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El Poder Judicial de Jalisco y el Sistema Jurídico Mexicano: Urgente armonizar normativa estatal con la federal

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Por Luis Enrique Villanueva //

De conformidad con los artículos 124 y 133 de la Constitución General, el sistema jurídico mexicano se constituye por cinco tipos de normas jurídicas: a) normas constitucionales; b) tratados internacionales; c) leyes nacionales y locales; d) normas expedidas por la autoridad administrativa; y, e) resoluciones de la autoridad jurisdiccional.

La gran cantidad de normas vigentes en circulación, hacen del sistema jurídico mexicano uno de los más robustos y en consecuencia con más posibilidades de conflicto entre normas de la misma o diversa jerarquía, como se puede advertir de la siguiente numeralia actualizada al 10 de julio de 2020: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos creada el 5 de febrero de 1917, que consta de 136 artículos y ha sufrido 743 reformas en sus 103 años de vigencia; la primera de ellas el 30 de junio de 1921 y la última el 8 de mayo de 2020; la Constitución Política del Estado de Jalisco, del 8 de julio de 1927, que consta de 119 artículos y 110 reformas aprobadas a la fecha; Los tratados internacionales suman 1,460, de los cuales 809 son bilaterales y 651 son multilaterales; hay 312 leyes generales, expedidas por el Congreso de la Unión en los términos previstos por los artículos 70 y 73 de la constitución; son 301 ordenamientos legislativos expedidos por el Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad con el artículo 35 de su constitución política; 641 reglamentos, decretos, estatutos y demás normas jurídicas expedidas por la autoridad administrativa federal, en los términos de los artículos 89 y 92 constitucionales; 286 reglamentos, decretos órdenes y bandos, expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con base en lo dispuesto por el artículo 50 de la Constitución Política del Estado; y, casi 20,000 mil criterios jurisprudenciales establecidos por la corte y los plenos de circuito que han definido criterios de interpretación para las normas constitucionales, legislativas y tratados internacionales, con fundamento en la facultad prevista por el artículo 94, párrafo décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte, el denominado control difuso, obliga a todo juez a revisar, a la luz de las normas anteriormente reseñadas, la legalidad de los actos y promociones que las diferentes partes procesales someten a su conocimiento, de lo que surgen a pesar de la amplitud del marco normativo, un gran cúmulo de lagunas legales.

Es de destacarse que un sistema jurídico eficiente debe cumplir con condiciones fundamentales de existencia como ser congruente, completo y establecer los principios y procedimientos que permitan prevenir o corregir las indeseables lagunas del derecho, afirmándose el principio que reza: la ley puede tener lagunas, pero el derecho como sistema, en ningún caso.

De ahí la importancia que tiene para el sistema jurídico mexicano el proceso de armonización normativa, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos define como la adaptación e integración normativa que hace posible la interconexión de los diversos ordenamientos jurídicos, de tal manera que al complementarse aseguren la viabilidad del ejercicio y goce del derecho.

LAS REFORMAS A LA CARTA MAGNA

Más aún, en lo que va de la actual Legislatura, el Congreso de la Unión ha aprobado un total de nueve reformas a la carta magna, por las que se adicionaron, modificaron o derogaron un total de 35 artículos constitucionales en los siguientes ámbitos y materias: extinción de dominio, publicada el 14 de marzo de 2019, la cual reformó al artículo 22 y a la fracción XXX del artículo 73; creación de la Guardia Nacional, publicada el 26 de marzo de 2019, reformando, entre otros importantes preceptos, el párrafo décimo del artículo 21; prisión preventiva oficiosa, publicada el 12 de abril de 2019, reformando el segundo párrafo del artículo 19; en materia educativa fue publicada el 15 de mayo y reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la constitución general, cancelando con ello la reforma constitucional en materia educativa del año 2013; paridad entre género, publicada el 6 de junio de 2019, reformando los artículos 2º Apartado A, 41 y 94; comunidades afromexicanas, publicada el 9 de agosto de 2019, por virtud de la cual se adicionó un apartado C al artículo segundo para reconocer a los pueblos y comunidades afromexicanas; revocación de mandato y consultas populares, publicada el 20 de diciembre de 2019, reformando el artículo 35, fracción VIII y IX, 36, fracción III, artículo 41, fracción V, Apartado A relativa a la de revocación de mandato del presidente de la república; condonación de impuestos, publicada el 6 de marzo de 2020 por el que se declara reformado el primer párrafo del artículo 28; y, protección a los grupos vulnerables, publicada el 8 de mayo de 2020, párrafos XIV, XV y XVI del artículo 4º, según la cual el Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley.

