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Política Global: De cómo el imperio destruye a Julian Assange y a Wikileaks

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Con información Agencia de Noticias Sputnik //

Ya es de conocimiento mundial que cuando un ser humano entra en la mira de los servicios de inteligencia en cualquier país del mundo por considerarlo un «peligro para la seguridad nacional» todo el sistema represivo se lanza contra este hombre o mujer hasta destruirle o desprestigiarle.

Así está pasando con Julian Assange, uno de los tres pilares de WikiLeaks, quien abrió los ojos al mundo entero sobre los crímenes y las atrocidades que estaban cometiendo EEUU y sus obedientes sirvientes de la OTAN en el Oriente Medio al lanzar su ‘guerra permanente’ para apoderarse de los recursos nacionales de Irak, Afganistán, Libia, Somalia, Siria. Ahora, este valiente comunicador social está recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres, conocida como el ‘Guantánamo británico’ y con la salud seriamente decaída.

Lo trágico de este caso consiste en que todo el proceso contra Assange está basado en la decisión de Washington de considerarlo culpable hasta que se demuestre su inocencia en los 18 cargos sobre el rol de Julian Assange en la revelación de crímenes de guerra de EEUU en Irak y Afganistán publicados entre 2011-2012 por WikiLeaks y conspiración diplomática global.

Sin embargo, la arremetida de Washington contra WikiLeaks arrancó ya en 2009 después de la divulgación de un video del tiroteo a periodistas en Bagdad el 13 de julio de 2007 por un helicóptero militar norteamericano. La publicación por WikiLeaks del ‘Diario de Guerra en Afganistán’ el 25 de julio de 2010 hizo intensificar aún más la irritación de la Casa Blanca.

En 2017, el entonces director de la CIA y hoy secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró una guerra abierta contra los tres pilares de WikiLeaks: Julian Assange, el abogado y activista Jacob Appelbaum y el relacionista público Trevor Fitzgibbon.

Por una simple decisión política del ‘establishment’ norteamericano, el Departamento de Justicia de EEUU se convirtió en un ‘inquisidor’ global del siglo XXI que concentró su mirada primero en Julian Assange, lanzando, según el relator especial de las Naciones Unidas sobre Tortura y Penas Crueles, Nils Melzer, «una campaña implacable y desenfrenada de acoso público, difamación e intimidación de Julian Assange no solo en EEUU sino en Reino Unido, Suecia y Ecuador».

Melzer señaló también que «en 20 años de trabajo con las víctimas de la guerra, la violencia y la persecución política, nunca vi a un grupo de estados democráticos asociarse deliberadamente para aislar, satanizar y abusar de un solo individuo por tanto tiempo, con tan poco respeto por la dignidad humana y el imperio de la ley».

El ‘modus operandi’ del sistema de represión globalizada dirigida por Washington ha tenido de preferencia desde hace bastante tiempo el uso de la táctica de rumores, denuncias y acusaciones relacionadas con el sexo como acoso sexual, ataque sexual, violación, homosexualismo para dañar la reputación pública del personaje que atenta a desafiar el sistema político y social existente.

El acusado por muy inocente que sea se convierte en una víctima señalada y manchada como un «violador en serie». El sistema sabe que esta táctica produce un efecto inmediato negativo sobre la capacidad de producción de esta persona y afecta seriamente su estado de ánimo y mental. Así hicieron con Julian Assange cuando dos mujeres, la periodista y feminista sueca Anna Ardin de 30 años y su amiga Sofia Wilden de 26 años denunciaron al fundador de WikiLeaks por abuso sexual y reconociendo al mismo tiempo que el sexo en ambos casos fue consensuado.

Fue una operación bien montada contra Assange, aceptando el Scotland Yard la acusación de supuestas ‘víctimas’ de coerción ilegal y abuso sexual sin presentar las afectadas alguna prueba concreta contra su victimario. El preservativo que presentó Anna Ardin no reveló ADN ni de ella ni de Assange. Sin embargo, el fundador de WikiLeaks fue arrestado bajo sospechas y sin cargos de violación y después fue liberado bajo fianza mientras se estudiaba su posible extradición a Suecia que a su vez podía entregarlo a EEUU donde sería juzgado por espionaje

EL PRESIDENTE DE ECUADOR LO ENTREGÓ

Después que la Corte británica determinara extraditarlo a Suecia, Assange pidió en 2012 asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, donde se quedó durante siete años sin asistencia médica. El 11 de abril de 2019, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, tras recibir promesas de Washington de nuevos créditos financieros para su país, suspendió el asilo de Assange y lo entregó a Scotland Yard, que lo sacó a rastras de la Embajada ecuatoriana y lo trasladó a la prisión de Belmarsh, donde estuvo durante un tiempo en el hospital de la cárcel debido al serio deterioro de su salud, llegando al extremo de no poder sostener una simple conversación con sus abogados.

