Barómetro de la transparencia en Jalisco: Advierten simulación y resistencias

Por Diego Morales Heredia

La transparencia gubernamental enfrenta resistencias que van desde la dilación en la entrega de información hasta respuestas incompletas, negativas y formatos difíciles de analizar. Para los periodistas de Jalisco, conseguir información pública continúa dependiendo, en buena medida, del contacto directo con funcionarios, por encima de los mecanismos institucionales creados para garantizar este derecho.

Así lo advierte el Barómetro de la Transparencia en Jalisco 2026, presentado este martes en la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), un ejercicio desarrollado por el Observatorio para la Transparencia y la Integridad Social (OTIS), que recoge la experiencia de periodistas en activo frente al acceso a la información gubernamental.

Uno de los datos centrales del estudio señala que el 98.1 por ciento de los periodistas participantes ha experimentado dilaciones. El 80 por ciento reportó retrasos en la entrega de información; el 77 por ciento, información incompleta o parcial; el 73.7 por ciento, negativas de información; el 70.3 por ciento, formatos difíciles de analizar, y el 67.7 por ciento, información incomprensible.

José Rubén Alonso González, docente e integrante de OTIS, señaló que los resultados permiten identificar una serie de resistencias gubernamentales que adquieren particular relevancia en el contexto de transición hacia un nuevo modelo de acceso a la información.

“El 98.1 por ciento de los periodistas ha experimentado resistencias para obtener información de manera oportuna; se les dilata la entrega de información, con una simulación de entrega de información”, expresó.

El estudio se construyó mediante una estrategia de triangulación metodológica: una encuesta estructurada, aplicada a 55 periodistas jaliscienses, con 77 variables y 10 categorías temáticas, complementada con entrevistas en profundidad a seis periodistas de amplia trayectoria.

Seguridad y justicia, núcleo de la opacidad

Las diferencias se hacen más evidentes cuando la evaluación se divide por áreas de gobierno. Seguridad obtuvo una evaluación promedio de apenas 45.7 por ciento y Justicia, de 47.5 por ciento, las dos calificaciones más bajas. En contraste, Salud alcanzó 70.3 por ciento; Educación, 67.9 por ciento; Desarrollo Económico, 65.9 por ciento, y el área Electoral, correspondiente al IEPC Jalisco, 65.3 por ciento.

El propio estudio identifica a Seguridad y Justicia como el “núcleo duro de la opacidad”, al registrar los niveles más bajos en aspectos como confiabilidad, oportunidad y disposición para proporcionar información.

Por nivel de gobierno, los organismos autónomos alcanzaron la mejor evaluación, con un promedio de 61.9 por ciento, seguidos del Gobierno estatal, con 56.5 por ciento, y los gobiernos municipales, con 55.4 por ciento.

En el último sitio se ubicó el Gobierno federal, con 44.6 por ciento, resultado particularmente bajo en oportunidad, con 41.6 por ciento, y disposición, con 38.2 por ciento.

Periodistas siguen dependiendo de la fuente directa

Otro de los hallazgos muestra la distancia existente entre los mecanismos formales de transparencia y las prácticas cotidianas del periodismo. El 94.5 por ciento utiliza habitualmente las entrevistas para acceder a información, mientras que el 65.4 por ciento recurre a conferencias o ruedas de prensa y el 64.2 por ciento, a boletines y comunicados.

En contraste, únicamente el 30.9 por ciento utiliza habitualmente solicitudes formales de transparencia, mientras que el 40 por ciento consulta sitios institucionales de transparencia.

La contralora del Estado, María Teresa Brito, reconoció que este resultado constituye una alerta sobre la manera en que los periodistas están obteniendo información gubernamental.

“El barómetro presentado nos alerta sobre la vía informal por la que los periodistas se ven en la necesidad de obtener la información; esto es, el contacto directo con los funcionarios. Muchas veces, la llamada filtración de la información en nada abona a un derecho constitucional”.

Para la contralora, uno de los elementos más relevantes del diagnóstico es, precisamente, la percepción de una transparencia que formalmente existe, pero que, en la práctica, puede encontrarse con mecanismos para dificultar el acceso.

“Para nosotros, esto no tiene desperdicio. Los periodistas se refieren al obstáculo principal, que es la simulación de la transparencia”, afirmó.

Una ley útil, pero ya insuficiente

A pesar de las dificultades encontradas, los periodistas todavía reconocen utilidad en la legislación de transparencia.

El promedio general sobre la utilidad de la ley alcanzó el 69 por ciento. Por tipo de medio, los periodistas de radio le otorgaron 80 por ciento; los de medios digitales, 76.4 por ciento; los de multimedia, 68 por ciento; los de prensa, 66.2 por ciento, y los de televisión, 60 por ciento.

Sin embargo, las entrevistas realizadas para el Barómetro apuntan hacia una conclusión: el mecanismo fue importante para avanzar en el acceso a la información, pero actualmente enfrenta límites crecientes y nuevas formas de evasión.

Entre las principales dificultades frente al marco legal aparecen la burocracia y los trámites excesivos, con 29.6 por ciento, así como el incumplimiento y la resistencia institucional, con 24.1 por ciento. En conjunto, ambos elementos concentran el 53.7 por ciento de las dificultades percibidas.

Piden lenguaje claro y órganos garantes ciudadanizados

Ante este escenario, José Rubén Alonso planteó la necesidad de que la nueva legislación de transparencia avance hacia mecanismos más sencillos para los ciudadanos, particularmente en la manera en que las instituciones responden las solicitudes.

“Que en la nueva ley de transparencia, que esperamos se publique pronto, se establezca el uso del lenguaje claro, ciudadano, no jurídico ni administrativo, en la publicación de información, sobre todo en las respuestas a solicitudes de información”.

También planteó la necesidad de ciudadanizar la integración de las nuevas autoridades garantes y mantener la vigilancia sobre la conformación del nuevo modelo institucional.

Las propuestas presentadas por el gremio se articulan alrededor de cuatro grandes ejes: publicación proactiva de información; lenguaje claro y formatos accesibles; órganos garantes desligados del poder político en turno, y presión sostenida mediante acciones coordinadas de la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación.

El reto tras la extinción del Instituto de Transparencia

María Teresa Brito recordó que, tras la extinción del Instituto de Transparencia, se estableció una Comisión Transitoria para llevar a cabo el proceso de entrega-recepción y que, por mandato constitucional, la Contraloría asumió responsabilidades como autoridad garante en la materia.

En este proceso, destacó la participación de la UNIVA como aliada institucional, mediante un convenio para intercambiar información estratégica, experiencias y herramientas, además de desarrollar actividades académicas, de investigación, difusión y vinculación. “La Contraloría de Jalisco sí tiene ley; somos los responsables de la rendición de cuentas”, expresó.

Por su parte, el rector de la UNIVA, Francisco Ramírez Yáñez, destacó que el Barómetro permite conocer, desde la propia experiencia periodística, las condiciones existentes para acceder a la información pública. “Es un instrumento con el que los periodistas identifican la confianza, la oportunidad y la disposición para acceder a la información pública”, señaló.