Opinión, por Iván Arrazola //

El reciente intercambio de declaraciones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump ha puesto en evidencia la complejidad que enfrenta la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

Por un lado, Sheinbaum ha reiterado públicamente que la soberanía mexicana es inviolable y que, en consecuencia, no está dispuesta a aceptar la propuesta de Trump de desplegar tropas estadounidenses en territorio nacional para combatir a los grupos del crimen organizado. “El territorio es inviolable, la soberanía se aprecia y se defiende”, afirmó la presidenta.

En respuesta, Trump acusó a Sheinbaum de tener tanto miedo a los cárteles que, según sus propias palabras, “no puede pensar con claridad”. Este cruce de declaraciones refleja un escenario cada vez más tenso, en el que el rechazo del gobierno mexicano a permitir una intervención directa ya comienza a traducirse en consecuencias concretas.

De hecho, Estados Unidos ha empezado a ejercer presión mediante una serie de decisiones que colocan al gobierno mexicano en una posición de subordinación, contraria al discurso oficial de México que insiste en promover una relación de equilibrio, cooperación y entendimiento entre ambos países.

Un primer indicio de esta presión se hizo visible con la cancelación de la visa estadounidense de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y de su esposo. Aunque la gobernadora ha ofrecido diferentes explicaciones —desde un supuesto tema administrativo hasta problemas relacionados exclusivamente con su cónyuge—, lo cierto es que Estados Unidos se ha negado a proporcionar información oficial, argumentando que estos procesos son confidenciales.

A pesar de la intervención de la presidenta Sheinbaum solicitando explicaciones, la respuesta fue la misma: el gobierno estadounidense no dará detalles. Más allá de las razones específicas, esta medida afecta inevitablemente la capacidad de interlocución internacional de una autoridad estatal mexicana, dejando entrever un posible uso político de las restricciones migratorias.

Se suman a este escenario las declaraciones, realizadas de manera anónima por funcionarios estadounidenses, que advierten que más integrantes de la clase política mexicana podrían ser objeto de restricciones migratorias en los próximos meses. Según estas fuentes, la administración estadounidense trabaja con una lista que incluye a varias decenas de figuras políticas del partido gobernante señaladas por agencias de inteligencia y seguridad como presuntamente vinculadas al narcotráfico.

A estos hechos se suma otro acontecimiento relevante: el cruce a territorio estadounidense de 17 familiares de Ovidio Guzmán por la garita de San Ysidro, quienes se entregaron a las autoridades estadounidenses. Todo apunta a que esta acción forma parte de las negociaciones que Guzmán sostiene para declararse culpable de tráfico de drogas. Este movimiento unilateral por parte de Estados Unidos ha generado inconformidad en el gobierno mexicano, que ha acusado a su vecino del norte de actuar sin coordinación ni aviso previo, rompiendo con el discurso de cooperación bilateral.

En este contexto, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, defendió que la detención y extradición de Ovidio Guzmán se realizó por las vías legales y en pleno respeto a los procedimientos formales. Sin embargo, el acuerdo de culpabilidad de Guzmán podría implicar la mención de funcionarios mexicanos involucrados con el crimen organizado, lo que pondría al gobierno federal bajo presión para actuar contra personajes cercanos, posiblemente incluso de su propio partido. Además, se teme que la salida de estos familiares provoque una nueva ola de violencia en Sinaloa, un estado que lleva años atrapado en una crisis de seguridad.

Por otro lado, el desmantelamiento reciente de tres narco laboratorios en Sinaloa encabezado por la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, con certificación de agencias estadounidenses, también generó polémica. La Embajada de Estados Unidos difundió imágenes de presuntos agentes en territorio mexicano, lo que se interpretó como una posible intervención extranjera.

La presidenta Sheinbaum negó que existan operativos con participación de fuerzas estadounidenses, señalando que, desde hace años, las agencias norteamericanas no operan directamente en México. Sin embargo, persiste la duda sobre si el gobierno federal estaba o no plenamente informado, o si prefiere no reconocer públicamente este tipo de colaboración, incluso cuando se trate solo de capacitación.

Los acontecimientos recientes muestran que, aunque México ha intensificado acciones como el despliegue de la Guardia Nacional y la extradición de 29 líderes criminales en lo que va del año, para Estados Unidos estos esfuerzos siguen siendo insuficientes. La desconfianza persiste, especialmente ante la percepción de que el gobierno mexicano evita reconocer la infiltración del crimen organizado en la clase política.

Mientras México defiende su soberanía y rechaza una intervención directa, Estados Unidos muestra su poder de presión en áreas clave, recordándole a México la profunda asimetría en la relación bilateral. En este difícil equilibrio, la cooperación real sólo será posible cuando ambas partes reconozcan y gestionen, con responsabilidad y transparencia, las condiciones desiguales que definen su relación.