El sistema represivo globalizado tampoco dejó en paz a otros dos pilares de WikiLeaks: el activista y abogado Jacob Appelbaum y el relacionista público Trevor Fitzgibbon. La periodista Suzie Dawson describió en su ensayo ‘Freeing Julian Assange’ como la prensa globalizada se empeñó en destruir sus carreras, sus finanzas y hasta el matrimonio de Jacob creando imagen de ‘violadores en serie’ sin presentar ninguna prueba concreta. Bastaron rumores, mentiras, insinuaciones, alegaciones para convertirlos en unos depredadores sexuales. Tan fuerte fue la guerra informativa contra Trevor que 70 organizaciones progresistas lo repudiaron.

En 2018 el periodista islandés Kristinn Hrafnsson, nombrado editor jefe de WikiLeaks, fue acusado por los medios de comunicación globalizados de ser violento con las mujeres sin presentar ninguna prueba. El otro colaborador de WikiLeaks, Matt DeHart, exanalista de inteligencia de EEUU y miembro del grupo de piratas informativos, fue tildado de perverso y se le inventó la tenencia de pornografía infantil que indignó a la opinión pública a tal extremo que inclusive Edward Snowden atacó a Matt. Resultó que esta táctica usada con fines políticos funcionó a la perfección para hacer debilitar a WikiLeaks.

Mientras todo esto estaba sucediendo, los agentes del FBI estaban extremadamente activos interrogando a su informante islandés Sigurdur Thordarson, quien se convirtió en el principal acusador de Assange. En mayo pasado, la agente especial del FBI Megan Brown, quien está a cargo de investigación contra Assange, viajó a Islandia junto con el fiscal Kellen Dwyer del Distrito Oriental de Virginia para interrogar a Thordarson. Este informante no tiene mucha credibilidad por tener un historial criminal.

Este personaje había sido un colaborador de WikiLeaks en Islandia desde 2010 hasta que en 2011 cuando se contactó con la embajada norteamericana en Reikiavik ofreciendo ayuda a EEUU en investigación criminal relacionada con Julian Assange. Entre 2011 y 2012 Thordarson entregó a las autoridades norteamericanas ocho discos duros de información perteneciente a WikiLeaks por los cuales recibió miles de dólares en recompensa.

El arresto y el traslado de Assange al ‘Guantánamo británico’ está demostrando el poder de largo brazo de Washington que ya estaba seguro que el fundador de WikiLeaks sería extraditado a EEUU tarde o temprano y donde sería acusado de contactar con la analista del Departamento de Defensa, Chelsea Manning, para «obtener ilegalmente documentos clasificados relacionados con los secretos de defensa nacional y su posterior publicación».

El Departamento de Justicia de EEUU ya presentó 18 cargos contra este comunicador social y el secretario de Interior de Reino Unido, Sajid Javid, no se dejó esperar y firmó una solicitud formal para extraditar a Assange a EEUU donde el Gran Jurado le podría condenar hasta 175 años de prisión. El Tratado de Extradición entre Washington y Londres fue firmado y ratificado en 2007 sin necesidad de presentar evidencias sustanciales para proceder con extradición.

Ahora todo depende de la decisión de la justicia británica. El pasado 14 de mayo durante la sesión de procedimiento la jueza de la Corte de Magistrados de Westminster, Emma Arbuthnot, ordenó para el 25 de febrero 2020 una audiencia con una duración prevista de cinco días para revisar la extradición de Julian Assange a EEUU.

Se prevé también vistas preliminares en julio y octubre próximos. Si tomamos en cuenta que el esposo de la magistrada, James Arbuthnot, es exdirector de Security Intelligence Consultancy SC Strategy Ltd., la empresa privada británica de inteligencia cuya ‘labor’ fue divulgada en más de 500 informes de WikiLeaks, ya podemos darnos cuenta del veredicto que espera al periodista y activista Julian Assange.

