Las cuñadas del poder: Nepotismo y crisis sindical en el Congreso de Jalisco

Por Daniel Emilio Pacheco

Hay en la política mexicana una vocación casi artística para la contradicción. No la contradicción filosófica, la que nace de la duda honesta y del pensamiento en movimiento, sino la otra: la que brota del cinismo bien administrado, del descaro que se viste de indignación.

César Íñiguez González, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo del Congreso de Jalisco, ha demostrado en estas semanas poseer ese talento en una medida envidiable.

La historia comienza, como suelen comenzar estas historias en México, con una nómina.

ACTO PRIMERO

El 9 de febrero de 2026, César Íñiguez convocó a una rueda de prensa para denunciar, con voz encendida y gesto de tribuno ofendido, que las 60 plazas vacantes del Congreso de Jalisco estaban siendo repartidas de manera discrecional: sin concurso, sin transparencia y sin respeto al escalafón. Exigió que esas plazas fueran sometidas a un proceso formal ante la Junta de Coordinación Política. Sus palabras sonaron a campana de iglesia: claras, altas y virtuosas.

Lo que la rueda de prensa no mencionó —porque el líder sindical tampoco lo mencionó— es que, en ese mismo momento, tres de sus cuñadas llevaban ya varias quincenas cobradas como personal supernumerario en el Congreso del Estado. Tres cuñadas: las esposas de sus tres hermanos. Todas en áreas estratégicas. Todas con sueldos que superaban los 48 mil pesos mensuales, más aguinaldos superiores a 70 mil pesos y estímulos económicos adicionales.

María Geraldina Fierro Flores, esposa de Héctor Íñiguez González, ocupaba el cargo de jefe de Dirección en la Coordinación de Comunicación Social, con un sueldo bruto de 55 mil 81 pesos mensuales. Nallely Gómez Meza, esposa de Marco Antonio Íñiguez González, fungía como asesora administrativa en la Coordinación de Administración y Finanzas, con 49 mil 688 pesos al mes. Sandra Nallely García Solís, esposa de Juan Carlos Íñiguez González, aparecía como asesora de diputados en la misma Coordinación, con 48 mil 426 pesos mensuales.

Cuando el periódico NTR reveló los datos —con nombres, cargos y cifras exactas— el señor Íñiguez salió a la palestra a decir lo que en estos casos siempre se dice: que el sindicato no tiene facultades para contratar, que las decisiones son de la administración, que la ley no lo prohíbe y que, de todas formas, ya no trabajaban ahí.

La última parte resultó particularmente oportuna: las tres cuñadas desaparecieron de la nómina justo a tiempo para que el líder pudiera decir que ya no estaban. Pero reaparecieron, con sueldos idénticos, convertidas en cuatro plazas dentro de un flamante “Programa de Movilidad Laboral” que el propio sindicato lanzó días después. El prestidigitador había sacado al conejo de la chistera. El conejo era el mismo. La chistera también.

ACTO SEGUNDO

En política hay dos versiones de cada hombre: la que construye para el micrófono y la que se le escapa cuando cree que no hay micrófonos. César Íñiguez tuvo la mala fortuna —o la previsible consecuencia de sus actos— de que dos trabajadoras grabaran la conversación que él sostuvo con ellas para “informarles” sobre el programa de plazas. El audio filtrado —del cual tiene copia quien esto escribe— es una pieza de antología para el estudio del poder que se cree protegido.

En esa charla, el secretario general reconoció sin rubor que las cuatro plazas habían estado en su poder durante seis meses. Que existía un “acuerdo institucional”, extraoficial, sin nada por escrito, mediante el cual esas posiciones le fueron entregadas. Que, durante ese periodo, las plazas estuvieron ocupadas por personas “determinadas en ese acuerdo”. Que ahora, con las renuncias de esas personas, se abrirían a concurso.

No hacía falta ser muy perspicaz para entender que las personas “determinadas en ese acuerdo” respondían al apellido Íñiguez por afinidad matrimonial.

Lo más revelador no fue la confesión, sino el desliz. En algún momento de la conversación, una de las agremiadas señaló que, si la mecánica de subir sueldos para inflar las pensiones de quienes estaban a punto de jubilarse “llegara a oídos de Pensiones, esto es fraude”. Un segundo después, Íñiguez González intentó reencuadrarlo. Pero la grabadora ya tenía lo que necesitaba.

Cuando una de las trabajadoras le reclamó que hubiera sido más justo repartir las plazas entre todos, el líder respondió con la filosofía de su rancho natal: “Lo caído, caído y derechos adquiridos”. Es difícil saber si la frase era una reflexión o una amenaza. Quizá era ambas cosas.

ACTO TERCERO

Acorralado —como se dice en el box—, César Íñiguez tomó la única decisión que le quedaba: atacar. Grabó un video para sus agremiados en el que se presentó, con semblante grave y voz de quien carga el peso del mundo, como víctima de una “grave intromisión de la administración del Congreso del Estado”.

Según el relato del video, el personal de seguridad, de informática y de compras estaba siendo utilizado por las autoridades legislativas para presionar a los trabajadores, recabar firmas bajo engaño y generar un “ambiente hostil”. La convocatoria a la asamblea extraordinaria, dijo, era “apócrifa”, una convocatoria “falsa que no salió de la dirigencia”. Ya habían presentado denuncias ante la Contraloría. Ya existían órdenes de restricción contra cuatro elementos de seguridad. Ya había pedido la intervención de la Jucopo.

El hombre que hace tres semanas pedía transparencia en la asignación de plazas ahora pedía que cesara la “violencia institucional” contra su persona.

Y, como bono adicional, aprovechó el video para ajustar cuentas con la Federación SAFE y su secretario general, Leonardo Cisneros, a quien acusó de “medir” y “generar división” porque el sindicato no le daba cuotas. Anunció la desafiliación inmediata de esa federación. En el gremialismo mexicano, cuando no puedes responder las preguntas de adentro, siempre es útil inventar un villano de afuera.

ACTO CUARTO

El capítulo cuarto del estatuto que rige la vida interna del sindicato establece, en su artículo 12, que el poder supremo del sindicato reside en la Asamblea General. El artículo 15 es aún más preciso: la Asamblea General celebrará sesión extraordinaria cuando lo solicite el 30% de los miembros activos de la organización, con una anticipación de cuando menos cinco días hábiles.

El 3 de marzo de 2026, más del 30% de los agremiados presentó una convocatoria formal para una Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el 10 de marzo. La convocatoria fue entregada con sello de recibido tanto al secretario general del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Lomelí, como al propio Leonardo Cisneros, de la SAFE —la misma que Íñiguez intentó desacreditar en su video—.

La llamada convocatoria “apócrifa” resultó tener estatuto, quórum, domicilio, hora y sellos institucionales. Lo que no tiene es la bendición del líder que convocó a la transparencia y practicó el nepotismo. Y eso, en el lenguaje de la política real, es justamente lo que la hace legítima.

El martes 10 de marzo, a las 10:00 horas, los trabajadores del Congreso de Jalisco se reunirán para pedirle cuentas a su secretario general: cuentas de las plazas, de las cuotas, de las cuñadas, de los acuerdos extraoficiales y de los seis meses de sueldos cobrados antes de que la prensa encendiera la luz.

En X: @DEPACHECOS