Conciencia con texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //

Para millones de mexicanos la política, la ética y el Estado son elementos que, aunque conviven obligadamente, hace muchísimo que no tienen concordancia; que están desfasados entre sí y esto propicia el caos que vivimos actualmente en lo referente a nuestra integridad como nación.

Cuando hablamos de ética, vienen –irremediablemente- los conceptos del bien y del mal.

Y hablar del bien y del mal conlleva a los juicios obligados que determinan los valores de una sociedad, es decir la moral, que impera en los diferentes grupos humanos.

Pero la moral alude al acuerdo social de lo que es bueno, justo, deseable para un grupo de personas, pero…que puede diferir de lo que otro grupo u otra sociedad considera como tal.

Por ello en las distintas entidades de la República Mexicana se tienen conceptos diferentes sobre la actuación de los políticos en su ejercicio público.

¿Hay entonces moral de diseño para cada grupo social? Se pudiera decir que sí, porque en el plano colectivo son los usos, las costumbres, las tradiciones, la cultura, inclusive el género, los que pueden dar la orientación, el estilo o la forma en que esos grupos sociales consideran lo que es el bien y lo que es el mal en sus comunidades.

Esa es la moral pública. La que tienen todos pactada, sin necesidad de papeleo, simplemente porque “así es”. 

Los problemas surgen cuando los acontecimientos, conductas y comportamientos atentan en contra de esos acuerdos morales que existen en grupos sociales definidos. Quienes transgreden dichos acuerdos pueden ser señalados con índice de fuego, pueden ser penados socialmente o sufrir condenas creadas específicamente para “castigar” a quienes se han atrevido a violar dichos arreglos colectivos.

La moral, como otras situaciones, cambia de acuerdo a las circunstancias sociales. No es lo mismo hoy que hace 50 años. Por ejemplo, hace medio siglo se “castigaba” a las madres solteras incluso desde la autoridad, puesto que en las actas de nacimiento se clasificaba como “hijo natural” al niño cuyo padre no se hacía responsable o no daba su “nombre” por diversas situaciones morales.

Otro castigo social era para quienes no se casaban por lo civil o la Iglesia, puesto que se les negaban servicios religiosos o se les estigmatizaba por atentar contra las buenas costumbres que entonces imperaban. Hoy en día esas “conductas inmorales” carecen, en la mayoría de las sociedades, de exclusiones o sanciones sociales y oficiales.

La moral evolucionó. La moral cambió. Las sociedades evolucionaron, cambiaron y los acuerdos tácitos morales también mudaron de piel.

Algunos grupos sociales no reconocen ni dan validez a conceptos que predominan en las diferentes sociedades. La moral del norte de México, por ejemplo, dista bastante de la moral de las entidades del sureste o las del centro del país.

Algunos políticos parecen descarados cuando aceptan que sí robaron, “pero nomás poquito” y vuelven a pedir el voto y la confianza del electorado. Otros han sido incluso condenados por delitos, pero salen de la cárcel y vuelven a las andanzas políticas y a las inmoralidades.

El dicho famoso de que “en política la moral es un árbol que da moras” no es producto de la casualidad. Es consecuencia de la desfachatez, lo sinvergüenza y el cinismo que impera entre aquellas personas dedicadas a la política.

Sin embargo, la ética la política y el Estado no pueden estar sujetos a los vaivenes de la moral o a las veleidades morales.

La búsqueda del bien común es la finalidad de todas las sociedades; pero no será posible lograrlo con políticos rapaces, mentirosos, viles, falsos, acomodaticios, desleales, faltos de integridad personal, deshonestos, cínicos y sin compromisos sociales, de moral adaptada a su codicia, a sus ambiciones de grupo que los alejan de los valores fundamentales humanos.

Sobran los ejemplos de esta clase política que sólo actúa en función de un interés individual, de una conveniencia de partido o con sus cerradas miras ideológicas impuestas desde el poder que detentan. Sobran los ejemplos de esta clase política que dice una cosa y hace lo contrario; que se compromete a efectuar acciones benéficas y, con descaro, sin miramientos, destruye lo que beneficia a las mayorías, argumentando falsos preceptos de honradez, honestidad e integridad personal.