Lo nuevo de este caso es la aparición inmediata de lo que se llama ‘Efecto Assange’, que consiste en el inicio de una nueva ola de ‘cacería de brujas’ contra el periodismo de investigación y el pensamiento alternativo en Australia, Francia y EEUU.

La Policía de Australia realizó ya una redada en la Australian Broadcasting Corporation con la orden de apropiarse, eliminar o cambiar la información periodística relacionada con la seguridad nacional del país. En San Francisco, California, el 14 de junio pasado una docena de policías fuertemente armados abrió a martillazos la puerta de la casa del periodista Bryan Carmody, lo esposaron y requisaron todo su material de trabajo. Esto ocurrió al negarse el periodista revelar su fuente de información tras publicar un informe sobre un turbio suceso local.

Frente a estos ataques contra los medios de comunicación, el periodismo globalizado que hasta poco estaba proyectando a la opinión pública una imagen distorsionada y vilificada del creador de WikiLeaks y posteriormente mantuvo silencio sobre la tragedia de Assange dando luz verde a su persecución por el Gobierno estadounidense, por primera vez en los últimos 10 años los informadores globalizados se sintieron inseguros.

Surgieron dudas en los medios de comunicación más alineados con Washington respecto a su futuro en el caso de publicar algunos documentos clasificados. Recién han comprendido que la criminalización de la práctica periodística no tendría límites y podría inclusive afectar al mismo The New York Times o The Guardian británico que supuestamente son partidarios y luchadores por la democracia y la libertad.

Una posible extradición de Julian Assange a EEUU junto con una arremetida por el sistema represivo globalizado neoliberal contra los medios de comunicación abriría la puerta a una dictadura con todas sus consecuencias. El fundador de WikiLeaks ya nos advirtió sobre este peligro al exponer a EEUU, a sus aliados de la OTAN más importantes y a sus líderes divulgando sus secretos, sus crímenes más cruentos y sus planes para domesticar a la opinión pública mundial silenciando a la prensa alternativa y tratando inclusive controlar internet.

La libertad es lo más importante en la vida y precisamente esta libertad está en peligro actualmente. Ya es hora para los medios de comunicación darse cuenta de lo que les espera a ellos y al mundo entero si es que siguen siendo promotores y portavoces del sistema represivo globalizado.

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Llega la hora de Sheinbaum

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Dicen que no hay algo más terco o necio en la vida que la realidad. Es difícil aceptarla cuando ésta no resulta de acuerdo a lo que deseamos. No pocos confunden sus deseos con los hechos y más si se trata de cuestiones de orden político-ideológico.

Como periodista en más de cuatro décadas no me había tocado presenciar en Jalisco y en México una elección tan polarizada y con tan alto grado de dogmatismo y odio. Estas actitudes extremas las veo en las dos partes, en los seguidores de Morena, a los que peyorativamente se les llama “chairos” y los “xochilovers”.

En las familias llegamos a vivir esa polarización. Y no se diga entre amigos. Como periodista me he esforzado que esas posiciones extremas no me contaminen. Estoy en diversos chats en los cuales el 99 por ciento parecía que participaba en una cruzada a favor de Xóchitl Gálvez. Juraban y perjuraban que ésta ganaría la elección y que sería con una amplia ventaja. A las encuestas las descalificaban convencidos que todas estaban compradas, incluso las de Mural, Reforma, Financiero, Universal, El País, El Economista. Visiones llenas de maniqueísmo de blanco o negro.

Los y las escuchaba y les decía: ustedes traen perdida la brújula, hacen mucho proselitismo entre ustedes mismos que están convencidos de que la opción es Xóchitl Gálvez y qué bueno que lo piensen y sean tan intensos. Lo que no me parece lógico es que se quieren convencer de lo que están muy convencidos. Pero nosotros -les decía- formamos parte de una burbuja, social y económicamente muy distinta a la de la clase social que ha arropado a Morena, por sus programas sociales, por el liderazgo de López Obrador y otras cosas más.

Ya les recomendaba: si quieren vencer a Morena, vayan a hacer proselitismo a los barrios, a los tendejones, a los sindicatos, con los taxistas, con los maestros, con la burocracia, con los pequeños changarritos, en las zona pobres y marginadas, no entre ustedes, armen grupos, como lo hacen algunas iglesias cristianas que se dedican a evangelizar, para así poderle ganar a Morena.