742 DECRETOS EN 103 AÑOS

Cabe destacar que de los 742 decretos de reforma a la Constitución General aprobadas en los 103 años de vigencia, casi un tercio de ellas fueron dictaminadas durante la última década, desencadenando un amplio y complejo proceso de armonización convencional y legislativa, toda vez que múltiples ordenamientos tuvieron que ser actualizados y otros más creados, en el sentido de darle marco jurídico a dichas reformas y sin embargo, subsisten vacíos que hoy requieren de un nuevo diseño que vaya de la mano con las tendencias internacionales del derecho y con especial enfoque a la impartición de justicia.

La falta de armonización normativa respecto a las reformas a la Constitución General y la normatividad vigente en el Estado de Jalisco que suman 586 ordenamientos (165 leyes, 10 códigos, 126 leyes de ingresos y 286 reglamentos); los 809 tratados internaciones bilaterales y los 651 multilaterales; y los casi de 20,000 criterios jurisprudenciales, han generado nuevos conflictos y controversias, porque los poderes Legislativo y Ejecutivo, tanto de la Federación como de las entidades; los ayuntamientos y alcaldías, en sus ámbitos de competencias: crean normas jurídicas; derogan normas específicas; abrogan cuerpos normativos; adicionan y reforman normas existentes sin uniformar el sistema jurídico, teniendo como efecto la contradicción entre ordenamientos aplicables, la incompatibilidad o contradicción entre normas constitucionales, leyes federales y estatales, tratados internacionales y criterios jurisprudenciales, así como la falta de sanciones correspondientes al Poder Legislativo al incurrir en omisiones legislativas.

LA PASIVIDAD DEL PODER JUDICIAL DE JALISCO

En Jalisco, el Poder Judicial, por ejemplo, no tiene la posibilidad de una consulta sistemática respecto de las reformas o creación de nuevas normas en materia de impartición de justicia, mientras que el Supremo Tribunal del Estado de Jalisco no presenta iniciativas de reformas de lagunas o contradicciones que surgen en la impartición de justicia, simplemente porque no tiene registro de ello, tan es así que ni siquiera genera criterios de jurisprudencia.

MUERTE POR DESAPARICIÓN FORZADA O SECUESTRO

Por citar un ejemplo, en México, con corte a enero de 2020, se tienen 61 mil 637 personas desaparecidas, 97 por ciento de las cuales son de 2006 a la fecha y el resto entre 2006 y 1964.1

Como se ha visto con los datos señalados con anterioridad es claro que el país pasa por un momento complicado respecto a los temas de desaparición forzada o secuestro, por lo que derivado de lo anterior, el 25 veinticinco de abril de 2015 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se publicó la reforma 25319/LX/15, en la cual se precisaba añadir al artículo 146 del Código Civil del Estado de Jalisco, un párrafo que señalaba lo siguiente:

También serán aplicables cuando la ausencia sea consecuencia de un hecho relacionado con la privación ilegal de la libertad, secuestro o desaparición forzada de personas, en esos casos el término para decretar la presunción de muerte será de tres meses a partir de que se haya denunciado ante la autoridad competente el acto ilícito correspondiente y no exista ningún indicio de que pudiera segur con vida. El Ministerio Público informará de inmediato al juez que conozca el asunto de cualquier dato o hecho que pudiera considerarse indicio de que la persona privada ilegalmente de su libertad continua con vida, lo cual interrumpirá el plazo especial señalado”.

Toda vez que lo que buscaba dicha reforma era reducir el plazo general para la presunción de muerte de tres a dos años y establecer reglas claras para el plazo especial de tres meses, de tal forma que no solo se incluyera la figura del secuestro, sino también la desaparición forzada, ya que como se ha visto en los datos citados con anterioridad, es un mal que acecha no sólo al país, sino también al Estado de Jalisco. Pero aún no es suficiente para atender y reducir los índices derivados de los problemas anteriores.