¿Cómo identificar a estos amorales, inmorales y políticos faltos de ética? Basta y sobra revisar sus palabras, sus discursos, sus diatribas y compararlos con sus actos de gobierno. Siempre salen perdiendo, aunque la percepción generalizada sea de connivencia.

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

En una arena cargada de ambiciones y promesas, el tercer debate para la gubernatura de Jalisco, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, en el Centro Universitario de la Costa, se convirtió en un espectáculo de acusaciones y olvidos. Olvidos, sobre todo, de aquel pacto de civilidad que, firmado con pompa apenas el lunes anterior, quedó sepultado bajo el peso de los reproches y las críticas entre los candidatos.

Puerto Vallarta, usualmente escenario de placidez turística, fue testigo de un mar agitado por las turbulentas aguas de la confrontación política. Los temas dispuestos para la discusión —desarrollo económico, empleo, salario, vivienda, cultura, salud y deporte— prometían un debate constructivo, enriquecido además por la participación de preguntas de menores de edad de todo el Estado. Sin embargo, la realidad fue otra.

Las promesas leídas por los candidatos, pues fueron la mayor parte del tiempo incapaces de hablar y ver la cámara, se escuchaban más ligadas a la fantasía que a la estrategia bien fundamentada, dejando a los ciudadanos en un mar de dudas sobre su viabilidad.

Claudia Delgadillo, abanderada de la coalición “Sigamos Haciendo Historia por Jalisco”, prometió la construcción de hospitales y programas de vivienda que, aunque suenan atractivos, resonaron huecos en la ausencia de detalles sobre su financiamiento y ejecución. Delgadillo, con evidente nerviosismo en su voz, de repoblar el corazón de Guadalajara y de apoyar a los deportistas, pero sin un claro cómo se materializarían tales ideales en la práctica.

Por otro lado, Laura Haro de “Fuerza y Corazón por Jalisco”, desplegó una lista de medidas económicas como reducciones de impuestos y apoyos a los emprendedores con una soltura que contrastaba con la falta de profundidad en el cómo se implementarían tales medidas. Prometió mil millones para emprendedores, un gesto grandioso, pero sin el sustento de un plan claro que calmara las suspicacias sobre la realidad de tales fondos.

Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano no se quedó atrás en esta feria de promesas. Sus siete nuevos hospitales, el programa “Mi primera chamba” y cien unidades deportivas, aunque dibujaron un panorama esperanzador, no escaparon a la sensación general de ser más un espejismo electoral que proyectos concretos y detallados.

Lemus repitió varias veces su promesa de ser el primer gobernador de Jalisco que corra un medio maratón, ¿para qué esta promesa? Ni idea, así de alejado de la realidad luce el político de las motivaciones que busca el ciudadano jalisciense para dar su voto.

El espectáculo de este tercer debate no solo destacó por la magnitud de las promesas, sino también por la evidente falta de preparación para detallar el cómo de cada propuesta.

Este encuentro fue un claro reflejo de la desconexión entre el deseo de captar votos y la realidad de la gestión pública. Los ejes de desarrollo económico, empleo, cultura, salud y deporte quedaron, irónicamente, en segundo plano, eclipsados por el despliegue de promesas electorales que, aunque diseñadas para impresionar, dejaron un sabor de incertidumbre y escepticismo.

Claudia Delgadillo, de la coalición «Sigamos Haciendo Historia en Jalisco», aprovechó la ocasión para continuar su enfrentamiento con Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano, acusándolo nuevamente de violencia política de género. Lemus, por su parte, se defendió y no desaprovechó la oportunidad para señalar las supuestas incongruencias patrimoniales de Delgadillo, desviando la discusión a terrenos personales y dejando de lado las propuestas que debían ocupar el centro del debate.

Laura Haro, del bloque PRI-PAN-PRD, no se quedó atrás en este juego de señalamientos, arremetiendo contra Morena por su «idolatría a la muerte» y acusando al candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, de conducta indebida, lo que desató una serie de réplicas en redes sociales que solo contribuyeron a elevar el tono del enfrentamiento.

El punto culminante de esta feria de acusaciones llegó cuando Lemus, en un intento de desacreditar a Haro, la vinculó directamente con Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, a lo que ella respondió enardecida, prometiendo llevar el asunto ante las autoridades electorales. Este intercambio de acusaciones dejó en evidencia la profunda división y el ambiente envenenado que impera en la política local donde las emociones se desbordan con la misma facilidad con que las promesas electorales se desvanecen en el aire.