Venían haciendo una intensa labor entre ellos mismos. Fue un auto engaño. Todavía la noche de anoche, veía en esos chats la resistencia a aceptar la realidad, cuando empezaba a fluir el Programa de Resultados Preliminares del INE (del PREP). Televisa fue el medio que empezó a marcar posiciones, con adelantos cercanos a lo que estaba ocurriendo, pasadas las 20 horas.

Lo que estamos viendo es una victoria apabullante de Morena y de su candidata presidencial Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez, quien no pudo quitarse el lastre de ser la candidata postulada por el llamado “PRIAN”, palabra que en los tres debates Sheinbaum repitió, repitió y repitió. Allí estaban los altos negativos que acompañaban a Xóchitl, lo que viene a demostrar que la mayoría de los mexicanos no han olvidado todos los destrozos, corruptelas y agandalles que hicieron en más de una década estos partidos y que fue lo que llevó hace seis años a López Obrador a la Presidencia de México.

Y ahora, como bien lo señaló López Obrador, nos guste o no nos guste y lo califiquemos como cada quien lo quiera calificar, los mexicanos, efectivamente, participamos en un plebiscito o referéndum sobre la continuidad de la política que ha impulsado AMLO o el cambio. Y ganó la continuidad. Esa es la realidad. Se podrá decir que es una elección inequitativa al utilizar la tribuna de Las Mañaneras, lo que es cierto, pero lo cierto es que son más los mexicanos que lo apoyan que quienes lo rechazan.

Cuando esto escribo, veo que los números del PREP están confirmando los resultados de las encuestas de salida y las encuestas descalificadas con con adjetivo de “vendidas”, donde a todos las empresas que se dedican a realizar estudios de opinión pública las tildaban de mercenarias. Por supuesto que las mercenarias y sin ética las hay, habrá que hacer una revisión al respecto, quienes estuvieron cerca del resultado y quienes de plano se fueron al extremo.

Hay mucho para reflexionar al respecto. Lo haremos en los próximos días con los números.

¿QUÉ ESPERAR DE SHEINBAUM?

En los próximos días se harán oficial los resultados, seguramente habrá impugnaciones, pero difícilmente modificará o evitará que Claudia Sheinbaum, de acuerdo a los diversos estudios de opinión pública y hasta el mercado de apuestas, se convierta en la primer mujer Presidenta de México en la historia.

Enfrente Sheinbaum tiene una gran responsabilidad con los millones de mexicanos que le dieron el voto: ¿Ser títere o villana de su creador? Esta interrogante se ha señalado a propósito de la percepción que está muy presente en torno a que López Obrador pretende crear un Maximato.

A la verdadera Claudia Sheinbaum más allá de tanta especulación, la vamos a conocer cuando se siente en la Silla del Águila y empiece a mover los hilos del poder. Estoy convencido que el poder no se comparte. La Silla del Águila tiene amplios poderes y en 100 años, desde que Calles fue expulsado del país por el Presidente Lázaro Cárdenas, no ha habido un ex presidente que pueda seguir mandando en este país sobre el presidente en turno.

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Un escenario de incertidumbre: La sentencia de Donald Trump y sus repercusiones en EE.UU.

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Actualidad, por Alberto Gómez R. //

El hallazgo de culpabilidad de Donald Trump en los cargos en su contra marcaría un hito sin precedentes en la historia política de Estados Unidos. Esta situación podría tener profundas repercusiones en múltiples esferas: desde el proceso electoral hasta las dinámicas sociales y económicas, así como en los conflictos internacionales en Eurasia, Oriente Medio y el Mar de China Meridional, entre otros.

Donald Trump ha sido declarado culpable de falsificar registros comerciales para encubrir un escándalo sexual que amenazaba su llegada a la Casa Blanca en 2016, parte de un esquema que los fiscales describieron como un fraude al pueblo estadounidense. Es el primer presidente estadounidense declarado delincuente, una sombra que pesará sobre él en su intento de recuperar la presidencia.

Trump fue declarado culpable de los 34 cargos de falsificación de registros comerciales por un jurado de 12 neoyorquinos, que deliberó durante dos días para llegar a una decisión en un caso plagado de descripciones de acuerdos secretos, escándalos sensacionalistas y un pacto en el Despacho Oval que tuvo ecos de Watergate.

El jurado determinó que Trump había falsificado registros para ocultar el propósito del dinero entregado a su antiguo hombre de confianza, Michael D. Cohen. Los registros falsificados disfrazaron los pagos como gastos legales de rutina cuando, en realidad, Trump estaba reembolsando a Cohen por un acuerdo de 130.000 dólares, una suma acordada por Cohen con la estrella de cine para adultos Stormy Daniels a fin de silenciar su relato de una relación sexual con Trump.

