NACIONALES
Ayotzinapa: Nueve años de impunidad
Opinión, por Iván Arrazola //
Es difícil poder dimensionar la tragedia que vive México, los seis jóvenes asesinados en Zacatecas, los cinco asesinados en el municipio de Lagos de Moreno, todo esto en el marco del noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ante estos sucesos lo único que queda claro es que en México no hay justicia y que en buena medida la responsabilidad es de las autoridades gubernamentales.
De acuerdo a un informe de Naciones Unidas de 2021, en México murieron 26, 058 adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, la tasa de mortalidad en este sector de la población es más alta que el promedio mundial, mientras que el promedio de mortalidad a nivel es de 11 por cada 1000 habitantes, en México es 12.08 por cada mil habitantes. Entre las principales razones para tener esta alta tasa de mortalidad destaca la criminalidad.
En el caso de la tragedia de Ayotzinapa el cambio de partido en el gobierno en el 2018 trajo nuevos aires de esperanza de poder esclarecer y llegar a la verdad de lo que ocurrió aquella terrible noche. Nadie quedó satisfecho con la versión que ofreció la administración de Enrique Peña Nieto, la “verdad histórica” que señalaba que los jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados al crimen organizado para ser asesinados, sus restos fueron quemados y arrojados al rio Santiago.
López Obrador hizo de esta tragedia una bandera de su campaña y prometió que esclarecería los hechos y llevaría a la cárcel a los culpables, de hecho, ya siendo presidente tuvo algunas reuniones con los padres de los estudiantes en los que informaba sobre los avances de la investigación.
Pero esta investigación más allá de buscar justicia, desde un inició se convirtió en una persecución política, a los primeros que se les persiguió fue a los encargados de realizar la investigación, Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, el primero se encuentra detenido acusado de tortura y el segundo huyó a Israel y no se le ha podido extraditar.
De hecho, algunos de los miembros del grupo criminal se les liberó por haber sido torturados por las autoridades encargadas de realizar la investigación, y el líder de la organización criminal se convirtió en uno de los testigos protegidos de la Fiscalía, encargado de señalar a los responsables de la desaparición de los estudiantes.
Pero los padres de los estudiantes apoyados en el Informe del Grupo de Expertos hicieron un señalamiento especifico, que el Ejército había tenido participación en la desaparición, una de las líneas apuntaba que las fuerzas armadas tuvieron conocimiento de los hechos en todo momento y decidieron no intervenir, inclusive en su último informe el GIEI señaló que uno de los estudiantes era militar y se encontraba infiltrado en la Escuela Normal de Ayotzinapa. Pero el señalamiento más grave del Grupo Interdisciplinario es que las autoridades estatales y federales tenían conocimiento de la colusión entre las autoridades municipales y el crimen organizado y no hicieron nada por detener el crimen.
A partir del momento en el que el Grupo Interdisciplinario entregó su último informe, los cuestionamientos sobre cómo se estaba realizando la investigación aumentaron, los miembros del Grupo Interdisciplinario acusaron “bloqueos y limitaciones” por parte de las instancias gubernamentales para realizar la investigación. Al final valiosos elementos de gobernanza fueron hechos a un lado para que las investigaciones quedaran en manos de las autoridades federales.
La principal polémica se da a mediados de 2022 cuando se solicitan 22 órdenes de aprehensión contra miembros del Ejército, ordenes de aprehensión que días después son canceladas por la Fiscalía, cuando al fin parecía que se empezaba llegar a la verdad es el propio gobierno el que decidió frenar los avances de la investigación. Las razones para detener la investigación pueden ser variadas pero una que sin duda pesa, es la militarización de la seguridad pública y de la administración pública por parte del presidente López Obrador.
Los compromisos que ha hecho el presidente López Obrador con las fuerzas castrenses impiden que se llegue a la verdad, la construcción de obras, la administración de aeropuertos y aduanas, la Guardia Nacional convertida en policía, han llenado de compromisos al presidente con el Ejercito, por lo que una investigación más profunda dañaría seriamente la relación entre el poder civil y el militar, que ahora están más unidos que nunca.
La conmemoración del noveno aniversario estuvo llena de reproches por parte de los padres de los estudiantes desaparecidos, el principal, es que la nueva verdad historia de López Obrador no es muy distinta de la ofrecida por Peña Nieto, y que el gobierno protege a potenciales implicados, por su parte, López Obrador, fiel a su costumbre dice que él tiene otros datos y que, si ha cumplido, su respuesta ante la manifestación por el noveno aniversario fue poner vallas en Palacio y en su monologo mañanero hablarse a sí mismo y convencerse de que en su gobierno ya no “hay masacres” ni “tortura”.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
Andrés López Beltrán niega haber solicitado amparo ante supuesta orden de aprehensión
Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México
INE dio por concluida la primera elección del Poder Judicial
Hijos de AMLO se amparan para no ser detenidos en relación al huachicol fiscal
