Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) está en el ojo del huracán. La Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco, presidida por la diputada Gabriela Cárdenas, aprobó un aumento del 9.65% a la tarifa del agua, una decisión que ha encendido las alarmas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

¿Cómo justificar un incremento cuando se desconoce la realidad de las finanzas del SIAPA? ¿De qué tamaño es la cartera vencida? Hay versiones de que esta llega a los 11 mil millones de pesos. Ha trascendido que 7 mil millones de ese monto han prescrito o están por prescribir. ¿Cómo se pretende cubrir su pasivo?

La ciudadanía merece respuestas claras. El SIAPA, creado hace más de cuatro décadas para servir a los ayuntamientos metropolitanos, atraviesa su peor crisis: un servicio deficiente, agua de pésima calidad y una gestión administrativa desastrosa.

Reportes periodísticos revelan que el organismo apenas recauda el 66.91% de lo facturado, lo que evidencia una ineficiencia estructural en la cobranza y sugiere privilegios indebidos en cuentas de empresas o instituciones, como ha denunciado el Observatorio Ciudadano de la Gestión Integral del Agua.

Ante este panorama, llama la atención la postura de los alcaldes metropolitanos. Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan, ha sido el único en alzar la voz contra este aumento, calificándolo de injustificado.

Pero, ¿dónde está Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara? Su silencio es ensordecedor. ¿Por qué un tema que afecta a millones de tapatíos no figura en su agenda? ¿Y qué hay del compromiso de rendición de cuentas prometido por el gobernador Pablo Lemus? La opacidad del SIAPA, ¿es un preludio de lo que vendrá con la desaparición del Instituto de Transparencia (ITEI)?

Un aumento sin fundamento

El incremento tarifario del 9.65% carece de sustento, sin un diagnóstico claro de la situación financiera y administrativa del SIAPA. La ciudadanía desconoce cómo se manejan los recursos de un organismo que, según trascendidos, está al borde de la bancarrota técnica.

Antes de avalar cualquier aumento, los alcaldes metropolitanos y los legisladores deberían exigir una auditoría exhaustiva que revele el grado de ineficiencia, identifique posibles irregularidades y proponga soluciones de fondo.

El servicio del SIAPA es un agravio cotidiano para miles de familias. En colonias del sur y oriente de Guadalajara, el suministro es intermitente o inexistente, y las quejas por agua turbia, de mal olor o color “tamarindo” son constantes, como han señalado regidores de oposición y ciudadanos indignados. ¿Es aceptable cargar a los usuarios con un aumento cuando el organismo no garantiza un servicio digno?

Exigencia de transparencia y un plan de rescate

El director del SIAPA, Antonio Juárez, debe comparecer ante el Congreso del Estado y presentar un diagnóstico integral que detalle el estado real del organismo, incluyendo los números reales que reflejen la situación financiera y administrativa en que se encuentra.

No basta con promesas vagas: se necesita un plan de rescate y reingeniería con metas claras, indicadores de desempeño y estrategias de corto, mediano y largo plazo. Este plan debe priorizar la optimización administrativa, la mejora del servicio en zonas marginadas y una cobranza eficiente que no castigue a los usuarios cumplidos.

El dictamen de la Comisión de Hacienda propone medidas como brigadas territoriales, programas de captación de agua pluvial y campañas de concientización. Son pasos en la dirección correcta, pero insuficientes si no se acompañan de una reestructuración profunda. La ciudadanía debe ser parte de la solución, pero también debe exigir que los recursos se inviertan en infraestructura y calidad del servicio, no en paliativos que encubran la ineficiencia.

Juegos políticos y traición a la confianza ciudadana

La aprobación del aumento, respaldada por la bancada mayoritaria (Movimiento Ciudadano, Hagamos, Partido Verde y PAN), contrasta con la oposición de Morena, PRI, Futuro y un diputado sin partido. Esta decisión huele más a intereses políticos que a un compromiso con los 5 millones de habitantes de la ZMG que dependen del SIAPA.

Recordemos que propuestas previas, como la de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara para frenar incrementos tarifarios, han sido ignoradas, evidenciando una falta de voluntad para enfrentar la crisis hídrica de manera integral.

