El debate sobre el uso de celulares: Buscan regulación nacional para proteger a niñas, niños y adolescentes

Por Francisco Junco

La propuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de abrir un debate nacional para regular el uso de teléfonos celulares y redes sociales entre niñas, niños y adolescentes comenzó a generar coincidencias entre organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la educación y la familia.

Tanto la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) como el Frente Nacional por la Familia (FNF) respaldaron la creación de una legislación nacional, aunque plantearon que esta debe construirse con especialistas, docentes y padres de familia.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal dejó en claro que el objetivo no es imponer una prohibición inmediata, sino abrir una discusión pública basada en evidencia. Señaló que el uso excesivo de dispositivos digitales y redes sociales tiene efectos que deben analizarse desde la salud, la educación y el desarrollo infantil, al tiempo que recordó que al menos 16 entidades del país ya cuentan con regulaciones sobre el uso de celulares en los planteles educativos.

“No se trata de prohibir por prohibir; se trata de que realmente se entiendan, mediante estos debates, esta discusión, esta información y difusión, los efectos de las redes sociales y del uso de las tecnologías en las niñas, los niños y los jóvenes”, expresó la presidenta al anunciar el inicio de este proceso de consulta nacional, en el que participarán autoridades educativas, especialistas y padres de familia.

En ese contexto, el presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia, Israel Sánchez Martínez, consideró positiva la decisión de abrir el debate, al asegurar que México cuenta con experiencias exitosas que pueden servir de referencia para una eventual legislación federal. Destacó particularmente el caso de Querétaro, donde desde hace varios años se implementó una regulación para limitar el uso de celulares en las escuelas de educación básica.

Explicó que la experiencia queretana no consistió únicamente en prohibir dispositivos, sino en construir una política integral que incluyó la elaboración de normas, la capacitación de docentes, la sensibilización de padres de familia y el establecimiento de reglas claras para el manejo de teléfonos móviles dentro de los planteles.

“Esto ha tenido una serie de beneficios; entre ellos, aumentar el rendimiento escolar en un contexto de rezago educativo y reducir los riesgos que enfrentan nuestros niños por el uso de las redes sociales. Ya habíamos tenido casos de bullying, ciberbullying y ciberacoso escolar, incluso en primaria, por lo que es positivo que se haya abierto este debate y esperamos que surja una buena propuesta para todo el país”, afirmó Sánchez Martínez.

El dirigente nacional de la UNPF sostuvo que una legislación en el país debe otorgar certeza jurídica a los docentes para actuar cuando un alumno utilice indebidamente un teléfono celular durante las clases. Señaló que actualmente muchos maestros del sistema público carecen de herramientas legales para retirar temporalmente un dispositivo, debido a que algunos padres de familia alegan supuestos derechos que dificultan la aplicación de medidas disciplinarias.

Asimismo, consideró que la regulación debe extenderse también al nivel de secundaria y no limitarse únicamente a la primaria. A su juicio, el uso indiscriminado de los teléfonos inteligentes ha provocado que muchos estudiantes dependan de estos dispositivos incluso para realizar operaciones matemáticas básicas o actividades que antes desarrollaban mediante la lectura y la escritura.

Desde otra perspectiva, aunque con coincidencias de fondo, el coordinador de cabildeo del Frente Nacional por la Familia, Jaime Cedillo Bolívar, manifestó el respaldo de esa organización a la iniciativa presidencial y sostuvo que el debate llega en un momento en el que diversas naciones ya han comenzado a regular el acceso de menores de edad a redes sociales y plataformas digitales.

El representante del FNF afirmó que limitar el uso de celulares durante el horario escolar constituye apenas el primer paso de una estrategia más amplia, pues el problema, dijo, continúa en los hogares, donde niñas, niños y adolescentes permanecen varias horas conectados a las pantallas sin supervisión suficiente.

“Nosotros creemos que es muy importante que se abra una legislación nacional en la que se restrinja este uso. Tiene que ser una política transversal entre autoridades, escuelas y padres de familia. Ya estamos en una escala de adicción tecnológica que no solo necesita regulación; necesita también periodos de desconexión digital para proteger el desarrollo intelectual, afectivo y social de los menores”, expresó Cedillo Bolívar.

Añadió que el Frente Nacional por la Familia participa actualmente en el Consejo Estatal derivado de la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales de Jalisco, donde impulsa la construcción de políticas públicas que involucren tanto a las instituciones educativas como a las familias para fortalecer el denominado “bienestar digital”.

Cedillo Bolívar advirtió que una regulación limitada exclusivamente al horario escolar sería insuficiente para atender un problema que, aseguró, tiene su mayor impacto dentro de los hogares.

Explicó que muchos menores permanecen varias horas al día frente a las pantallas sin supervisión, debido a las jornadas laborales de sus padres, por lo que consideró indispensable que cualquier estrategia nacional incluya herramientas para las familias, capacitación sobre controles parentales y acciones de acompañamiento que permitan extender la educación digital más allá de las aulas.

El representante del FNF sostuvo que la verdadera transformación debe comenzar en casa, mediante reglas claras y el ejemplo de los propios adultos. Señaló que los padres deben recuperar espacios de convivencia sin dispositivos electrónicos, establecer horarios para apagar los teléfonos celulares, evitar su uso durante las comidas y fomentar el diálogo cotidiano con los hijos.

“La pedagogía sigue siendo la misma: el amor del padre que se acerca a la realidad del menor, que dialoga y acompaña”, afirmó, al insistir en que la educación digital requiere corresponsabilidad entre familias, escuelas y autoridades.

Aunque ambas organizaciones provienen de ámbitos distintos, coinciden en que una eventual legislación federal debe construirse de manera conjunta con especialistas, docentes, autoridades educativas y padres de familia, evitando medidas improvisadas y privilegiando criterios pedagógicos por encima de posiciones exclusivamente políticas.

También comparten la idea de que el reto no consiste únicamente en retirar los teléfonos celulares de las aulas, sino en formar a niñas, niños y adolescentes en el uso responsable de la tecnología, fortalecer la comunicación dentro de las familias y generar herramientas que permitan prevenir fenómenos como el ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados y otras formas de violencia digital.

Con el debate nacional ya sobre la mesa, el Gobierno de México enfrentará ahora el desafío de construir una propuesta que armonice las experiencias acumuladas por entidades como Querétaro y Jalisco con las opiniones de organizaciones civiles, especialistas y comunidades educativas, en busca de una regulación que proteja el desarrollo de la infancia sin perder de vista el papel que la tecnología desempeña en la educación y en la vida cotidiana.