La condena por delito grave implica una sentencia de hasta cuatro años tras las rejas, pero podría ser que Trump nunca vea el interior de una celda. Cuando sea sentenciado podría recibir libertad condicional, y es seguro que apelará el veredicto, lo que significa que pueden pasar años antes de que el caso se resuelva. (nytimes.com)

La polarización del electorado

La condena de Trump podría polarizar aún más al electorado estadounidense. Según The New York Times, la figura de Trump ya es profundamente divisiva, y su condena podría intensificar esta división. Sus seguidores más leales podrían interpretar la sentencia como una conspiración política, lo cual podría movilizarlos aún más en su apoyo a Trump y a candidatos afines a su visión. Este fenómeno podría aumentar la participación de votantes en las próximas elecciones, aunque también podría radicalizar aún más el discurso político.

Por otro lado, el Partido Republicano enfrentaría una difícil encrucijada. Como señala The Washington Post, los líderes republicanos tendrían que decidir si seguir apoyando a Trump, a pesar de su condena, o distanciarse de él para preservar la integridad del partido. Esta decisión podría fracturar al partido, creando tensiones internas que podrían debilitar su cohesión y eficacia en las urnas.

La estrategia demócrata

El Partido Demócrata podría aprovechar la condena de Trump como un argumento para reforzar su narrativa de lucha contra la corrupción y el abuso de poder. Los demócratas podrían presentarse como defensores del estado de derecho y la justicia, utilizando la situación de Trump para movilizar a sus bases y atraer a votantes indecisos. Sin embargo, este enfoque también podría alienar a algunos votantes moderados que perciben la situación como una politización excesiva del sistema judicial. (latimes.com)

Sumento de la tensión social

La situación de Trump podría exacerbar las tensiones sociales en Estados Unidos. Se podría ver un aumento en las protestas tanto a favor como en contra de la sentencia. Los seguidores más acérrimos de Trump podrían organizar manifestaciones, viendo la condena como una injusticia y un ataque a sus valores y estilo de vida. Estas manifestaciones podrían, en algunos casos, convertirse en violentas, especialmente si se sienten provocadas por contra-manifestaciones o por la intervención de las fuerzas del orden. (The Washington Post)

Desconfianza en el sistema judicial

La percepción de que el proceso de Trump es un juicio politizado podría erosionar aún más la confianza en el sistema judicial. Como indica The Wall Street Journal, si una parte significativa de la población cree que la justicia está siendo utilizada como una herramienta política, esto podría tener efectos duraderos en la cohesión social y en la percepción de la imparcialidad judicial. Esta desconfianza no solo afectaría a la administración de justicia, sino que también podría extenderse a otras instituciones gubernamentales, debilitando la fe en la democracia estadounidense.

Radicalización de grupos extremistas

La condena de Trump también podría ser aprovechada por grupos extremistas para reclutar nuevos miembros y justificar acciones violentas. Se ha informado anteriormente sobre el auge de grupos de extrema derecha en Estados Unidos, y una sentencia contra Trump podría ser utilizada como prueba de una narrativa de persecución y opresión gubernamental. Esto podría llevar a un aumento en la actividad de estos grupos, incluyendo potenciales actos de terrorismo doméstico. (democracynow.org)

Volatilidad en los Mercados Financieros

La incertidumbre política generada por la condena de Trump podría provocar volatilidad en los mercados financieros. Los inversores suelen reaccionar negativamente a la inestabilidad política, lo cual podría llevar a una caída en el mercado de valores y a una disminución en la inversión extranjera. Esta volatilidad podría afectar tanto a grandes corporaciones como a pequeñas empresas, creando un entorno económico incierto y potencialmente recesivo. (The Wall Street Journal)

Impacto en el Comercio y el Consumo

Si la condena de Trump provoca protestas y disturbios en diversas ciudades, esto podría tener un efecto negativo en el comercio local y en las pequeñas empresas. Las interrupciones en la actividad comercial y el daño a la infraestructura podrían resultar en pérdidas económicas significativas. Además, la incertidumbre política podría influir en las decisiones de consumo de los ciudadanos, reduciendo el gasto y afectando negativamente al crecimiento económico. Este fenómeno podría ser particularmente agudo en áreas ya económicamente vulnerables.

