Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

La política jalisciense tiene una insana fascinación por la prestidigitación mediática. Ciertos actores, discípulos aplicados del arte de López Obrador —aplicador impecable de esta estrategia— manejan con maestría la conocida táctica de la caja china. Esta estrategia, tan vieja como efectiva, consiste en esconder un escándalo incómodo bajo otro de mayor ruido, para que la opinión pública cambie rápidamente de víctima y olvide el primer agravio.

Cuando las llamas políticas amenazaban al gobierno de Pablo Lemus Navarro, por la aparición del siniestro rancho Izaguirre, convertido por la barbarie en un campo de entrenamiento para desaparecer personas, era imperioso un escándalo distractor. Entonces, como invocado por arte de magia, apareció el sorpresivo ataque de Juan José Frangie Saade, alcalde reelecto de Zapopan, contra Mirza Flores Gómez, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC).

Resultó extraño que Frangie —quien ni siquiera figura oficialmente en el padrón del partido según el registro consultado— lanzara tan abierta y frontal crítica contra Flores Gómez. Él mismo ha reconocido, con cierta altanería, que su estructura nunca necesitó del partido para ganar elecciones desde 2015 hasta 2024. Entonces, ¿por qué semejante ataque frontal en estos tiempos?

Frangie acusó a Mirza de haber secuestrado al partido, bautizándolo de manera sarcástica como «Mirza Ciudadana», alegando que ella lo utilizaba para beneficio propio y de su círculo íntimo. También reclamó que la dirigencia estatal ignoraba sistemáticamente a Zapopan, municipio crucial que él gobierna y que más votos le ha aportado a MC. La acusación, más que un reclamo orgánico, pareció un acto planeado, casi quirúrgico, para descalificar anticipadamente una posible reelección de Mirza al frente del partido.

La primera lectura de este conflicto apuntó a una abierta declaración de guerra entre el grupo Coparmex-Lemus, representado por Frangie, contra el grupo Jalisco, es decir el alfarismo, del cual Mirza es destacada integrante. Con Alfaro en su exilio dorado en Madrid, muchos interpretaron esto como el preludio del fin de la era alfarista, anunciada y acelerada por el grupo zapopano.

Pero más allá de la primera lectura se dibuja otra interpretación más sutil y, quizá, más precisa: la intención real de Frangie pudo haber sido frenar un posible «albazo» por parte de Mirza Flores para asegurarse otros tres años en la dirigencia estatal, manteniendo así el control del partido en manos del grupo alfarista. La maniobra buscaba, pues, obligarla a negociar, abrir el juego político y detener cualquier tentación hegemónica.

Frangie, en sus declaraciones iniciales, no escatimó descalificaciones hacia Mirza. La tachó de protagónica e interesada en su bienestar personal, dejando una estela venenosa de desconfianza hacia su liderazgo. Sus palabras fueron armas calculadas para minar cualquier aspiración de Flores Gómez a permanecer al frente del partido.

Sin embargo, el «descontón» a Mirza, como fue calificado por algunos medios, venía del hombre más cercano al gobernador Lemus, levantando dudas legítimas sobre si el ataque fue iniciativa propia de Frangie o un encargo preciso desde el despacho principal del Palacio de Gobierno.

En medio de esta tensión, se produjo una reunión urgente convocada por el propio Lemus. El gobernador, rápidamente asumido como nuevo «líder moral» de MC tras el aparente fin político de Alfaro, convocó a los protagonistas del conflicto. En ese cónclave, se decidió cerrar filas y establecer una especie de tregua armada. La reconciliación aparente buscó evitar fracturas mayores, especialmente considerando que las elecciones al interior de MC Jalisco están ya a la vuelta de la esquina.

Con esta jugada, Lemus confirmó tácitamente su nueva posición como cabeza absoluta de Movimiento Ciudadano en Jalisco, aunque públicamente repite que no milita en el partido. Esta ambigüedad calculada, tan propia del estilo de los políticos contemporáneos, permite a Lemus moverse con comodidad entre su rol institucional y su nuevo liderazgo político.