Opinión, por Gerardo Rico //

Durante la semana que recién pasó, la agenda mediática de la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo supeditada -sin duda- al gobierno de los Estados Unidos. Cuando muchos pensamos que con el tema de los aranceles habíamos visto todo, las sorpresas no terminan y todo indica que van en aumento.

Primero fue en pleno 10 de mayo cuando nos enteramos de que a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo, el gobierno norteamericano le retiró la visa de no inmigrante al igual que a su esposo el ex panista y hoy militante de Morena Carlos Torres Torres. Por cierto y de acuerdo al semanario Zeta, tanto su esposo como el hermano de ésta Carlos Alberto están siendo investigados por estar presuntamente ligados al robo de combustible, también conocido como huachicol. Carlos Alberto fue administrador de la aduana de Tijuana en el gobierno de Felipe Calderón.

Luego supimos el lunes 12 de mayo de la entrega de 17 familiares del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán quienes cruzaron la garita de San Isidro, en la frontera entre Tijuana y San Diego. Todos caminando con al menos dos maletas cada uno y en conjunto portaban aproximadamente 70.000 dólares, según los reportes locales.

Familiares de narcotraficantes fueron recibidos por el FBI y el Servicio de Marshals en EE. UU., sin que las autoridades mexicanas, desinformadas, participaran, como ocurrió con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024. Este caso se suma a las extradiciones de Ovidio Guzmán (2023) y Joaquín Guzmán López (2024), quienes negocian acuerdos por cargos de narcotráfico.

El mismo día, Salvador García Soto publicó en El Universal su columna “La lista de Marco”, revelando que el Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, señala a 44 figuras de Morena como “colaboradores o beneficiarios” de cárteles de la droga, vinculados principalmente al “huachicol fiscal” y al contrabando de gasolina estadounidense en México.

Lo anterior, luego de la llamada que sostuvo la presidenta Sheinbaum con el mandatario Donald Trump el primero de mayo y en la que el estadounidense habría propuesto la presencia militar de su país en México, a lo que la mandataria mexicana se opuso, de acuerdo al The Wall Street Journal.

En la lista aparecen los siguientes gobernadores: Marina del Pilar de Baja California; Alfonso Durazo de Sonora; Alfredo Ramírez Bedolla de Michoacán; Layda Sansores de Campeche; Rubén Rocha Moya de Sinaloa; Miguel Ángel Navarro de Nayarit; Américo Villarreal de Tamaulipas; Samuel García de Nuevo León y el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

En el listado dado a conocer por García Soto también aparecen el secretario de Educación, Mario Delgado; la directora de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Clara Luz Flores y su esposo el priísta Abel Guerra de Nuevo León. También están el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López; el líder de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal; además de cuatro militares y generales de alto rango, así como el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, a quien se le liga con el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena Salazar.

Para el martes 13 de mayo comenzó a circular en medios nacionales una propuesta que afortunadamente no se concretó en el Senado de Estados Unidos: gravar con cinco por ciento el envío de remesas a México. Y se siguió hablando de centros internacionales de operación del huachicol, es decir, la venta de petróleo robado a Pemex que se comercializa en mercados internacionales.

El miércoles 14 se hizo oficial el acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y la familia del “Chapo” Guzmán, quienes se entregaron voluntariamente. El secretario de Seguridad Pública a nivel nacional Omar García Harfuch, reconoció que Ovidio Guzmán hizo una negociación con el Departamento de Justicia.

Vino la respuesta de la Presidenta, quien reclamó que dicha instancia del gobierno estadounidense realice negociaciones con Ovidio Guzmán, señalado como narcoterrorista por el gobierno americano, y recordó que el país que lo detuvo y extraditó fue México. Añadió que Washington no está compartiendo información y exigió no usar como pretexto la definición de un grupo de la delincuencia organizada como terrorista para tratar de intervenir o de tener injerencia en territorio nacional.

Como colofón de la semana, se informó del arribo a nuestro país del nuevo embajador de la Unión Americana, Ronald Douglas Johnson, quien primero visitó la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, y será este lunes 19 de mayo cuando presente sus cartas credenciales y se reúna con la presidenta Sheinbaum. Un militar de boina verde en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos y que trabajó en la CIA. Está a favor de una invasión a México.

Desde los Campos del Poder, por Benjamín Mora Gómez //

Estados Unidos ha sido nuestro mejor vecino posible, pues ha servido de chivo expiatorio cuando nuestros gobernantes no han podido cumplir, por incapacidad o falta de voluntad, con su mandato constitucional de proteger al vulnerado o garantizar el mejor futuro posible para todos.

Muy al estilo de la 4T, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal, hoy culpa al gobierno de EEUU de no advertirle de la presencia del gusano barrenador en Centroamérica… ¡Pamplinas! Hay una verdad profunda y evidente; los gobiernos federales habidos de Morena no quisieron proteger la frontera sur ni ante las hordas de los migrantes irregulares, ni menos frente ganado enfermo de gusano barrenador.