También podría influir en la política fiscal y económica de Estados Unidos. Con una administración bajo presión, podríamos ver cambios en las prioridades de gasto y en la regulación económica. La necesidad de mantener la estabilidad y la confianza en el gobierno podría llevar a políticas más conservadoras en términos de gasto público y regulación financiera. Este enfoque podría ralentizar la recuperación económica post-pandemia y afectar la implementación de reformas progresistas. (washingtonpost.com)

Repercusiones Internacionales

En el ámbito internacional, la condena de Trump podría tener repercusiones significativas en los conflictos en Eurasia, particularmente en el conflicto entre Rusia y Ucrania. La percepción de debilidad o inestabilidad política en Estados Unidos podría ser explotada por adversarios internacionales, como Rusia, para avanzar sus agendas. Rusia podría interpretar la situación como una oportunidad para intensificar sus esfuerzos en Ucrania, calculando que Estados Unidos estará demasiado distraído con sus problemas internos para responder de manera efectiva.

En Oriente Medio, podría complicar aún más las relaciones con Irán y otros actores regionales. Una percepción de debilidad en el liderazgo estadounidense podría incentivar a Irán a tomar acciones más agresivas en la región, sabiendo que Estados Unidos podría estar demasiado enfocado en sus asuntos internos. Esto podría llevar a una escalada de tensiones en áreas conflictivas como Siria, Yemen y el Golfo Pérsico, aumentando el riesgo de confrontaciones militares y desestabilización regional.

En el Mar de China Meridional, la condena de Trump podría ser vista por China como una señal de oportunidad para expandir su influencia y presionar sus reclamaciones territoriales. Los Angeles Times destaca que la percepción de un Estados Unidos políticamente dividido y centrado en sus asuntos internos podría llevar a una mayor asertividad china en la región. Esto podría manifestarse en una intensificación de las actividades militares y de construcción en islas disputadas, así como en un aumento de la presión sobre los países vecinos para alinearse con los intereses de Beijing.

También podría afectar las alianzas internacionales de Estados Unidos y su credibilidad en la escena global. Los aliados tradicionales de Estados Unidos podrían cuestionar la estabilidad y la fiabilidad del liderazgo estadounidense, lo cual podría debilitar las alianzas militares y económicas. Esta situación podría ser aprovechada por potencias rivales para aumentar su influencia en regiones clave y para desafiar el orden internacional liderado por Estados Unidos. (wsj.com)

La sentencia de Donald Trump tendría profundas y variadas repercusiones en Estados Unidos, tanto a nivel interno como internacional. En el ámbito electoral, podría polarizar aún más al electorado y provocar una crisis interna en el Partido Republicano. Socialmente, podría aumentar las tensiones y la desconfianza en el sistema judicial, mientras que económicamente, podría generar volatilidad en los mercados y afectar negativamente al comercio y al consumo.

Las repercusiones subrayan la interconexión de los eventos políticos internos y su impacto global, resaltando la necesidad de una gestión cuidadosa y estratégica por parte de los líderes estadounidenses para mitigar los efectos adversos y preservar la estabilidad tanto a nivel nacional como internacional.

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El ejemplo del imperio: EUA ¿justicia ciega o electorera?

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Política Global, por Jorge López Portillo Basave //

Ya pasó nuestro proceso electoral y los mexicanos decidimos a quienes queremos en los Ejecutivos y en los Congresos locales y federal. Las encuestas no necesariamente fueron acertadas, pero ya todo pasó.

Mientras tanto en Estados Unidos el show crece y cada día está más caliente. Escribo esta columna para que los países en los que el sistema judicial está pensando en ser por elección vean lo que puede suceder y para que no nos dejemos llevar por lo que nos llega de medios que ya tienen a sus favoritos como lo fue en México.

Este asunto tiene muchos datos por lo que lo abordaremos en dos entregas. En esta hablaremos del contexto histórico y de algunos datos de Trump, en la segunda hablaremos de Kennedy Jr. y de cómo la conducta de Biden y de sus aliados ha impulsado a sus rivales y empujado a muchos de sus antiguos aliados ricos y pobres a los brazos de Trump y de Kennedy.

He de decir que buscando en el mundo no he encontrado otro país que tenga el amparo tan valioso que tenemos en México ni otro que tenga a jueces y fiscales locales por elección popular como lo es EUA. Así los vecinos somos muy distintos en la aplicación de las garantías procesales y del derecho. Como usted sabe, me enfoco en temas que están más allá de nuestras fronteras, que pueden dar luz a lo que nos afecta como país, como sociedad o como individuos.

