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NACIONALES

Gobernar por el espejo

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Es notoria la fijación presidencial con el pasado, mayormente con aquello que le causó agravios, resentimientos y limitó en el tiempo alcanzar la silla presidencial. Dos han sido los motores para la acción gubernamental: ajustar cuentas con el pasado y conservar el poder.

Paradójicamente, el pasado autoritario, corrupto y represor que criticó, es el que ahora replica, con una mezcla de pragmatismo e ideología, confusa y acomodaticia. Se atiende, mal, lo urgente del día con día, mientras que los grandes problemas, los que comprometen el futuro y deciden el destino del país, se dejan al azar.

Autodefinido su gobierno como una revolución incruenta, sus efectos han sido tal vez más catastróficos que si lo hubiera sido. La destrucción y limitación de la estructura institucional redujo la acción del gobierno al capricho presidencial y las políticas, obras y programas son dictadas por ocurrencias y prejuicios.

La obsesión por el poder le llevó a dibujar una democracia plebiscitaria e introdujo la consulta popular y la revocación de mandato, seguramente pensando en el uso que podría dar, en el futuro mediato, a su nueva mayoría. Conservarla y acrecentarla se convirtió en el objetivo principal y se universalizó el apoyo a los adultos mayores, se crearon becas y pensiones para distintos niveles, se eliminaron los apoyos con mecanismos institucionales para sustituirlos con apoyos individualizados no otorgados por las instituciones sino por el presidente.

Para el efecto, se dijo que habría un gobierno austero y se recortó el gasto para la inversión productiva, para la investigación y la ciencia, para la cultura, para la atención hospitalaria y suministro de medicinas, se extinguieron fideicomisos y se agotaron las fondos de emergencia y de reserva para crear esa gran bolsa de apoyos, otorgados como concesión presidencial, que son los programas sociales.

Con ello, la popularidad y el respaldo social quedaron asegurados y pudo entonces emprender la venganza contra las instituciones que, consideró, impidieron su llegada al poder en sus dos intentos anteriores. Hoy tenemos una autoridad electoral mediatizada, colonizada, con la credibilidad a prueba y a todos los organismos autónomos e independientes creados para equilibrar el poder presidencial, disminuidos en su integración y en sus recursos y toda su administración sumida en la opacidad, sin poderse saber a ciencia cierta cómo se ejercen los recursos públicos.

El combate a la corrupción, bandera de su campaña, se quedó solo en el discurso. Las instituciones encargadas de investigarla, perseguirla y erradicarla, también fueron sacudidas por la austeridad irreflexiva. Los casos sobresalientes usados para dar constancia de la intención presidencial de perseguirla, quedaron en meros juegos pirotécnicos. Los señalados por el pasado hoy se pasean del brazo con los evidenciados en el presente, todos en la impunidad y muchos con el favor presidencial, incluso la propia familia y cercanos del presidente.

La inseguridad, producto según el discurso presidencial de la guerra al narcotráfico y al crimen organizado declarada por Felipe Calderón, ha crecido junto con la violencia y el crimen. Por más que la oficialidad acomode los porcentajes, la realidad los exhibe y de ese crecimiento y la impunidad reinante no se puede seguir culpando a García Luna y los supuestos narco arreglos; los mismos testimonios que lo inculpan salpican a los actuales, incluido el presidente.

La economía y las finanzas estables, más un peso fuerte, condiciones presumidas como un logro gubernamental, aunque estrechamente dependientes de condiciones externas, están ciertamente prendidas con alfileres.

El gasto desordenado, ejercido clientelarmente y sin generar condiciones para el crecimiento sostenido, presenta el déficit más grande de las últimas administraciones y los pre criterios económicos presentados al Congreso auguran una mayor austeridad, restricción mayor del gasto y crecimiento del endeudamiento. No es un buen panorama para la administración que lo suceda.

Ahora en campaña electoral, nos invitan a construir un segundo piso, continuidad como un acto de fe sin decirnos a donde nos lleva. En seis años no ha habido una visión de futuro más allá de una creciente presencia del estado con políticas paternalistas y clientelares, sin un asomo de políticas que propicien una mayor movilidad social.

Hoy tenemos un país dicotómico con una dictadura de las mayorías artificiales en las cámaras y las construidas clientelarmente, una economía prendida de alfileres y la presunción fundada de un Maximato omnipresente.

No es una invitación atractiva, a no ser que se quiera ser un país de alienados viviendo de pensiones gubernamentales. Un país condenado a ser proveedor de mano de obra, rémora de las potencias comerciales. El riesgo es alto, porque la capacidad del estado para absorber esa carga pensionaria que ya gravita ahora con fuerza sobre las finanzas nacionales, es limitada e insostenible en las condiciones actuales.

Es necesario cambiar por un gobierno que deje de mirar atrás, que gobierne para todos y que deje la contienda política a los partidos. Xóchitl tiene la palabra.

