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NACIONALES

El gobierno y la SEP se lavan las manos: El otro decálogo para el regreso a clases

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Metástasis, por Flavio Mendoza //

La SEP anuncia el regreso a las aulas de los estudiantes de educación básica, para ello la Secretaria de Educación, Delfina Gómez, presenta el decálogo de las acciones que deberán cumplir alumnos, padres y docentes, curiosamente, ninguna de ellas aplica para la responsabilidad de la autoridad educativa o los gobiernos estatales y federal, por el contrario el último punto es prácticamente deslindar al gobierno de lo que pase en los centros educativos.

En 12 minutos la titular de la SEP, entre diversos vicios de lenguaje, explicó en qué consistía el regreso a las aulas, comenzando por elogiar el proyecto de Aprende en Casa, del que no se presentó un diagnóstico al respecto sobre su eficacia y eficiencia en contraste con su millonario costo. Así como tampoco presentó un diagnóstico del estado actual de las escuelas, su infraestructura física educativa, de conectividad, materiales e insumos y estructura ocupacional completa. Estos 10 puntos son para el sistema educativo un insulto a la inteligencia de maestros, padres y alumnos, pues no da certidumbre a un regreso a las aulas seguro, cuando ni siquiera llegan los libros de texto gratuitos completos a las escuelas.

El regreso es una solicitud de todos, maestros quienes saben el rezago académico que dejó la pandemia, los padres quienes además de ver el atraso de sus hijos se vuelve un problema continuar con ellos en casa mientras ellos trabajan, finalmente de los educandos quienes han sacrificado una parte de sus libertades y derechos como el de la recreación y el estudio, además de la convivencia social como parte de su desarrollo. Pero todos ellos coinciden en que debe ser a través de una estrategia que garantice la seguridad sanitaria de toda la comunidad educativa.

Este es el verdadero debate, es lo que se esperaría de un ministerio o Secretaría de Educación, una serie de acciones que requieren inversión inmediata para ese sector que se pretende regresar a una nueva normalidad que aún no es normal, no en medio de una tercera ola con cepas nuevas del virus que tienen mayor potencialidad en contagio, síntomas, gravidez, secuelas e índices de mortalidad, que ahora también está afectando a niños.

Además, con los números crecientes que superan cualquier estadística de aquellos peores momentos del 2020 en nuestro país. Aquí, tendremos que decir que el acompañamiento y pronunciamiento a favor de esta estrategia por parte del SNTE a nombre de la mayoría de docentes también dejó mucho que desear.

El regreso seguro debe obligar a la autoridad educativa a cumplir con el otro Decálogo:

1.- Estructuras Ocupacionales Completas, es tiempo pertinente para exhibir la carencia de recursos humanos en las escuelas, principalmente en los niveles de preescolar y primaria, donde el personal cumple hasta con tres o más funciones por el mismo sueldo. Los maestros no deberían, por ninguna razón, realizar labores de limpieza, ni los padres de familia, es responsabilidad del estado, esto permitirá entender la necesidad de organización interna que llegan a establecer cuotas de aportación voluntarias, hoy prohibidas por el Congreso y el Gobierno Federal.

2.- Infraestructura física educativa pertinente, que las escuelas cuenten con los servicios básicos e instalaciones adecuadas para ello. Es momento de dimensionar la precariedad de las instalaciones indignas para nuestros estudiantes.

3.- Para el uso adecuado del cubrebocas en todo momento la SEP entregará paquetes de cubrebocas desechables KN95. El cubrebocas KN95 tiene un periodo de utilidad efectivo de hasta 72 horas, por lo que las escuelas requerirán un cubrebocas por cada alumno y personal para cambiar cada 3er día. Lo anterior por la seguridad de los menores, además de los trabajadores y las familias de ambos.

4.- Para el lavado constante de manos, la SEP entregará a cada escuela un kit de materiales de limpieza, en el que se incluirá también gel base alcohol entre el 60 y 80%, despachador automático para cada aula y/o espacio educativo de cada centro escolar, en la cantidad suficiente mientras sigamos en pandemia.

5.- Para el cumplimiento de la sana distancia, además de la señalética para la que se dotará de pintura balística y cinta de alta adherencia, la SEP enviará el mobiliario pertinente para todas aquellas escuelas con faltante de mobiliario o cuya condición no es propia para mantener la sana distancia.

6.- El gobierno federal hará una inversión prioritaria para la habilitación de los espacios abiertos, creando domos y auditorios al aire libre, en aquellos planteles educativos donde no cuentan con ellos.

