Entre el castigo y la dispensa

Por Isabel Venegas //

Esta semana el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias “el Bronco”, cerró definitivamente la cárcel de “Topo Chico” en la ciudad de Monterrey; un reclusorio en el que durante varios lapsos hubo ingobernabilidad por parte del estado, con un devenir de disturbios y sublevaciones, los más crueles en la historia de nuestro país. Espacio donde la delincuencia, las drogas, la prostitución forzada, entre otros muchos aspectos dan cuenta de historias que no reflejan posibilidad alguna para ser considerado un centro de readaptación.

76 años llenos de vidas que lucharon por sobrevivir a un sistema que no pudo (o tal vez, no quiso) asumir el compromiso de salvaguardar sus derechos humanos y su integridad como personas; para algunos (políticamente poco correctos) este ya es de hecho un tema de controversia, puesto que más allá de negar la condición de personas de los presos, quieren ver ejercer una suerte de castigo que sea ejemplar de modo tal que el resto de la población entienda la lección, o que por lo menos quien cometió el delito, sufra al punto de arrepentirse profundamente.

Ya el mismo Bronco en su campaña electoral por la presidencia de la república pegaba con tubo en las encuestas al decir que le iba a cortar las manos a todo aquel que se encontrara robando o cometiendo algún delito. Ciertamente era una locura, era una política que tan solo desde el punto de vista del sector salud resultaba absolutamente inviable, ya no se diga desde el concepto constitucional; de hecho cuando se le cuestionó acerca del cómo se podría llevar a cabo semejante medida él hizo referencia a la idea de “escarmiento”, con dos o tres casos sería suficiente para que los demás aprendieran la lección y se redujera de manera impactante el número de delitos y la inseguridad.

Pero siempre hay costos que preferimos omitir cuando de crueldad se trata, un buen ejemplo es lo que no vimos durante casi 80 años de horror que vivieron los habitantes de la prisión de Topo Chico; por ejemplo, en el panel de hombres había un plafón que servía como pared falsa y que conectaba con el área de mujeres, de modo tal que cuando los líderes lo deseaban, pasaban para el lado femenino, tomaban a quien querían y le sometían a la trata de personas de la que no había forma de escapar.

Las condiciones eran feas, tristes, peligrosas, pero fuertes en orden e intención. Ahí, en ese tenebroso lugar, nacieron y crecieron bebés, fruto –la mayoría- de violaciones y vejaciones en todos los sentidos. Un penal que como muchos, tiene condiciones de contraste entre presos pobres y presos poderosos. Había quienes tenían que pagar por dormir en cama, por tener una cobija, o por gozar de protección, mientras que ahí mismo se alojaba alguien que poseía un jacuzzi, televisión por cable, internet y uno que otro lujillo, como el control del mercado interno de la droga que se distribuía entre los reos o los accesos a teléfonos para seguir manejando la empresa de la extorsión desde el penal.

Con varios siglos de tradición, seguimos queriendo enfrentar el miedo por la inseguridad a través de los mismos mecanismos de figuras icónicas como la de la cárcel.

Ahí es donde esperamos tener a todos los que hacen daño, a todos los que agreden y atacan, sin tener en cuenta que, debido a un proceso legal podrían salir en unos 4, 5 o 20 años y que ese lugar se pudo haber vuelto en la universidad para delinquir, o peor aún, el medio para arrancar toda la compasión, empatía y solidaridad humana, porque ante una sistematización de la violencia, el individuo termina por normalizarla y entenderla incluso como obligatoria.

Necesitamos reflexionar sobre la capacidad y el interés del Estado por reinsertar a la sociedad a los presos que han pagado su condena. Topo Chico con sus puertas abiertas, evidencia una construcción que está diseñada para que no sea confortable, para infringir sufrimiento, para castigar.

