La ley también debe cumplir su palabra

Opinión, por Violeta Moreno

La vida cotidiana está hecha de decisiones que tomamos confiando en las reglas existentes. Compramos una casa, aceptamos un empleo, firmamos un contrato, iniciamos un negocio o planeamos el retiro porque suponemos algo elemental: el Estado no cambiará después las condiciones para perjudicarnos.

A eso sirve la no retroactividad. Aunque parezca una expresión reservada para abogados, en realidad protege la tranquilidad con la que millones de personas construyen su vida. El artículo 14 constitucional lo dice con claridad: ninguna ley puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna.

Pensemos en una familia que compra un terreno donde legalmente puede construir. Obtiene permisos, solicita un crédito y levanta su vivienda. Sería injusto que, años después, una nueva disposición desconociera todo lo autorizado. O en una trabajadora que acepta determinadas condiciones laborales, cumple durante décadas y organiza su vejez con base en ellas. Cambiarle las reglas cuando ya recorrió el camino no sería modernizar el sistema; sería retirarle la certeza.

Las leyes deben evolucionar. Ningún país puede permanecer inmóvil frente a nuevas realidades económicas, sociales y políticas. Pero transformar el futuro no exige borrar el pasado. Una reforma legítima puede establecer nuevas condiciones hacia adelante sin desconocer los derechos que las propias instituciones reconocieron.

Por eso preocupa la reforma al artículo 127 constitucional, aprobada por el Congreso de la Unión e impulsada por la mayoría encabezada por Morena. Su segundo transitorio ordenó ajustar al nuevo límite incluso las jubilaciones y pensiones ya otorgadas y vigentes. Durante la discusión en el Senado se sostuvo, además, que la prohibición del artículo 14 se refiere a las leyes y no a la Constitución.

Esa interpretación abre una pregunta que rebasa cualquier recibo de pensión: ¿puede una mayoría política modificar el pasado de las personas solamente porque lo hace mediante una reforma constitucional?

Hoy son las jubilaciones. Mañana podría tratarse de una propiedad, una prestación laboral, un contrato, un ahorro o cualquier otro derecho reconocido previamente. Cuando el poder encuentra una puerta para alterar situaciones consolidadas, la incertidumbre deja de pertenecer a un grupo y entra en la vida de todos.

Aquí cobra especial importancia la lucha jurídica del movimiento de pensionados de la Comisión Federal de Electricidad y de otros organismos gubernamentales, quienes tienen como abogado a Carlos Aldana. Su defensa no consiste únicamente en discutir cantidades. Busca preservar una frontera indispensable: que los cambios legales no se conviertan en instrumentos para disminuir derechos adquiridos.

Estos pensionados han decidido acudir a las instituciones y a los tribunales. Ese camino fortalece la democracia porque obliga a revisar el alcance del poder y la vigencia de las garantías constitucionales.

La verdadera modernización no consiste en comenzar cada etapa borrando la anterior. Consiste en construir reglas mejores sin romper la confianza pública.

La ley puede cambiar el futuro. Lo que no debería cambiar es el pasado de quien cumplió con ella.

Defender esa certeza no es resistirse al cambio; es asegurar que el progreso llegue con justicia, límites y respeto para cada ciudadano mexicano.