7.- La SEP en conjunto con la Secretaría de Salud llevarán a cabo capacitación al personal, alumnos y padres para el correcto uso y aplicación de medidas preventivas contra el Covid-19, su detección temprana, así como se hará llegar un reporte diario con información actualizada y ubicación geográfica del comportamiento de contagios para la toma de decisiones que implican el servicio educativo, como medios de transporte, entre otros.

8.- Aplicar aleatoriamente a estudiantes y personal educativo pruebas rápidas para la detección oportuna del virus cuando menos cada 15 días (periodo que dura la incubación del virus).

9.- Línea telefónica y atención especial para estudiantes y trabajadores de la educación ante posibles contagios, de manera inmediata aplicar pruebas sin costo, dar seguimiento y atención a los casos comprobados, siendo este sector por la importancia en este momento que tiene el regreso a las aulas, una prioridad nacional, por lo que deberán tener preferencia en caso de requerir hospitalización.

10.- La SEP entregará una carta compromiso a estudiantes y trabajadores de la educación, donde se hace responsable en caso de saturación del sector salud público, del pago que genere por atención a casos confirmados Covid-19 en instituciones privadas. Así como la indemnización y pensión en caso de muerte por Covid-19 a deudos de los Trabajadores de la Educación.

Es tiempo de entender los resultados de los últimos tiempos en educación, hoy que se considera necesario e indispensable el regreso a las aulas, por todo lo que ello conlleva, es igual de inaplazable una mayor inversión en la educación, el tiempo de evaluación al magisterio evidenció que nunca fuimos el problema del sistema educativo, hoy la pandemia hace mas evidente y crudo el estado que guarda nuestro sistema, así como las asimetrías en el aprovechamiento académico escolar derivado de la atención y responsabilidad de las familias y sus capacidades económicas, urge regresar pero de manera segura, como urge replantear mas allá del texto en una reforma la inversión creciente, progresiva e integral a nuestro sistema educativo, por el bien de todos, primero la educación.

Twitter: @FlavioMendozaMx

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JALISCO

Acusa Enrique Krauze a Donald Trump de tener un perfil cercano al de un dictador

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CIERTO O FALSO

“El mundo necesita un estadista. Es altamente improbable que Trump lo sea. Su perfil autoritario corresponde al del dictador que tanto temían los Padres Fundadores de Estados Unidos”

ENRIQUE KRAUZE / ESCRITOR

“55% de los estadounidenses respaldan la deportación de la comunidad indocumentada (…) Estamos hablando de más de 11 millones de personas, la inmensa mayoría gente honesta y de trabajo, que ha construido vidas, pagando miles y miles de millones en impuestos y tiene millones de hijos nacidos en EEUU y ciudadanos de este país”

LEÓN KRAUZE / ARTICULISTA DEL WASHINGTON POST

FUEGO CRUZADO

“Venezuela está en manos de un cartel criminal (…) Biden se equivocó al negociar con Maduro (…) Las elecciones fueron fraudulentas (…) Las petroleras financian al régimen (…) Urge un cambio de política”

MARCO RUBIO / PRÓXIMO SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU

“Lamentablemente Venezuela no está gobernada por un gobierno, está gobernada por una organización de narcotráfico que se ha empoderado del estado nacional, y hemos visto, creo, 7,8 o 9 millones de venezolanos que han abandonado el país”

MARCO RUBIO / PRÓXIMO SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU

VOZ ALTA

Papa caliente: Notarios

José Luis Leal Campos asumió la presidencia del Colegio de Notarios de Jalisco ante la presencia del gobernador Pablo Lemus y habló de la actualización de la actividad notarial que vendrá a responder al objetivo de innovar en esta actividad. “Esto será posible a través de la innovación y modernidad que nos dará una nueva identidad con la sociedad. Y lo haremos a través de seis principios: Voluntad, la defensa y representación del notariado, actuación basada en la ética, la capacitación y discusión de la cultura jurídica, el compromiso y solidaridad con la sociedad de Jalisco”.

JOSÉ LUIS LEAL CAMPOS. Sangre nueva en el Colegio de Notarios de Jalisco.

Se vuelve crítico

La problemática del transporte es un asunto que de no prestarle el gobierno del Estado la atención que el caso requiere, le puede estallar a Pablo Lemus, ya que Alfaro, a diferencia de su antecesor le heredó un problemón. Existe una crisis que golpea tanto a empresarios como choferes y que impacta al usuario, cuando circulan menos camiones, porque faltan más de mil choferes (1,500 consideran en números conservadores), la razón es que los sueldos dejaron de ser atractivos, cuando se castiga la tarifa generando esto un efecto dominó. Lemus debe echarse un clavado para conocer la realidad.

