Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

La discusión sobre el INE y la Reforma del Poder Judicial, nos ha enfrascado a los mexicanos, con algunas incursiones de extranjeros, en exaltadas reflexiones. Del primero se dice que va a desaparecer, lo cual es crasa mentira; y se agrega, al ponderar sus aportaciones, que gracias a dicho organismo se han registrado las alternancias en el poder.

En cuanto al ámbito judicial, se sostiene por un lado que es la salvaguarda de la Constitución, aunque, por otra parte, se afirma que es el nidal de la corrupción. En medio de unos y otros, están los principales elementos sobre los que giran ambos: la democracia, los principios republicanos federalistas, el pueblo y sus derechos.

Según el filósofo Armando Batra, Latinoamérica ha sido el laboratorio mundial de la revolución durante este siglo. Aquí se abrió paso un postliberalismo de izquierda, donde el motor del cambio es el pueblo, mientras que, en los demás países occidentales, con un desgastado neoliberalismo clásico, se rigen por gobiernos oligárquicos de ánimos xenofóbicos y matices neofascistas.

CAMBIOS QUE GENERAN MOVIMIENTOS PROGRESISTAS

También asegura el pensador citado, que, las insurgencias sociales – es decir populares- y los regímenes progresistas, son los pilares del proceso emancipatorio en Latinoamérica. Creemos que, intuye, que esa manumisión, es tanto de la potencia del norte de América como de las cúpulas autóctonas, para quienes la democracia solo es motivo de eufemismo.

Lo que han hecho los gobiernos puestos por el pueblo, son: Recuperar los recursos naturales y sus rentas, en manos de esas camarillas, lo que es una de las primeras acciones de la izquierda actual, que se afana por reducir la pobreza y hacer revoluciones de bienestar. Estos movimientos, en atinada actitud, reivindican la democracia electoral y el pluralismo político: en aquellas se puede ganar y perder. Hacer de esa democracia una regla, fue un acierto porque ahora, si se ve el panorama del subcontinente, tenemos que por la vía del sufragio popular se comprenden 9 países y el más reciente, Brasil, lo cual deja buenas cuentas para la izquierda.

Ahora bien, para los movimientos populares triunfantes no todo es miel sobre hojuelas: les llueven descalificaciones, pues se les acusa por varios grupos, incluyendo algunos clasificados como de avanzada, afirmando el susodicho Bartra: Porque combinan partidos y movimientos, se las acusa de indecisas. Porque preservaron la democracia electoral, se les culpa de ingenuas; porque no expropiaron a las burguesías, se las incrimina de tibias. Porque recuperaron y valorizaron recursos naturales, se las acusa de extractivistas. Porque distribuyeron el ingreso mediante programas sociales, se las acusa de asistencialistas y clientelares. Porque derramaron poca sangre, pues no perpetraron ajusticiamientos y expropiaciones, los ortodoxos dudaron de que fueran auténticas revoluciones. “Pero lo son, lo están siendo y lo seguirán siendo.” (Mesa Política de la 22 edición de la FIL Zócalo, “Mirando al Sur”, 8-VIII-2022).

Para el aludido filósofo: “El primer ascenso revolucionario duró diez años, luego se deprimió y al padecer de verdaderos partidos de izquierda, las derechas recuperaron espacios, lo cual facilitó una vuelta neoliberal. Pero a partir del 2018, con 30 millones de mexicanos que apoyaron a Amlo, se reinicia el progresismo; y luego en Argentina, Bolivia, Brasil, etc. Por ello podemos afirmar que nuestra América, va”. Eso siempre y cuando la democracia, en la cual deciden las mayorías, este vigente.

Y es que, donde la mayoría de los habitantes son necesitados, para aliviar a su pobreza, debemos crecer en base a una producción incluyente, que no de la espalda a los mercados mundiales, pero se apoye en el mercado interno; atenta a priorizar los factores estratégicos, la soberanía alimentaria indispensable para no pasar hambre, y la energética para sostener la marcha; soberanía laboral para garantizar empleo digno y remunerador para todos; economía respetuosa de personas y cosas, que en vez de erosionar comunidades y ecosistemas, fortalezca la cohesión y armonía con la naturaleza o sea, una economía moral. En pocas palabras sostiene este filósofo, “Ese es el nuevo orden mesoamericano que habremos de edificar todos, porque el boliviarismo, para Latinoamérica, debe seguir siendo la consigna”.

