NACIONALES
Confrontación de las ideas: Los casos Colosio y Florence Cassez, barrabasadas en torno a la justicia mexicana

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Sobre la justicia en la República Mexicana, se ha dicho y escrito muchísimo, pero en general la conclusión ha sido una: es oscura, defectuosa y cara. Lo primero porque sus entretelones son siempre impredecibles, umbrosos e impenetrables. Lo segundo porque suele ser fragmentaria, incoherente y mediocre; finalmente, costosa, porque cuesta demasiado en relación a lo poco que aporta para el genuino sostén del derecho.
Para acreditar lo anterior, basten algunos ejemplos, con los cuales, siendo hechos indubitables, se deben considerar prueba plena de las barrabasadas que acontecen alrededor de la impartición de justicia en México.
El sucedido quizás más sensacional, se refiere al asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, (1950-1994), el malogrado candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) impuesto -el 28 de noviembre de 1993- por “dedazo” del mal recordado Carlos Salinas de Gortari, precisamente cuando la sucesión de este cínico, que mal gobernó a la nación desde 1988 -electo cuando en los comicios de ese año, se cayó el sistema electoral y se cometió uno de los fraudes mayores en la historia de la democracia nacional- hasta el último de noviembre de 1994, en que entregó el poder al anodino Ernesto Zedillo Ponce de León.
Bien, al respecto se asegura que la gota que derramó el vaso, en cuanto a la disconformidad de Salinas y algunos de sus cercanos colaboradores (como el intrigante José Ma. Córdoba Montoya), con el joven Colosio, fue el discurso que pronunció frente al monumento de la Revolución Mexicana en la capital federal, con motivo del aniversario del PRI, el 6 de marzo de 1994. Allí, en vibrante pieza oratoria, expresó: “Veo un México de comunidades indígenas, que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso; …Veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales.”
Y remató el entonces aspirante presidencial del PRI: “Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles a los grandes reclamos de nuestras comunidades; que no estuvimos al lado de ellas en sus aspiraciones; que no estuvimos a la altura del compromiso que ellas esperaban de nosotros. Tenemos que asumir esta autocrítica y tenemos que romper con las prácticas que nos hicieron una organización rígida. Tenemos que superar las actitudes que debilitan nuestra capacidad de innovación y de cambio. […] Empecemos por afirmar nuestra identidad, nuestro orgullo militante y afirmemos nuestra independencia del gobierno.” Estas aseveraciones, definieron la triste suerte del abanderado de un priismo cuya ideología nacionalista, estaba por desaparecer. Y lo peor sobrevino el 23 de marzo, cuando en Lomas Taurinas, colonia popular de Tijuana, Baja California, un dizque asesino solitario (lo cual es increíble) terminó con la existencia del candidato presidencial. El nombre del homicida es Mario Aburto Martínez, nativo de Michoacán. Ese mismo día por la noche, fue interrogado por Manlio Favio Beltrones, gobernador de Sonora 1991-1997: no sabemos porqué se le permitió tal examen, pero sí se expuso desde ese día, que el sujeto presentado poco después era diferente al detenido, así como corrió el rumor de que el disimulado autor intelectual del magnicidio, era ni más ni menos que el villano de Agualeguas, -pueblito neoleonés que presumía como raíz de su linaje- mote con que se conocía a Salinas de Gortari.
Como quiera que sea, al presunto criminal michoacano -de 23 años de edad- se le juzgó con las reglas del código penal federal, lo cual fue una incoherencia, pues el homicidio es delito del fuero común. Sin embargo, las fuertes coerciones políticas y los indudables tremendos cuanto tenebrosos intereses que sobre el asunto convergían, evitaron una real investigación para encontrar a los autores intelectuales; se sostuvo que el proceso era de orden federal porque se había utilizado un arma (lo cual, su uso y portación, es regulado federalmente) cosa que sucede en todo homicidio; y que el fallecido era candidato y la elección en que participaría se regía por la ley electoral federal, lo cual es otra falacia, porque el hecho registrado no era de orden electoral, sino una privación ilícita de la vida, típico delito del fuero común.
