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Las deudas que Alfaro deja de herencia: Compromete 42.6% del gasto que pagará el sexenio de Pablo Lemus

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Por Mario Ávila //

Producto de la contratación de deuda, pero también de contratos adicionales que suman más de 45 mil millones de pesos, el gobernador saliente, Enrique Alfaro Ramírez, le heredará al mandatario entrante, Jesús Pablo Lemus Navarro, pagos que se tendrán que hacer en el año 2025 del orden de los 73 mil 776 millones de pesos, es decir, no podrá disponer del 42.6% del presupuesto de egresos para el año entrante.

Esto implica, que Jalisco deberá destinar una gran parte de sus recursos a cubrir estas obligaciones, lo que evidentemente restringirá enormemente la capacidad del Estado de atender necesidades urgentes como en materia de salud, educación y seguridad.

Ello lo afirma el diputado, Alejandro Barragán Sánchez, quien señala que Alfaro Ramírez, quien deja el cargo el próximo viernes 6 de diciembre, cierra la administración estatal “dejando una estela de desastre, que los jaliscienses pagaremos en los años futuros, ya que el Estado queda sumido en una deuda alarmante, que puede poner en riesgo el futuro económico de Jalisco”.

Explicó el legislador que Enrique Alfaro recibió el gobierno con una deuda de aproximadamente 17 mil millones de pesos, pero al concluir su sexenio, la deuda rebasa los 28 mil millones de pesos.  

Lo más preocupante -dijo-, no solamente es el incremento de la deuda, sino el manejo opaco de los recursos públicos, ya que, durante sus 6 años de gobierno, Alfaro ejerció un gasto de más de 827 mil millones de pesos, pero gastó casi 25 mil millones de pesos más, sin una justificación clara y transparente; esta situación puso entredicho la necesidad de contratar deuda para el Estado, ya que los excedentes anuales de recursos extraordinarios, solventaban la deuda que se contrató.

Sobre los compromisos que Enrique Alfaro adquirió para pagar 45 mil millones de pesos en el 2025, adicionales a la deuda, explica el diputado Alejandro Barragán, que el hecho de que no se catalogue como deuda, no significa que el estado no esté comprometido a pagar una mensualidad por una cantidad tan importante de dinero y reveló que en el futuro hay una serie amplia de contratos, de diferente índole, donde el gobierno del Estado se compromete a hacer esas erogaciones.

De ahí que de acuerdo a lo que ha revisado con se grupo de asesores, para el próximo año “de acuerdo a las cifras que nosotros tenemos, el gobierno del Estado estará comprometiendo el pago, en temas de deuda y de compromisos de otro tipo de pagos, alrededor del 40% del presupuesto de egresos; eso nos parece preocupante, por supuesto que sigo investigando más detalles al respecto, para poder precisar y hacer una nueva estrategia y un nuevo posicionamiento de cara al Presupuesto de Egresos 2025 del que estamos haciendo un análisis. Pero eso es lo que nos pareció importante hacer el señalamiento, junto con el equipo técnico y el equipo jurídico que me acompaña en la oficina de la diputación”.

Advierte que estos compromisos de pagos se encuentran detectados especialmente en temas de movilidad y de transporte, en donde, por un lado, “manejan el tema como si hubiera sido una gran inversión y se adjudican como si la obra hubiera sido ya terminada; sin embargo, hay una deuda muy importante que se estará pagando en los próximos años como el caso de obras de la Línea 4 del Tren Ligero”.

También recordó que ahí está el compromiso que se tiene, en el contrato con las empresas que hacen la verificación vehicular y que independientemente de que vaya o no un vehículo particular a realizar el procedimiento, estarán cobrando un monto pactado mensualmente que se obliga a apagar el Gobierno del Estado.

Y recalcó: “Estoy seguro que este tema dará motivo para que muchos de nosotros, yo principalmente, me comprometo a seguir investigando al respecto y que podemos seguir haciendo público, algo que desafortunadamente no se consultó con la ciudadanía, en el ánimo no solo de poder resolverlo, sino en el ánimo de que no vuelva a pasar en el futuro”.