LA TRANSFORMACIÓN SOLO CON EL PUEBLO

Lo anterior se vertió en la Feria del Libro de México, en 2022, y tal como afirmó en el 85 aniversario de la expropiación petrolera el presidente AMLO: “Solo con el pueblo se puede llevar a cabo la transformación”, otro ponente en esa feria, Ricardo Rada, exministro boliviano, aseguró que, si las reformas vienen acompañadas por el pueblo, este las defiende. Advierte, que no habrá transformación social si los gobiernos convierten al sector popular en beneficiaria pasiva: cuando esto sucede, el sector social no sale a la defensa de los avances logrados, permitiendo que la derecha gane adeptos y vuelva a recuperar el poder.

En consecuencia, afirma este boliviano, “Se debe luchar juntos, gobierno y pueblo”. Pero cuando no se es gobierno, si solo es pueblo, este ha de mantener la unidad, y con todos sus esfuerzos, ganar elecciones y ser gobierno., es decir poder institucional de izquierda. Y así el pueblo permitirá profundizar las reformas transformadoras, en las cuales la mujer ocupa papel igual al del hombre.

Como sucedió en varios países y lo observamos en el nuestro, la derecha maneja los medios de comunicación -la inmensa mayoría- y tiene gran influencia en el poder judicial; por ello, se afana (y lo propaga intensamente) por ganar en tribunales lo que no logra en urnas o plebiscitos. Conclusiones: necesitamos medios plurales, porque es difícil pelear contra un sistema donde nos bombardean a cada instante, de otra manera volveremos a ser vasallos. Es paradójico que los movimientos sociales en la calle, molesten al gobierno, pero este -siendo popular- sostiene que “por favor, nunca salgan de la calle”, ya que sin esas movilidades, no se avanza al servicio del pueblo.

Aspecto primordial es lograr que los jueces respeten la constitución y el estado de derecho, o se tendrá una lucha perdida de antemano, porque la derecha se escuda en jueces veleidosos, parciales o sin escrúpulo. Por ello es tan importante castigar al juez corrupto, como compensar al juzgador apto.

Como se garantiza la continuidad de la Cuatro T, solo preparándose para triunfar en la siguiente elección presidencial, y hay dos factores esenciales -dentro del pueblo- que deben incorporarse: jóvenes ecologistas y mujeres, con lo que se garantizará ser vanguardia mundial: solo los pueblos con conciencia tienen esperanza.

¿ES EL INE LA DEMOCRACIA?

De todo lo anterior salen a relucir dos elementos: el pueblo y la democracia. El INE no es cierto que sea la democracia, ni siquiera el factor que permitió la alternancia en el gobierno. El ingrediente determinante, fue y es la ciudadanía, la cual con su masiva participación legitimó el proceso de 2018, en tanto que el INE solo legalizó los comicios de 2006 y 2012, en medio de muchísimos señalamientos de irregularidades. Aquí se acreditó la idea de que “Solo el pueblo salva al pueblo”.

Por lo que ve al Poder Judicial, es una falsía muy divulgada por medios tradicionales, que tiene alto rango de confianza popular. Los mexicanos, en general no confían ni en jueces ni en ministerios públicos, que ordinariamente se conducen muy alejados de lo que prescribe la Constitución de como ha de ser la justicia.

El nepotismo, amiguismo y otros “ismos” reprobables se practican con prodigalidad entre los miembros del poder judicial, ya federal como estatal. Y tengamos en cuenta que este poder es el único que no es electo por el pueblo, lo cual, antes de la Constitución de 1917, si se hacía al menos a nivel de magistrados o ministros.

Asi como se afirma que la política es sumamente importante para que solo esté en manos de los políticos, también se puede sostener sobre la justicia: es demasiado trascendente para que un solo individuo, detenga la vigencia de una o más leyes, legítimamente procesadas y promulgadas.