DIEGO MONRAZ. Trae una bomba en las manos.

Agua para Tlajo

Uno de los objetivos fundamentales que se ha trazado Gerardo Quirino como presidente municipal de Tlajomulco es resolver el problema de abastecimiento de agua en el municipio por los próximos 40 años. Con la construcción de la planta de tratamiento “Los Agaves” en la zona de la carretera a Chapala, se logrará, con el sistema de interconexión de pozos, el acuaférico que por muchos años se ha estado construyendo y que vendrá a mitigar el agua que sacan del subsuelo para que se recargue los mantos freáticos y el agua puedan tenerla todas las familias en cantidad y calidad.

GERARDO QUIRINO. La solución al problema del agua en Tlajomulco.

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JALISCO

La transición del Poder Judicial

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Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

El 15 de septiembre de 2024, se publicó en el Periódico Oficial de la Federación la Reforma al Poder Judicial, controvertida a grandes dimensiones. Para algunos mexicanos, es un acierto romper con el pasado en el que gobernaron otras ideologías y apostar a este nuevo gobierno morenista.

Para otros, es un retroceso y un posible error dejar que el pueblo elija de manera directa a quién impartirá justicia en las entidades federativas y en la federación, debido a que son cargos que requieren una carrera judicial, grados académicos y alta honorabilidad. Ahora nos enfrentaremos a la ardua tarea de implementarla según los tiempos marcados en la Reforma Constitucional y a ver la importancia de la armonización en Jalisco.

El reto en Jalisco, no solo implica la buena voluntad política de los poderes: el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, que es el que sufrirá o gozará de la armonización de esta gran reforma constitucional. El Poder Judicial en el Estado deberá transitar a la extinción del actual y a la creación del nuevo orden o desorden judicial, sin embargo, y según la lectura de los artículos transitorios del documento que reforma oficialmente, las entidades federativas deberán ser estrictamente apegadas a la reforma y su forma de transición tal como lo indica el artículo transitorio que al literal dice: “Décimo Primero.- Para la interpretación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.” Lo que se resume a que no existen opciones de variar la estructura del nuevo poder judicial; lo que pase en el ámbito federal deberá pasar en el local.

Todo indica que, en Jalisco, ante los posibles desafíos, sí existe la disposición de que este considerable cambio de impartición de justicia llegue a buen puerto, que las voluntades de los poderes se unan para considerar que la implementación de la reforma judicial sea lo más socializada y visibilizada.

El Gobernador Pablo Lemus Navarro ha nombrado a Arturo Zamora Jiménez, quien deberá, de manera honorífica, organizar y coordinar bajo la lupa social, a manera de propuesta para armonizar la ley estatal con la reforma judicial. Se realizarán foros con colegios de abogados, notarios, especialistas de colectivos, analistas políticos para conocer las voces de todos los involucrados y formar conclusiones. Los diputados tendrán alrededor de un mes para analizar estas propuestas y votarlas; debido a que los estados tienen hasta el 14 de marzo del 2025 para homologar sus legislaciones con la nueva reforma judicial.

La experiencia y trayectoria del jurista Arturo Zamora Jiménez garantizarían una reforma judicial ordenada y rigurosa desde su inicio, con un proceso estrictamente controlado. Se espera que esta persona comprenda la importancia del proceso para seleccionar a jueces imparciales, cuyas sentencias no estén influenciadas por la popularidad del juzgador, evitando así acrecentar la desigualdad y asegurando el acceso a la justicia para todos, sin importar su condición económica.

Es fundamental que en Jalisco esta transición en la elección de juzgadores y el cambio de poder judicial se realice de manera transparente y con amplia participación ciudadana, para generar confianza en el nuevo sistema judicial y fortalecer el Estado de derecho.

Ante los grandes cambios, deberemos buscar las oportunidades y, en este caso, que favorezcan los intereses de la sociedad y que nos permitan asegurar un futuro de impartición de justicia, real y transparente, en un país en el que todo se puede corromper en un instante y donde la opacidad gubernamental y política es más visible que la transparencia.

