Del consumo pasivo al poder absoluto

Opinión, por Gerardo Rico

Cuando se suscitaron los narcobloqueos en Jalisco y a nivel nacional, el domingo 22 de febrero de este año, se informó que más de 200 mil tiendas Oxxo en el país habían sido incendiadas, cuando solo existen 20 mil; se viralizó la imagen de un avión incendiado, supuestamente, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Los bloqueos a la terminal aérea sí fueron efectivos; se dijo, además, que estaban bajando a la gente de sus vehículos para matarla en ciudades y carreteras.

Todo, avalado por una televisora que transmitía en cadena nacional al momento de los acontecimientos, situación que originó temor e incertidumbre entre quienes vieron esa información y que se extendió a redes sociales, ocasionando una psicosis social.

Hay que recordar que, durante 30 años, las principales televisoras del país tuvieron un negocio perfecto: cobraban al Gobierno federal para atacar a sus enemigos y generaron multimillonarias ganancias. Construían narrativas, originaban villanos y presentaban opiniones disfrazadas de noticias. Nadie distinguía entre opinión y propaganda, simplemente porque nadie estaba obligado a hacerlo. Muchos de mi generación recordamos a Jacobo Zabludovsky.

En junio de 2013 se legisló por primera vez en México en torno a los derechos de las audiencias, mediante el decreto de la Reforma en Materia de Telecomunicaciones, que obligó al Estado a reconocer expresamente los derechos de información, expresión y recepción de contenidos de los radioescuchas y televidentes. Además, se fijó la obligación de los medios de comunicación de contar con códigos de ética, distinguir entre información y opinión, así como designar figuras defensoras de las audiencias.

Sin embargo, en octubre de 2017 vino una contrarreforma, presentada por el panista Federico Döring y avalada por el PRI, el Partido Verde y una importante ala de legisladores del PAN. Consistió en derogar disposiciones que exigían a los concesionarios diferenciar entre información noticiosa y opinión; se sustituyó la vigilancia estricta por un modelo de autorregulación mucho más flexible para las empresas de radio y televisión, y se restringieron los mecanismos obligatorios de control y respuesta inmediata ante reclamaciones públicas.

Fue hasta agosto de 2022 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que dicha contrarreforma era inconstitucional y constituía un retroceso para los derechos ciudadanos.

Pero hay que regresarnos a 2011, al 24 de marzo para ser más exactos, cuando 715 medios de comunicación firmaron su adhesión para «autorregular» sus contenidos: «El día que los medios de comunicación callaron ante la violencia del sexenio de Felipe Calderón», titularía su nota la revista Proceso.

«Cuando el país ardía por la espiral de violencia generada por la guerra contra el narcotráfico que declaró el mandatario panista, los medios de comunicación claudicaron en su función vital: informar. Ante la petición presidencial para mitigar y minimizar la información sobre asesinatos y enfrentamientos ante los cárteles, dueños de medios de comunicación suscribieron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia».

Si bien el proyecto de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, propuesto por el Gobierno federal hace unos días, busca garantizar una información veraz, separar la publicidad de las noticias y establecer defensorías de las audiencias, desató pronunciamientos y afirmaciones sobre la «censura que viene».

Estoy de acuerdo en analizar estos riesgos, la discrecionalidad con que se pueda manejar la información y no caer en una regulación desigual, pues hasta el momento esta propuesta aplica estrictamente a la radio y la televisión concesionadas, pero deja fuera a las plataformas digitales y a los periódicos. Estoy de acuerdo, también, en ser cuidadosos con el manejo que el Gobierno federal, a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, pueda darle a cualquier interpretación.

Instancias como la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión mostraron su preocupación por la ambigüedad en los criterios para definir qué es información y qué es opinión, lo que podría derivar en multas y sanciones arbitrarias. Legisladores de oposición del PRI y del PAN advirtieron sobre el riesgo de restricciones editoriales, al temer que se utilice un recurso de revisión gubernamental para silenciar voces críticas.

Hay que destacar que, tras el fallo de la SCJN en 2022, que invalidó la contrarreforma de 2017 por considerarla regresiva, el marco normativo se transformó mediante la abrogación de la antigua Ley de Telecomunicaciones en 2025, la creación de nuevos órganos reguladores y la apertura de una consulta pública en julio de 2026, con el objetivo de establecer lineamientos de autorregulación y códigos de ética.

No es la primera vez que este tema se discute públicamente en México y origina polémica con la administración federal, del color partidista que sea. Son muchos los intereses económicos y políticos que están de por medio, más allá de la simple información. Como ciudadanos, como trabajadores y colaboradores de los medios de comunicación, cada quien debe ser responsable y congruente en sus opiniones.

Es cierto que hay diferencias ideológicas y de posturas políticas. Recuerdo cuando, en mis tiempos como reportero, aprendimos que el único valor que debemos preservar es la verdad y, sin buscar la manipulación, mantener la objetividad. Con el paso de los años aprendemos que estos valores se preservan de acuerdo con nuestra evolución como personas y con la visión que tenemos de la vida.