Para el Modelo de Gobernanza Judicial, es elemental proponer la creación, reforma, o adición de disposiciones constitucionales, leyes estatales y reglamentarias aplicables al Poder Judicial del Estado de Jalisco para su organización, funcionamiento y fortalecimiento, generando con ello un marco normativo armónico, eficaz y eficiente para regular las funciones inherentes al ramo de justicia, entiéndase procuración, impartición, reinserción social y gestión victimológica.

Así pues, para el Modelo, es fundamental promover reformas al marco normativo vigente para prevenir o corregir las lagunas, contradicciones, carencias y distorsiones que afectan la función jurisdiccional; se requiere además realizar estudios de derecho comparado con otras entidades federativas y sistemas jurídicos extranjeros, a fin de garantizar un marco normativo completo y sin contradicciones.

Hace falta, promover el intercambio de estudios y opiniones sobre reformas o creación de nuevas normas en materia de impartición de justicia entre especialistas de la materia, juzgadores, fiscales, asesores de la víctima, defensores públicos, postulantes, mediadores, peritos, corporaciones policiacas, académicos y expertos en seguridad, porque la base que sustenta el éxito del Modelo de Gobernanza Judicial es la participación de todos los operadores del derecho y la sociedad en general.

Es necesario, asignar a una comisión o a los órganos administrativos existentes, el registro ordenado de las lagunas legales y conflicto entre normas que se detecte en el desempeño de la labor jurisdiccional, así como de los criterios de interpretación que las propias salas de segunda instancia generen a partir de las resoluciones que emiten, generando las tesis y jurisprudencias que orienten a juzgadores y litigantes.

Y, desde luego, urge convocar a foros, talleres, mesas de trabajo o reuniones con los legisladores locales para que conozcan de los trabajos realizados en cuanto a la armonización normativa propuesta a la par de desarrollar las iniciativas de reforma en conjunto o separadamente en relación con los temas propios de la justicia.

Son bienvenidas, todas las aportaciones, comentarios y críticas constructivas en los canales abiertos al efecto que se pueden consultar en el portal www.gobernanzajudicial-jalisco.mx, porque juntos podemos dotar al Poder Judicial de Jalisco de un Modelo que le restituya su imagen y lo proyecte de regreso a los primeros lugares del concierto nacional a donde sin duda pertenece.

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JALISCO

La reforma al Ipejal que promueve Alfaro: Ahorro pírrico de solo 3 mdp al mes logrará con tope a pensiones

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Por Mario Ávila //

Con la reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado que propone el Gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, para bajar las pensiones y toparlas a un máximo de 25 veces el salario mínimo, el ahorro que se logrará es de apenas 3 millones de pesos (mdp) por mes, lo que bien podría considerarse una solución pírrica, comparada con la grave situación financiera por la que atraviesa el Ipejal, que está destinado a la quiebra para el 2029.

El mandatario estatal ha enviado su iniciativa al Congreso del Estado, en donde plantea bajar el monto de las pensiones y mover el tope planteado por la ley, que habla de 35 veces el salario mínimo, para quedar en un máximo de 25 salarios mínimos al mes, es decir la mayor pensión sería de 106 mil 275 pesos.

Hoy día, existen 65 servidores públicos que fueron pensionados y que perciben más de los 106 mil 275 que plantea el mandatario jalisciense, lo que significa que el ahorro que podría lograrse con esta determinación sería de apenas 3 millones de pesos al mes.

Entre los pensionados destacan el ex magistrado Eleuterio Valencia Carranza, que recibe una pensión mensual de 207 mil 156 pesos, pero es evidente que la decisión de Alfaro Ramírez tiene dedicatoria en la persona del diputado electo, José María Martínez Martínez, que entrará en funciones en la LXIII Legislatura que inicia el 1 de noviembre y que hace un par de años se jubiló con una pensión de 108 mil 414.10 pesos al mes, lo que significa que de aprobarse la nueva ley, a él le impactaría en una reducción de su pensión de escasos 2 mil 139 pesos cada mes.

