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El Senado: Entre la lealtad y el naufragio del próximo sexenio

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

En la Cámara de Diputados, la sobrerrepresentación operó con una precisión milimétrica, permitiendo que la minuta de la reforma judicial navegara sin contratiempos hacia el Senado. Pero en este escenario, el Senado, no es el simple trámite que el oficialismo quisiera.

Los 83 senadores con los que cuenta Morena y sus aliados no alcanzan los 86 necesarios para aprobarla, lo que deja al país en un suspenso incómodo. Un solo voto. Un escaño que no solo representa una decisión legislativa, sino el peso de la historia.

La reforma judicial que está en juego no es cualquier cambio técnico a las leyes, es el corazón del futuro político del país, de la independencia de sus instituciones y del equilibrio de poderes. Manuel Velasco, uno de los operadores más astutos del oficialismo, lo sabe bien. Sabe que la presión por ese voto es monumental. Los dos senadores del PRD, un partido que se desmorona entre la apatía y el olvido, han decidido sumar sus nombres a la lista de quienes entregan su lealtad a cambio de beneficios inmediatos. Los ciudadanos de Michoacán y Tabasco, quienes los llevaron al Senado, quizás nunca reciban una explicación honesta por este movimiento que huele más a traición que a convicción. ¿Fue codicia, miedo o simple resignación? Nadie lo sabrá. Lo único claro es que, por su acto, presidirán dos comisiones.

Con los 85 senadores que ahora suma el oficialismo, la cuestión es angustiante: falta uno. Solo un voto más y el gobierno obtendría la mayoría calificada. El país entero aguarda el desenlace en una Cámara Alta que se ha convertido en un campo de batalla simbólico.

Mientras tanto, en la bancada opositora, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, conscientes de la magnitud del reto, cierran filas. El anuncio de los senadores del PRI, acordando un voto en bloque en contra de la minuta, no deja margen para dudas. Incluso Miguel Riquelme, exgobernador de Coahuila, desde su cama de hospital, tras someterse a un cateterismo, asegura que, de no poder asistir personalmente, pedirá licencia para que su suplente vote en contra. Este nivel de compromiso no es habitual en la política mexicana, donde la traición y los intereses personales suelen dictar el rumbo de las decisiones.

Pero no todo es certeza en el panorama opositor. Los rumores se arremolinan en torno a Manlio Fabio Beltrones, un veterano de mil batallas que algunos ingenuos creyeron dispuesto a cruzar al bando oficialista. Su rotundo rechazo en redes sociales deja en claro que no será él quien incline la balanza. Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, también ha despejado cualquier duda sobre su postura. «Mi voto será totalmente en contra», ha dicho, en un gesto que algunos consideran valiente y otros lo vemos como mera estrategia política.

El ambiente en el Senado es denso. Los observadores ciudadanos no quitan los ojos de quienes tienen en sus manos el destino de la justicia mexicana. Un solo voto será el desenlace de esta intrincada trama política. ¿Quién lo entregará? ¿Quién será el senador que ceda ante las promesas o las presiones? Este episodio se va configurando como uno de los más oscuros y a la vez más reveladores de nuestro tiempo.

La reforma judicial que el presidente saliente impulsa con fuerza es una bomba de tiempo. Ha sido calificada por expertos económicos y financieros como una amenaza directa a la confianza de los inversionistas, nacionales y extranjeros. El mensaje es claro: con esta reforma, México deja de ser un lugar predecible y seguro para invertir. Las señales son ominosas: mercados inestables, incertidumbre jurídica y la amenaza de un retroceso en la independencia de los poderes. El sexenio de Sheinbaum, que aún no comienza formalmente, ya tiene un enemigo claro: una reforma judicial que, si se aprueba en sus actuales términos, condenará su mandato a ser un mero bienio de crisis, desgaste y descontento.

Adán Augusto López lo sabe. No es ingenuo. Sabe que el futuro de la presidencia de Sheinbaum depende de lo que ocurra en el Senado en las próximas semanas. Pero también sabe que el verdadero desafío no es la oposición, siempre lista para vender a alguno de sus senadores a cambio de beneficios inmediatos, sino su propio bloque. En Morena y sus aliados está la clave. Un par de ausencias estratégicas, quizás alguna licencia temporal, y la reforma se detiene. No es necesario un enfrentamiento frontal, basta con que dos o tres senadores del bloque gobernante no estén presentes al momento de la votación para que la maquinaria presidencial que deja López Obrador no imponga esta reforma.