Construir desde la colectividad puede resultar en un mejor panorama para instaurar los cambios judiciales a los que nos sometió la cuarta transformación. Es evidente que la división de poderes no es algo que se pueda ya alegar y argumentar, entonces nos queda apostar a la participación ciudadana y la vigilancia social para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

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NACIONALES

El Plan México

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

El 13 de enero la señora Presidente Claudia Sheinbaum, presentó el Plan México diseñado para impulsar el desarrollo económico. Tres metas sobresalen: sustituir importaciones, fortalecer las cadenas productivas y colocar a la economía mexicana en el décimo lugar en el concierto internacional.

Sin duda es un buen documento porque integra una visión clara de hacia dónde quiere llevar la política económica y se pone además metas concretas que son mensurables, aunque no menciona compromisos en tiempos de realización, sin embargo, puesto en el contexto socio político, arroja graves contradicciones que son el principal obstáculo para el cumplimiento del citado plan.

El problema no está en él, sino en las limitaciones que le imponen las reformas al marco legal y en la eliminación de instituciones que le fueron heredadas y que ella misma se ha encargado de concluir las pendientes. Es inevitable por ello pensar que, como tantos otros documentos puede quedar en un buen catálogo de buenas intenciones.

El documento perfila a un gobierno con variantes significativas respecto a su antecesor en cuanto a política económica e incluso en la asistencial, donde ya se observan algunas correcciones como son la vuelta a las compras consolidadas de medicamentos, reconociendo llanamente que hay desabasto, el regreso de las guarderías ahora a cargo del IMSS, la revisión de la línea aérea Mexicana, pero hace falta un reconocimiento de las propias limitaciones del gobierno.

En principio se muestra abierto a la participación de la inversión privada, necesariamente deseada, convocada a participar en un programa de sustitución de importaciones que, erróneamente, algunos han interpretado como un regreso al proteccionismo. En realidad es un realineamiento de posiciones de cara a la revisión del tratado de libre comercio con EUA y Canadá, que pretende incidir en las cadenas de producción de los productos exportables. En esto al parecer ofrece facilidades para la inversión con una importante batería de estímulos fiscales.

Sin embargo, la industria requiere energía, mejor y mayor infraestructura y estos son recursos actualmente limitado en el país y aquí es donde empiezan las discordancias entre los propósitos y las realidades.

Seguir con el objetivo de garantizar la suficiencia energética es bueno, pero no lo es el limitar la presencia de la inversión privada en el sector, como es el caso de la industria eléctrica donde el estado se reserva el 54% de la participación, sin tener los recursos suficientes para participar en los proyectos de infraestructura necesarios. Hay formas de garantizar que la inversión mayoritaria sea mexicana y no extranjera y no es precisamente con dinero o participación gubernamental.

Lograr las metas que el plan señala depende en mucho de la inversión y las arcas nacionales no pasan por su mejor momento. La dilapidación de recursos del sexenio anterior en obras de alto costo y nula rentabilidad nos llevó al incremento de la deuda nacional y a sostener ahora con subsidios las improductivas empresas resultantes.

En el lanzamiento del Plan, estuvo presente una buena representación del empresariado e inversionistas, pero más allá de la verbalización positiva en entrevistas públicas, en privado se mantienen reservas, especialmente por la reforma judicial que arroja incertidumbre por la no vigencia plena del estado de derecho, por la politización, muy posible de los jueces y por la poca especialización que puedan tener estos sobre cuestiones fiscales, laborales y otras materias, especialmente al ver el conflictivo y turbio proceso de selección de aspirantes a ser votados en elección popular.

En su esencia el Plan es un buen documento y va más allá de superar la coyuntura de la revisión del tratado pues lo importante es recuperar el crecimiento económico pues sin él, la política social que encumbró y da permanencia al régimen pierde viabilidad.

La cristalización de las metas trazadas depende en mucho de la inversión. La inversión pública descendió 8.6% en el tercer trimestre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023 y la privada apenas creció un 2.9% y el Plan adolece de un capitulo que aborde las causas del descenso.

Algunas importantes devienen de la carga ideológica y de la abundancia de ocurrencias derivadas de juicios y prejuicios no siempre fundados. Otras, de las deficiencias en infraestructura que no podrán ser revertidas por la fragilidad de nuestra balanza financiera que impide al gobierno trabajar con suficiencia en ello y otras más derivan de la inseguridad y la incertidumbre por el estado de derecho.

El Plan México debiera trascender más allá de las declaraciones y el evento destacado, y sobre todo debiera tener un apartado que identifique con objetividad los obstáculos y defina con claridad como los irá derrumbando. Ese es el capítulo faltante y eso incluye una alta dosis de autocensura, cosa que hasta ahora no se ha visto que se haga.

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