Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

En Jalisco, el conflicto por el presupuesto universitario no es nuevo. Lo que sí ha cambiado es la escena, los personajes y, acaso, el tono. La guerra fría entre Casa Jalisco y la Universidad de Guadalajara vuelve a calentar motores, esta vez bajo la batuta del gobernador Pablo Lemus Navarro y la recién llegada rectora general Karla Planter Pérez, la primera mujer que asume el timón de la máxima casa de estudios jalisciense.

La historia, aunque adornada de discursos de buena voluntad, tiene más fondo que forma. Durante la ceremonia de toma de protesta de Planter, Lemus se desvivió en promesas de respeto, trabajo conjunto y coordinación institucional. Pero como bien sabemos quiénes hemos narrado los entretelones del poder: las palabras del político valen lo que el siguiente boletín.

Apenas semanas después de aquel acto solemne, Lemus propone —como quien sugiere pintar la fachada ajena— que parte del presupuesto de la Universidad se destine a iluminar banquetas, podar árboles, poner señalética y mejorar calles. ¿La razón? Blindar los “Senderos Seguros” para los estudiantes. Una propuesta tan cándida como impertinente. Porque más allá del ropaje técnico, lo que se plantea en el fondo es simple: que la Universidad financie tareas que le corresponden al Estado. Y eso, señoras y señores, tiene nombre y apellido: intervención indebida.

Pero la Universidad no se quedó callada, ni lo hará. No la de Guadalajara, con su vieja escuela forjada entre golpes presupuestales y roces ideológicos. La rectora Planter —con voz firme y pausada, pero con la precisión de quien ha leído la Ley Universitaria más de una vez— puso las cosas en su lugar: “La única instancia que decide y define el destino de los recursos de la Universidad de Guadalajara es el Consejo General Universitario, nadie más”. Punto.

A esa declaración se sumó un comunicado institucional -no sería la UdeG si sus liderazgos no desperdiciaran el presupuesto universitario en desplegados que nadie lee, pero que permiten a los abajo firmantes ver su nombre en el listado y sentirse destacados-, en el que se recuerda que la seguridad pública no es función de una casa de estudios.

Que no tiene facultades policiacas ni de mejoramiento urbano. Que su labor es publicar desplegados, educar, investigar y formar personas íntegras. Y que, aun así, ha invertido más de mil 089 millones de pesos en seguridad interna desde 2013, aunque no explican si eso incluye el pago de seguridad privada en instalaciones y eventos que, beneficia a un exfuncionario público.

En los hechos, lo que pretende Karla Planter es marcar límites, trazar una línea en la arena que dice: hasta aquí llega el Ejecutivo, y de aquí para adentro manda la autonomía universitaria. Y esa postura, tan necesaria para el grupo Universidad como incómoda para la rectora, parece haber irritado al gobernador, quien salió en medios a declarar que le “extraña” la molestia.

El desencuentro no es menor. Lo que se disputa no son solo luminarias o banquetas, sino el principio mismo de la autonomía universitaria frente al poder político. La historia nos ha mostrado —en Jalisco y fuera de él— que los gobernantes suelen querer rectores obedientes, no críticos; instituciones agradecidas, no independientes.

Pero los agravios se acumulan. En poco más de un mes de gestión, Planter ya ha enfrentado señalamientos sobre deudas con el SIAPA de las anteriores administraciones, tensiones por los nombramientos en los Hospitales Civiles por presentar candidatos inadecuados para los puestos y choques sobre la crisis de desapariciones, tema donde la Universidad ha sido más incisiva que el propio Ejecutivo, aunque la última manifestación frente al Palacio de Gobierno por parte de Zoé y la FEU hubiera sido una vacilada.

Hay que recordar que, con Enrique Alfaro, el pleito por el reetiquetado de recursos del Museo de Ciencias Ambientales fue el epítome de un sexenio de confrontación. Y aunque Lemus prometió no repetir esa historia, sus acciones recientes hacen pensar en lo contrario. Porque cuando un gobernador intenta dictar en qué debe gastar una universidad autónoma, está minando las bases de una convivencia democrática.

Ahora, no se trata de negar que las banquetas, luminarias o señalética sean necesarias. Pero pretender financiarlas con dinero destinado a publicar desplegados y la educación superior es torcer la ley.

El gobernador, por su parte, insiste en que no hay confrontación y que su propuesta fue malinterpretada. Invita al diálogo, mientras sus acciones indican otra cosa. Porque firmar convenios sin hablar, como ocurrió esta semana en Casa Jalisco, es el equivalente político a sonreír mientras se clava la daga.

¿Y qué sigue? A juzgar por los antecedentes, la tensión irá en aumento. Porque lo que está en juego no es sólo un presupuesto, sino un modelo de relación entre poderes. Y eso, en cualquier arena política, no puede resolverse con declaraciones suaves ni acuerdos firmados de prisa.