La ciudadanía organizada tiene un papel crucial. Debe exigir rendición de cuentas y presionar a los legisladores para que no aprueben incrementos hasta que el SIAPA demuestre mejoras concretas. Antes de cargar el costo a los usuarios, es imperativo abatir la cartera vencida, sancionar la corrupción y garantizar que cada peso se traduzca en agua limpia y accesible para todos.

Aprobar un aumento en estas condiciones es fallarle a los ciudadanos que confiaron su voto a quienes prometieron proteger sus intereses. El SIAPA no puede seguir siendo un símbolo de opacidad e ineficiencia. Es hora de que los responsables, desde los alcaldes hasta los legisladores, asuman su deber y rescaten a este organismo vital para Jalisco.

El agua no es un lujo: es un derecho.

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

¿Hay similitudes entre Donald Trump, la Madre Teresa y Nelson Mandela?

La pregunta, lanzada con sarcasmo por un colega, apuntaba a la reciente nominación de Trump al Premio Nobel de la Paz. La respuesta: Trump podría unirse a este selecto grupo.

La idea me dejó atónito. ¿Ha caído tan bajo la credibilidad de este galardón como para premiar a un líder cuya retórica se nutre de confrontación, cuya política persigue a migrantes y carece de un ápice de humanismo?

Hoy martes este debate resuena mientras el mundo observa el conflicto Israel-Irán, donde la autoproclamación de Trump como nominado expone las tensiones geopolíticas y mediáticas.

La nominación, promovida por congresistas republicanos como Buddy Carter y respaldada por Pakistán, parece más un ejercicio de autopromoción que un reconocimiento genuino.

En redes sociales, como X, las reacciones son polarizadas: partidarios de Trump celebran el “logro” con hashtags como #TrumpForPeace, mientras críticos lo tildan de “cínico” y “absurdo”, citando su historial belicista.

Trump prometió evitar “guerras eternas” tras su victoria en 2024, pero autorizó ataques a instalaciones nucleares iraníes el pasado sábado, usando B-2 y misiles Tomahawk. Este acto contradice su discurso, y el supuesto “acuerdo de alto el fuego” con Irán, presentado como mérito, ya muestra fisuras, según posts en X que reportan nuevos enfrentamientos.

La nominación parece un intento de blanquear su imagen tras decisiones controvertidas.

El Nobel de la Paz, históricamente un bastión de humanitarismo, ha perdido brillo. La entrega a Barack Obama en 2009, sin resultados concretos en paz, marcó un precedente de devaluación. Nominar a Trump, conocido por su retórica agresiva y políticas antiinmigrantes, refuerza la idea de que el premio se ha convertido en una herramienta de legitimación política. En X, usuarios ironizan: “¿El Nobel para Trump? ¡Solo falta nominar a Kim Jong-un por sus sonrisas!”.

Esta percepción se agrava por el contexto: el ataque a Irán, justificado por la supuesta inminencia de una bomba nuclear, evoca el engaño de Irak en 2003 bajo Bush, cuestionando la transparencia de EEUU.

Los méritos alegados incluyen el “acuerdo de alto el fuego” y su giro diplomático con Corea del Norte en 2018-2019, aunque este último colapsó. Sin embargo, su intervención en Irán, alineada con Israel, sugiere una agenda de poder más que de paz. En redes, analistas como

@GeoPoliticaMX destaca que la nominación coincide con la presión de Trump para reafirmar la hegemonía estadounidense ante China y Rusia, aliados cautelosos de Irán.

La posibilidad de que Donald Trump reciba el Premio Nobel de la Paz, pese a su retórica de combate y confrontación, plantea un dilema ético y simbólico que erosiona la esencia del galardón. Este escenario no solo reflejaría una devaluación histórica del premio, sino que legitimaría una narrativa donde el poder y la autopromoción prevalecen sobre los principios humanitarios que han definido a figuras como Mandela o la Madre Teresa.

Si el Nobel cae en manos de un líder cuya trayectoria contradice la paz, el desafío será redescubrir su propósito original, promoviendo un diálogo global que priorice la humanidad sobre la hegemonía. Solo así se podrá contrarrestar la ironía de un mundo al revés, donde la confrontación se corona como virtud.

