MUNDO
Violencia en México y Ecuador
Opinión, por Miguel Ángel Anaya Martínez //
Dice el refrán “Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.” Apenas la semana pasada en este espacio se hablaba sobre como las situaciones internacionales están relacionadas de una u otra forma con lo que sucede en México, de como la globalización había roto las fronteras -al menos las económicas- y que al final, se debía tomar el aprendizaje de situaciones ajenas a las nuestras para evitar experimentar en cabeza propia.
Más pronto que tarde surgió un caso -generado por la violencia terrible que vive Latinoamérica- que vino a confirmar lo dicho anteriormente. En Ecuador, fue asesinado el candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, está situación se dio a tan solo diez días de la elección, generando una crisis social y política en aquel país.
Fernando era uno de los ocho candidatos registrados para la jornada electoral del 20 de agosto, contaba con 59 años y hay que decir que no se encontraba entre los favoritos para ganar, los sondeos lo ubicaban con el 10% de las preferencias, sin embargo, su popularidad iba en aumento después de señalar ciertas situaciones de corrupción gubernamental.
Apenas hace unos días, el candidato a la presidencia había denunciado públicamente que el líder de un grupo criminal local ligado a un cártel mexicano, lo había amenazado de muerte al menos en dos ocasiones, esto debido a que Villavicencio había declarado que existían vínculos entre algunos políticos y narcotraficantes. La situación de Ecuador puede parecer lejana pero no es así, es tan cercana que se acusa a organizaciones delictivas mexicanas de haber perpetrado el crimen.
Si comparamos la numeralia entre ambos países, notaremos que México es casi diez veces más grande que el país sudamericano, tanto en territorio como en población y evidenciaremos que, aunque tenemos una economía más sólida, hay datos comparativos que nos dejan mal parados.
El índice de percepción de la corrupción, nos muestra que en México se percibe una mayor corrupción que en Ecuador, en este rubro el país sudamericano estaba bien ubicado, pero ha caído bastante; pasó de ser de los mejores evaluados de América a situarse cerca de países como México, Bolivia y República Dominicana. En los últimos años el país se ha convertido en una ruta clave de tráfico de drogas, armas, explosivos y migrantes, desde entonces la corrupción ha carcomido a las instituciones gubernamentales. ¿Les suena la historia?
En el índice acceso a salud, Ecuador tiene mejores números que México, pues el ranking sobre calidad de vida le otorga una calificación de 53 sobre cien, mientras que México solo obtiene 45 puntos; además, la esperanza de vida es mayor, pues mientras en México se tiene un promedio de 70.5 años, en Ecuador la esperanza de vida es de casi 74 años.
En temas de estabilidad política, al menos hasta la semana pasada, Ecuador también se situaba por encima de México, quien sabe que pasará en la próxima medición. Los datos mostrados sirven para contextualizar que Ecuador es muy similar a México no solo en su idioma; cultural, social y económicamente comparten muchos indicadores, los buenos y los malos…
La violencia y corrupción que han escalado en ambos países durante los últimos años los ha llevado a una espiral de homicidios que incluyen los de políticos relevantes.
El asesinato de cualquier persona es un hecho detestable e indeseable, sin embargo, cuando una organización es capaz de atacar a aquellos que aspiran a representar a un país, a aquellos que señalan la corrupción o proponen un modelo para combatir al crimen organizado, se muestra una nación débil, un país donde nadie está seguro y donde las fuerzas del crimen tienen más poder que el estado mismo.
El caso del Ecuador debe prender los focos de alarma en México. Se esté de acuerdo o no con las diferentes expresiones políticas, con periodistas, líderes religiosos, empresarios, etc. Se debe garantizar la libertad de expresión de todos y cada uno de los mexicanos, se debe asegurar su libertad y su derecho a desenvolverse social y políticamente. No seamos indiferentes. Que la violencia no se normalice para que no nos alcance.
– Por Mario Ávila
Como un triunfo no solo para la justicia de Estados Unidos, sino para las víctimas de la organización terrorista del Cártel de Sinaloa, fue considerada esta mañana la declaración de culpabilidad de Ismael “el Mayo” Zambada García, quien admitió ser líder de grupo delincuencial desde 1989, haber contado con el apoyo de políticos, militares y policías y haber obtenido ganancias de más de 15 mil millones de dólares.