A los universitarios no les queda más que mantenerse firmes. Porque si algo ha demostrado la UdeG es que no se doblega fácil. Y al gobernador y sus asesores, les vendría bien recordar que la autonomía universitaria no es un favor, es un derecho. Uno que se ha ganado con décadas de lucha, no con oficios ni discursos.

Como decía el viejo refrán jurídico: “Lo que no está dentro de la ley, está fuera del presupuesto”. Y si el presupuesto universitario está en la ley, entonces su uso no debe estar en manos del capricho político.

En X @DEPACHECOS

Opinión, por Miguel Anaya //

Había una vez un pueblo costero, rodeado de mares vibrantes y volcanes dormidos. Su nombre era Garzalandia. Sus habitantes, en su mayoría cangrejos, trabajaban incansablemente, mientras en lo alto, observándolos con mirada serena pero calculadora, reinaban las garzas.

A pesar de que los cangrejos eran muchos más, las garzas habían logrado convencerlos de que la mejor opción para gobernar eran ellas, así, para ser electas, a veces se presentaban en planillas azules, otras ocasiones con planillas naranjas o amarillas, incluso formaron una planilla llena de garzas de distintos colores, qué ya habían gobernado, pero se presentaban como algo nuevo. Los cangrejos discutían acaloradamente cual color era mejor e incluso se peleaban por ello, pues los simpatizantes de alguna u otra garza, a veces llegaban al fanatismo.

Los cangrejos pagaban impuestos que terminaban en los nidos de las aves. Garzas que gastaban lo recaudado en viajes alrededor del mundo con la excusa de que esos gastos eran necesarios para aportar una nueva visión a Garzalandia. Por si fuera poco, en aquel lugar había otro poder igual de influyente: las tortugas. Silenciosas y meticulosas, se movían con paso pausado, pero firme, administrando territorios, cobrando tributos y asegurando que las reglas no escritas de Garzalandia se cumplieran.

A través de décadas, las tortugas habían funcionado como instrumento de control de las garzas, pero durante los últimos años, el poder y crueldad de las tortugas se había incrementado. Nada se movía sin su autorización, y quien intentaba desafiar su orden, pronto descubría su error.

A pesar de lo terrible de la situación, Garzalandia seguía siendo un paraíso en muchos ámbitos: playas doradas, una cultura envidiable, restaurantes llenos de vida, música que alegraba las tardes… pero también un profundo sentimiento de resignación. Cada tres años, las garzas recorrían las casas con promesas renovadas:

«Ahora sí, vamos a cuidar de ustedes.»

«Se acabó la corrupción.»

«Garantizaremos el agua limpia por los próximos 50 años.»

“Por fin solucionaremos el problema de la basura.”

Los cangrejos, esperanzados, votaban. Elegían garzas de distintos plumajes, algunas con atuendos sencillos, otras con palabras cautivadoras, otras calvas… Y luego regresaban a sus vidas, a sus jornadas interminables, al vaivén de promesas que nunca se cumplían, a vivir con miedo.

Mientras tanto, las tortugas seguían su marcha imperturbable. Ellas no cambiaban con las elecciones. No necesitaban discursos, ni votos, ni publicidad. Su autoridad era otra, más tangible, más cotidiana. Para los cangrejos, las tortugas no eran un gobierno; eran una certeza. Y en Garzalandia, la certeza era más fuerte que la esperanza, tanto así que, aunque suene increíble, muchos jóvenes cangrejos aspiraban a convertirse en tortugas, vestían falsas garras y caparazones, escuchaban música qué idolatraba a los reptiles, aunque esas canciones promovieran la violencia contra su propia especie.

Un día, un joven cangrejo se atrevió a preguntar:

—¿Y si dejamos de votar por garzas y elegimos a un cangrejo?

La respuesta llegó pronto, con el tono de resignación que se había arraigado en generaciones:

—No seas ingenuo. Si no votamos por las garzas, las tortugas seguirán gobernando igual. Nosotros, los cangrejos, no podemos cambiar nada.

Y así, la historia continuó:

Las garzas administraban el poder desde lo alto.

Las tortugas reinaban en las calles.

Los cangrejos trabajaban sin parar.

Y Garzalandia seguía su curso, siempre igual.

Pero entre los murmullos del pueblo, algo comenzó a cambiar. Algunos cangrejos dejaron de discutir sobre garzas de distintos colores y empezaron a hablar de comunidad. Dejaron de esperar soluciones desde las alturas y empezaron a construirlas entre ellos. Recordaron sus raíces y promovieron una cultura que resaltaba el orgullo de ser crustáceo.

