actual. Queremos transparencia y que todos los mexicanos puedan observar cómo se lleva este proceso”, expresó.

Ramírez Acuña reiteró que, de acuerdo con la legislación vigente, Ruffo debería enfrentar el proceso desde su domicilio debido a su edad. “Exigimos la aplicación estricta de la ley para que tenga la libertad de permanecer en su domicilio y, desde ahí, enfrente el proceso”, afirmó, al insistir en que no buscan privilegios, sino el cumplimiento de la legislación.

Miguel Márquez Márquez también calificó a Ruffo como una figura histórica de la democracia mexicana y reiteró que su encarcelamiento tiene motivaciones políticas. “Ruffo es un preso político y no merece estar en esas condiciones, por dignidad. Si no tenemos un sistema de justicia que respete la ley, se acabó la democracia”, manifestó, al convocar a fortalecer la participación ciudadana rumbo al proceso electoral de 2027.

Alberto Cárdenas subrayó que la defensa de Ernesto Ruffo no implica proteger a nadie que haya cometido un delito y sostuvo que el principio debe aplicarse sin distinción partidista. “Nuestra posición siempre ha sido que el que la haga, la pague, sea del partido que sea. Ese es un principio básico de la democracia, de la transparencia y de la rendición de cuentas. Si hay responsables, de cualquier partido, se tiene que aplicar la ley. Lo que exigimos es que la justicia sea pareja y que el Estado de derecho se aplique sin excepciones”, afirmó el exgobernador de Jalisco.

Los exgobernadores concluyeron que continuarán impulsando acciones públicas para denunciar el caso de Ernesto Ruffo y defender, dijeron, la independencia judicial y el Estado de derecho. Además, adelantaron que mantendrán una estrategia de pronunciamientos en distintas entidades del país para insistir en que el proceso contra el exgobernador de Baja California sea revisado con estricto apego a la Constitución y sin presiones políticas.