NACIONALES
El alto endeudamiento: El atardecer de las cifras, la política detrás del presupuesto 2024
Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
Bajo el atardecer de Ciudad de México, la sala de conferencias de Citibanamex se convierte en un escenario donde expertos desentrañan las páginas del nuevo presupuesto. Aquí, números, porcentajes y gráficas se convierten en actores políticos. «El presupuesto del próximo año parece estar diseñado para ganar las elecciones presidenciales de 2024», declara un analista de la firma financiera.
Su tono calculado no logra ocultar el cambio de ruta: el fin de la «hiper-austeridad» y la transición a un modelo que prioriza ciertos rubros sobre otros. La Secretaría del Bienestar emerge como la protagonista indiscutible, con un incremento del 25% en términos reales. Las transferencias monetarias, que benefician directamente a la base de López Obrador y Morena, toman el centro del escenario.
Al mismo tiempo, la Secretaría de Salud sufre un recorte dramático, a medida que nace un nuevo personaje: IMSS-Bienestar, el nuevo programa de salud para la población no asegurada. Sin embargo, la pregunta que flota en el aire es: ¿A qué costo?
Entre informes y debates, se subraya el sacrificio de la inversión física, reducida en un 11.1%. Mientras tanto, los proyectos insignia de la administración —el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas— reciben fondos suficientes para su culminación. Pero, ¿y después qué?
Con un aire de benevolencia palpable, la política social del gobierno se ha erigido como la estrella brillante en un cielo nublado de cuestionamientos. La pregunta latente, casi como un susurro en los pasillos del poder, es cuánto más allá de la cortesía y la simpatía puede llegar el dinero del estado para mantener e impulsar este pulmón social, este brazo extendido hacia la población.
Este no es un mero asunto contable; es una fusión delicada de esperanza y pragmatismo, donde las lealtades se forjan en el crisol de programas que buscan más que simples votos: buscan devoción. Pero en la oficina traslúcida del presupuesto, los números, aunque elásticos, tienen un límite. A veces se estiran, a veces se encogen, y las consecuencias son tan variadas como los sectores que afectan.
Algo inquietante habita en el paisaje de estas políticas: la discrecionalidad con la que se manejan los fondos. No es raro pensar que detrás de cada programa se esconde un laberinto de decisiones, oscurecido por sombras de duda y escepticismo. Y aquí radica el reto que Morena enfrentará ante el electorado.
Por otro lado, las grandes obras, esas apuestas de hormigón y acero, viven en un constante vaivén de certezas e incertidumbres. Recordemos el aeropuerto de Texcoco, una sombra que aún nos persigue como un eco interminable en las finanzas públicas. Y ahí están el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, con sus contornos borrosos, presupuestos inflados y cronogramas esquivos.
No hay claridad, por ejemplo, en el destino final del Tren Maya. Su trayecto serpentea tanto en la realidad como en la metafórica neblina de la planificación. Las voces disidentes claman por transparencia, pero la respuesta parece perdida en el viento del Yucatán, mientras los costos se disparan como estrellas fugaces fuera de órbita.
En el caso de Dos Bocas, el misterio es igualmente penetrante. Se nos promete un futuro de barriles y prosperidad, pero el mañana sigue siendo una página en blanco, escrita con tinta invisible.
Lo que resulta innegable es que, cuando las urnas se cierren el próximo año, el nuevo gobierno —sea quien sea— tendrá ante sí una pila de temas espinosos que requerirán más que una varita mágica para resolverse. Estos son los legados y las cargas que se heredarán, y ante ellos, el país se encuentra en una encrucijada que no sólo exige cifras, sino también claridad, honestidad y, más que nada, una visión sostenible y unificada para el futuro incierto que se avecina.
Se dibuja un futuro complicado, y el análisis de Citibanamex lanza sombras sobre lo que aguarda a la siguiente administración. La deuda neta amplia cierra 5.2 puntos porcentuales del PIB más alta que el cierre del sexenio anterior. El déficit total del 2024, según el presupuesto federal, podría alcanzar el orden de 1.9 millones de millones de pesos.
Si nos retrotraemos al primer acto de la administración de López Obrador en 2019, hallaremos un déficit que rondaba un aparentemente modesto 2.3% del Producto Interno Bruto de aquel entonces. Ah, pero qué revelador es el paso del tiempo, ese implacable juez que desnuda la realidad. Al llegar al ocaso de este sexenio, si las estrellas económicas se alinean en nuestro favor, es decir: ¡Si bien nos va!, nos encontraremos ante un déficit que ha engordado hasta alcanzar el 5.4% del PIB contemporáneo.