Recordó también el legislador de Morena y exalcalde de Zapotlán el Grande, que todo ello ocurría, “mientras se quiso sostener una narrativa donde Alfaro acusaba al Gobierno Federal de un supuesto maltrato financiero, al tiempo que lanzaba una amenaza latente de separar a nuestro estado del Pacto Fiscal”.

Nada más falso que eso -expuso-, por el contrario, el crecimiento de las participaciones federales, que tuvieron un récord histórico en las aportaciones ordinarias; al mismo tiempo que en millones de jaliscienses se han visto beneficiados con programas sociales federales que tienen una incidencia muy positiva y directa en la economía local.

Justo en ese tema del federalismo, el diputado Barragán Sánchez, planteó como una postura hasta cierto punto “incongruente” de parte del mandatario jalisciense, al demandar un presunto maltrato de la Federación, pero al mismo tiempo desatender en Jalisco a los municipios que se encuentran fuera de la Zona Metropolitana.

Así es -sentenció-, yo fui alcalde de Zapotlán el Grande del 2021 al 2024 y efectivamente, a pesar de la gran relevancia que tiene Ciudad Guzmán como una capital económica del Sur de Jalisco muy productiva, no tuvimos una aportación de obras, ni de infraestructura, mucho menos apoyo de participaciones, entonces efectivamente cuando se discutía y se debatía el tema de la supuesta ‘injusta’ de redistribución según ellos del pacto fiscal, yo también hacía la referencia de que, Zapotlán el Grande, al ser un productor muy importante que genera enormes cantidades de divisas para el Estado de Jalisco, que es uno de los municipios que le da al Estado de Jalisco esa categoría de exportador agroalimentario, pues no recibió una cantidad proporcional a los ingresos a las divisas a los empleos que generaba.

Sin embargo -abundó-, no me metí yo a ese debate porque al ser yo un político que cree en el federalismo, yo ponía por el contrario, la reflexión de en mi municipio hay colonias que gozan de ciertas condiciones de buenos servicios públicos, de calles de condiciones muy favorables y que quizás las aportaciones que hacen por concepto de predial, pudieran ser, si separamos por colonias, las colonias que más aportan al municipio; sin embargo ese gobierno, en el ánimo de buscar un equilibrio social, trató de disminuir las brechas de desigualdad en las diferentes colonias y mucho de ese dinero se destinó para la atención de problemáticas y colonias mucho menos favorecidas. Un poco ese era el ejemplo que yo puse a lo largo de mi gestión como presidente municipal respecto a la intención que reiteradamente el gobernador Alfaro hizo, respecto a la abandonar el Pacto Fiscal.

Finalmente, sobre las estrategias o determinaciones, que a su juicio debería utilizar el gobernador electo, Pablo Lemus, el diputado Alejandro Barragán, expuso: “No sé si tenga algún día la oportunidad de públicamente o en privado, poder platicar con el señor Pablo Lemus, sin embargo, creo que la fórmula no es muy complicada, es importante reducir el gasto corriente, sobre todo aquellos conceptos que puedan resultar suntuosos, que puedan generar lujos; recomendarle al señor gobernador, que reduzcan los gastos que se hacen respecto a los viajes, las grandes caravanas de funcionarios que a veces acompañan al gobernador y que se concentre en hacer un gobierno austero, un gobierno responsable, que no siga ofendiendo la ya de por sí vapuleada economía de nuestro país y de nuestro estado.

No estoy por supuesto de acuerdo -remató-, en que se le haya comprometido tanto presupuesto para el próximo año, eso definitivamente tendrá una repercusión, no en el gobernador, sino en los servicios y en los proyectos que necesita Jalisco; pero lo que sí debe de hacer el gobierno del Estado, es un esfuerzo de apretarse el cinturón de hacer estrategias financieras que puedan maximizar los recursos y que el dinero se esté destinando principalmente atender los las obligaciones que tiene con la ciudadanía.

 

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Es hora del drenaje profundo, plantea el CICEJ

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Por Gabriel Ibarra Bourjac //

La solución integral de fondo a los problemas de las inundaciones que enfrenta y sufre la metrópoli cada temporal de lluvias es la implementación de un drenaje profundo, un proyecto de infraestructura magna que manejaría exclusivamente el agua pluvial, aliviando la presión sobre el sistema combinado de drenaje actual.