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DEPORTE/CULTURA

México es campeón de la Copa Oro al vencer a Estados Unidos

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Por Redacción Conciencia Pública, con información de Mediotiempo //

La Selección Nacional de México se coronó bicampeona de la Copa Oro al vencer 2-1 a Estados Unidos en Houston, sumando así su título número 13 en la historia del torneo y consolidándose como la selección más ganadora de la Concacaf.

El equipo dirigido por Javier Aguirre mostró carácter al reponerse de un gol tempranero de Chris Richards al minuto 4, lo que no desmotivó al Tricolor, que reaccionó con fuerza y dominó gran parte del encuentro, especialmente en posesión del balón.

El empate llegó gracias a una destacada actuación de Marcel Ruiz y Gilberto Mora, quienes lideraron los ataques mexicanos. Fue Ruiz quien inició la jugada que culminó en el gol de Raúl Jiménez al minuto 27, tanto que marcó el número 43 en su cuenta personal con la selección, quedando a solo tres de igualar a Jared Borgetti.

Este gol tuvo una dedicatoria especial al delantero portugués del Liverpool, Diogo Jota, amigo cercano de Jiménez, quien falleció recientemente en un accidente. México mantuvo su dominio, mientras que Estados Unidos, con un juego pobre y sin ideas, apenas pudo responder.

En los minutos finales, cuando parecía que el partido se iría a tiempos extra, Edson Álvarez apareció con un cabezazo que fue inicialmente anulado, pero tras la revisión del VAR fue validado como el gol del triunfo. Así, el equipo de Aguirre devolvió la ilusión al fútbol mexicano. No obstante, el reto mayor será establecer un estilo definido de juego de cara al Mundial 2026 a celebrarse en Canadá, Estados Unidos y México. La inauguración será el 11 de junio del año que viene en el Estadio Azteca.

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NACIONALES

Que no son lo que son

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

En el oficialismo, que incluye en este caso al gobierno, Poder Legislativo y partido, se han empeñado en no reconocer y negar lo que es evidente: la construcción de un Estado policial y la oficialización de la censura gubernamental atacando la libertad de expresión. La conversación se ha seguido en los medios públicos y privados con las voces del régimen negando y la oposición acusando la coartación de las libertades civiles.

Dos son los argumentos oficiales destacados; el primero es la necesidad que tiene el estado de combatir con mayor eficacia al crimen organizado y el segundo es que la oposición exagera para beneficiarse electoralmente y que en realidad ya todo está en la legislación y solo se adecua.

Se puede coincidir en que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, así como también en que el Estado requiere mejores instrumentos para combatirla; y que bueno que así se piense, pues eso implica que el Estado retome su potestad del uso legítimo de la fuerza para mantener el orden y la observancia de la ley.

En lo que no se puede estar de acuerdo es en que para hacerlo tenga que convertir a toda la población en potenciales delincuentes, sospechosos solo por poseer teléfonos celulares o participar en redes sociales. Poco importa que digan que se requerirá una disposición judicial para escudriñar las vidas de particulares, cuando el nuevo poder judicial está poblado por incondicionales del régimen.

Aceptemos que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, pero también que las competencias de las policías municipales y de los estados está severamente limitada por falta de recursos que la federación ha preferido destinar a la Guardia Nacional y a las fuerzas armadas, y que la expansión de los grupos delincuentes fue posible por la desidia y la indiferencia de las fuerzas federales dedicadas por seis años a solo hacer presencia y dar abrazos y no balazos, sin descontar la posible connivencia o complicidad de políticos, policías y gobernantes, tolerada con conveniente disimulo.

El giro de timón que ha tenido la estrategia gubernamental, persiguiendo y apresando delincuentes, no sabemos si obedece a una real voluntad de acabar con el problema o solo ha administrarlo en tanto baja la presión del gobierno estadounidense que ha exigido un combate a fondo de los grupos criminales y su asociación con los poderes del Estado. En todo caso, a pesar de los resultados estadísticos favorables, los carteles avanzan y controlan amplias franjas del territorio nacional y no se entiende cómo la censura y el uso faccioso y político de los datos personales puedan coadyuvar a detenerlos.

Se dice también que la nueva CURP con datos biométricos coadyuvará en la búsqueda de personas desaparecidas, así como unificar datos de la población para trámites y servicios. Esto implica un peligro adicional para la ciudadanía, porque conocemos la ineptitud del gobierno para manejar este volumen de información con seguridad y secrecía, y no sería remoto, dada la penetración del crimen en las estructuras gubernamentales, que los datos personales cayeran en malas manos.

Sin embargo, podríamos dar el beneficio de la duda y abonar las buenas intenciones del gobierno, si no fuera por la estructura totalitaria que se está construyendo alrededor.

El ogro filantrópico se ha venido construyendo sistemáticamente. Las bases se sentaron el sexenio anterior y no mintieron al decir que seguiría un segundo piso. Hoy el Estado subsidia y anestesia la pobreza, censura y cohesiona a medios y comentaristas, hizo ficción a la división de poderes, eliminó los órganos e instituciones autónomas e independientes y desnaturalizó a las fuerzas armadas garantes hoy de la seguridad pública.