Esto es lo que sucedió el pasado 24 de marzo, cuando el ministro Javier Laynez Potisek (viejo servidor de Fox, Alarcón y Peña Nieto, quien lo propuso para la Corte) concedió al INE, (que había interpuesto una controversia constitucional contra la reforma), la suspensión que bloqueó totalmente lo previsto por las leyes del Plan B en materia electoral, que apenas habían sido publicadas. Como resultado, este organismo continuará funcionando sin ningún cambio, gracias a la actuación de un solo personaje.

El comunicado que informó lo anterior, sin haberse notificado como lo ordena la ley, se dio a conocer a las 19.25 horas del viernes, dando un típico “sabadazo”, al estilo de los antiguos agentes policíacos. Además, se critica por muchos, que esa información, hable a nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y no exclusivamente del ministro Laynez, siendo que es un acuerdo exclusivo de él.

EL CONTRA ATAQUE JURÍDICO DE LA PRESIDENCIA

Por lo anterior, es que la Consejería Jurídica de la Presidencia, reaccionó el domingo 25 reciente, señalando “que no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir”, en referencia a que la decisión del togado referido fue respuesta a una controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), atribución que la Constitución no permite. Esto, afirmó el representante del gobierno federal, es preocupante, pues denota que el ministro instructor desconoce “las reglas del procedimiento que regula controversias constitucionales, lo que desnaturaliza este medio de control constitucional que busca alcanzar el equilibrio sano entre los Poderes de la Unión”.

Lo antedicho es “una grave anomalía de procedimiento en el fallo mencionado, por medio del cual un solo ministro de la SCJN dejó sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo” y -además, por si fuera poco lo anterior- ordenó revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por ocho ministros”. Por ello, solicitará al pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva, al resultar contrarias a los principios fundamentales del Estado de derecho que nos rige. (milenio.com/ 26-III-2023).

Al respecto se le preguntó a la Ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, quien sabe bastante sobre el tema: ¿El ministro está en lo correcto o en lo incorrecto?, y la ahora Senadora, respondió: “En materia electoral no pueden presentarse controversias constitucionales porque lo prohíbe la Constitución. ¿Qué se presentó? Una controversia constitucional. Ahí está la respuesta”. (La Jornada, 27-III-2023). De allí, que el diario antes citado, en su editorial del mismo día, opina: “Cierto es que la determinación del ministro Laynez es, por varias razones, contraria al marco legal, y lo más grave es que ocurre en un contexto en el que en el Poder Judicial parece fortalecerse la decisión de obstaculizar el ejercicio de gobierno de la presidencia obradorista y alinear a la SCJN con causas opositoras.”

Es comprensible entonces, que sobre este tema, el primer mandatario (que andaba en gira de trabajo por el sureste) dijese: “Pueden (suspenderla) porque es la misma mafia. Son iguales que Ciro (Murayama, consejero del INE), que Claudio X. González, que los conservadores que no quieren que haya democracia, porque ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia. ¿Saben qué es la oligarquía? Es el gobierno de los ricos y la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces, ellos no quieren al gobierno del pueblo, entonces por eso no quieren la reforma electoral, eso es lo que está sucediendo” (INFOBAE, 26-III-023).

A la fecha, sostiene el senador César Cravioto, no se ha podido reformar al Poder Judicial, un poder cuya concepción viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción, que se fue construyendo -ajeno al interés popular- para proteger a sujetos corrompidos y a las élites del poder económico y del poder político. Esa reforma debe incluir al Consejo de la Judicatura, como alertó Ricardo Monreal.

Ante esta situación, es indispensable que reformar de fondo, esa rama del poder público, para que actúe como un genuino árbitro jurisdiccional que al defender la Ley Suprema, esté protegiendo los derechos del pueblo soberano, y que sus componentes sean ejemplos de ética y austeridad republicana, principios que, con excepcionales casos, brillan por su ausencia en la actual judicatura. Pero eso sí, toda transformación sobre ese tema, debe tener como factor, la participación ciudadana, ya que lo repetimos: En lo esencial, solo el pueblo salva al pueblo.