JALISCO
El Poder Judicial de Jalisco y el Sistema Jurídico Mexicano: Urgente armonizar normativa estatal con la federal

Por Luis Enrique Villanueva //
De conformidad con los artículos 124 y 133 de la Constitución General, el sistema jurídico mexicano se constituye por cinco tipos de normas jurídicas: a) normas constitucionales; b) tratados internacionales; c) leyes nacionales y locales; d) normas expedidas por la autoridad administrativa; y, e) resoluciones de la autoridad jurisdiccional.
La gran cantidad de normas vigentes en circulación, hacen del sistema jurídico mexicano uno de los más robustos y en consecuencia con más posibilidades de conflicto entre normas de la misma o diversa jerarquía, como se puede advertir de la siguiente numeralia actualizada al 10 de julio de 2020: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos creada el 5 de febrero de 1917, que consta de 136 artículos y ha sufrido 743 reformas en sus 103 años de vigencia; la primera de ellas el 30 de junio de 1921 y la última el 8 de mayo de 2020; la Constitución Política del Estado de Jalisco, del 8 de julio de 1927, que consta de 119 artículos y 110 reformas aprobadas a la fecha; Los tratados internacionales suman 1,460, de los cuales 809 son bilaterales y 651 son multilaterales; hay 312 leyes generales, expedidas por el Congreso de la Unión en los términos previstos por los artículos 70 y 73 de la constitución; son 301 ordenamientos legislativos expedidos por el Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad con el artículo 35 de su constitución política; 641 reglamentos, decretos, estatutos y demás normas jurídicas expedidas por la autoridad administrativa federal, en los términos de los artículos 89 y 92 constitucionales; 286 reglamentos, decretos órdenes y bandos, expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con base en lo dispuesto por el artículo 50 de la Constitución Política del Estado; y, casi 20,000 mil criterios jurisprudenciales establecidos por la corte y los plenos de circuito que han definido criterios de interpretación para las normas constitucionales, legislativas y tratados internacionales, con fundamento en la facultad prevista por el artículo 94, párrafo décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por su parte, el denominado control difuso, obliga a todo juez a revisar, a la luz de las normas anteriormente reseñadas, la legalidad de los actos y promociones que las diferentes partes procesales someten a su conocimiento, de lo que surgen a pesar de la amplitud del marco normativo, un gran cúmulo de lagunas legales.
Es de destacarse que un sistema jurídico eficiente debe cumplir con condiciones fundamentales de existencia como ser congruente, completo y establecer los principios y procedimientos que permitan prevenir o corregir las indeseables lagunas del derecho, afirmándose el principio que reza: la ley puede tener lagunas, pero el derecho como sistema, en ningún caso.
De ahí la importancia que tiene para el sistema jurídico mexicano el proceso de armonización normativa, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos define como la adaptación e integración normativa que hace posible la interconexión de los diversos ordenamientos jurídicos, de tal manera que al complementarse aseguren la viabilidad del ejercicio y goce del derecho.
LAS REFORMAS A LA CARTA MAGNA
Más aún, en lo que va de la actual Legislatura, el Congreso de la Unión ha aprobado un total de nueve reformas a la carta magna, por las que se adicionaron, modificaron o derogaron un total de 35 artículos constitucionales en los siguientes ámbitos y materias: extinción de dominio, publicada el 14 de marzo de 2019, la cual reformó al artículo 22 y a la fracción XXX del artículo 73; creación de la Guardia Nacional, publicada el 26 de marzo de 2019, reformando, entre otros importantes preceptos, el párrafo décimo del artículo 21; prisión preventiva oficiosa, publicada el 12 de abril de 2019, reformando el segundo párrafo del artículo 19; en materia educativa fue publicada el 15 de mayo y reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la constitución general, cancelando con ello la reforma constitucional en materia educativa del año 2013; paridad entre género, publicada el 6 de junio de 2019, reformando los artículos 2º Apartado A, 41 y 94; comunidades afromexicanas, publicada el 9 de agosto de 2019, por virtud de la cual se adicionó un apartado C al artículo segundo para reconocer a los pueblos y comunidades afromexicanas; revocación de mandato y consultas populares, publicada el 20 de diciembre de 2019, reformando el artículo 35, fracción VIII y IX, 36, fracción III, artículo 41, fracción V, Apartado A relativa a la de revocación de mandato del presidente de la república; condonación de impuestos, publicada el 6 de marzo de 2020 por el que se declara reformado el primer párrafo del artículo 28; y, protección a los grupos vulnerables, publicada el 8 de mayo de 2020, párrafos XIV, XV y XVI del artículo 4º, según la cual el Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley.