Quien primero le puso la corona a Lemus fue Gerardo Quirino Velázquez, alcalde de Tlajomulco, al afirmar que la era Alfaro había terminado. Frangie inmediatamente secundó esta posición, sumándose a la nueva narrativa que busca enterrar definitivamente la influencia alfarista y afirmar la hegemonía del lemusismo.

En el reajuste político, los premios no se hicieron esperar: MC Zapopan quedó en manos de Naraly González, leal a Frangie, y MC Guadalajara en las de Fabiola Cuan, cercana a Lemus. Ambas posiciones revelan cómo, tras el escándalo y el posterior cierre de filas, los puestos clave se distribuyeron estratégicamente entre los aliados del gobernador y del alcalde zapopano.

La táctica funcionó impecablemente en lo político-partidista. La caja china, que comenzó con el enfrentamiento entre Frangie y Mirza, intentó desplazar de los titulares al escabroso asunto del rancho Izaguirre. No se logró de forma total, a pesar de que los medios leales al gobernador lo intentaron, pero dejó buenos resultados políticamente al grupo de Pablo Lemus.

Con esto, Lemus consolida su liderazgo político, y Frangie fortalece su posición como interlocutor privilegiado, asegurando para los zapopanos cuotas importantes en el partido. La crisis fue, pues, tan real como estratégica. Una maniobra digna de los discípulos más avezados del arte de López Obrador, maestro indiscutible de las artes oscuras de la política mexicana.

Al final, en este teatro político, lo que quedó claro es que la corona naranja tiene nuevo dueño y que, en esta historia, como en tantas otras, el poder sigue moviéndose tras bambalinas. Mientras tanto, la democracia, o lo que queda de ella, sigue siendo “meneada estratégicamente” a conveniencia de los intereses particulares de quienes dirigen los destinos políticos de Jalisco.

En X @DEPACHECOS

Opinión, por Miguel Anaya //

A finales de los años noventa y principios de los 2000, Colombia vivió una crisis de violencia que superaba a la que actualmente enfrenta México. Uno de los departamentos más afectados fue el de Chocó, donde operaban las FARC, grupos delictivos y autodefensas.

El 2 de mayo de 2002, la pequeña comunidad de Bojayá se convirtió en el escenario de una de las tragedias más devastadoras del conflicto armado. En medio de intensos enfrentamientos entre las FARC y grupos paramilitares, cientos de habitantes buscaron refugio en la iglesia del pueblo, confiando en que sus paredes consagradas los protegerían del horror que se vivía afuera.

Alrededor de las 3 de la tarde, un cilindro-bomba impactó directamente en el templo, causando la muerte instantánea de 79 personas, entre ellas 48 niños. Los cuerpos quedaron mutilados y las paredes de la iglesia manchadas de sangre. Días después, el número de víctimas fatales alcanzó las 119, ya que muchos no sobrevivieron a las heridas.

Este acto brutal puso de manifiesto la vulnerabilidad de las comunidades atrapadas entre las fuerzas violentas. A raíz de este y otros eventos que conmocionaron al país, Colombia emprendió un camino hacia la pacificación y la reconstrucción social. Las políticas implementadas, que combinaban estrategias de seguridad con inversión social y económica, comenzaron a dar frutos en las dos décadas siguientes.

Según datos del Banco Mundial, la tasa de homicidios en Colombia pasó de 70 por cada 100 mil habitantes en 2002 a 25 en 2022. En ese contexto, la ciudad de Medellín llegó a tener una tasa alarmante de 380 homicidios por cada 100 mil habitantes.

El entonces gobierno colombiano aplicó la estrategia de ‘Seguridad Democrática’. Esta política implicó el despliegue masivo de fuerzas de seguridad para recuperar el control territorial, fortalecer las capacidades de inteligencia y aumentar la presencia del Estado en zonas rurales, donde guerrillas y grupos paramilitares habían establecido su dominio. La creación de redes de informantes y la colaboración con las comunidades fueron fundamentales para desmantelar estructuras criminales y reducir los enfrentamientos armados.