En esa tradición de opinar sobre el extranjero para no volverme a pelear con los gobernantes de nuestro país, he de decir que estoy escandalizado por lo que está pasando en EUA con los juicios de Trump en contraste con los de Hunter y Joe Biden. Más aún por la pública aplicación de política en la selección de casos penales o civiles encabezados por fiscales electos con bases partidistas.

A raíz de esto me puse a investigar el origen de la designación de fiscales y jueces por voto popular en sustitución de la designación de estos funcionarios por parte de los ejecutivos locales del país del Tío Sam. A nivel Federal los jueces son propuestos por el presidente y ratificados por el Senado de la República en tanto que la mayoría de los Estados eligen a una parte importante de los responsables de aplicar justicia y hoy en día esas elecciones son organizadas por grupos partidistas que públicamente impulsan a sus candidatos y a sus agendas ideológicas.

Resulta que al término de la guerra civil de mediados de los 1800’s Los Estados de la Unión América decidieron empezar a pasar la designación de jueces y fiscales por las urnas. Así, en 1861 el Estado de Mississippi fue el primero que acabó con el modelo que permitía a las legislaturas designar a jueces o fiscales a propuesta de los gobernadores. En ese tiempo muchos alegaban que estos cargos recaían en personas cercanas a los políticos, quienes pagaban favores a sus amigos con cargos de por vida en favor de personas no calificadas.

La reforma buscaba que gente comprometida con la justicia y con los residentes de la zona fuesen electos y reelectos por largos períodos como los legisladores para encabezar las fiscalías o los juzgados de asuntos civiles y penales de Estados, ciudades y distritos, sustituyendo a los fiscales regionales que eran designados por el fiscal del estado y a los jueces que eran designados por el gobernador y aprobados por las legislaturas locales.

En efecto, cuando el ejecutivo de un Estado -como en México-, designaba a los fiscales o proponía a los jueces, casi siempre eran ajenos a la región donde servían y por lo general eran pagos políticos. Cuando el modelo de elección se aplicó al servicio judicial de casi todos los Estados de ese país nadie se preocupó, de hecho, por lo general por más de cien años funcionó de forma correcta ya que los candidatos eran personas conocidas por los vecinos y respetuosas de la neutralidad hasta que a partir del nuevo milenio los candidatos fueron poco a poco adoptando públicamente partidos políticos, patrocinadores de empresas o de grupos de un partido o de otro de los dos que gobiernan en ese país.

A Nixon lo investigó y orilló a renunciar un fiscal especial de su propio Departamento de Justicia, a Bill Clinton lo investigó y encontró responsable un fiscal de su propio Departamento de Justicia, a varios gobernadores y senadores de ese país los investigaron y procesaron fiscales federales designados por abogados generales designados por Presidentes de partidos similares a ellos o por fiscales de carrera, es decir que en ningún caso se alegó que los procesos fueran parte de una cacería política provocada por adversarios de partidos contrarios. Así llegamos al 2021-2022 cuando tres candidatos a fiscales locales en Nueva York y en Georgia decidieron utilizar como parte de sus promesas de campaña enjuiciar al expresidente Trump y arruinarlo o encarcelarlo, así es esas eran parte de las propuestas oficiales de esos candidatos.

Esos fiscales eran candidatos en distritos o ciudades que Biden ganó en el 2020 con más del 90% de los votos, por lo que hablar de llevar a juicio a la empresa y a la persona que les había arrebatado el triunfo del 2016 y que ahora cuestiona la elección del 2020 era algo muy popular entre los habitantes de esas zonas. En ese mismo orden de ideas, para bien o para mal el presidente de EUA Joe Biden declaró a inicios del 2022 que… “haría todo lo posible por evitar que Trump regresara a la Casa Blanca”.

Los tiempos de los juicios vs Trump son sospechosos, pero sólo Dios sabe si son dolosos, culposos o cinco inocentes coincidencias. Claro, la justicia tiene sus tiempos y estos se alinearon extrañamente a la campaña de EUA favoreciendo al presidente Biden y al partido político de los 5 fiscales que iniciaron estos procesos. Pero veamos la secuencia de hechos judiciales y electorales. Recordemos que Trump tiene 4 procesos penales y uno civil en su contra, de los cuales el del jueves pasado es el segjndo en ser sentenciado, pero aún le quedan las apelaciones y recursos correspondientes.