742 DECRETOS EN 103 AÑOS
Cabe destacar que de los 742 decretos de reforma a la Constitución General aprobadas en los 103 años de vigencia, casi un tercio de ellas fueron dictaminadas durante la última década, desencadenando un amplio y complejo proceso de armonización convencional y legislativa, toda vez que múltiples ordenamientos tuvieron que ser actualizados y otros más creados, en el sentido de darle marco jurídico a dichas reformas y sin embargo, subsisten vacíos que hoy requieren de un nuevo diseño que vaya de la mano con las tendencias internacionales del derecho y con especial enfoque a la impartición de justicia.
La falta de armonización normativa respecto a las reformas a la Constitución General y la normatividad vigente en el Estado de Jalisco que suman 586 ordenamientos (165 leyes, 10 códigos, 126 leyes de ingresos y 286 reglamentos); los 809 tratados internaciones bilaterales y los 651 multilaterales; y los casi de 20,000 criterios jurisprudenciales, han generado nuevos conflictos y controversias, porque los poderes Legislativo y Ejecutivo, tanto de la Federación como de las entidades; los ayuntamientos y alcaldías, en sus ámbitos de competencias: crean normas jurídicas; derogan normas específicas; abrogan cuerpos normativos; adicionan y reforman normas existentes sin uniformar el sistema jurídico, teniendo como efecto la contradicción entre ordenamientos aplicables, la incompatibilidad o contradicción entre normas constitucionales, leyes federales y estatales, tratados internacionales y criterios jurisprudenciales, así como la falta de sanciones correspondientes al Poder Legislativo al incurrir en omisiones legislativas.
LA PASIVIDAD DEL PODER JUDICIAL DE JALISCO
En Jalisco, el Poder Judicial, por ejemplo, no tiene la posibilidad de una consulta sistemática respecto de las reformas o creación de nuevas normas en materia de impartición de justicia, mientras que el Supremo Tribunal del Estado de Jalisco no presenta iniciativas de reformas de lagunas o contradicciones que surgen en la impartición de justicia, simplemente porque no tiene registro de ello, tan es así que ni siquiera genera criterios de jurisprudencia.
MUERTE POR DESAPARICIÓN FORZADA O SECUESTRO
Por citar un ejemplo, en México, con corte a enero de 2020, se tienen 61 mil 637 personas desaparecidas, 97 por ciento de las cuales son de 2006 a la fecha y el resto entre 2006 y 1964.1
Como se ha visto con los datos señalados con anterioridad es claro que el país pasa por un momento complicado respecto a los temas de desaparición forzada o secuestro, por lo que derivado de lo anterior, el 25 veinticinco de abril de 2015 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se publicó la reforma 25319/LX/15, en la cual se precisaba añadir al artículo 146 del Código Civil del Estado de Jalisco, un párrafo que señalaba lo siguiente:
“También serán aplicables cuando la ausencia sea consecuencia de un hecho relacionado con la privación ilegal de la libertad, secuestro o desaparición forzada de personas, en esos casos el término para decretar la presunción de muerte será de tres meses a partir de que se haya denunciado ante la autoridad competente el acto ilícito correspondiente y no exista ningún indicio de que pudiera segur con vida. El Ministerio Público informará de inmediato al juez que conozca el asunto de cualquier dato o hecho que pudiera considerarse indicio de que la persona privada ilegalmente de su libertad continua con vida, lo cual interrumpirá el plazo especial señalado”.