En los años 70 Michel Foucault hacía un análisis desde la perspectiva de la sociedad que pretende atender sus miedos a través del ejercicio del poder y del castigo; describe las razones de encerrar a los “locos” en los manicomios, a “los malos” en las cárceles, y a los “delincuentes en potencia” en las escuelas.

Ese análisis implica ver cómo las construcciones comparten la misma disposición de los espacios: edificios con torres en las que se puede tener una visión general para no perder el control, cuerpos de prefectura, tiempos delimitados para cada una de las acciones: alimentación, higiene, esparcimiento, lecciones, etc.

Foucault evidencia grandes deficiencias en la organización estructural de estas dependencias, y en gran medida gracias a sus aportaciones, grupos de defensa de los derechos humanos, así como colectivos de pedagogía y docencia elevaron su voz para exigir cambios en la disposición de los espacios, pero más aún, en la preservación de los integridad de las personas que están en cada una de las dependencias que se apegan a estas dinámicas.

Paradójicamente, hoy nos encontramos ante tres momentos y espacios de quiebre:

1. En la escuela como parte de la cultura moderna, se comenzó a instaurar una dinámica mucho más comprensiva del niño, lo que para algunos se ha interpretado como la “no aplicación de la sanción”, es decir, existe el reglamento, se tienen definidas las normas, pero en la mayoría de los casos la regla no se aplica, ya sea porque los padres de familia se presenten a dialogar, se establecen compromisos de mejora, se tienen nuevas figuras como la del tutor de apoyo y seguimiento, etc.

2. En las cárceles, la pobreza y la capacidad rebasada de las instancias judiciales para llevar a cabo investigaciones asertivas y efectivas, redunda en la doble injusticia, para las víctimas del delito, y para quienes son reos sin el debido proceso. Éstas suelen estar llenas de gente inocente, personas cuya capacidad económica las somete a un castigo injusto que no sirve de nada a nadie.

3. En la calle se apodera del escenario el debate de la actuación de los gobiernos actuales que, por no ejercer el control permiten marchas y manifestaciones que agreden a la ciudadanía, a los comerciantes, o a los edificios de patrimonio cultural. Es decir de haber tenido actuaciones de “abuso” en el ejercicio de la autoridad, ahora transita al “desuso” del poder, en tanto que por ejemplo el gobierno de la Ciudad de México en la última marcha, utiliza a funcionarios públicos para que atiendan el evento con la misma actuación de los cuerpos policiales pero sin el equipo y el uniforme de éstos, quienes desde antes iban desarmados con la simple intención de resistir.

Estamos entonces pretendiendo formar a nuestros niños ya no en función del miedo, atendiendo sus faltas con base en el diálogo y la negociación, cuando por otro lado, seguimos construyendo cárceles sin evaluar cuántos presos son inocentes, cuántos verdaderamente logran reivindicarse y las razones de aplicar una sanción. Sé que son temas muy complejos y cuyo abordaje debe ir considerando más variables, pero en esa misma perspectiva se pueden abordar problemáticas desde preguntas como: ¿De qué sirve encarcelar a una mujer por haber abortado?

Más allá de que sea su derecho o no, o de si la vida se considera a partir desde la concepción o en una semana específica del embarazo, estamos hablando de la lógica del castigo, en la que no se observa ningún sentido en “encarcelar” a una mujer que abortó, ni desde la perspectiva de la formación de la consciencia, ni en la recuperación del hecho afectado, ni en función de la organización social; desde ninguna de las dimensiones la prisión tiene un efecto positivo y si desde este análisis quitamos esa variable de la ecuación, podremos avanzar a discutir uno de los problemas modernos que por décadas ha sido postergado por miedo a los costos políticos que implica al gobernante en turno y por la poca capacidad de escucha que tenemos los ciudadanos. Vamos pensando en la construcción de una sociedad diferente, te invito a tener una semana de mucha paz y reflexión.

Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar

E-mail: isa venegas@hotmail.com