Vamos por partes. En noviembre del 2022 Trump anunció que buscaría la Presidencia de EUA para el periodo 2024-2028. Un mes después el fiscal federal con una redada a la casa de Trump anunció que iniciaba un proceso contra Trump por haberse llevado a inicios del 2021 y no haber regresado a los archivos de la nación varios documentos considerados como confidenciales. Ante este anuncio Trump dijo que esto era una movida política de Biden contra su candidatura pero que enfrentaría el juicio y saldría inocente. Poco después el Fiscal de General informó que estaba trabajando con Biden porque habían encontrado diversas cajas de documentos clasificados en la cochera de su casa de playa y en las oficinas de su fundación en la Universidad de Pensilvania patrocinada por China.

Los documentos que Biden retuvo ilegalmente en su poder hasta el 2022 provenían de la época en la que él fue senador de 1975 al 2008 y después vicepresidente de EUA del 2009 al 2016, es decir casi 40 años de acumulaciones nunca sancionadas. Poco después el fiscal del caso informó que a pesar de que Joe Biden se llevó, mantuvo en su poder y compartió con terceros documentos confidenciales, no se procesaría al presidente Biden porque no se creía que el jurado lo condenase al presentarse como… “una persona de edad avanzada con mala memoria, pero sin malas intenciones”.

Poco después se informó que el fiscal federal encargado del caso de Trump iniciaba un segundo proceso ahora por presuntos delitos relacionados con la protesta en el capitolio contra los resultados del 2020 y solicitó a jueces en Florida y en Washington el fijar fecha para juicio en contra del expresidente. En medio de esas investigaciones y procesos federales tres fiscales locales dos en NY y otro en Georgia iniciaron procesos civiles y penales vs Trump, el primero por el delito agravado de falsificación de registros contables para ocultar pagos a una estrella porno, lo que se supone que hizo para no afectar su campaña del 2016 en el estado de NY. En el segundo se alega que Trump trató de robar la elección de Georgia en el 2020 y el tercero aumentar el valor de sus propiedades.

Todo esto sonaría normal si uno omite recordar que los juicios federales son encabezados por un fiscal que participó en la campaña de Biden y que el propio Joe fue perdonado por su fiscal por el mismo tipo de falta que imputa a Trump. Esos juicios federales están pendientes y no se cree que se resuelvan antes de la elección de noviembre. Pero los juicios locales han sido mucho más rápidos. Es sorprendente que los juicios de NY se procesarán tan rápido, en especial porque el delito en cuestión se dio hace 7 años y fue investigado y desechado por otros tres fiscales con anterioridad.

Pero en esta ocasión fue procesado y sentenciado saltando a muchos de los otros juicios que hay en esa corte de NY sin ser juzgados por años. El juez quien fue designado para llevar el juicio y no sorteado como sucede en la mayoría de los casos, coincidentemente también es un patrocinador de la campaña de Biden y su hija trabaja para una firma de promotores políticos que durante el juicio que encabeza su padre han recaudado más de $50 millones de dólares en donaciones a favor de diversos candidatos del partido demócrata, lo que de no ser ilegal al menos se ve muy mal.

Si esto se ve mal ahora recordemos que el fiscal adjunto encargado del juicio en NY entró a trabajar a esa fiscalía hace menos de 2 años justo antes de que se iniciara este proceso vs Trump y su trabajo anterior -2020 2022- era subordinado directo del fiscal general de EUA quien era abogado de la Campaña de Biden en el 2019, el mismo que en ese 2022 ordenó el cateo a la casa de Trump y el inicio de los otros dos procesos federales en su contra.

El caso de Georgia no es tan distinto ya que la fiscal y el fiscal responsable acudieron en varias ocasiones a la Casa Blanca y a la fiscalía General de EUA antes de iniciar el proceso contra Trump. Es decir que los fiscales locales estuvieron asesorados y en contacto con los fiscales federales a pesar de gritar a los cuatro vientos que los casos eran independientes, casuales y que no estaban en coordinación para iniciar estos de manera conjunta en época electoral.

Los presuntos delitos de Trump son muy similares a las conductas de otros políticos de su nivel, pero solo a él se le enjuició. Esa es la razón por la que ahora muchos americanos especialmente minorías se cuestionan si su sistema judicial es imparcial o si en verdad está siendo politizado, lo que no se veía en el pasado… ¡Este informe continuará!

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