El agua no entiende de partidos

Opinión, por Violeta Moreno

El problema del agua en Jalisco ya no admite pretextos, discursos ni reparto de culpas. Cuando una familia abre la llave y recibe agua sucia, turbia, con olor extraño o simplemente no recibe agua suficiente, no está pensando si la responsabilidad es federal, estatal, municipal o del organismo operador. Está pensando en la salud de sus hijos, de sus padres y de su familia.

Por eso resulta inaceptable que, frente a una crisis que afecta la vida cotidiana de miles de personas, las autoridades pretendan echarse la bolita unas a otras. El gobierno federal señala al estado, el estado señala a otros niveles de gobierno, los partidos buscan acomodar el costo político y, mientras tanto, la ciudadanía sigue pagando recibos por un servicio que muchas veces no recibe con la calidad mínima que merece.

La verdad es incómoda, pero hay que decirla: el problema del agua no nació ayer. Durante décadas, distintos partidos tuvieron en sus manos la posibilidad de corregir el rumbo y no lo hicieron. PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Morena han ocupado espacios de poder desde donde pudieron impulsar soluciones de fondo, vigilar mejor los recursos, ordenar al SIAPA, invertir en infraestructura, garantizar mantenimiento, sanear redes, cuidar fuentes de abastecimiento y transparentar programas. En lugar de eso, demasiadas veces se administró el problema, se pateó hacia delante o se utilizó como bandera política.

El agua no puede seguir siendo rehén de la mezquindad partidista. Si durante años hubo malos manejos, omisiones, obras incompletas, programas mal ejecutados o recursos públicos que no se aplicaron como debían, lo mínimo que hoy le deben a la ciudadanía es actuar bien y actuar rápido. No por generosidad política, sino por obligación pública.

En este momento, lo primero que deben hacer es dejar de pelear por la narrativa y ponerse a trabajar sobre un diagnóstico común, serio, técnico y transparente. La gente necesita saber qué está pasando, en qué colonias, con qué niveles de riesgo, cuál es el origen del problema y qué acciones concretas se tomarán para corregirlo. No bastan comunicados tranquilizadores ni frases de ocasión. Se requiere información pública, medible y verificable.

Segundo: Debe garantizarse de inmediato agua limpia para las zonas afectadas. Si hay colonias donde el agua no llega en condiciones adecuadas, no puede cobrarse como si el servicio fuera normal. Deben aplicarse descuentos, apoyos y mecanismos de compensación, pero sobre todo debe asegurarse el acceso real a agua potable mediante pipas, plantas emergentes, monitoreo permanente y atención prioritaria a escuelas, hospitales, adultos mayores y familias vulnerables.

Tercero: Se necesita una intervención técnica profunda del sistema. El problema no se resuelve con declaraciones. Se resuelve revisando redes, plantas, tanques, bombeos, fugas, drenajes cruzados, fuentes de abastecimiento, mantenimiento histórico y calidad del agua en cada tramo. Para eso deben convocarse universidades, especialistas, colegios técnicos y organismos ciudadanos. La solución no debe quedar encerrada entre políticos cuidando su imagen.

Cuarto: Debe cerrarse la puerta a cualquier tentación de privatizar el problema o convertir la crisis en negocio. El acceso al agua es un derecho humano, no una oportunidad para intermediarios. Si existen recursos públicos, deben aplicarse correctamente para hacer lo que durante años no se hizo: limpiar, reparar, modernizar y vigilar el sistema.

La ciudadanía no necesita que los partidos expliquen quién tiene más culpa. Necesita que las autoridades asuman que todas las fuerzas que han gobernado tienen una parte de responsabilidad histórica y que hoy su obligación es corregir, no justificarse.

El agua limpia no debería ser una promesa electoral ni un favor de gobierno. Es lo mínimo que cualquier autoridad seria debe garantizar. Si no entienden eso, el problema del agua puede convertirse en su Trafalgar político: una derrota construida no por falta de advertencias, sino por la incapacidad de escuchar a tiempo a una ciudadanía cansada de pagar por un servicio deficiente mientras los responsables se lavan las manos.