La candidata de Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro Ramírez, no solo protagonizó un enfrentamiento verbal con su contrincante de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro, sino también con los medios de comunicación presentes, en un episodio que refleja la tensión y la polarización que actualmente impera en el ambiente político del estado.

El detonante de esta contienda verbal fue la acusación de Haro hacia Lemus, calificando sus comentarios como misóginos y constitutivos de violencia política de género, una grave acusación en un contexto donde la sensibilidad hacia estos temas está a flor de piel. Sin embargo, la ironía se palpaba en el aire cuando Haro, al mismo tiempo, desestimaba la gravedad de haber llamado “borracho” al candidato presidencial de los naranjas, Jorge Álvarez Máynez, argumentando que tales comentarios no equivalían a violencia política.

Este incidente escaló rápidamente cuando Haro abandonó el lugar, acusando a los periodistas de estar “vendidos”, un grito que resonó no solo en el recinto, sino a través de la opinión pública, dejando una estela de dudas sobre la objetividad y la independencia de los medios en tiempos electorales. La discusión se intensificó cuando se le preguntó por la consistencia de sus acusaciones y defensas, a lo que respondió con una mezcla de enojo y desdén, acusando a los medios de perpetuar una visión errónea de lo que realmente constituye la violencia política de género.

La actitud defensiva de Haro se hizo evidente cuando intentó desviar la conversación hacia otros temas, insistiendo en que su enfoque estaba en denunciar la violencia real y no en participar en juegos de palabras que, según ella, solo servían para confundir a la audiencia. Sin embargo, su intento de controlar el flujo de la conversación solo sirvió para exacerbar las tensiones, culminando en un punto muerto donde ni los argumentos de la candidata ni las preguntas de los periodistas lograron avanzar hacia un entendimiento común.

En un entorno donde la ley de violencia política contra las mujeres en razón de género busca proteger los derechos políticos de las mujeres, la confusión y las acusaciones cruzadas solo sirven para socavar el espíritu de esta legislación, dejando en evidencia la brecha entre la intención de la ley y su aplicación práctica.

Mientras Jalisco se prepara para una elección que podría redefinir su futuro político, los incidentes como el de Haro y Lemus son recordatorios perturbadores de que, en la política, las palabras no solo tienen peso, sino que también tienen consecuencias, a menudo prolongadas y polarizadoras.

Queda un último debate, y con él, la última oportunidad para que los candidatos muestren su capacidad de elevar el nivel de la discusión y de ofrecer a los ciudadanos de Jalisco, no solo ataques, sino verdaderas soluciones a los problemas que enfrenta su estado. La pregunta es si serán capaces de recuperar el terreno perdido y restaurar la dignidad de la política en los ojos de sus electores.

En X @DEPACHECOS

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

Sin lugar a duda, si hay algo innegable en nuestra sociedad, es la importancia que juegan los procesos electorales. En primera instancia, estos juegan un papel fundamental debido a que son la esencia de la democracia participativa que rige a nuestro sistema de participación ciudadana en el cual, el centro son las personas.

Por otro lado, estos son fundamentales para nuestra sociedad ya que sin importar las simpatías o las fobias que podamos tener y/o albergar, estos son, para bien o para mal, uno de los pocos momentos y espacios en los que los ciudadanos no solo tenemos la oportunidad de escuchar las propuestas de quienes aspiran a liderar el futuro de nuestro país, sino que también son el espacio idóneo para cuestionar, externar y formular preguntas de relevancia nacional y de interés público.

En ese contexto, a raíz de los dos primeros debates presidenciales, una de las preguntas que ha surgido con mucha fuerza entre la audiencia de esta fiesta electoral, es la relacionada a la necesidad de una reforma fiscal como el pilar de la lucha contra la desigualdad en nuestro país.

No obstante, si bien es cierto que la lucha contra la desigualdad es probablemente una de las deudas más grandes que tenemos como nación ya que esta atañe uno de los temas más sensibles de nuestro país como lo es la pobreza en todas sus expresiones, la falta de oportunidades educativas y laborales, y la falta de acceso de muchas regiones del país a servicios públicos de vital importancia, tampoco podemos perder de vista que la necesidad de hablar de una reforma fiscal no solamente responde a un contexto nacional, sino que también responde a un contexto internacional.