Sin embargo, para el caso del ex senador y ex diputado, José María Martínez, que hoy milita en Morena, también se ha dado una instrucción precisa a la Contraloría del Estado, a fin de que revise junto con otros 87 expedientes de pensionados, para determinar si el trámite estuvo apegado a la ley o bien si hubo alguna irregularidad, de ahí que se planteó también la vía de la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

La determinación que inspiró al gobernador Alfaro Ramírez a presentar esta iniciativa de decreto que reforma el artículo 70 fracción II y artículo 153 de la Ley del IPEJAL, es la descapitalización que está sufriendo el Ipejal y que según las valuaciones actuariales más recientes, el periodo de suficiencia y agotamiento del Fondo de Reservas para la institución, será en el año 2029.

En su iniciativa el mandatario jalisciense plantea que “las principales causas de descapitalización del Ipejal, según la consultoría actuarial Valuaciones Actuariales del Norte que presentó resultados el 31 de diciembre del 2019 dice que son: Incremento de la esperanza de vida; decremento de la tasa de natalidad; insuficiencia de aportaciones y esquema de beneficio definido: es decir, pensiones por antigüedad sin importar la edad con el 100% del salario, vitalicias y con traspaso a beneficiarios”.

En la justificación de la iniciativa, Alfaro Ramírez muestra algunos datos estadísticos que hablan de la gravedad de la situación financiera del Ipejal, como es el hecho de que mientras en el año 2013 había 6 trabajadores en activo por cada pensionado; en el 2019 por cada pensionado ya solo hay 3.3 trabajadores afiliados en activo.

Incluso se advierte que a partir del 2019, el pago de nómina de pensionados ha superado los ingresos por aportaciones de afiliados, dejando un déficit de 58 millones de pesos y lo más grave es que la cantidad de pensionado se está elevando considerablemente, ya que mientras en el 2020 se pensionaron 6 mil 292 trabajadores, en el año 2022 se prevé que se duplicaría esta cifra y obtendrían su pensión 13 mil 240 trabajadores al servicio del estado, organismos públicos descentralizados o municipios de la entidad.

Ipejal hoy tiene un número de afiliados de 122 mil 265 trabajadores, con una nómina promedio de 15 mil 450.97 pesos y una nómina anual de 22 mil 669 millones 355 mil 824.75 pesos. Con cerca de 40 mil trabajadores jubilados de los cuales hay 959 pensionados por jubilación con más de 50 mil pesos al mes, que se desempeñaban como servidores públicos de confianza y 133 ex servidores públicos de primer nivel, que tiene una pensión de 90 mil pesos mensuales hacia arriba. La máxima pensión es de 206 mil 736.41 pesos y la menor es de 772.20 pesos mensuales.

Son dos esencialmente las propuestas del gobernador en esta reforma de ley que hace argumentando una “causa de utilidad pública”, una es que el límite de la pensión de 35 veces el salario mínimo (148 mil 785 pesos), baje a 25 veces el salario mínimo para quedar en 106 mil 275 pesos. Y la segunda propuesta es que a las pensiones de más de 50 mil pesos mensuales, se les congelen los aumentos anuales durante un período continuo de tres años.

LAS INVERSIONES FALLIDAS

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, también reveló que ante la Fiscalía Anticorrupción se interpuso una segunda denuncia por probables delitos de fraude, uso indebido de atribuciones y otras conductas delictivas que se pudieran configurar respecto a la inversión de Abengoa.

A la par -dijo-, se trabaja en los distintos temas que envuelven al IPEJAL como Chalacatepec, las Villas Panamericanas y la situación de terrenos en distintos municipios, específicamente Zapopan y Chapala.

Sin descartar -abundó-, una reforma integral a la dependencia emanada de un consenso que convoque el Congreso del Estado, se atienden todas las inversiones y se buscará que haya sanciones ejemplares para recuperar el dinero que se ha perdido.