Toda vez que lo que buscaba dicha reforma era reducir el plazo general para la presunción de muerte de tres a dos años y establecer reglas claras para el plazo especial de tres meses, de tal forma que no solo se incluyera la figura del secuestro, sino también la desaparición forzada, ya que como se ha visto en los datos citados con anterioridad, es un mal que acecha no sólo al país, sino también al Estado de Jalisco. Pero aún no es suficiente para atender y reducir los índices derivados de los problemas anteriores.
Para el Modelo de Gobernanza Judicial, es elemental proponer la creación, reforma, o adición de disposiciones constitucionales, leyes estatales y reglamentarias aplicables al Poder Judicial del Estado de Jalisco para su organización, funcionamiento y fortalecimiento, generando con ello un marco normativo armónico, eficaz y eficiente para regular las funciones inherentes al ramo de justicia, entiéndase procuración, impartición, reinserción social y gestión victimológica.
Así pues, para el Modelo, es fundamental promover reformas al marco normativo vigente para prevenir o corregir las lagunas, contradicciones, carencias y distorsiones que afectan la función jurisdiccional; se requiere además realizar estudios de derecho comparado con otras entidades federativas y sistemas jurídicos extranjeros, a fin de garantizar un marco normativo completo y sin contradicciones.
Hace falta, promover el intercambio de estudios y opiniones sobre reformas o creación de nuevas normas en materia de impartición de justicia entre especialistas de la materia, juzgadores, fiscales, asesores de la víctima, defensores públicos, postulantes, mediadores, peritos, corporaciones policiacas, académicos y expertos en seguridad, porque la base que sustenta el éxito del Modelo de Gobernanza Judicial es la participación de todos los operadores del derecho y la sociedad en general.
Es necesario, asignar a una comisión o a los órganos administrativos existentes, el registro ordenado de las lagunas legales y conflicto entre normas que se detecte en el desempeño de la labor jurisdiccional, así como de los criterios de interpretación que las propias salas de segunda instancia generen a partir de las resoluciones que emiten, generando las tesis y jurisprudencias que orienten a juzgadores y litigantes.
Y, desde luego, urge convocar a foros, talleres, mesas de trabajo o reuniones con los legisladores locales para que conozcan de los trabajos realizados en cuanto a la armonización normativa propuesta a la par de desarrollar las iniciativas de reforma en conjunto o separadamente en relación con los temas propios de la justicia.
Son bienvenidas, todas las aportaciones, comentarios y críticas constructivas en los canales abiertos al efecto que se pueden consultar en el portal www.gobernanzajudicial-jalisco.mx, porque juntos podemos dotar al Poder Judicial de Jalisco de un Modelo que le restituya su imagen y lo proyecte de regreso a los primeros lugares del concierto nacional a donde sin duda pertenece.
JALISCO
Operación a corazón abierto para rescatar al SIAPA

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
El abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) podría convertirse en uno de los principales dolores de cabeza del gobernador Pablo Lemus en su primer año de gestión. Contra lo que aseguró Enrique Alfaro al finalizar su mandato, el abasto de agua no está resuelto para los próximos 50 años, como él afirmó con su habitual grandilocuencia, completamente alejada de la realidad.
Los 3 metros cúbicos por segundo que, según el exgobernador, llegarían de la presa El Zapotillo, simplemente no se han materializado. ¿La razón? No hay una explicación clara. Podría deberse a las obras de interconexión con el sistema de distribución del SIAPA, lo cual sería comprensible, pero las autoridades no lo han aclarado con transparencia.
El panorama se torna entre gris y negro para esta temporada de verano, cuyos calores ya se sienten en abril. Decenas de colonias sufren desabasto, y ni siquiera hablemos del agua achocolatada, dañina para la salud, que sale de las tuberías operadas por el SIAPA.
