Abordará la ONU en septiembre la crisis de desapariciones en México

Por Mario Ávila

La conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas se efectúa en México este 30 de agosto, en uno de los momentos de mayor visibilidad nacional e internacional de la crisis de desapariciones, búsqueda e identificación forense.

En los últimos 20 años, familiares de personas desaparecidas han exigido al Estado mexicano que cumpla con sus deberes de buscar a las más de 132 mil personas desaparecidas y no localizadas e identificar los más de 72 mil cuerpos que permanecen en diferentes morgues del país.

A pesar de que México cuenta con una legislación robusta en materia de desapariciones, que ordena la creación de una serie de instituciones responsables de prevenir y evitar las desapariciones, así como de buscar a las personas desaparecidas, esas dependencias no están logrando resultados.

“Por ello, desde hace varios años, las familias de las personas desaparecidas han recurrido a organismos y mecanismos internacionales de derechos humanos, con miras a que la comunidad internacional brinde cooperación y asistencia técnica al Estado mexicano”, declaró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Sección Mexicana.

Y abundó: “A mediados de septiembre, la comunidad internacional podría abordar, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la grave crisis de desapariciones que enfrenta México. Se trata de una oportunidad histórica para el Estado mexicano, que podría acceder a mecanismos de cooperación técnica y financiera”.

“Pero, sobre todo, es una oportunidad para que la comunidad internacional demuestre su compromiso con las víctimas y contribuya de manera decidida a la búsqueda de verdad, justicia y reparación para estas y sus familias”.

Contexto de la intervención del CED de la ONU

En marzo de 2025, el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) activó, por primera vez, el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, como parte de un proceso que inició en 2014.

El 4 de abril de 2026, el comité hizo pública su decisión de solicitar al secretario general de las Naciones Unidas que remitiera urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas, para que esta considerara medidas destinadas a apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen. El 12 de mayo de 2026, el secretario general transmitió a la Asamblea General la carta de la presidencia del CED.

Cabe recordar que la decisión del Comité concluyó que la información recibida, tanto de las familias de las víctimas como de organizaciones de la sociedad civil y del Estado, parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Esto se basa en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, en diferentes momentos y partes del país.

El impacto que han causado las desapariciones de personas en México es muy profundo. Estas provocan un gran dolor a las familias afectadas y el daño trasciende a la comunidad, así como al resto de la sociedad. En las desapariciones de personas en México han estado involucrados agentes del Estado —como quedó constatado en el Rancho Izaguirre, en marzo de 2025, y en el caso emblemático de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, entre otros—, así como organizaciones criminales e incluso particulares.

“En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, desde Amnistía Internacional acompañamos las exigencias de las familias de las más de 132 mil personas desaparecidas en México para que el Estado cumpla con su responsabilidad de buscarlas, investigue de manera expedita y efectiva cada caso y se les haga justicia”, precisó Edith Olivares Ferreto.

El Estado —dijo— debe reconocer el derecho de las familias a buscar a sus seres queridos, ya que las instituciones que tienen esa responsabilidad no los están buscando. En nuestro país, la enorme mayoría de quienes buscan a personas desaparecidas son mujeres que, al hacerlo, enfrentan graves riesgos.

“Por ello —insistió—, el Estado mexicano debe reconocerlas como defensoras de derechos humanos y garantizar que sean beneficiarias del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ante la inacción del Estado en las labores de búsqueda, ellas han sido capaces de localizar, con magros recursos, cientos de cuerpos en fosas ubicadas a lo largo del país”, advirtió Edith Olivares Ferreto.

Mujeres buscadoras bajo presión constante

En el informe “Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México”, publicado en julio de 2025, Amnistía Internacional documentó el contexto en el que las mujeres realizan el trabajo de búsqueda, caracterizado por las amenazas constantes de organizaciones criminales; la revictimización y estigmatización provenientes de las autoridades de los tres niveles de gobierno; las enfermedades que las aquejan, y la precaria situación económica que enfrentan muchas de ellas.

De manera paralela al informe, Amnistía Internacional inició, en julio de 2025, la campaña #BuscarSinMiedo, en la que, hasta la fecha, se han llevado a la práctica diversas acciones para exigir a las autoridades que garanticen la seguridad e integridad física, psicológica y emocional de las mujeres buscadoras; su acceso a medidas de protección; la investigación y sanción de todas las formas de violencia ejercidas en su contra, así como la adopción de políticas públicas con perspectiva de género y enfoque interseccional que aseguren condiciones dignas para la búsqueda. También se demanda que reciban apoyos efectivos de atención médica, psicológica y legal.