OPINIÓN
Poder y Dinero: La CNTE le pone freno a la 4T
Por Benjamín Mora //
No hace mucho, en reunión con amigos, nos preguntábamos los por qué de nuestra endémica impuntualidad mexicana; hoy, confirmo, en mi fuero personal, que hemos sido impuntuales hasta con nuestro papel en el concierto de las naciones al punto de despreciar a nuestra incipiente democracia y tardía educación.
Una y otra vez, nos negamos a salir de nuestro caos pues lo interpretamos, ingenuamente, como parte de nuestro surrealismo sin comprender que paso a paso nos volvemos más y más nihilistas. Hoy, el ejercicio de la política se vuelve naif, redentora sin redimir, ante una transformación que no acepta el debate pues busca imponer la idea del comodino pensamiento único, sumiso y obediente hacia un solo hombre y, en dónde, cualquier denuncia del contrario se denigra desde la simplicidad peyorativa de ser fifí, conservadora o vinculada con la mafia del poder. Sin embargo, pocos advierten que las estructuras del poder anterior se mantienen intactas y de las del antisistema conviven con las primeras y se infiltran en el nuevo gobierno, complicándolo.
Sostengo que la legitimidad del gobernante se hace visible en el rostro del pueblo. Así pues, debemos preguntarnos qué ha empobrecido, saqueado, estigmatizado e invisibilizado a millones de familias en el pasado, y qué y cuáles de tales causas perviven hoy en día, quizá, solo quizá, con otra careta y distintas estrategias pero igual de perversas.
Debemos aceptar que, en el ejercicio de la política, los principios dan rumbo, diferencian, especifican y establecen los límites del poder y, con aquellos, los de la democracia. Hoy, como ayer, se advierte un ocultamiento sistemático de la verdad y la manipulación de los deseos de los ciudadanos. O, como bien se acepta en círculos más críticos, no toda acción que se desarrolle en el campo político puede ser considerada como legítimamente política.
La semana pasada, en este espacio, reconocí la capacidad negociadora de Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública federal, ante la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por lograr que, en breves horas, dejara libre el acceso a San Lázaro y los maestros regresaran a sus escuelas. Hoy, debo aceptar que la dirigencia gremial me engañó y nos mostró la ingenuidad de Esteban Moctezuma y, con él, también la del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Hoy, se nos refrenda que a la CNTE nadie podrá, jamás, satisfacer sus ansias de poder y dinero, y nada, absolutamente nada, la detendrá hasta hacerse dueña de la educación pública, de las plazas de maestros, del pago de las nóminas y doblegue a éste y los gobiernos que le sigan. Estamos ante un problema de rectoría educativa y Estado de derecho; estamos, también, ante un Gobierno de ingenuos con infiltrados pro CNTE.
Desde la semana pasada, poco hemos sabido de Moctezuma Barragán… bueno, a decir verdad, yo nada he sabido de él.
Una, tan solo una, sección de la CNTE trae en jaque al Gobierno federal y al Congreso de la Unión que no se atreve a legislar la Reforma Educativa de AMLO pues teme que no quedará ni una coma ni un punto de su propuesta. Ahora sí, ni cómo negarlo, el Estado mexicano cedió el Estado de derecho a una minoría gremial, dueña del chantaje y la extorsión.
Se abandona la educación pública y se toman calles, plazas y edificios públicos. Estamos ante un delito de múltiples cabezas, unas dentro de la coordinadora, otras en el propio Congreso y otras desde el propio gobierno; unas desde la violencia y la intimidación y las otras a partir de la omisión de sus obligaciones legislativas y administrativas. Estamos ante un delito pluri-ofensivo al que no persigue el Gobierno desde sus órganos de Procuración de Justicia en un Estado que aspira a ser de Derecho; un delito… muchos delitos… que atentan contra de la propiedad gubernamental, la integridad física de los maestros disidentes a la Coordinadora, el ejercicio transparente y correcto del presupuesto público y el derecho a la educación de decenas de miles de niñas y niños.
Sin parecer exagerado en mi comentario y respaldado en el pensamiento de Noam Chomsky, seguimos en la antesala de un Estado mexicano fallido pues carece de la capacidad y voluntad de proteger a los niños y niñas estudiantes de la violencia de la CNTE, e incluso, estamos ante un Estado dispuesto a ceder el sistema educativo gubernamental, hasta su destrucción, con tal de no confrontarse con los maestros de una sección sindical.
El Estado mexicano ha decidido dejar en abandono emocional y afectivo a nuestros niños y niñas, a nuestros hijos e hijas, pues son los menos importantes en las negociaciones gremiales bajo el discurso fácil de una Reforma Educativa mal implementada y peor estructurada por Enrique Peña Nieto. Lo que no es negable es que, en aquella, los estudiantes fueron más importantes que los maestros y maestras.
Hoy tenemos a millones de niños y niñas cuasi expósitos pues el Estado mexicano no los reconoce como su responsabilidad primera. El gobierno abandona su obligación de comunicar lo que ellos y ellas significan para el Estado mexicano; asimismo, hace el menor de los esfuerzos para construir las bases de una educación de excelencia y trascendencia; pasa semanas sin garantizar la educación ante el abandono irresponsable de las aulas por los maestros de la Coordinadora; no tiene un plan por el cual se escuche a los padres de familia y menos a los estudiantes, ni se preocupa por provocar la reflexión sobre lo que sucede a sus hijos e hijas; no responde a las advertencias internacionales sobre nuestra bajísima calidad educativa; no está dispuesto a sacrificar su imagen por el bien de México.
¿Cómo explicar lo absurdo que envuelve a nuestra educación pública? Solo encuentro una explicación: En México nos gustan los perdedores, como bien nos plantea Héctor Aguilar Camín en su La frontera nómada en donde se lee “la historia de México no la han escrito los triunfadores”.
El Gobierno de AMLO podría ser el gran derrotado de la Cuarta Transformación en materia educativa; pero, aun así, sentirse triunfador porque nadie derramó sangre, aunque sí ignorancia y arrogancia.
En el Triunfo de los derrotados, obra de Pablo Montoya, se lee “Lo nuestro fue siempre una causa ajena a la victoria. Ahora que puede recapacitar sobre lo sucedido, creo que amábamos por encima de todas las cosas la derrota (…) El progreso nos parecía el producto de una burguesía caduca, colmada de vicios, de individuos que anhelábamos eliminar como si ellos representaran la imperfección de la historia”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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