Tras el debilitamiento militar de las FARC, el gobierno reconoció que la violencia era también un efecto de problemas estructurales como la pobreza y la falta de oportunidades en las regiones rurales.

En respuesta, se implementaron programas de desarrollo rural que incluyeron la construcción de infraestructura, carreteras y electrificación, con el fin de conectar comunidades aisladas con el resto del país.

Además, se promovieron programas de acceso a créditos para pequeños agricultores y cooperativas rurales, incentivando la sustitución de cultivos ilícitos por productos agrícolas comerciales.

En el ámbito social, las políticas de reparación y reconciliación jugaron un papel central. La creación de una Unidad para las Víctimas permitió que quienes sufrieron violencia fueran reconocidos y compensados, generando un proceso de catarsis social.

La inversión en educación y salud fue un eje central: entre 2002 y 2022, el acceso a la educación secundaria aumentó en un 20 por ciento, mientras que la cobertura de salud pública se amplió significativamente en las zonas rurales. A pesar de que aún persisten desafíos en materia de seguridad, el avance en Colombia ha sido notable.

Esta experiencia ofrece lecciones valiosas para México. La implementación de políticas que fortalezcan instituciones, promuevan el desarrollo económico, social y fomenten la cohesión social son esenciales para revertir la tendencia de violencia.

La profesionalización de las fuerzas de seguridad, la recuperación del control territorial y la implementación de programas sociales en zonas marginadas son pasos fundamentales para reconstruir el tejido social. Políticas de desarrollo rural, como las aplicadas en el país sudamericano, podrían replicarse en México para incentivar la economía local, alejar a los jóvenes de las dinámicas del crimen organizado y generar alternativas económicas en comunidades atrapadas en el ciclo de la violencia.

En conclusión, la trágica masacre de Bojayá simboliza el profundo sufrimiento que la violencia puede infligir a una nación. Sin embargo, también demuestra que por muy cruda que sea la realidad violenta que nos rodea, esta puede cambiar con voluntad política y estrategias integrales adecuadas.

El caso de Teuchitlán debe ser un llamado a la acción colectiva. Debemos abrir los ojos y encontrar en la experiencia de otros países una guía para diseñar e implementar políticas efectivas que conduzcan a un futuro más seguro y próspero.

Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //

¿Cuál es la geografía del narcotráfico en México? ¿Por qué ciertas regiones de nuestro país tienen más factores para su desarrollo? Hay varias versiones sobre el “nacimiento” de esta actividad ilícita en nuestro país. Una de ellas refiere que, al llegar centenares de chinos a nuestra nación, alrededor de 1890, traían con ellos la “flor del diablo”, también conocida como “adormidera” o amapola.

De esta planta se produce el opio y sus derivados. La amapola encontró una latitud perfecta, en México, para desarrollarse: Sinaloa, cuyas condiciones climáticas favorecieron su cultivo. Para 1910 algunos chinos de Sinaloa, no todos hay que decirlo, se dedicaron exclusivamente a ese cultivo y procesamiento.

Como en Estados Unidos estaba prohibido el opio y derivados, comenzó el tráfico ilícito por las descuidadas fronteras de entonces, creando las primeras redes de distribución para el incipiente mercado.

La Segunda Guerra Mundial trajo consigo mayor demanda y el tráfico de opiáceos creció considerablemente, puesto que la morfina (utilizada para quitar el dolor a los soldados heridos) se deriva de esta droga. En México, tras la Revolución de 1910, se prohibió el cultivo y uso de drogas opiáceas y la marihuana. Se combatió así el tráfico interno.

En 1948, cuando cientos de campesinos de Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora dejaron el maíz para cultivar amapola y cannabis, el gobierno mexicano lanzó una campaña para acabar con las plantaciones y las riñas entre narcotraficantes que se disputaban las ya jugosas ganancias de estas sustancias prohibidas.