En las entrañas del Senado mexicano se libra una batalla crucial, pero el centro de gravedad no está en la oposición, como muchos suponen, sino en el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López. La decisión que tome en los próximos días definirá no solo el futuro inmediato de la nación, sino también el del sexenio que Claudia Sheinbaum está por comenzar. En sus manos está la posibilidad de evitar que su gobierno naufrague antes de zarpar.

¿Y el senador morenista Marcelo Ebrard? Él, ya presentó su licencia al Senado para que su nombre no aparezca entre quienes votaran a favor de la reforma al Poder Judicial, con miras a la elección de 2030, ese hombre que pudo haber sido presidente, se ha convertido en un espectador más del drama político nacional, en medio de este juego de lealtades y traiciones, Ebrard sigue ahí, observando, esperando, quizás ya resignado a que su gran oportunidad nunca llegará. La política mexicana tiene una forma cruel de desechar a aquellos que, a pesar de sus sacrificios, no logran ajustarse al perfil de la obediencia ciega. Y si hay algo que nos deja claro la historia de Ebrard, es que, en este juego de poder, la lealtad no siempre se paga como se espera.

La vieja casona de Xicoténcatl, sede alterna de esta sesión por las manifestaciones en contra de la reforma, se convertirá en el escenario de la traición o del heroísmo. Los nombres que ahí resuenen quedarán marcados en los libros de historia, como los que decidieron si México mantuviera su independencia judicial o la sacrificaría en el altar del poder presidencial.

La apuesta del presidente es clara: un bono político de fin de mandato que dejaría el camino despejado para el proyecto de continuidad de la 4T. La pregunta es: ¿a qué costo? Morena parece estar a las puertas de conseguir ese último voto, pero la oposición ha cerrado filas de una manera inesperada, firme, con estrategias que no habíamos visto en años recientes.

Los senadores de oposición han tomado medidas inusuales: suplentes preparados, compromisos públicos de votar en contra, e incluso amenazas implícitas de consecuencias políticas para quien se atreva a cambiar de bando. El escenario es incierto, y el reloj político no se detiene. ¿Habrá un último traidor? ¿O la oposición, resurgida de sus propias cenizas, será capaz de frenar el proyecto del presidente?

Hoy, el Senado es el campo de batalla, pero mañana lo será la nación entera.

En X @DEPACHECOS

 

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Que no son lo que son

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

En el oficialismo, que incluye en este caso al gobierno, Poder Legislativo y partido, se han empeñado en no reconocer y negar lo que es evidente: la construcción de un Estado policial y la oficialización de la censura gubernamental atacando la libertad de expresión. La conversación se ha seguido en los medios públicos y privados con las voces del régimen negando y la oposición acusando la coartación de las libertades civiles.

Dos son los argumentos oficiales destacados; el primero es la necesidad que tiene el estado de combatir con mayor eficacia al crimen organizado y el segundo es que la oposición exagera para beneficiarse electoralmente y que en realidad ya todo está en la legislación y solo se adecua.

Se puede coincidir en que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, así como también en que el Estado requiere mejores instrumentos para combatirla; y que bueno que así se piense, pues eso implica que el Estado retome su potestad del uso legítimo de la fuerza para mantener el orden y la observancia de la ley.

En lo que no se puede estar de acuerdo es en que para hacerlo tenga que convertir a toda la población en potenciales delincuentes, sospechosos solo por poseer teléfonos celulares o participar en redes sociales. Poco importa que digan que se requerirá una disposición judicial para escudriñar las vidas de particulares, cuando el nuevo poder judicial está poblado por incondicionales del régimen.

Aceptemos que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, pero también que las competencias de las policías municipales y de los estados está severamente limitada por falta de recursos que la federación ha preferido destinar a la Guardia Nacional y a las fuerzas armadas, y que la expansión de los grupos delincuentes fue posible por la desidia y la indiferencia de las fuerzas federales dedicadas por seis años a solo hacer presencia y dar abrazos y no balazos, sin descontar la posible connivencia o complicidad de políticos, policías y gobernantes, tolerada con conveniente disimulo.

El giro de timón que ha tenido la estrategia gubernamental, persiguiendo y apresando delincuentes, no sabemos si obedece a una real voluntad de acabar con el problema o solo ha administrarlo en tanto baja la presión del gobierno estadounidense que ha exigido un combate a fondo de los grupos criminales y su asociación con los poderes del Estado. En todo caso, a pesar de los resultados estadísticos favorables, los carteles avanzan y controlan amplias franjas del territorio nacional y no se entiende cómo la censura y el uso faccioso y político de los datos personales puedan coadyuvar a detenerlos.

