Las cuentas del agua: El oficio que el SIAPA no quería recibir

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Tengo sobre mi escritorio un documento fechado el pasado 21 de julio, con número SMT/0922/2026, que la Sindicatura de San Pedro Tlaquepaque envió al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. Vale la pena leerlo despacio porque, en un país donde los organismos operadores se acostumbraron a cobrar sin explicar, este oficio es una rareza: un municipio que exige, con artículo en mano, que le muestren las cuentas antes de pagarlas.

El abogado José Luis Monterde Ramírez, síndico de Tlaquepaque, no le pide al SIAPA una condonación ni una tregua. Le pide algo más incómodo: que documente, cuenta por cuenta —las 95 que el organismo atribuye al municipio—, el origen de cada peso que dice que se le debe: estados de cuenta mensuales, expedientes de apertura, contratos, lecturas de medidor y metodología de cálculo de cada recargo.

Cito el oficio: «No basta con acusar recibo, anunciar revisiones posteriores, informar que se giraron instrucciones». Y recuerda, con precisión de litigante, que desde abril el SIAPA solo ha entregado «archivos en formato Excel», sin firma, sin fecha de extracción y sin certificación alguna, cuando la ley exige documentos oficiales, íntegros y verificables. Eso no es un municipio que se niega a pagar: es un municipio que se niega a pagar a ciegas.

Y hay una frase en ese oficio que merece subrayarse, porque la pronunció el propio SIAPA, no la Sindicatura: que el organismo «nunca hizo exigible los cobros». Es decir, durante años, el aparato operador del agua en la metrópoli dejó crecer adeudos sin cobrarlos, sin documentarlos ni conciliarlos, y ahora pretende resarcirse de golpe presentando una cifra a modo.

Frente a esa opacidad heredada, la actual administración de Laura Imelda Pérez Segura hizo lo que pocas veces hace un gobierno municipal: en lugar de aceptar la factura que le presentaron, la puso a revisión. Aceptó, con sustento, una deuda de siete millones de pesos —no los doscientos millones que se echaron a correr desde fuera del ayuntamiento— y exigió que el resto se probara documento por documento.

Esa misma semana, el Gobierno de Tlaquepaque presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una batería de denuncias contra extitulares de la Tesorería y de la Dirección de Agua Potable de administraciones anteriores, a quienes atribuye buena parte del origen de esos adeudos. Quince denuncias penales y administrativas ha promovido esta administración desde 2025, además de una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por presuntos delitos ambientales y descargas ilegales, incluida la reapertura —por orden de un juez federal, tras el archivo inicial de la Fiscalía— de la carpeta contra el exdirector del SIAPA, Antonio Juárez Trueba.

La alcaldesa lo dijo sin adornos: «Tenemos una obligación con el pueblo de Tlaquepaque y el mal actuar de los funcionarios debe ser perseguido por las instancias correspondientes». Que las denuncias señalen a quienes ocuparon esos cargos en gobiernos emecistas no es un capricho de calendario: es la consecuencia obligada de investigar quién estaba a cargo cuando el dinero público se perdió.

Que ahora se lea esto como golpeteo electoral rumbo a 2027 dice más de quienes buscan un pretexto para no rendir cuentas que del ayuntamiento que las exige. Cobrar responsabilidades a quien administró mal —y, de paso, auditar a un organismo estatal que durante años operó sin transparencia— no debería ser noticia extraordinaria; debería ser la norma. Que lo sea en Tlaquepaque, y no en el SIAPA, dice también cuál de los dos gobiernos está dispuesto a mostrar sus papeles.

La reunión de la alcaldesa con legisladores y regidores de la zona metropolitana, en medio de la crisis del agua, tampoco necesita la lectura conspirativa que algunos le quisieron dar. Una crisis que toca por igual a Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque exige, justamente, una postura unificada entre alcaldes y diputados antes de sentarse frente al Gobierno estatal. La noche del martes, la alcaldesa convocó a una reunión que se anunció como mediación hídrica y terminó, según los testimonios recogidos entre quienes estuvieron presentes, en la fundación de un nuevo bloque dentro de Morena en Jalisco: Laura Imelda Pérez y Miguel de la Rosa cerraron filas con el respaldo del liderazgo del diputado federal que siempre ha estado presente en Tlaquepaque.

A la cita faltaron, no por accidente, la dirigente estatal, Erika Pérez, y el senador Carlos Lomelí, quienes solo enviaron representantes. Cuando la dirigencia de un partido no se sienta en su propia mesa, es porque la mesa ya no es suya.

El SIAPA tiene ahora cinco días hábiles, contados desde el 21 de julio, para entregar lo que Tlaquepaque le pide. Si lo hace, sabremos por fin, con papeles y no con estimaciones, cuánto se debe de verdad y quién dejó crecer la deuda sin cobrarla ni explicarla.

Mientras tanto, hay un dato que no depende de interpretaciones: hoy existe, por escrito, un municipio que pidió las pruebas antes de pagar y un organismo operador que, durante años, prefirió no llevar la cuenta.

En X: @DEPACHECOS