Pablo Lemus heredó un SIAPA quebrado que necesita ser rescatado, con una cartera vencida superior a los 10,000 millones de pesos y una deuda que lo asfixia, fruto del manejo irresponsable del gobierno de Alfaro. Durante su administración, las tarifas del agua no se ajustaron, una decisión unilateral que agravó la crisis financiera del organismo. Ahora, Lemus enfrenta el desafío de sanear al SIAPA, y su primer gran desgaste político será implementar el aumento del 12.5% en las tarifas, una medida crucial para evitar el colapso total del organismo, que requiere una intervención urgente, equivalente a una operación a corazón abierto.
Los compromisos de Pablo y Verónica
En sus campañas por la gubernatura y la alcaldía de Guadalajara, tanto Pablo Lemus como Verónica Delgadillo asumieron compromisos contundentes en materia de infraestructura hídrica. En una ZMG donde el 40% del agua se pierde por fugas y el SIAPA arrastra una deuda de 17,900 millones de pesos, Delgadillo, entonces candidata de Movimiento Ciudadano, puso el dedo en la llaga durante el primer debate organizado por Quiero TV.
Su propuesta consiste en invertir 8,500 millones de pesos para renovar el 22% de las tuberías obsoletas de la ciudad, unos 550 kilómetros de los 2,500 totales, y así comenzar a resolver el problema de las fugas y la calidad del agua que llega a los hogares tapatíos. Es un compromiso técnico y necesario, pero también un desafío político: ¿está Guadalajara lista para priorizar el agua sobre proyectos que “dan votos”?
La crisis hídrica en Jalisco no es nueva, pero su manejo ha sido desastroso. Durante 30 años, desde el gobierno de Guillermo Cosío, se habló de traer agua del Río Verde para la ZMG. Proyectos como Arcediano y El Zapotillo prometieron hasta 8 metros cúbicos por segundo, pero tras décadas de politiquería, conflictos sociales y corrupción, ni siquiera se alcanzan los 3 metros cúbicos anunciados.
En contrasentido, se han invertido decenas de miles de millones de pesos en proyectos fallidos; se estima que el costo del Zapotillo podría superar los 71,000 millones de pesos, un verdadero monumento al despilfarro.
Mientras tanto, las tuberías de Guadalajara, con más de 50 años de antigüedad, pierden más agua de la que el Zapotillo podría aportar. Delgadillo, como candidata, propuso un plan a mediano y largo plazo, que podría tomar 12 o 15 años, para renovar gradualmente la red y minimizar las afectaciones a los usuarios. Es una apuesta responsable, pero poco atractiva electoralmente: las tuberías están enterradas, no se ven ni generan fotos espectaculares como patrullas o motos.
La irresponsabilidad histórica de las autoridades es evidente. Los expresidentes municipales de Guadalajara evitaron este problema porque “no da votos”. Prefirieron obras visibles a soluciones estructurales, dejando que el SIAPA se convirtiera en un desastre financiero y operativo. En 2024, el organismo enfrentaba una deuda de 17,900 millones de pesos, triplicada durante el gobierno de Alfaro.
La politización del SIAPA ha sido letal: en ese sexenio, se designó a personas sin experiencia técnica, y la falta de autonomía municipal lo convirtió en una agencia de colocaciones políticas. El resultado es un agua de color chocolate que indigna a los tapatíos y cortes de suministro como los de Tlaquepaque en marzo de 2025.
La propuesta de Delgadillo, que Lemus también planteó como candidato, ahora enfrenta retos como autoridad. Los 8,500 millones de pesos son una inversión inicial significativa, pero el presupuesto municipal de Guadalajara (15,000 millones en 2024) está limitado por otras prioridades, como la recolección de basura, que ya le cuesta a Delgadillo 600 millones en camiones recolectores.
Además, la resistencia ciudadana al ajuste tarifario del 12.5%, propuesto en abril de 2025, podría complicar el financiamiento. Expertos como Arturo Gleason, de la UdeG, sugieren alternativas sostenibles, como captar agua de lluvia, que podría aportar 5.4 metros cúbicos por segundo, casi el doble de lo que ofrece el Zapotillo, pero esto no es viable a corto plazo.
El presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara es muy limitado, habrá que ver de esa inversión de 8 mil 500 millones de pesos que canalizará el gobierno de Jalisco, qué porcentaje se destinarán para renovar las obsoletas tuberías de Guadalajara.
Ante la realidad que vivimos con un SIAPA en bancarrota que están buscando la fórmula para rescatarlo, se ve muy complicado que la promesa de campaña de Verónica Delgadillo la pueda cumplir, al menos en este primer año, además del costo que significa abrir las calles de la ciudad, por los efectos que tiene en la vialidad.
El agua en Jalisco ha sido rehén de la mala política. Mientras actores de todos los colores usaron el tema para sacar raja electoral, la ZMG, con 5.26 millones de habitantes, sigue al borde del colapso hídrico. La propuesta de Delgadillo, hoy alcaldesa, es un primer paso, pero requiere continuidad, voluntad política y un SIAPA rescatado de la politiquería.
Si no se actúa con seriedad, en los próximos años estaremos lamentando no haber enterrado esas tuberías cuando aún había tiempo. Guadalajara merece más que promesas: merece agua.
ENTREVISTAS
CICEJ advierte: Jalisco enfrenta una crisis hídrica que urge soluciones integrales y un rescate del SIAPA

Por Raúl Cantú //
Con el Lago de Chapala al 50.8% de su capacidad y el SIAPA al borde del colapso financiero, la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Mirna Avilés Mis, advirtió que el abasto sostenido de agua en la entidad está en riesgo.
En un posicionamiento técnico, el organismo llamó a replantear estrategias de captación y suministro, modernizar la infraestructura hídrica y sanear las finanzas del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para garantizar agua de calidad a los jaliscienses.
Mirna Avilés señaló que la crisis hídrica en Jalisco es el resultado de años de negligencia. “Hay un problema grave en el SIAPA, derivado de un manejo mediocre, falta de mantenimiento e inversión”, afirmó.
Actualmente, la calidad del agua es deficiente y los volúmenes son insuficientes para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), que depende en gran medida del Lago de Chapala, su principal fuente de abasto, operando al 50.8% de capacidad según datos del Sistema Nacional de Información del Agua al 17 de abril.
El CICEJ propuso soluciones técnicas en dos etapas. A corto plazo, modernizar las plantas potabilizadoras para mejorar la calidad del agua. “El agua que llega debe estar limpia y en buen estado”, subrayó Avilés Mis.
A mediano plazo, se debe construir un segundo acueducto Chapala-Guadalajara, ya que el actual pierde grandes volúmenes por evaporación y filtraciones en el canal de Atequiza. “Si esta infraestructura colapsa durante el estiaje, Guadalajara enfrentará un problema grave”, advirtió. También urgió renovar la red de tuberías de la ZMG, muchas de las cuales han superado su vida útil.
En el ámbito financiero, destacó la necesidad de sanear al SIAPA, que enfrenta una crisis económica agravada por un ataque cibernético el 11 de abril que afectó sus sistemas de cobro. Propuso actualizar las tarifas en un 12.5%, una medida respaldada por el CICEJ para reducir el déficit del organismo, ya que los ingresos actuales no cubren los costos de extracción, potabilización y distribución.
“No se cobra el agua, sino el servicio. Sin un ajuste, el SIAPA no puede operar”, explicó. Además, llamó a recuperar la cartera vencida, estimada en 17,000 millones de pesos, de los cuales al menos 10,000 millones podrían obtenerse rápidamente de grandes consumidores, aunque el 55-60% corresponde a usuarios habitacionales.
Avilés Mis enfatizó que las soluciones deben ser técnicas, no políticas. “Desde el CICEJ impulsamos una responsabilidad compartida. Jalisco necesita agua, energía e infraestructura para seguir siendo un polo de desarrollo, pero sin un SIAPA robusto, no podrá acceder a financiamiento ni garantizar el abasto”, afirmó. Frente al estiaje de mayo, el más severo del año, el CICEJ exige acciones inmediatas para evitar un colapso que deje a la ZMG sin agua y comprometa su futuro.