Comenzaron entonces los sobornos a policías municipales, estatales y federales y a también a autoridades civiles, así fue como los narcotraficantes compraron inmunidad para seguir con sus “negocios”.

El consumo de drogas se incrementó vertiginosamente en el país del dólar y los narcos mexicanos pasaron a ser magnates, por los ríos de billetes verdes que llegaron por esta causa.

La década de los 70 fue clave para la marihuana mexicana, al desarticular el gobierno de EEUU la llegada del opio turco. También se inició el consumo de la cocaína, que manejaban narcos de Colombia, de Cali y Medellín, principalmente.

El Gobierno Federal mexicano comenzó la operación “Cóndor”, para desmantelar los cultivos y redes de distribución de drogas. Los sinaloenses Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y su líder Miguel Ángel Félix Gallardo, excomandante de la Policía Federal y “puente” entre los narcos y funcionarios públicos, se reagruparon en Guadalajara, creando el llamado “Cártel de Guadalajara”. Desde la capital tapatía se comandaron las operaciones que hicieron a este grupo, el más poderoso e importante de México.

Las regiones donde se desarrollaban las actividades de siembra de estupefacientes y narcotráfico fueron principalmente: Sinaloa, Durango y Chihuahua (triángulo dorado); la distribución floreció en Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y varias ciudades de Nuevo León.

La encarnizada lucha por dominar las llamadas “plazas” ha ensangrentado al país. Merced a la intervención directa del gobierno norteamericano, los colombianos dejaron de ser los “jefes” de la cocaína, cargo que asumieron los diferentes capos mexicanos.

Al ser encarcelados o muertos los cabecillas, el escalafón se depuró. En algunos casos surgieron ramales de los cárteles tradicionales; en otros se agruparon delincuentes nuevos, guiados por algunos excapitanes de las diferentes bandas. Sus actividades ilícitas se diversificaron: extorsiones, secuestros, cobros de piso, lavado de dinero en negocios aparentemente legales, tráfico de armas y asesinatos por contrato. Los narcos contrataron exmilitares y organizaron ejércitos con armas modernas y sofisticadas.

La expansión de los cárteles se dejó sentir por todo el territorio mexicano. Ya no sería nada más la frontera norte la codiciada. Entidades otrora tranquilas, marginadas de la violencia y el trasiego de las drogas, perdieron su calma.

Tlaxcala, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Ciudad de México, Aguascalientes, Zacatecas, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Baja California Sur, San Luis Potosí, Tabasco, Quintana Roo… es decir el 95 por ciento del territorio nacional pasó a ser escenario de las disputas sangrientas, desalmadas, inhumanas de los narcos para lograr convertirse en los amos y señores de territorios, ciudades, policías, gobiernos y gobernantes, sin importarles a los facinerosos ninguna otra cosa que el poderío económico y político.

En 1984, Estados Unidos montó en cólera por la tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, quien —a su vez— había desatado la furia del Cártel Guadalajara, al arrasar el rancho Búfalo, donde destruyó toda la plantación de marihuana que pertenecía al mencionado cártel.

Al segar la vida del “Kiki” los cabecillas Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo fueron encarcelados, lo que propició el relevo de liderazgos y el surgimiento de nuevos cárteles que incrementaron la violencia a límites nunca vistos y corrompieron, también a alturas insospechadas.

Trump no tiene empacho en considerar que el gobierno de México ha permitido el crecimiento y el encubrimiento de las actividades ilícitas de los cárteles del crimen organizado.

Ha lanzado varias amenazas de intervenir nuestro país con su poderoso ejército para desmantelar laboratorios, capturar cabecillas de los mafiosos y no pocos políticos coludidos -dice él-, con los capos que -también lo dice él- tienen a México sojuzgado a sus nefastos intereses, por arriba, por abajo, por el centro y todos los litorales.