Se dice también que la nueva CURP con datos biométricos coadyuvará en la búsqueda de personas desaparecidas, así como unificar datos de la población para trámites y servicios. Esto implica un peligro adicional para la ciudadanía, porque conocemos la ineptitud del gobierno para manejar este volumen de información con seguridad y secrecía, y no sería remoto, dada la penetración del crimen en las estructuras gubernamentales, que los datos personales cayeran en malas manos.

Sin embargo, podríamos dar el beneficio de la duda y abonar las buenas intenciones del gobierno, si no fuera por la estructura totalitaria que se está construyendo alrededor.

El ogro filantrópico se ha venido construyendo sistemáticamente. Las bases se sentaron el sexenio anterior y no mintieron al decir que seguiría un segundo piso. Hoy el Estado subsidia y anestesia la pobreza, censura y cohesiona a medios y comentaristas, hizo ficción a la división de poderes, eliminó los órganos e instituciones autónomas e independientes y desnaturalizó a las fuerzas armadas garantes hoy de la seguridad pública.

Lo que queda por hacer es dominar, controlar y sujetar las libertades individuales para hacer imposible la disidencia.

En ese objetivo es donde encuadran todas estas reformas que presentan como útiles para recobrar la seguridad y hacer más efectiva la actuación de las fuerzas armadas utilizando las herramientas de la inteligencia y equipos cibernéticos. No existe en las leyes que han propuesto límite alguno para que el Estado utilice los datos personales para los fines que juzgue convenientes, sean en efecto para perseguir delincuentes o para presionar e intimidar a opositores o a simples ciudadanos.

Ejemplos recientes nos muestran el uso selectivo de la justicia, al menos en el Tribunal electoral en casos de violencia de género y no hay garantía de que esa conducta no se vuelva rutinaria en el régimen en configuración, especialmente cuando desde la tribuna presidencial se trata a los críticos como adversarios y a los opositores como traidores. El uso y abuso faccioso del poder es propio de tiranos, aunque digan que no lo son. La democracia es a partir de ahora, escenografía.

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Nombramientos sin mérito

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Opinión, por Iván Arrazola //

La discusión sobre si los cargos públicos deben asignarse con base en el mérito o la lealtad es tan antigua como la política misma. Se trata de una tensión permanente entre dos principios fundamentales: por un lado, el mérito, entendido como la selección de personas con competencias técnicas, experiencia comprobada y formación adecuada para desempeñar sus funciones con eficacia; y por el otro, la lealtad, asociada a la necesidad de los gobernantes de rodearse de personas de su confianza ideológica o personal para garantizar cohesión, control y ejecución política.

Si bien ambos criterios pueden coexistir en ciertas circunstancias, en la práctica se suele imponer uno sobre el otro, con consecuencias directas en la calidad del gobierno y en la percepción pública sobre la legitimidad de los nombramientos. En este sentido, vale la pena analizar dos casos recientes que han generado amplia polémica en México.

El reciente nombramiento de Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha generado una fuerte polémica. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, defendió su decisión señalando: “Yo reivindico a Hugo como un gran profesionista y creo que va a desempeñar un buen papel en la Organización Mundial de la Salud”. Sin embargo, no profundizó en los criterios específicos que motivaron su designación. Frente a las críticas, la presidenta ha atribuido los cuestionamientos a motivaciones políticas.

Desde una lógica institucional, este nombramiento resulta difícil de justificar bajo criterios de mérito. La gestión de López-Gatell durante la pandemia de COVID-19 fue severamente criticada por múltiples sectores sociales y médicos: desde la negativa inicial para recomendar el uso generalizado del cubrebocas, la falta de aplicación masiva de pruebas rápidas, la centralización opaca de la estrategia de vacunación, hasta su retórica polarizadora, como cuando llamó “golpeadores” a los padres de niños con cáncer que protestaban por el desabasto de medicamentos.

A pesar de que Sheinbaum defendió el nombramiento señalando su formación académica (es egresado de Johns Hopkins), lo cierto es que la percepción social de su desempeño es negativa. Informes independientes estiman que el número real de fallecimientos por la pandemia superó los 800 mil, muy por encima de las cifras oficiales que hablan de 300 mil muertes.