JALISCO Y SU INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Mirna Avilés Mis se ha especializado a lo largo de su carrera profesional en materia hidráulica, por lo que hace un análisis del presente de Jalisco en la materia, como lo hizo previo a la elección como presidenta de CICEJ.
Dijo que Jalisco está a tiempo de garantizar el recurso, solo hay que hacer la infraestructura necesaria. “El estado tiene un beneficio que es su ubicación geográfica, tenemos muchas partes para el abastecimiento, nuestro problema no es una escasez, sino una gestión del agua”.
“Cuando hablamos de inundaciones, en lluvias nos ahogamos y en estiajes estamos batallando, hay que aprovechar lo que tenemos e invertir para garantizar el recurso. El tema es que sí está el volumen de agua, pero cómo lo llevamos a las casas y damos servicios de calidad a los ciudadanos”.
En el mismo orden de ideas, resaltó propuestas como la del gobernador electo Pablo Lemus para renovar el acueducto de Chapala, por lo cual como técnicos siempre apelarán a este tipo de obras de gran calado en beneficio de los ciudadanos.
“Está en un punto muy importante, es una coyuntura medular, si se mantiene con una visión de invertir, atender el tema hídrico, vamos a quedar bien, Jalisco tiene una excelente posición geográfica, para la atracción de capitales económicos, tenemos todo para detonar otro tipo de desarrollo, pero tenemos que garantizar agua, energía e infraestructura”.
El 19 de noviembre de 2024 Mirna Avilés fue electa presidenta del CICEJ.
SE REQUIEREN 8 MIL MILLONES DE PESOS EN PRÓXIMOS 30 AÑOS: DEBE HABER UN CAMBIO CULTURAL EN HÁBITOS DE CONSUMO
En junio del 2024, Mirna Aideé Avilés Mis, entonces Coordinadora de Proyectos Especiales en Materia Hídrica del CICEJ, hizo énfasis que para garantizar el abasto de agua en la entidad durante los próximos 30 años requiere una inversión anual de 8,000 millones de pesos y un cambio profundo en los hábitos de consumo.
Tras una gira por Asia, el organismo propuso 82 iniciativas, incluyendo un Instituto de Investigación y campañas educativas desde la infancia, para transformar la gestión hídrica en el estado.
Mirna Aideé Avilés Mis, Coordinadora de Proyectos Especiales en Materia Hídrica del CICEJ, señaló que la crisis del agua en Jalisco es insostenible. “Aunque invirtamos en infraestructura, no funcionará sin un cambio cultural en el uso del agua. Estamos en una coyuntura clave para construir el Jalisco de las próximas tres décadas”, afirmó.
Según el CICEJ, el 80% del agua en el estado es consumida por los sectores agrícola e industrial, lo que exige programas específicos para estos usuarios, además de campañas de concientización dirigidas a la población general.
Durante una gira de 17 días por Corea del Sur, Japón y Singapur, miembros del CICEJ estudiaron modelos de gestión hídrica avanzados. En Corea, observaron un sistema de tratamiento de aguas residuales que permite su reutilización para potabilización, un modelo que podría aplicarse en Jalisco para reducir la dependencia del Lago de Chapala, afectado por la contaminación del Río Santiago.
En Singapur, destacaron las campañas educativas que fomentan el cuidado del agua desde la infancia, una práctica que el CICEJ propone replicar mediante talleres escolares y un Instituto de Investigación Hídrica local para desarrollar soluciones adaptadas al contexto jalisciense.
El entonces presidente del CICEJ, Luis Barbosa Niño, anunció que presentarán estas 82 propuestas a las autoridades actuales y entrantes, incluyendo al gobernador electo Pablo Lemus, quien asumirá el cargo en diciembre de 2024.
Entre las iniciativas, destacan la modernización de la infraestructura hídrica y la creación de programas estatales permanentes para el cuidado del agua y el medio ambiente. “Necesitamos rehabilitar tuberías, plantas potabilizadoras y acueductos de forma continua, pero también educar a la población y a los sectores productivos”, enfatizó Barbosa.
