Elecciones 2024 en Jalisco, la certeza que nunca llegó

Opinión, por Gabriel Torres Espinoza 

La elección de 2024 en Jalisco fue validada por los tribunales, pero eso no significa que haya dejado satisfechas las exigencias democráticas de transparencia, certeza y confianza pública. La legalidad de un proceso electoral y la percepción ciudadana sobre su conducción no siempre caminan de la mano.

Precisamente ahí radica el principal problema que dejó la actuación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) durante la contienda más competida de los últimos años.

No sostengo que haya existido fraude electoral. Los órganos jurisdiccionales no acreditaron una irregularidad determinante que justificara la anulación de los resultados. Sin embargo, reducir toda crítica a la pregunta de si hubo o no fraude implica ignorar un conjunto de fallas institucionales que terminaron dañando la confianza pública en el árbitro electoral.

La principal evidencia de ello fue el desempeño del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Aunque jurídicamente no define una elección, sí cumple una función esencial: ofrecer información oportuna, transparente y verificable para reducir la incertidumbre durante las horas más delicadas de la jornada electoral. En Jalisco ocurrió exactamente lo contrario.

El PREP inició con retrasos, avanzó lentamente y concluyó sin procesar la totalidad de la información esperada. Lo que debió ser una herramienta para fortalecer la confianza terminó convirtiéndose en una fuente de dudas y especulaciones. Cuando una autoridad electoral no explica con claridad lo que está ocurriendo, inevitablemente otros ocupan ese espacio con sospechas, versiones encontradas y narrativas de confrontación.

En este contexto, la responsabilidad política e institucional de la entonces presidenta del IEPC, Paula Ramírez Höhne, resulta ineludible. No se trata de atribuirle responsabilidades penales ni de desconocer la validez legal de la elección. Se trata de reconocer que quien encabeza una autoridad electoral tiene la obligación de conducir, informar, transparentar y ofrecer certezas en momentos de crisis.

El problema fue que la crisis de confianza pareció ser tratada como un simple problema de percepción pública. Sin embargo, cuando existen actas que no pueden procesarse oportunamente, paquetes electorales que generan dudas sobre su trazabilidad, recuentos tensos y resultados preliminares incompletos, la autoridad no puede limitarse a pedir confianza. Debe demostrarla mediante información verificable y evidencia accesible para todos.

El caso de Guadalajara ejemplificó con claridad esta situación. Ahí se concentraron varias de las controversias más visibles del proceso: casillas inicialmente no computadas, paquetes reportados en ceros y un intenso debate sobre la necesidad de un recuento más amplio. Independientemente del desenlace judicial, el episodio dejó una lección evidente: en una elección cerrada, cualquier inconsistencia administrativa puede convertirse en un detonador político de enormes dimensiones.

La autoridad electoral debió anticipar ese escenario. No lo hizo. Y cuando las dudas comenzaron a multiplicarse, optó por normalizar los problemas en lugar de explicarlos con amplitud y transparencia. Esa actitud defensiva contribuyó a profundizar el desgaste institucional.

Los tribunales tampoco concluyeron que hubiera existido una parcialidad determinante por parte del IEPC. Sin embargo, la imparcialidad no sólo se acredita en las sentencias. También se construye diariamente mediante la comunicación pública, la máxima publicidad de los actos, la apertura informativa y el trato equitativo hacia todos los actores políticos. Cuando el árbitro parece más concentrado en defender su actuación que en rendir cuentas, la percepción de imparcialidad comienza a erosionarse.

Particularmente preocupante resultó la utilización de procedimientos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género para responder a críticas dirigidas contra la actuación de la autoridad electoral. Nadie cuestiona la importancia de esta figura jurídica para proteger a las mujeres de ataques misóginos, amenazas o conductas discriminatorias. El problema surge cuando se pretende utilizarla para procesar críticas legítimas sobre el desempeño de una funcionaria pública.

Las autoridades electorales, por definición, deben soportar un alto nivel de escrutinio. Periodistas, académicos, analistas y ciudadanos tienen el derecho de cuestionar decisiones institucionales sin temor a enfrentar procedimientos sancionadores por el simple hecho de expresar desacuerdo. La crítica política puede ser incómoda, severa o incluso injusta, pero eso no la convierte automáticamente en violencia de género.

La propia Sala Superior del Tribunal Electoral terminó estableciendo criterios relevantes al señalar que determinadas expresiones cuestionadas debían analizarse dentro del contexto de la crítica política al desempeño institucional y no como ataques motivados por razones de género. Ese precedente resulta fundamental porque protege simultáneamente dos bienes democráticos: los derechos de las mujeres y la libertad de expresión.

La mayor equivocación de Paula Ramírez no fue únicamente la gestión de una elección compleja. Fue, sobre todo, confundir el cuestionamiento público con una agresión personal. La presidencia de un órgano electoral no está diseñada para exigir deferencia ni inmunidad frente a la crítica. Su función consiste en garantizar legalidad, imparcialidad, transparencia y máxima publicidad.

La lección que deja Jalisco 2024 es sencilla pero profunda: la confianza democrática no se decreta. Se construye. Se gana mediante sistemas que funcionan, información abierta, rendición de cuentas y explicaciones oportunas. Una autoridad electoral moderna no puede operar bajo la lógica de “créannos”. Debe hacerlo bajo la lógica de “verifíquenlo”.

Porque al final, el saldo más delicado de este proceso no fue la disputa entre ganadores y perdedores. Fue la percepción de que una parte importante de la ciudadanía salió de la elección con más preguntas que respuestas. Y cuando eso ocurre, la legalidad puede sobrevivir, pero la confianza democrática queda inevitablemente lastimada.