En rueda de prensa efectuada al término de la audiencia de procedimiento frente al juez Brian Cogan, donde “El Mayo” Zambada admitió su culpabilidad, la Fiscal General de los Estados Unidos, Pamela Bondi, expuso con satisfacción lo que considera una victoria histórica para el Departamento de Justicia y todas las fuerzas del orden en Estados Unidos, porque “ha sido decapitado el cártel de Sinaloa, ahora que “El Chapo” y “El Mayo” están condenados por haber construido un imperio criminal que creció como el cáncer en todo el hemisferio e inundó Estados Unidos con droga, cocaína, heroína, metanfetamina y ahora con fentanilo”.
Expusieron en la rueda de prensa que “El Mayo” Zambada enfrentará una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una vez que se ha declarado culpable, en principio de dos, de los 17 delitos de los que se le acusa.
Aseguraron que “El Mayo” pasará el resto de su vida tras las rejas y que incluso morirá en una prisión federal estadounidense, “lo que nos acerca un paso más a lograr nuestro objetivo, de la eliminación de los carteles de la droga y el crimen organizado transnacional a lo largo nuestro país”, expusieron los funcionarios estadounidenses.
Garantizaron que bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia estará en primera línea de esta lucha, “con todas nuestras fuerzas del orden, en contra de los narcoterroristas que asesinaron brutalmente a varias personas e inundaron nuestro país con drogas”.
Después de la admisión de culpabilidad, Ismael Zambada se ha convertido ya en testigo protegido o cooperante y ya no habrá proceso judicial, por ello la siguiente cita en la Corte será hasta el próximo 13 de enero.
Finalmente los funcionarios de las organizaciones de seguridad de los Estados Unidos, presumieron haber utilizado con el ‘Mayo’ Zambada, “el mismo modelo que usamos cuando derribamos al ‘Chapo’ y a García Luna, no fimos tras las drogas, sino tras los tomadores de decisiones”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
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– A título personal, por Armando Morquecho Camacho
Imagina un mundo donde nadie tema quedarse sin un hogar, sin atención médica o sin la oportunidad de educarse. Un mundo donde el progreso económico sea un puente hacia la equidad, no un abismo que separe a unos de otros. Ese es el ideal que dio vida al estado de bienestar, un contrato social nacido en el siglo XX para sanar las heridas de guerras, crisis económicas y desigualdades profundas.
Hoy, en un contexto de globalización acelerada, hiperconexión digital y avances tecnológicos que transforman la vida a un ritmo vertiginoso, este modelo enfrenta preguntas urgentes, principalmente ¿qué significa el estado de bienestar en un mundo donde la inteligencia artificial redefine el trabajo, las plataformas digitales reconfiguran las relaciones sociales y las economías están más interconectadas que nunca?
En su esencia, el estado de bienestar es un compromiso colectivo para proteger a los más vulnerables y fomentar la cohesión social. Surgió en un momento histórico de reconstrucción, cuando países como los nórdicos, Reino Unido o México, con sus sistemas de salud y educación pública, apostaron por garantizar derechos básicos y redistribuir la riqueza.
No se trataba solo de aliviar la pobreza, sino de construir sociedades donde el progreso beneficiara a todos. Pero el mundo ha cambiado. La globalización ha tejido una red de interdependencia económica, pero también ha profundizado desigualdades dentro de los países.
Las nuevas tecnologías, como la automatización y la inteligencia artificial, están remodelando el mercado laboral, mientras que la hiperconexión digital crea nuevas formas de inclusión, pero también de exclusión. En este escenario, el estado de bienestar debe evolucionar para seguir siendo relevante, no solo como proveedor de servicios, sino como un mediador de oportunidades en un entorno donde las reglas cambian constantemente.
El impacto de la tecnología en el empleo es uno de los mayores desafíos. La automatización amenaza con reemplazar una parte significativa de los trabajos actuales en la próxima década, según estimaciones internacionales.