LAS PENSIONES QUE ESTÁN POR ARRIBA DE LA PROPUESTA DEL GOBERNADOR:

VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO $207,156.41

GODOY PELAYO ALONSO $197,239.61

RODRIGUEZ GUTIERREZ GREGORIO $189,890.26

CHAVEZ GALINDO MARIA CARMELA $182,374.98

GARCIA GONZALEZ JORGE $181,598.95

RUIZ OROZCO EUGENIO RODRIGO $180,805.76

RAMIREZ ACUÑA FRANCISCO JAVIER $178,696.16

HIDALGO Y COSTILLA HERNANDEZ FRANCISCO $177,130.11

ESTRADA NAVA MIGUEL ANGEL $172,908.65

GARABITO GARCIA GILBERTO ERNESTO $172,030.81

RODRIGUEZ GONZALEZ CELSO $171,963.19

SANDOVAL FIGUEROA JORGE LEONEL $171,962.99

CANTERO AGUILAR SALVADOR $171,962.99

ROBLES CHAVEZ ESTEBAN DE LA A. $171,962.99

ORENDAIN CAMACHO JAVIER H. $171,962.99

SOLTERO GUZMAN RAMON $171,962.99

UGARTE PARRA SABAS $171,962.99

ANGULO AGUIRRE JOSE DE JESUS $170,757.00

OLVEDA COLUNGA HUGO $170,210.43

RODRIGUEZ LOPEZ JUAN JOSE $169,984.49

ACOSTA CORDERO CARLOS RAUL $169,844.18

FLORES MARTINEZ GUSTAVO $169,272.43

GONZALEZ BECERRA ALFREDO $168,452.04

MAGALLANES VALENZUELA JOSE M. $168,242.85

MORENO CONTRERAS JOAQUIN $168,242.85

VELAZQUEZ HERNANDEZ J. SOCORRO $167,619.42

IBARRA NAVA ARMANDO $166,553.17

CHAVOLLA CERVANTES ERNESTO $165,558.91

GUERRERO FRANCO GUILLERMO $162,897.91

RAMIREZ ESTRADA JESUS FRANCISCO $160,015.45

RUBIO CONTRERAS ARNOLDO $159,885.86

CAMACHO HERNANDEZ LUIS ERNESTO $158,547.74

ARELLANO PADILLA MARIA TERESA $153,267.50

LOPEZ LARA ROBERTO $148,888.48

SANCHEZ JIMENEZ RAUL $147,522.16

BARBA GARCIA CARLOS MANUEL $146,832.68

GALLO ALVAREZ GABRIEL $140,052.79

GUZMAN ALATORRE ANA BERTHA $139,153.68

ALFARO ANGUIANO CESAR GABRIEL $138,375.19

MENDOZA LOPEZ MARTIN JOSE GPE $138,268.00

HERNANDEZ AMAYA JOSE LUIS $135,589.98

ALCALA DUEÑAS JUAN JOSE $135,341.53

VELAZQUEZ SERRANO FELICITAS $134,746.58

LOPEZ DIAZ BARRIGA MARIA DE LOS M. $133,769.94

GALLARDO FLORES ISIDORO $132,725.52

MURIA ROURET JOSE MARIA $131,607.01

GONZALEZ ALVAREZ JAIME AGUSTIN $128,512.16

CORDOVA BERMUDEZ HECTOR $128,020.75

GARCIA MORA JOSE $127,928.71

TRUJILLO CUEVAS DAVIEL $126,486.38

CASILLAS ROMERO JESUS $125,871.22

FLORES GOMEZ FELIPE $122,767.75

MORQUECHO IBARRA ARMANDO $121,904.38

COSIO GAONA IDOLINA $120,039.87

GUTIERREZ GOMEZ JOSE LUIS $120,022.73

VALENCIA ABUNDIS ALVARO $118,750.38

PEREZ GOMEZ HECTOR RAUL $117,981.47

VILLANUEVA NUÑEZ MARTHA $111,590.90

ARANA ARANA JORGE $111,146.25

LOPEZ RIVAS J TRINIDAD $109,502.17

AYON HERNANDEZ ELISA $108,778.40

MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA $108,414.10

MARQUEZ VILLARREAL ANDREA M. $107,839.26

VILLASEÑOR MORALES HERIBERTO $107,596.97

MEDINA GARCIA ESPIRIDION $107,090.12

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JALISCO

Por definirse el futuro de Charros

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Mujeres y Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Esta semana se podría definir el futuro de Charros y la determinación del nuevo grupo de accionistas, después que los actuales socios mayoritarios que crearon la empresa y hoy en conflicto, se negaron a llegar a un acuerdo, como son Salvador Quirarte y Armando Navarro.

Tanto la Liga Mexicana del Pacífico como el Gobierno del Estado, dueño del estadio de béisbol donde juegan Charros no quieren un equipo en conflicto, ni que ventilen públicamente sus diferencias y trapos sucios, no es sano que esto suceda en el béisbol.