Este sistema, inspirado en proyectos exitosos como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans), requiere una inversión estimada de 20,000 a 25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12 a 15 años.

La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Mirna Avilés, así lo precisa en entrevista con Conciencia Pública y señala que el CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo ya el pago de estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Esto no es algo nuevo, el estudio lo hizo en 2017 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ya hay incluso los análisis de las cuencas, los análisis de dónde podría ser drenaje semiprofundo, en dónde puede ser profundo, ya hay un análisis completo”.

Entonces, lo que hay que hacer es animarse a dar el paso, porque creo que recursos siempre vamos a necesitar, pero alguien se tiene que animar a dar el primer paso. Como sociedad y como ciudad no nos merecemos esta infraestructura, pero también no nos merecemos la falta de toma de decisiones”, precisa Mirna Avilés, experta en temas hidráulicos.

El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica; no solo descargaría agua hacia destinos como la barranca, sino que también permitiría regenerar parte de este volumen para nuevas fuentes de abastecimiento, promoviendo una economía circular del agua.

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) enfrenta cada temporal de lluvias un desafío recurrente: inundaciones que generan pérdidas humanas, daños al patrimonio y caos en la vida cotidiana de sus más de 5 millones de habitantes.

La combinación de una infraestructura hidráulica obsoleta, con tuberías de hasta 70 años, y un crecimiento urbano desordenado ha convertido el agua de lluvia en una amenaza en lugar de un recurso.

La ingeniera Mirna Avilés, ha señalado que este problema no radica en la escasez del agua, sino en una gestión deficiente que requiere soluciones integrales y de largo plazo.

La normalización de las inundaciones, con 570 puntos críticos identificados por la Universidad de Guadalajara y 363 por el Imeplan, evidencia la urgencia de actuar para evitar que la ciudad colapse ante lluvias atípicas agravadas por el cambio climático.

El CICEJ, bajo el liderazgo de Avilés, propone un enfoque transformador que trasciende las soluciones parciales, como los vasos reguladores del Dean y San Rafael, que, a pesar de inversiones millonarias, no han resuelto el problema de raíz.

La solución del CICEJ no se limita a la infraestructura. Avilés aboga por una gestión hídrica integral que combine infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables, con la rehabilitación de colectores obsoletos y la regulación del crecimiento urbano.

La urbanización descontrolada, que ha eliminado áreas verdes esenciales para la infiltración, ha aumentado la velocidad de los escurrimientos, saturando los drenajes.

El CICEJ propone incorporar soluciones basadas en la naturaleza, priorizando al ciudadano y al medio ambiente, para recuperar el equilibrio del ciclo urbano del agua. Este enfoque requiere una visión metropolitana, ya que las acciones aisladas por municipio no abordan la interconexión de las cuencas y subcuencas de la ZMG.

El CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Este modelo, desarrollado en colaboración con gobiernos, universidades y organismos operadores, busca superar la falta de continuidad en las políticas hídricas, que reinician cada sexenio o trienio. Avilés destaca la necesidad de personal técnico en la toma de decisiones y la búsqueda de financiamiento internacional, dado que los temas hídricos son prioritarios a nivel global.

La ZMG, como la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural, no puede seguir postergando decisiones que garanticen su resiliencia frente a las lluvias.

La propuesta del CICEJ, encabezada por Mirna Avilés, representa una oportunidad histórica para transformar la ZMG en una ciudad preparada para los retos del cambio climático y el crecimiento demográfico.

El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica. Con el respaldo del gobierno estatal, federal, municipal y fondos internacionales, este proyecto podría garantizar agua, seguridad y desarrollo sostenible, evitando que las lluvias sigan siendo una amenaza para los ciudadanos. El CICEJ, comprometido con esta visión, no quitará el dedo del renglón hasta que estas soluciones se materialicen.

¿Qué plan integral a mediano y largo plazo proponen los expertos para enfrentar esta problemática y evitar que el caos se agudice?

CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.

En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.