Se reunieron para proteger sus propios intereses. Se organizaron para cuidar de sus familias. Crearon redes donde la voz de los cangrejos tenía peso, donde sus preocupaciones eran escuchadas.

Descubrieron que el cambio no siempre viene desde arriba. Cambiaron su manera de ver las cosas y sus rutinas, aprendiendo a trabajar en equipo. Entendieron que el ejercicio de gobierno también les correspondía y que si se lo proponían podían avanzar juntos, caminado en distinto sentido al acostumbrado.

Y así, aunque caminar hacia adelante nunca ha sido fácil para un cangrejo, por primera vez, decidieron intentarlo.

Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //

Hay una controversia muy fuerte sobre si ir o no a votar el 1 de junio entrante. Los “a favor” traen ya —incluso– una lista con nombres a los que se debe dar el voto. Así como se lee: a quiénes se debe dar el voto. Y, además, por quienes NO se debe votar.

Esto es una flagrante violación a las leyes, pero lo están haciendo los simpatizantes de los candidatos morenistas no sin antes echar un choro mareador sobre la “histórica” participación del conglomerado para quitarle de las manos a los perversos de la historia (siempre hay que tener un stock de “malvados” para echarles la culpa de todo) a jueces y magistrados del Poder Judicial.

No solo los morenistas “de a pie” andan a marchas forzadas exhortando a la gente a votar. También se ha echado mano de opinólogos, youtubers, eruditos de kermés e informadores que bombardean los medios tradicionales y sociales con sus sesudos análisis y “contundentes” afirmaciones.

Las “coincidencias” que estos espontáneos promotores de la elección del 1 de junio tienen en sus vehementes decires es obvia: 1. Es mejor votar por “los malos” que no votar por nadie; 2. Votar es ““el único medio de cambiar las cosas”; no votar es admitir que ya no hay democracia en este país y, por último, pero no menos importante para los promotores del voto para elegir al nuevo Poder Judicial, es que si dejamos de votar “otros” lo harán por los abstencionistas. Un verdadero retruécano.

Lo que es indiscutible en estos embates en pro de la elección es que hay una “responsabilidad” social en estos comicios que favorecerá (ellos lo aseguran) a que la impunidad, la lentitud en la justicia y, sobre todo, la corrupción del Poder Judicial sea cosa del pasado a partir de la citada renovación y remoción del Poder Judicial Mexicano.

Detractores de la elección popular de jueces, principalmente opositores a la 4T, políticos, periodistas y líderes de redes sociales, usan sus plataformas para desmotivar a los ciudadanos.

Afirman que esta elección es una farsa. Dicen que en realidad los nuevos jueces y magistrados ya están designados y que la votación es solo una simulación para legitimarlos.

Que Morena ha “palomeado” ya a sus huestes de jueces y que solo esperan que llegue el 1 de junio para ratificarlos legalmente. Que “la gente” no debe convalidar esta manera de apoderarse de otro poder (ya tienen el Ejecutivo y el Legislativo) so pena de pasar de una democracia cuestionable a una dictadura descarada.

También que hay una desfachatez de parte de quienes han promovido esta elección porque “ellos saben perfectamente quiénes quedarán y en qué puestos”, dado que hay una maquinaria de selección que ha pasado por varias instancias de gobierno para dar el visto bueno a los futuros jueces y magistrados.

¿Es un acto democrático la elección del 1 de junio? Esto puede señalarse al respecto: Para fortalecer la democracia es muy necesaria la participación ciudadana. A veces a través del voto, de las consultas públicas y la participación en las iniciativas comunitarias.

La Educación Cívica fomenta el ejercicio de derechos y responsabilidades ciudadanas. La democracia requiere respeto a derechos humanos, libertad de expresión, transparencia, rendición de cuentas y un sistema legal equitativo para todos.

Para fortalecer cualquier democracia es menester motivar la participación ciudadana en la toma de decisiones, para lo que se recurre al debate, discusiones y acuerdos políticos.

Hay dos modelos de democracia: directa y representativa. Ambas, se afirma, promueven el desarrollo de una sociedad justa, próspera y equitativa. Ambas fomentan valores como la libertad, la equidad, la justicia, la tolerancia y el respeto a la diversidad.

Si no hay estabilidad económica, política y social, es muy posible que no haya, tampoco, democracia.

Las instancias internacionales señalan que no hay democracia sin instituciones sólidas, competencia multipartidista, elecciones libres, separación de poderes y con impunidad generalizada.

Cuando el poder ya no reside en el pueblo, no es para el pueblo y va en contra del pueblo, afecta a nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres y valores: honradez, lealtad, honestidad, reciprocidad, solidaridad y civismo.

Que cada quién decida, con base en su conocimiento, su cultura, su información y su convicción, si habrá de participar o no en la próxima elección del 1 de junio.