En este contexto, el nombramiento de López-Gatell no parece responder a una evaluación técnica o a un reconocimiento por resultados, sino más bien a un acto de lealtad política. Se premia a un aliado, se protege a una figura del obradorismo, aunque su desempeño haya sido profundamente cuestionado.

El segundo caso ilustra otra faceta del problema: el uso patrimonialista de los recursos públicos. Se trata de la comunicadora Eli Castro, quien recientemente fue exhibida por ocupar una plaza como asesora técnica en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en Jalisco, con un salario de más de 73 mil pesos mensuales. La polémica surgió a partir de una transmisión en vivo, en la que un ciudadano cuestionó sus capacidades técnicas para desempeñar el cargo.

En lugar de presentar credenciales técnicas, Castro se limitó a presumir su trayectoria en el gobierno, señalando que ha trabajado con diversas administraciones y que ha ocupado cargos en cada una de ellas, incluyendo el Consejo Estatal de Trasplantes, las Fiestas de Octubre y la entonces Secretaría de Vialidad. Concluyó su intervención afirmando con orgullo: “por eso estoy donde estoy”. En la misma transmisión, reconoció que estaba comisionada y no realizaba funciones técnicas, lo que agravó la controversia. El SIAPA, en respuesta, emitió un comunicado para deslindarse, afirmando que el contrato era temporal y que no se renovaría. El propio director del organismo señaló que las tareas de comunicación que Castro debía realizar ya las ejecutaba él mismo.

Este caso no solo revela una designación sin méritos técnicos, sino además una falta total de control institucional: la autoridad estatal no tenía conocimiento del nombramiento, y las explicaciones posteriores resultaron insatisfactorias. En un contexto de crisis hídrica en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con colonias que enfrentan desabasto, agua sucia y aumentos en las tarifas, el caso profundiza la desconfianza ciudadana hacia las autoridades responsables del servicio.

Ambos casos ejemplifican la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y el debilitamiento del principio del mérito como criterio de selección. En el caso de López-Gatell, se premia a un funcionario sin rendición de cuentas por decisiones que costaron miles de vidas. En el caso de Eli Castro, se revela un uso discrecional de la nómina pública como si fuera propiedad privada del funcionario en turno.

Lo más preocupante es que, en ambos casos, el daño no se limita al escándalo mediático, sino que impacta directamente en la calidad de los bienes públicos: la salud y el acceso al agua, derechos fundamentales que hoy están en entredicho.

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MUNDO

Las «tierras raras», y el monopolio de China ante el mundo

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Política Global, por Jorge López Portillo Basave //

La semana pasada, el grupo de los cuatro países llamados QUAD, integrado por Japón, India, Australia y Estados Unidos, al que también se ha unido Corea del Sur, se reunió para buscar medidas de independencia con respecto al monopolio de China en el mercado de los minerales llamados “REEs”, tierras raras en español.

El llamado QUAD fue impulsado allá por el 2007 por Enzo Abe, ex primer ministro de Japón, asesinado hace un par de años. Desde su creación ha sido un grupo más diplomático que otras cosas, con el fin de mantener la libre navegación en el Pacífico, en especial en la región del Océano Índico en donde China ha ido amenazando a sus vecinos.

China es, sin lugar a dudas, un ejemplo de cómo se llega al control mundial, mientras que las potencias occidentales se debatían entre pronombres y definiciones para dar nombres a deseos sexuales.

Durante la historia de la civilización, los minerales han sido pieza clave que permite a quien los controla poder de influencia para dominar a pueblos y naciones. Podemos hablar de oro, plata, cobre y hasta de la sal, todos básicos e imprescindibles. Unos caros, otros baratos, pero todos muy importantes. De acuerdo con la etapa en la que se encuentra cada civilización, es el uso de los minerales y la prioridad que le asignan.

Podemos hablar de la sal para poder preservar alimentos, purificar y como moneda de cambio, de la pólvora y el acero para las guerras contra armadas de bronce o hierro, del carbón y las mezclas de minerales para la revolución industrial, del petróleo y después del gas y la energía nuclear.

Todo es minerales y su debida transformación. Algunos países de manera activa han promovido la industrialización mineral, otros la consolidación de sus estrategias comerciales cuando no tienen esos minerales en sus propios países, pero las grandes potencias de la humanidad han podido consolidar la capacidad de extracción mineral, de proceso, de comercio interno y externo y de uso para generar artículos de valor agregado. No es una receta secreta sino una receta amarga. Es trabajar o apostarle al futuro. Lo han hecho todos los países y los empresarios más exitosos de la historia.