El propietario del estadio de béisbol, el Gobierno del Estado, les dio tiempo a los dos personajes a que se arreglaran, a que uno le comprara al otro y se tasó el costo de acción como punto de partida.

El posible acuerdo se entrampó cuando se llegó a cuántas acciones tenían tanto Salvador Quirarte como Armando Navarro. Al parecer hubo un acuerdo privado entre los dos de compra-venta para terminar en dimes y diretes, de que me vendiste, pero no me pagaste, de que la marca no la entregaste y otros decires.

EL CONCILIADOR

En las negociaciones entre los dos personajes el conciliador ha sido el Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, quien además se distingue por ser un gran aficionado al béisbol. Su buena disposición a llegar a un arreglo está fuera de toda duda.

Durante varios meses se tuvo la disposición a encontrarle una salida para poner fin al conflicto y la finalidad era de que entre ellos, los accionistas, llegaran a un arreglo, aquello no se logró entonces llegó el manotazo cuando se procedió a quitarle la posesión del estadio a Charros propiedad del Gobierno de Jalisco.

Y sin estadio pues no hay béisbol. Ni Chava Quirarte ni Armando Navarro lo vieron venir. En esa tesitura fue cuando la dirigencia de la Liga Mexicana del Pacífico se preocupó.

Seguramente fue en ese momento cuando se abrió el diálogo entre la presidencia de la LMP y el Gobierno del Estado, considerando la posición rígida de las partes en conflicto y se concluyó que habría que salvar al béisbol y que la plaza de Guadalajara tenía que seguir formando parte de la liga invernal que tanto éxito ha tenido en estos 6 años, llegando incluso hasta un campeonato.

En esas condiciones se empezó a buscar a un nuevo grupo de accionistas, por un lado que estuvieran relacionados con el mundo del béisbol y por el otro lado que diera certidumbre y confianza tanto a la Liga Mexicana del Pacífico, como al Gobierno de Jalisco.

Todo parece indicar que se está en la última etapa para que se proceda a hacer el cambio de accionistas, cuando tanto la LMP como el propietario del estadio estarían de acuerdo y faltaría únicamente que tanto Salvador Quirarte como Armando Navarro procedan jurídicamente a hacer la venta de sus acciones.

En caso de que alguna de las partes pretendiera estirar la liga, los factores de decisión tendrían que tomar otra salida, dejar de lado el nombre de Charros de Jalisco y buscar otro nombre al equipo, así como con otros jugadores, no es el escenario deseable, pero es contemplado.

Existe la acusación de un manejo sucio de los ingresos de Charros y se estima que cuando menos andan volando cerca de 70 millones de pesos y esa línea seguramente se profundizaría.

Sin embargo, existe optimismo de que se llegará a un acuerdo en el que el béisbol y la afición beisbolera de Jalisco sea la gran ganadora.

Ni a Salvador Quirarte ni a Armando Navarro les convendría estirar la liga, prolongando un pleito en el que sus acciones que hoy todavía tienen un valor, valgan cero pesos. Y es que sin estadio y sin visto bueno de la LMP, el valor de la marca difícilmente alguien en su sano juicio arriesgaría su dinero para comprar y buscarle dividendos en algo que está empantanado en los tribunales.

EL FIN DE UNA HISTORIA EXITOSA

Es triste que un proyecto exitoso y en el que muy pocos creían haya terminado en los tribunales. Tanto Chava Quirarte como Armando Navarro pasarán a la historia por haber regresado a Jalisco el béisbol profesional, pero algo más importante: el haber logrado que Guadalajara formara parte de la Liga Mexicana del Pacífico de la cual aquí hay muchísima afición, ya que cientos de miles de familias aquí asentadas son de origen norteño, que aquí vinieron a realizar sus estudios profesionales y finalmente aquí se quedaron a vivir.

Recuerdo cuando anuncié en un programa de radio de Hermosillo en el que de vez en cuando participo con comentarios, les di a conocer que Guadalajara formaría parte de la Liga Mexicana del Pacífico. Casi casi me tiraron a Lucas. Lo que les anuncié fue porque tanto Salvador Quirarte como Armando Navarro habían adquirido las acciones del equipo de béisbol de Algodoneros de Guasave a su entonces propietario ingeniero Jaime Castro, lo cual en aquellos días se oficializaría.