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

En medio de la polarización política que atraviesa México y la creciente tensión en las relaciones con Estados Unidos, las acusaciones del Departamento del Tesoro de ese país contra tres instituciones financieras mexicanas —Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam— por presunto lavado de dinero vinculado a cárteles del narcotráfico deben tomarse con cautela.

Estas acusaciones, que han generado un fuerte impacto en la opinión pública, señalan particularmente a Vector Casa de Bolsa, asociada al empresario regiomontano Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante la primera mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Las acusaciones y su trasfondo político

El Departamento del Tesoro, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (FinCEN), acusa a Vector de facilitar operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo entre 2013 y 2021. Según las autoridades estadounidenses, una «mula financiera» habría lavado 2 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa, y se habrían realizado pagos por más de 1 millón de dólares a empresas chinas proveedoras de precursores químicos para la producción de fentanilo entre 2018 y 2023.

Por su parte, CIBanco e Intercam son señalados por supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo reuniones entre ejecutivos de Intercam y presuntos miembros de esta organización criminal.

Sin embargo, las acusaciones carecen de claridad y evidencia pública contundente, lo que sugiere un trasfondo político. Alfonso Romo, quien fungió como enlace entre el gobierno de AMLO y el sector empresarial, abandonó la administración en 2020 debido a diferencias ideológicas.

Este contexto alimenta la percepción de que las acusaciones podrían estar motivadas por intereses políticos, especialmente en el marco de la política antidrogas de la administración de Donald Trump, que ha clasificado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

La respuesta del gobierno mexicano

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reaccionó con prontitud, exigiendo al Departamento del Tesoro pruebas concretas de las acusaciones. Hasta el momento de redacción de este artículo, no se ha hecho pública ninguna evidencia sólida.

La SHCP argumenta que las transacciones señaladas forman parte del comercio bilateral con China, que asciende a 139 mil millones de dólares anuales, y que las irregularidades detectadas son de carácter administrativo, no delictivo.

Por su parte, Vector Casa de Bolsa ha negado categóricamente las acusaciones, destacando sus 50 años de trayectoria y su cumplimiento con los estándares normativos. La institución asegura que las operaciones cuestionadas son legítimas y están respaldadas por el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval). Cabe destacar que Alfonso Romo no ha sido imputado directamente, pero su cercanía con AMLO amplifica el impacto político de estas acusaciones.

Politización y presión internacional

No es la primera vez que el gobierno mexicano enfrenta señalamientos de este tipo. En el pasado, la DEA ha insinuado vínculos entre narcotraficantes y la campaña presidencial de AMLO en 2006, acusaciones que nunca prosperaron por falta de pruebas. En el contexto actual, la narrativa de la administración Trump parece buscar presionar al sistema financiero mexicano para que asuma mayores responsabilidades en la lucha contra el lavado de dinero.

Esta estrategia se ve reforzada por la percepción en algunos sectores de México de que Trump representa una alternativa frente a la hegemonía de Morena, en un escenario donde la oposición carece de peso político significativo.

Implicaciones y desafíos

El caso pone de manifiesto los desafíos del sistema financiero mexicano para blindarse contra el lavado de dinero. La sociedad civil demanda mayor transparencia y colaboración internacional para investigar posibles nexos entre políticos, empresarios y el crimen organizado, siguiendo la pista del dinero.

Sin embargo, para desentrañar esta compleja red, es indispensable que tanto el gobierno estadounidense como el mexicano actúen con claridad. La FinCEN debe presentar pruebas sólidas, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deben realizar investigaciones exhaustivas para esclarecer los señalamientos.

Conclusión

Las acusaciones contra Vector, CIBanco e Intercam, y la mención de Alfonso Romo, han avivado el debate público en un entorno de polarización y tensiones diplomáticas. Sin pruebas concretas, estas acusaciones corren el riesgo de percibirse como un instrumento político más que como un esfuerzo genuino por combatir el crimen organizado.

México y Estados Unidos enfrentan el reto conjunto de fortalecer la cooperación en materia de inteligencia financiera, pero esta debe basarse en hechos verificables y no en especulaciones que alimenten la desconfianza. Mientras no se presenten pruebas contundentes, el caso seguirá siendo un capítulo más en los complejos juegos del poder.