Por esta razón, abordar un tema de esta naturaleza implica no solo estar a la altura de las necesidades de nuestro país, sino también, a la altura de un contexto global que día con día nos pone de frente nuevos retos y nuevas crisis tanto políticas, sanitarias y económicas.

En el caso económico, actualmente la economía global atraviesa por una etapa de desaceleración y mayor endeudamiento tanto público como privado, mismo que se agravó con mayor intensidad durante la pandemia, etapa de la historia de la humanidad en la que la brecha de desigualdad se amplió considerablemente.

En ese orden de ideas, nuestro país no está exento de las consecuencias de esa desaceleración, por ende, se requiere de acciones que logren dar impulso al crecimiento, pero que, al mismo tiempo, atiendan a las necesidades de la sociedad, es decir, impulsar cambios sustanciales con perspectiva social. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que para lograr estos tan anhelados cambios sustanciales, se requiere de recursos.

Derivado de lo anterior, cobra relevancia que en los últimos años, la política fiscal en México ha sido poco efectiva para disminuir las desigualdades en la distribución del ingreso. De hecho, de acuerdo con la OCDE, México reduce el índice de Gini (medida de concentración del ingreso que toma valores entre cero y uno) en 0.02 puntos en cuanto a la implementación de la política fiscal, lo que nos ubica como el país con menor incidencia fiscal dentro de dicha organización.

Por esta razón, es inconcuso que, en el contexto nacional y global actual, una reforma fiscal que eleve la progresividad de los impuestos y el gasto público es necesaria para reducir desigualdades y para propiciar un crecimiento económico más incluyente.

Al respecto, cobra relevancia lo postulado por el politólogo Herman Heller, quien señaló que el espacio fiscal constituye la capacidad del gobierno para proveer recursos financieros destinados a un propósito determinado sin comprometer la salud financiera del Estado, ni mucho menos, la estabilidad económica del país.

Y tomando en consideración el contexto actual de nuestro país, es necesario comenzar a destinar nuevos recursos a los siguientes sectores prioritarios: a) educación: para garantizar la educación superior gratuita y obligatoria e incrementar la cobertura educativa en todos los niveles; b) salud: para garantizar servicios médicos de calidad y acceso universal a estos servicios; c) seguridad: para ejercer con mayor eficiencia el uso de recursos para así obtener los resultados esperados del modelo de seguridad pública; d) seguridad hídrica: esto para garantizar un acceso universal real a este servicio de primera necesidad cuya ausencia en algunos hogares del país aumenta la brecha de desigualdad.

Como podemos observarlo, en el panorama actual de México la discusión sobre la reforma fiscal se erige como una necesidad apremiante, enraizada en las realidades económicas tanto a nivel nacional como global. La persistencia de desigualdades socioeconómicas clama por soluciones audaces y efectivas que solo una reforma fiscal integral puede proporcionar.

En esa tesitura, el corazón de esta reforma no solo yace en el incremento de la progresividad de los impuestos y el gasto público, sino también en su capacidad de redirigir los recursos hacia áreas críticas que impulsan el desarrollo humano y económico. La educación, la salud, la seguridad y la seguridad hídrica son pilares fundamentales que requieren inversión sostenida para construir una sociedad más justa y equitativa.

Al margen de lo anterior, la importancia de esta reforma va más allá de las cifras y los indicadores económicos. Se trata de un compromiso moral con las generaciones presentes y futuras. Una reforma fiscal bien diseñada y ejecutada no solo promueve un crecimiento económico inclusivo y sostenible, sino que también fomenta la cohesión social y el bienestar general.

Por lo tanto, la implementación de una reforma fiscal integral no puede ser postergada ni ignorada. Es una responsabilidad política ineludible, sí, pero también representa un imperativo moral. Es el camino hacia un futuro próspero y equitativo para todos los mexicanos, un futuro en el que las oportunidades no estén limitadas por la condición socioeconómica, sino que sean accesibles para cada individuo, sin importar su origen o circunstancias. Es hora de actuar con decisión y visión, para construir un México más justo, próspero y equitativo para todos.