Esto reduce los ingresos fiscales que sostienen los sistemas de bienestar y, al mismo tiempo, aumenta la demanda de apoyo social, como subsidios por desempleo o programas de capacitación, lo que nos obliga a preguntarnos ¿cómo financiar un estado de bienestar cuando el mercado laboral se encoge?
Algunas propuestas, como la renta básica universal, sugieren garantizar un ingreso mínimo para todos, independientemente de su situación laboral. Países como Finlandia han experimentado con esta idea, pero su implementación requiere decisiones audaces, como gravar a las grandes tecnológicas, principales beneficiarias de la automatización. Este debate pone en evidencia la necesidad de un estado de bienestar que no solo redistribuya recursos, sino que también regule el impacto de las innovaciones tecnológicas para que sirvan al bien común.
La globalización, con su promesa de interconexión, también plantea retos. Las economías están más entrelazadas que nunca, pero esta interdependencia ha generado tensiones. Las cadenas de suministro globales, por ejemplo, pueden colapsar ante crisis como pandemias o conflictos geopolíticos, afectando la capacidad de los estados para proveer servicios esenciales.
Además, la competencia económica global presiona a los gobiernos a reducir impuestos corporativos, lo que limita los recursos disponibles para financiar el bienestar. La solución no está en cerrar fronteras económicas, sino en diseñar políticas que equilibren la apertura al comercio global con la protección de los derechos sociales. Esto implica fortalecer sistemas fiscales que prioricen la redistribución y la inversión en sectores clave como la salud y la educación, asegurando que los beneficios de la globalización lleguen a todos.
La digitalización, otro pilar de la modernidad, transforma la forma en que trabajamos, nos comunicamos y accedemos a servicios. Sin embargo, también ha creado nuevas brechas. En un mundo donde el acceso a internet es casi tan esencial como el acceso al agua, millones de personas, especialmente en regiones como África Subsahariana o América Latina, siguen desconectadas o sin las habilidades necesarias para navegar el entorno digital.
Esta brecha tecnológica es una nueva forma de desigualdad que el estado de bienestar debe abordar. No basta con proveer infraestructura; es crucial invertir en educación digital y regular a las grandes plataformas para evitar que concentren poder económico y social. Un estado de bienestar moderno debe garantizar que la tecnología sea un vehículo de inclusión, no un obstáculo que margine aún más a los vulnerables.
¿Por qué sigue siendo crucial el estado de bienestar en este contexto? Porque actúa como un amortiguador frente a las crisis. La pandemia de COVID-19 mostró que los países con sistemas de bienestar sólidos pudieron responder mejor, ofreciendo apoyo económico, atención médica y protección a los más afectados. También porque fomenta la cohesión social en un mundo cada vez más polarizado.
Cuando las personas sienten que el sistema las respalda, es menos probable que caigan en narrativas divisivas. Además, el estado de bienestar es clave para aprovechar las oportunidades de la globalización y la tecnología.
Países como Dinamarca han demostrado que un sistema flexible, combinado con educación continua y apoyo a la innovación, puede generar economías competitivas y sociedades equitativas. En un mundo donde el cambio es constante, el estado de bienestar debe ser un motor de adaptación, no solo un proveedor de seguridad.
Reimaginar el estado de bienestar en el siglo XXI exige audacia. Los gobiernos deben explorar nuevos modelos de financiación, como impuestos a la riqueza digital o a las emisiones de carbono, para sostener sistemas que respondan a las realidades actuales. También deben priorizar la educación y la capacitación continua, preparando a las personas para un mercado laboral en transformación. Y, sobre todo, deben fomentar un diálogo global sobre el bienestar, reconociendo que los desafíos de la globalización no respetan fronteras.
El estado de bienestar no es solo un conjunto de políticas; es un reflejo de nuestros valores colectivos. En un mundo hiperconectado, donde la tecnología y la globalización pueden tanto unir como dividir, debe ser un faro de equidad, un recordatorio de que el progreso verdadero solo es posible cuando nadie queda atrás. Reimaginarlo no es solo una necesidad práctica, sino un imperativo moral para construir un futuro más humano.
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