Imposible, son sueños guajiros -me dijeron con ironía-. Guadalajara es plaza futbolera, allí el beisbol no pega, no es negocio”. Desde entonces han pasado siete años y el éxito de Charros no tiene discusión.

Pero ahora los que hicieron realidad ese éxito, lamentablemente se tienen que ir, muy contra su voluntad. Son cosas que en la vida suelen pasar. Los humanos somos complicados. Suele pasar que el éxito nos mueve el piso y nos saca de nuestra realidad. Esperamos que los que vengan tengan bien firmes los pies sobre la tierra y la soberbia no les gane cuando el éxito les sonría.

Queda para la reflexión la experiencia de Charros de Jalisco. Dicen que los humanos somos los únicos animales que nos tropezamos más de dos veces con la misma piedra.

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ENTREVISTAS

Enrique Velázquez presentó hace 3 años una propuesta sobre pensiones altas del Ipejal: Se deben bajar y topar en 80 mil pesos

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Por Mario Ávila //

Tal como lo hizo en diciembre del 2018, es decir hace casi ya tres años, el diputado local sin partido, Enrique Velázquez González, insiste en topar las pensiones que otorga el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), en un máximo de 80 mil pesos mensuales, que representarían 19 veces el salario mínimo, 6 puntos debajo de lo que propone el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien plantea recientemente a través de una iniciativa de reforma a la ley, bajarlas a 25 veces el salario mínimo, que serían 106 mil 275 pesos al mes.

Velázquez González, quien además tiene la experiencia de haber sido Secretario General del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, dice conocer los añejos problemas financieros que padece el Ipejal y advierte: “A ver, estos asuntos no son nuevos. Yo hice el análisis, yo la presenté en diciembre del 2018, yo he visto los fondos de pensiones de universidades cuando fui Secretario eneral del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG y te puedo decir, por ejemplo, que a la Universidad de Michoacán le va a salir más barato indemnizar a todo mundo, que pagar las pensiones, está en quiebra totalmente porque no hicieron las reformas oportunamente por miedo, patean el bote pensando que los sindicatos ya no iban a votar por ellos y no toman decisiones inteligentes”.

Yo presenté esta iniciativa hace casi tres años y hasta ahora ya se están preocupando, qué bueno, nada más fíjate la diferencia, la del gobernador la van a sacar en tres o cuatro semanas y la mía ya tiene casi 3 años. La reforma la quieren sacar en agosto”, dijo con cierto tono de reproche el diputado local, que incluso habrá de repetir en el cargo por tres años más, luego de que emigró al partido Hagamos.

Sin embargo, suscribió la propuesta del mandatario jalisciense, pero dijo, que esa iniciativa se debe acompañar de otras acciones como la de crecer la base de trabajadores, como lo planteó el director general del Ipejal, Héctor Pizano Ramos.

A mí me parece una muy buena idea -dijo-, darle a un trabajador supernumerario o eventuales la posibilidad de integrarse al Ipejal como un derecho, no obliga a que sea un trabajador de base; un trabajador que labora 6 años en el gobierno aportó 11.5% del sueldo a Pensiones y el gobierno aportó otro tanto, si se retira, puede retirar algún porcentaje de su fondo, pero se queda la parte del patrón y eso fortalece los sistemas de pensiones. No han entendido que el sistema de pensiones es un fondo solidario que requiere de aportaciones y no es para guardar el dinero en el banco.

Y a propósito de no guardar el dinero en el banco, el diputado Enrique Velázquez comentó: “Es que esa parte de las inversiones es en donde hace falta investigar más, no hay tales desfalcos. Todo mundo habla de que se invirtió en algo y no se ganó, por ejemplo, Abengoa, pero hay otras inversiones que han sido exitosas como la del hotel Four Season; el ejemplo de las Villas Panamericanas, yo propuse que las tiraran, no me gusta que estén ahí y menos que tengan habitabilidad, eso no me agrada, pero habrá de ser negocio para Pensiones porque invirtieron alrededor de 350 millones de pesos y van a recibir 600”.