Este número, aunque pueda parecer una mera estadística, es en realidad un espejo que refleja la multiplicación de compromisos y tensiones: una inflación, por así decirlo, no solo de cifras sino de ambiciones y riesgos. Hablamos de un incremento que supera las dos veces, 2.3 para ser exactos, en el espacio de unos pocos años; un estiramiento del tejido fiscal que nos hace cuestionar la elasticidad, y quizás la sostenibilidad, del rumbo económico del país.
Este déficit, ya no tan discreto, es como un elefante que ha crecido en la sala, y que todos, querámoslo o no, tendremos que abordar. La narrativa oficial apunta a un endeudamiento que ronda «tan solo» el 50% del PIB. Pero este argumento omite una realidad contundente: en comparación con otros países latinoamericanos, la recaudación tributaria en México es significativamente menor, dejando poco espacio para inversiones críticas en educación, salud y seguridad.
Con estos elementos en juego, el gobierno de López Obrador enfrenta un desafío de alta complejidad. La propuesta presupuestaria parece no sólo un mapa de ruta para su último año, sino también una declaración de intenciones que busca satisfacer a su base electoral mientras plantea incógnitas difíciles de responder.
En el complejo tablero de la política mexicana, donde cada decisión presupuestaria puede traducirse en capital político, el presupuesto de 2024 aparece como una jugada arriesgada, una apuesta que podría definir no sólo el final del mandato de López Obrador sino el inicio de una era repleta de desafíos económicos y sociales.
La sala se vacía, las luces se apagan, pero las preguntas persisten. A medida que nos acercamos a un ciclo electoral incierto, la tensión entre las aspiraciones políticas y las realidades fiscales se intensifica, dejando a la nación en una encrucijada que demanda más que números; demanda respuestas, transparencia y, sobre todo, un proyecto sostenible para el futuro.
En Twitter: @DEPACHECOS
JALISCO
Productores de maíz exigen precio de garantía y advierten posible colapso del campo mexicano
– Por Mario Ávila
Productores de maíz de diversos estados del país se manifestaron este jueves en Expo Guadalajara, sede del Congreso Internacional Agroalimentario 2025, en demanda un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada, freno a importaciones y ser escuchados por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Al evento asistió el secretario de Agricultura, Julio Berdagué Sacristán, quién fue testigo del reclamo realizado con pancartas y consignas, exigieron al gobierno un precio de garantía al maíz, ante el riesgo de que el grano se desplome hasta en 4 pesos si se deja al libre mercado, lo que según advirtieron, provocaría el colapso del campo mexicano.
Encabezados por Antonio Lizardi, de la agrupación Amigos por el Campo, los inconformes reclamaron incluso ser recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum y señalaron que se ha incumplido la promesa de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, mientras que el campo enfrenta abandono y precios cada vez más injustos.
Los manifestantes también denunciaron que, pese a la prohibición para sembrar maíz transgénico en México, se sigue importando este grano, lo que genera una sobreoferta que desplaza a la producción nacional.
“Nos dejaron a la deriva de los precios internacionales, donde no somos competitivos; no tenemos seguros agrícolas, las tasas de interés son altísimas, el cambio climático nos golpea desde hace cinco años y ahora permiten la importación de maíz blanco transgénico”, subrayaron.
– Por Mario Ávila
La Junta de Coordinación Política del Senado de la República, otorgó la responsabilidad de presidir la Comisión de Marina al senador de Jalisco , Carlos Lomelí Bolaños.
El legislador jalisciense de Morena sustituye en la responsabilidad al priísta, Alejandro Moreno Cárdenas, a partir de este jueves 18 de septiembre.
La Comisión de Marina tiene como responsabilidades ratificar nombramientos en la Armada de México, autorizar ascensos en las Fuerzas Armadas y avalar la salida o tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional.
Además de agradecer la confianza depositada en él, Lomelí Bolaños, expuso: «Este cargo es un reconocimiento al pueblo de Jalisco y a la lucha colectiva que nos trajo hasta aquí. El mar es riqueza, frontera, trabajo y vida. Desde esta trinchera trabajaré para que nuestras y nuestros marinos, pescadores y comunidades costeras avancen con la justicia social que merecen».
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
Galería urbana en el andador Chapultepec para festejar 30 años de democracia
Productores de maíz exigen precio de garantía y advierten posible colapso del campo mexicano
Designan al senador Carlos Lomelí presidente de la Comisión de Marina
Pentágono revela el primer diseño del “Golden Dome”, escudo antimisiles de 175 mil millones de dólares