Un hallazgo clave de la gira fue el interés de Corea del Sur en invertir 5,000 millones de dólares en México, según informó el embajador Carlos Peñafiel Soto. Sin embargo, esta inversión depende de garantizar agua, energía e infraestructura, elementos que Jalisco no puede asegurar actualmente.
La crisis del SIAPA, que pierde hasta el 40% del agua por fugas y enfrenta una cartera vencida de 17,000 millones de pesos, agrava el panorama. Además, la presa El Zapotillo, promovida por Enrique Alfaro como la solución para 50 años, opera a una capacidad reducida (3,000 l/s frente a los 8,600 l/s prometidos inicialmente), según datos de la CEA en 2024.
Avilés Mis advirtió que sin una inversión sostenida de 8,000 millones de pesos anuales, Jalisco enfrentará un colapso hídrico que frenará su desarrollo económico y social. “No basta con megaproyectos. Necesitamos un enfoque integral: infraestructura moderna, educación y corresponsabilidad ciudadana. Si no actuamos ahora, el costo será mucho mayor en el futuro”, concluyó.
LA PROPUESTA DEL GOBERNADOR PABLO LEMUS
La propuesta del gobernador Pablo Lemus para evitar el colapso hídrico en Jalisco, especialmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), se centra en una combinación de inversión en infraestructura, modernización del sistema hídrico y estrategias de abasto sostenible.
Lemus ha priorizado la renovación de la red hidráulica del SIAPA, destinando 8,000 millones de pesos para rehabilitar tuberías y el acueducto Chapala-Guadalajara. Esto busca reducir las fugas, que representan hasta el 40% del agua, según Verónica Delgadillo en 2024, y mejorar la calidad del suministro en la ZMG.
En diciembre de 2024 Pablo Lemus, anunció un presupuesto histórico para el SIAPA de 1,525 millones de pesos para 2025, además de la operación de la presa El Zapotillo, que se dijo aportará 3 metros cúbicos por segundo a la metrópoli, beneficiando a 1.1 millones de habitantes, principalmente en el norte de Guadalajara.
También se inauguró la primera etapa de la Planta Potabilizadora número 5 en Tlajomulco en noviembre de 2024, y se amplió la planta de tratamiento El Ahogado, que tratará 2,600 litros por segundo para uso industrial, reduciendo la presión sobre los acuíferos.
Otra medida clave es la captación de agua de lluvia. Lemus, quien implementó el programa Nidos de Lluvia como alcalde de Zapopan y Guadalajara, propuso en abril de 2024 destinar 150 millones de pesos anuales para instalar 5,800 sistemas de captación en casas, escuelas y mercados, proyectando 34,800 sistemas en su sexenio. Esto busca mejorar el acceso al agua en comunidades vulnerables y recargar acuíferos en zonas como El Bajío y Bosque de los Colomos.
Lemus también ha impulsado la tecnificación del campo, promoviendo el riego por goteo y certificaciones para productos agrícolas sostenibles, ya que la agricultura consume el 80% del agua en Jalisco, según el CICEJ. Además, busca sanear el Río Santiago, un compromiso compartido con la presidenta Claudia Sheinbaum, trabajando con la Conagua para definir proyectos prioritarios.
En marzo de 2025, Lemus enfrentó una crisis en la ZMG por la manipulación de compuertas en el canal de Atequiza, que afectó el suministro a la Planta Potabilizadora 1. Su respuesta incluyó operativos policiales para cerrar las compuertas y garantizar el abasto, prometiendo regularizar el servicio en cinco días. El 23 de abril, afirmó que no habría tandeos en la ZMG, destacando que las presas estaban en niveles óptimos, aunque llamó a la población a cuidar el agua.
ENTREVISTAS
Cipriano Manzanilla, candidato a juez penal del distrito 3: «Por una experiencia cercana a la gente y transparente»

Por Diego Morales Heredia //
Con más de 25 años de experiencia en derecho penal, incluyendo una breve etapa en el Poder Judicial, Cipriano Manzanilla se postula como candidato a juez penal del tercer distrito. Su campaña se centra en una justicia accesible, transparente y con un enfoque firme en los derechos humanos.