Pero nada ni nadie hizo mayor cosa por corregir las incoherencias legales mencionadas, incluyendo torturas, aislamientos inhumanos, amenazas, falta de abogado defensor y presiones de todo tipo. Finalmente, se fulminó al acusado Aburto con 45 años de prisión, aunque debemos saber que, en noviembre de 1994, un juez le dictó sentencia de 42 años de prisión, a purgar en el penal de Almoloya de Juárez; luego se le aumentó a 48 años de reclusión, pero por amparos y recursos legales, se le redujo a los mencionados 45 años. Todo conforme la legislación federal.
Por gestiones de un luchón cuanto inteligente abogado, (Jesús González Schmal) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (con recomendación de 2021 para reabrir el expediente), e incluso el apoyo de la Defensoría Pública Federal, se logró que en 2022 se reabriera el asunto, con la anuencia de la Fiscalía General de la República. Y ahora, ya con el visto bueno de varios ministros de la Suprema Corte de Justicia, se acreditaron las innumerables discordancias legales existentes en el caso, por lo que se deberá aplicar la penalidad que establecía el código penal bajacaliforniano, cuya máxima sanción es de 30 años. En consecuencia, es muy probable que Mario Aburto, recobre su libertad en marzo del año venidero.
Numerosos procedimientos podríamos citar para probar lo desfigurada que es la justicia mexicana, en todos los órdenes, es decir, tanto del ámbito federal como del fuero estatal. Pero solo bástenos otro sumario sin parangones, por lo injusto y desaseado. Nos referimos al de Florence Marie Louise Cassez Crépin (mejor citada solo como Florence Cassez) y de su novio, Israel Vallarta Cisneros, dizques miembros de una supuesta banda llamada “los zodíacos”, que secuestraba y cometía delitos diversos.
Los dos fueron detenidos el 8 de diciembre de 2005, al salir del rancho Las Chinitas (cercanías de la ciudad de México), al que acudieron policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI), jefaturada por Genaro García Luna, a quien apoyó su colaborador, Luis Cárdenas Palomino, ambos pájaros de cuenta ahora prisioneros, uno en Estados Unidos (condenado por colaborar con bandas de narcotraficantes mexicanos cuando fue secretario de seguridad pública con Felipe Calderón) y el segundo, preso en el penal del Altiplano (Estado de México) desde 2021, cuando se le aprehendió por la comisión del ilícito de tortura, en agravio de Israel Vallarta y Florence Cassez.
Esa detención, fue recreada después de su real registro, para que la filmaran los dos principales medios de comunicación televisivos del país, destacando entre sus conductores el lector de noticias y comentócrata Carlos Loret de Mola, ampuloso periodista que, gracias a sus desleales comportamientos informativos, es conocido como “Lord Montajes”. El tema se prestó para novelas, documentales y hasta series de televisión. La “francesa” Florence, fue sentenciada originalmente a 96 años de prisión -según la prensa- en abril de 2008, y luego rebajada la condena tres años después a 60 años.
Como el asunto resintió muchísimas irregularidades, llegó a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y en su momento (2011) el ministro Arturo Zaldívar, estableció que, en efecto, se habían probado esas anomalías procesales y que por ello debería ser liberada. Pero sus colegas no lo respaldaron y la “francesa” continuó presa. Sin embargo, bajo presiones diplomáticas de Francia, y ante las evidencias de las violaciones a los derechos de la antedicha, el 23 de enero de 2013, la SCJN le otorgó un amparo y dictó su liberación, al encontrar alteraciones graves en el debido trámite procedimental.
Ese mismo día, Cassez salió de México para regresar a su patria. (El País, 23 de enero 2013). Empero, Israel Vallarta no tuvo la misma suerte, y hasta la fecha sigue prisionero esperando que la justicia por fin, le reconozca sus derechos y lo deje en libertad: esto es un caso de extrema injusticia, y que inexplicablemente no se ha resuelto, lo cual avala nuestro aserto: la justicia mexicana es oscura, fragmentaria, costosa y muy mediana.