El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.

Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli cercana a los 6 millones de habitantes.

¿Se tiene estimado cuánto sería la inversión?
En 2017, el estudio del IMTA estimó una inversión de 18,000 millones de pesos, pero debe actualizarse debido a la urbanización de zonas verdes y cambios en subcuencas. La inversión podría alcanzar 20,000-25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12-15 años, similar a proyectos internacionales como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans, 18-20 años).

Mirna Avilés precisa con plena convicción: “Es esencial iniciar, aunque sea por fases, para evitar soluciones aisladas que no resuelven el problema estructural”.

¿Cómo se implementaría un proyecto integral para abordar las inundaciones recurrentes en la ZMG, considerando los más de 500 puntos críticos identificados por la UdeG y los más de 300 por el Imeplan?

La solución debe ser integral, analizando los flujos de agua en la cuenca metropolitana, identificando trayectorias, puntos de captación y desahogo. Las discrepancias entre los 570 puntos críticos (UdeG) y 363 (Imeplan) reflejan enfoques municipales fragmentados, lo que requiere un plan unificado.

La presidenta de CICEJ, explica que muchos puntos críticos no solo son por escurrimientos, sino por fallas en la infraestructura actual (fugas, socavones por reblandecimiento de suelos).

Las lluvias atípicas por el cambio climático podrían colapsar la ciudad si no se actúa. Un plan metropolitano debe priorizar la rehabilitación de infraestructura y la gestión integral de cuencas.

La ZMG debe equilibrar el ciclo urbano, evitando desechar el agua de lluvia rápidamente y promoviendo su infiltración local para mantener el ciclo natural, afectado por la urbanización y el cambio climático.

¿Por qué se ha priorizado el transporte, como el macrobús, sobre la infraestructura hídrica en la ZMG, y cómo pueden las autoridades darle mayor atención a la problemática del agua, que ha sido relegada frente a otros temas?

La infraestructura hídrica ha sido relegada porque no es visible y “no da votos”, a diferencia de proyectos como el macrobús. Sin embargo, la falta de soluciones ahora “quita votos” al poner en riesgo vidas y patrimonios.

Las lluvias se han convertido en una amenaza para la ciudadanía, lo que exige decisiones a largo plazo, aunque impliquen un costo político.

El gobierno estatal, con líderes como Pablo Lemus, Ernesto Marroquín, Antonio Juárez Trueva y Mario López, muestra disposición a escuchar y entender el problema, lo que representa una oportunidad para actuar.

¿Quién debe dar el primer paso para implementar estas soluciones?

El gobierno estatal debe liderar, con apoyo federal, municipal, de la academia y asociaciones civiles. Los temas hídricos son prioritarios a nivel mundial, y Jalisco puede acceder a fondos internacionales para financiar proyectos de gran escala.

El CICEJ participa en un plan estatal hídrico 2024-2030 con visión a 25 años, que evitará reiniciar cada sexenio o trienio, marcando una ruta clara.

¿Espera que las autoridades tomen decisiones pronto, especialmente ante eventos como el Mundial?
Se espera que las autoridades diseñen un plan integral, no solo paliativos para el Mundial, sino una infraestructura duradera que beneficie a la ciudadanía a largo plazo.

El CICEJ no cejará en su labor de impulsar soluciones, trabajando con gobiernos y ciudadanos, ya que los profesionistas, como ciudadanos, también viven estas problemáticas.

PUNTOS FUNDAMENTALES:  SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIANO Y LARGO PLAZO

  • Modelo de gestión hídrica: El CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.
  • Estudios previos: En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.
  • Toma de decisiones: Es urgente que las autoridades den el primer paso, respaldadas por personal técnico que entienda las necesidades y soluciones.
  • Colaboración intersectorial: El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.
  • Financiamiento: Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli de 6 millones de habitantes.
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Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión

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Por Mario Ávila //

Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.

Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.

Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.

Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.

Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.

LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”

Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.

La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.

No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.

Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.

Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.

Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.

Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.

ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO

Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.

Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.

Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.

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Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

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Por Mario Ávila //

El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.

Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.

“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.

Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.

Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.

En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.

“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.

A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.

Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.

También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.

El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.

 

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