UN PROCESO ELECTORAL DESAFIANTE
Manzanilla describe el proceso electoral como “sui generis” debido a la falta de claridad en las reglas: “Inicialmente, no había lineamientos para la propaganda. Luego permitieron volantes, redes sociales y foros, pero sin pautas claras. La única forma de llegar a la ciudadanía es a través de entrevistas, pláticas en universidades y redes, sin contrataciones”.
A través de estos medios, ha compartido sus propuestas, destacando tres ejes:
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Justicia cercana: Una oficina de puertas abiertas para todas las partes involucradas, asegurando un trato igualitario. “Quiero conocer el sentir de las personas, no solo lo que está en un expediente”.
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Lenguaje claro: Sentencias comprensibles, sin tecnicismos, para que cualquier ciudadano las entienda.
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Menos formalismos: Evitar el rechazo de demandas por cuestiones técnicas, priorizando el acceso a la justicia.
INDEPENDENCIA GARANTIZADA
Ante las preocupaciones sobre la autonomía del Poder Judicial, Manzanilla subraya: “La ley establece que el Poder Judicial es independiente. Mi compromiso es actuar con legalidad, sin ceder a presiones. La elección ciudadana me hará responsable únicamente ante la gente, no ante gobernantes o legisladores. Si hay presiones de entes fácticos, no cederé y, de ser necesario, denunciaré”.
Sobre los principios constitucionales, destaca:
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Derechos humanos: Juzgar siempre con esta perspectiva.
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Legalidad: Los ciudadanos pueden hacer lo no prohibido; las autoridades, solo lo expresamente permitido.
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Debido proceso: Garantizar notificación, defensa y oportunidad probatoria.
Además, resalta la supremacía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte: “Si un tratado dice una cosa y una ley otra, prevalece el tratado”.
Agrega: “El artículo 133 de la Constitución se ha ido modificando, más allá del texto, la interpretación que se ha dado, hoy en día, principalmente en derechos humanos, la propia corte ha dicho que cuando tienes un tratado que dice una cosa y una ley que dice otra, tiene la supremacía el tratado internacional. Esa es la jerarquía que ha marcado la corte”.
TRANSPARENCIA COMO PRIORIDAD
La transparencia es un pilar de su campaña. Propone sentencias con lenguaje sencillo y apartados explicativos en términos coloquiales, además de versiones públicas que protejan datos personales. “Quiero que cualquier ciudadano, sin ser abogado, entienda las resoluciones”, afirma.
Manzanilla también enfatiza la ética profesional: “En mi paso por el Poder Judicial, un amigo quiso hablar de un caso en trámite. Le dije que la amistad es intocable, pero los asuntos judiciales se tratan en el juzgado. La ética está por encima de todo; la ley se aplica igual para amigos y adversarios”.
UNA JUSTICIA HUMANA Y EQUITATIVA
Para Manzanilla, la justicia debe basarse en la legalidad, la independencia y el debido proceso, pero también ser cercana: “No siempre podré recibir a todos, pero dedicaré días para escuchar a los justiciables en igualdad de condiciones”.
Añadió: “Hay que juzgar con perspectiva en derechos humanos, con especial enfoque en la protección a las mujeres, a la diversidad, a los menores, a los indígenas, a estos últimos hay que juzgarlos respetando su autonomía, atendiendo su contexto social. Hay que aplicar la justicia sin mirar a quién”.
UN LLAMADO AL VOTO
Motivado por su familia, su desarrollo profesional y el deseo de un país más justo, Manzanilla invita a la ciudadanía a conocer su perfil y apoyarlo en las elecciones del 1 de junio. “Queda mayo para seguir en campaña, en redes, universidades y foros. La reforma judicial ya está en marcha; ahora invito a la gente a votar. Soy una persona capacitada, honesta y con experiencia. Espero contar con su confianza”.
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