Los frutos de la 4T son depauperantes. En san Lucas (6:43), se nos dice que “al árbol se le conoce por sus frutos” y en san Mateo (3:10) se nos advierte que “todo árbol que no dé buenos frutos deberá ser arrancado y llevado al fuego”. Ojalá lo entendamos y actuemos.

Hay historias que explican lo que contienen las almas. Aprendí que el mal tiene su origen en la voluntad humana, de manera que es perder el tiempo el buscar culpables entre los demás, cuando sabemos que todo eso que nos duele, nosotros lo empezamos y hemos permitido continuar. Aprendí que no debo creerme todo lo que se dice en los medios impresos e internet, que tampoco es cierto que las grandes empresas trabajan para mi bien por encima de sus intereses económicos, ni que los partidos políticos y los gobernantes dan siempre lo mejor de sí mismos.

Diez mil millones de pesos en pérdidas para la ganadería mexicana es lo que podría representar la entrada del gusano barrenador a territorio nacional desde Guatemala, y de ello hay un culpable principal: Andrés Manuel López Obrador, y una responsable: Claudia Sheinbaum Pardo.

Quien haya visto cómo el gusano barrenador devora en carne viva a una vaca, comprenderá dos cosas, de un lado, su peligrosidad en el ganado y, del otro, a manera de ejemplo, cómo un mal gobernante devora la dignidad del pueblo.

La invasión del gusano barrenador en territorio nacional es la prueba magistral y contundente de lo que ya no es posible ignorar: Todo el pasado nacional de negligencias que nos avergüenza (priistas, panistas y perredistas) encontró refugio y protección en Morena, y absolución plena en Andrés Manuel López Obrador a sus excesos y robos, tal cual fueron las cartas de corso que otorgó a sus piratas la corona británica.

Confucio dijo: “No son las malas hierbas las que ahogan a la semilla, sino la negligencia del campesino”. El culpable y la responsable de los daños del gusano barrenador en nuestro ganado son la misma dupla: López-Sheinbaum.

Los relatos que nos podemos dar sobre los sueños de Andrés Manuel López Obrador contenidos en su 4T siempre terminan en pesadillas compartidas que se alimentan de la propia desesperación humana, profunda y oscura. El gran espejo de la sociedad mexicana actual nos muestra perdidos y sin rumbo.

No hay excusas para la epidemia totalitaria que recorre México. La elección de jueces y magistrados, al que ha convocado Claudia Sheinbaum en contra del Poder Judicial, deberá juzgarse como crimen de lesa humanidad, pues conlleva violaciones gravísimas del derecho internacional que lesionan la libertad del pueblo mexicano, sujetándolo a los caprichos y abusos del gobernante en turno.

A partir de la elección referida, el 1 de junio próximo, el poder público y de gobierno nunca más dimanarán del pueblo. El manipuleo y abuso de la salud emocional comunitaria permite que la democracia mexicana agonice y pronto termine en manos de la primera mujer presidente.

Hay maldad en Claudia Sheinbaum cuando atenta contra nuestra libertad de conciencia, pensamiento y actuación, las mismas que nos permiten crecer y madurar en la verdad y la bondad. Como seres humanos, el libre albedrío es el don más grande recibido de Dios, pues nos permite disponer de nosotros mismos según nuestra conciencia y pensamiento.

La reforma que Claudia Sheinbaum pretende imponernos, desde un Poder Judicial a su servicio, destruirá nuestra libertad de albedrío. La supuesta laicidad de Sheinbaum busca desordenar nuestra búsqueda del bien, al instaurar el abuso sin cortapisas constitucionales.

Entendamos, no somos libres para elegir entre el bien y el mal, sino en hacer el bien atraídos libremente hacia él. La libertad democrática que Sheinbaum pretende destruir es aquella que crea y anima instituciones ciudadanas que nos protegen ante las tentaciones de abuso del gobernante. López Obrador fue claro: “No me vengan con eso de la ley, es la ley” y “Al diablo con las instituciones”. Así es, ha sido y será el expresidente.

Ahí, en donde está un pueblo libre y protegido por su constitución nacional está la democracia. Pero eso se acabará en México. Sheinbaum tendrá una constitución a su modo y servicio, y todos perderemos, incluidos quienes voten a favor de su propia esclavitud.

Con la nueva Ley en Comunicaciones, Claudia Sheinbaum busca acabar con la libertad de expresión, derecho humano fundamental, esencial para la dignidad humana, la democracia, el bien común y la justicia social. Este es el otro crimen de lesa humanidad de la presidente, con E.

Que nadie se diga engañado. Desde la oficina de Claudia Sheinbaum se trama la destrucción de nuestra democracia y nuestra libertad.