Muchos otros ejemplos podríamos traer para comentarlos y recontraprobar lo que decimos. Pero como con un botón basta, ahora, para no dejar dudas, trajimos a cuenta dos muestras de las barrabasadas de los jueces que padecemos. De allí la urgencia de una reforma de fondo al poder judicial, tanto del ramo federal como del de los Estados, porque los desaguisados y disparates que cometen, están a la orden del día y como siempre, todo en perjuicio del pueblo, del derecho y finalmente de la nación.
ENTREVISTAS
Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión

Por Mario Ávila //
Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.
Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.
Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.
Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.
Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.
Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.
LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS “LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”
Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.
La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.
No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.
Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.
Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.
Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.
Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.
ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO
Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.
Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.
Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.
ENTREVISTAS
Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

Por Mario Ávila //
El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.
Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.
“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.
Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.
Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.
En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.
“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.
A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.
Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.
También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.
El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.
JALISCO
Miguel Monraz acusa que gobierno tendrá herramientas para espiar con reformas a telecomunicaciones
FUEGO CRUZADO
“No son reformas: son herramientas para espiar, censurar y controlar al ciudadano (…) La reforma de inteligencia te rastrea, la de telecomunicaciones te calla. Y la de población te ficha. ¿Libertad?”
MIGUEL ÁNGEL MONRAZ IBARRA/ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RADIO Y TV DEL CONGRESO FEDERAL
“Ni censura ni espía. Ante la desinformación que hay alrededor de la #LeyTelecom (…) Actores del PRI y el PAN con argumentos falsos y engañosos “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites”
CLEMENTE CASTAÑEDA / SENADOR DE MOVIMIENTO CIUDADANO
CIERTO O FALSO
“Se duplica la desaparición de mujeres menores de 20 años en el me de junio en Jalisco (en comparación con cualquier mes previo de 2025), según cédulas publicadas por @BusquedaJal”
VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO / INVESTIGADOR DE LA UDEG
“Veamos el trabajo mucho más fino que el burdo mío. El doctor @VMGlezR desarrollo el valiosísimo portal Desaparecidos en Jalisco, donde recopila información. Se pueden checar datos por administración y con @PabloLemus son 596. ¿Por qué solo 122?
PEPE TORAL / PERIODISTA ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN
VOZ ALTA
Cirugía mayor a la metrópoli
¿Hasta cuándo los gobiernos de Jalisco enfrentarán con seriedad el colapso de la infraestructura hidráulica en la metrópoli? ¿Cuántos socavones más y cuántas vidas humanas deberán perderse para que actúen de manera decisiva? Es urgente implementar soluciones integrales, como el drenaje profundo, que resuelvan este problema de raíz. Cada vez son más los hundimientos que se registran en diversos puntos de la ciudad. Hace un año fue el socavón de López Mateos de 10 metros de largo y ahora el registrado en la colonia Bethel. ¿Cuántos más habrá que esperar?
PABLO LEMUS. Se requiere una decisión de estadista.
Golpe al género masculino
La decisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC Jalisco) de obligar a los partidos políticos a postular únicamente mujeres candidatas a 10 municipios, donde se incluye Zapopan y Tonalá del área metropolitana, ha sido muy controvertida, de entrada restringe a la libertad de los partidos para elegir candidatos, mientras que otros la celebran como un gran paso para la igualdad política. El punto es si esta decisión garantiza mejores gobiernos o simplemente dará pie a candidatura simbólicas, sin un respaldo real de los partidos.
PAULA RAMÍREZ. La decisión del IEPC Jalisco divide opiniones.
Pleitos en Morena
En Morena Jalisco las cosas tienden a enredarse. Los conflictos entre pares son el pan de cada día, como se vive en el Congreso del Estado, con las acusaciones que ha lanzado la diputada Brenda Carrera contra la presidenta Marta Arizmendi y el senador Carlos Lomelí de violencia política a quien acusa estar detrás de su destitución como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y que según ella se violó la ley. La diputada Arizmendi lo niega y señala que la decisión fue de la asamblea y ella simplemente la acató.
BRENDA CARRERA. Va contra Marta Arizmendi y Carlos Lomelí.
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