El dinero de Pensiones no puede estar guardado, debe estarse trabajando, ya que nada más de las aportaciones no puede vivir un sistema de pensiones, yo revisé el sistema de pensiones de California, por ejemplo y ellos prácticamente se convirtieron en banco y el sistema de pensiones de Canadá, prácticamente constituyeron una empresa, invierten en riesgo porque es el que más utilidad deja, invertir en riesgo no significa necesariamente perder, puedes invertir en algunos portafolios que a lo mejor un trimestre te puede dejar pérdidas, puedes invertir en oro, puedes invertir en dólares y pueden perder a lo mejor en el primer año, pero en el segundo o el tercero seguramente vas a ganar. En Chalacatepec se compraron los terrenos a un peso y van a vender a 10, cuando se vendan. Va a ser un gran negocio. Hay que ver hacia donde se está yendo la inversión y qué rendimientos está dando”, expuso el legislador.

CRECE LA ESPERANZA DE VIDA

Sobre el dilema que se enfrenta en el Ipejal sobre las llamadas ‘pensiones doradas’, Enrique Velázquez argumentó: “No únicamente el Ipejal, los sistemas de pensiones del país tienen un serio problema de estructuración, de implementación, son legislaciones muy viejas en el que cuando se autorizaron las pensiones con 30 años de servicio se podrían jubilar alguna persona cuando la esperanza de vida era de 55, 58, 60 años máximo y ahora tenemos una esperanza de vida de 78 años y eso tiene que modificar el sistema de pensiones”.

Todas las aportaciones que tú haces -dijo-, a un sistema de pensiones, te alcanza únicamente para poder vivir 5 años cuando mucho, después de jubilado y desafortunadamente en este país tenemos una gran cantidad de personas de menos de 50 años que ya están jubiladas y el dinero no se inventa, el dinero se produce, no es echar a andar la maquinita y debemos de entender una cosa, el sistema de pensiones de los trabajadores del estado es un sistema de trabajadores burócratas y tenía una intención, que la gente viviera bien los últimos 5 años, 10 máximo y por ello se utilizó un sistema solidario en el que las personas jóvenes trabajan para que puedan vivir personas que ya le dieron toda su vida en el trabajo, llega en el momento en el que cuando la pirámide se empieza a invertir no hay los suficientes trabajadores para poder mantener a tanta cantidad de personas jubiladas. Lo digo en temas financieros, no en temas de derechos.

Hoy la gente tiene el derecho de jubilarse -abundó-, pero desafortunadamente los 30 años para una persona que empieza a trabajar a los 20, a los 50 ya está jubilada y va a vivir por lo menos otros 30 años. Entonces el esquema tiene que cambiar como lo hizo el sistema de pensiones de la Universidad de Guadalajara hace 19 años la Universidad cambió y se implementaron acciones como el hecho de que nadie se podía jubilar, desempeñando puestos directivos, en cambio en Pensiones del Estado vemos personas que fueron secretarios de Estado, regidores, diputados, magistrados, que cumpliendo con la ley se jubilan con el sueldo del último año y en la universidad no hay ningún puesto directivo que se pueda jubilar, ese es un privilegio solo para personal académico o administrativo. La intención es que alcance poquito para todos, porque si no va a alcanzar para muy poquitos o después para nadie.

El tema grave -expuso finalmente el legislador-, no son las pensiones altas, porque al final son legales, el tema grave es que una persona que cotizó toda su vida con una plaza de 8 mil pesos se jubile con 100 mil pesos y lo que se debe revisar cuántos casos así hay, cuántos casos de personas que cotizaron con sueldos bajos y repentinamente un año antes de pensionarse su sueldo se fue a las nubes.

La verdad es que no lo he investigado, nadie lo ha hecho, el meterse a fondo a revisar cuántas personas el último año de su trabajo le prestaron una plaza diferente, una plaza más alta y al no corresponder tu aportación de toda la vida con sólo el último año, pues es un desfalco, eso ellos podrán decir que padre jubilarse con 40 cuando siempre ganabas 10, pero financieramente es inviable. Algo se tiene que hacer, yo digo que se tiene que promediar los últimos 10 años, el gobernador dice que los últimos 3 para sacar el promedio con el que te jubilas. Yo creo que promediando los últimos 10 podríamos tener algo más justo entorno a tu aportación contra lo que recibes.

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