Pero entremos a hablar de los REEs. En realidad, no son tan “raras” sino que requieren de mucho trabajo mecánico y energético para su purificación. Se identifican a 17 minerales que son de este grupo mismos que son base para la tecnología moderna. China se dio cuenta que tenía estos minerales desde hace casi un siglo allá por 1927.

Así las cosas, China se puso a trabajar en lo que otros no querían hacer. Durante 70 años no pasó casi nada, pero en los 80´s ese gobierno empezó a dar incentivos fiscales a la producción y exportación de esos minerales, en los 90´s la declararon una industria estratégica y 2 años después ya eran el principal productor del mundo. En lograr de bajar la velocidad invirtieron más y presionaron a otros países a dejar sus propias industrias para ser clientes de China. Para el año 2000 ya eran el productor monopolio mundial lo que se ha mantenido.

Una vez que China dominó el mercado de esos minerales los ha utilizado -como todas las potencias lo harían- para presionar o premiar a amigos y enemigos. Un ejemplo nos lo da el pleito territorial del 2010 en el que China prohibió la exportación de esos minerales a Japón y así lo ha hecho con todos los países desarrollados con los que ha tenido diferencias incluido EUA en el 2019 y ahora en el 2025. Los bloqueos han durado poco, pero muestran que pueden generar falta de continuidad en cadenas de producción de industrias de todo tipo desde equipos de comunicaciones hasta la industria militar y energética.

EUA, Canadá, Japón, Corea y claro Europa sabían de estos minerales descubiertos hace casi 300 años, siendo el primero de los 17 en Suecia por el año 1787 y de ahí en otros lados. Pero los del G7 y sus aliados cayeron en la complacencia y dejaron a China el campo de desarrollo. Razones hay muchas, pero todas son excusas. El valor estratégico de estos minerales era sabido desde los años 50 del siglo pasado cuando se dieron cuenta que eran necesarios para las televisiones y algunos aparatos de comunicación.

Esos años coinciden con la fecha en la que China empezó a explotarlos de manera muy modesta, pero ya en los 70, cuando el mundo empezó a ser tecnificado, Occidente y el propio Japón no previeron nada. Fue China quien incentivó la inversión extranjera con la apertura a partir de la relación con Nixon, que también fue impulsada por Luis Echeverria.

Dejemos los 90 años de demora. Durante los últimos 50 años, Occidente siguió apostando a hacer todo en China, y los chinos de manera obvia y natural aprovecharon la ventaja. Ahora Occidente busca alternativas, como se ve con el QUAD -cuarteto- de países del Indo-Pacífico, pero lo mismo aplica para Europa, y habrá que ver qué representa esto para el resto de Asia.

Es fácil entender que las potencias utilizan sus armas para posicionarse; así lo hicieron los turcos con el comercio, los árabes con el petróleo, los estadounidenses con las armas y ahora los chinos con las tierras raras. Nada nuevo bajo el sol.

Lo único raro de los minerales “raros”, es que alguien quiera hacer el trabajo duro y constante para obtenerlos. Son tan comunes como el cobre en la corteza terrestre. México tiene detectadas millones de toneladas de esos minerales. Si Estados Unidos y Europa quieren, podemos ser socios estratégicos, incluso para la industria maquiladora, de electrónicos, o de autos, que tanto aman nuestros expertos en comercio desde Herminio Blanco hasta la fecha.

Como sugerencia y al margen de esta nota. Reitero mi modesta propuesta y solicitud al gobierno federal y a los de los estados para que detonen la industria de minería con valor agregado que tanto podría darnos. No es un tema de la 4T sino de décadas de abandono enfocadas en la industria de autos y de la maquila fronteriza que han llevado a que la Secretaría de Economía que se comió a la subsecretaria de minería durante el sexenio de Don C. Salinas, no tenga área para la promoción de la industria química de los minerales que abundan en nuestro país.

Para nuestro país las oportunidades son inmensas. La pregunta es: ¿queremos hacer el trabajo? EEUU lo hizo, China lo hizo, Japón lo hizo, ¿lo haremos nosotros o nuestros hijos? Ojalá lo vea en mi tiempo. Pero si no lo veo, es bueno recordar a los jóvenes que el mayor bien es nuestro esfuerzo propio.

El capital humano. Así, Israel es el principal productor de flores y China el de los REEs. Estados Unidos y sus habitantes se arriesgaron y han dado grandes tecnologías al mundo, lo mismo otros países antes y seguro otros después.

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