Lo que queda por hacer es dominar, controlar y sujetar las libertades individuales para hacer imposible la disidencia.

En ese objetivo es donde encuadran todas estas reformas que presentan como útiles para recobrar la seguridad y hacer más efectiva la actuación de las fuerzas armadas utilizando las herramientas de la inteligencia y equipos cibernéticos. No existe en las leyes que han propuesto límite alguno para que el Estado utilice los datos personales para los fines que juzgue convenientes, sean en efecto para perseguir delincuentes o para presionar e intimidar a opositores o a simples ciudadanos.

Ejemplos recientes nos muestran el uso selectivo de la justicia, al menos en el Tribunal electoral en casos de violencia de género y no hay garantía de que esa conducta no se vuelva rutinaria en el régimen en configuración, especialmente cuando desde la tribuna presidencial se trata a los críticos como adversarios y a los opositores como traidores. El uso y abuso faccioso del poder es propio de tiranos, aunque digan que no lo son. La democracia es a partir de ahora, escenografía.

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NACIONALES

Nombramientos sin mérito

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Opinión, por Iván Arrazola //

La discusión sobre si los cargos públicos deben asignarse con base en el mérito o la lealtad es tan antigua como la política misma. Se trata de una tensión permanente entre dos principios fundamentales: por un lado, el mérito, entendido como la selección de personas con competencias técnicas, experiencia comprobada y formación adecuada para desempeñar sus funciones con eficacia; y por el otro, la lealtad, asociada a la necesidad de los gobernantes de rodearse de personas de su confianza ideológica o personal para garantizar cohesión, control y ejecución política.

Si bien ambos criterios pueden coexistir en ciertas circunstancias, en la práctica se suele imponer uno sobre el otro, con consecuencias directas en la calidad del gobierno y en la percepción pública sobre la legitimidad de los nombramientos. En este sentido, vale la pena analizar dos casos recientes que han generado amplia polémica en México.

El reciente nombramiento de Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha generado una fuerte polémica. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, defendió su decisión señalando: “Yo reivindico a Hugo como un gran profesionista y creo que va a desempeñar un buen papel en la Organización Mundial de la Salud”. Sin embargo, no profundizó en los criterios específicos que motivaron su designación. Frente a las críticas, la presidenta ha atribuido los cuestionamientos a motivaciones políticas.

Desde una lógica institucional, este nombramiento resulta difícil de justificar bajo criterios de mérito. La gestión de López-Gatell durante la pandemia de COVID-19 fue severamente criticada por múltiples sectores sociales y médicos: desde la negativa inicial para recomendar el uso generalizado del cubrebocas, la falta de aplicación masiva de pruebas rápidas, la centralización opaca de la estrategia de vacunación, hasta su retórica polarizadora, como cuando llamó “golpeadores” a los padres de niños con cáncer que protestaban por el desabasto de medicamentos.

A pesar de que Sheinbaum defendió el nombramiento señalando su formación académica (es egresado de Johns Hopkins), lo cierto es que la percepción social de su desempeño es negativa. Informes independientes estiman que el número real de fallecimientos por la pandemia superó los 800 mil, muy por encima de las cifras oficiales que hablan de 300 mil muertes.

En este contexto, el nombramiento de López-Gatell no parece responder a una evaluación técnica o a un reconocimiento por resultados, sino más bien a un acto de lealtad política. Se premia a un aliado, se protege a una figura del obradorismo, aunque su desempeño haya sido profundamente cuestionado.

El segundo caso ilustra otra faceta del problema: el uso patrimonialista de los recursos públicos. Se trata de la comunicadora Eli Castro, quien recientemente fue exhibida por ocupar una plaza como asesora técnica en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en Jalisco, con un salario de más de 73 mil pesos mensuales. La polémica surgió a partir de una transmisión en vivo, en la que un ciudadano cuestionó sus capacidades técnicas para desempeñar el cargo.

En lugar de presentar credenciales técnicas, Castro se limitó a presumir su trayectoria en el gobierno, señalando que ha trabajado con diversas administraciones y que ha ocupado cargos en cada una de ellas, incluyendo el Consejo Estatal de Trasplantes, las Fiestas de Octubre y la entonces Secretaría de Vialidad. Concluyó su intervención afirmando con orgullo: “por eso estoy donde estoy”. En la misma transmisión, reconoció que estaba comisionada y no realizaba funciones técnicas, lo que agravó la controversia. El SIAPA, en respuesta, emitió un comunicado para deslindarse, afirmando que el contrato era temporal y que no se renovaría. El propio director del organismo señaló que las tareas de comunicación que Castro debía realizar ya las ejecutaba él mismo.

Este caso no solo revela una designación sin méritos técnicos, sino además una falta total de control institucional: la autoridad estatal no tenía conocimiento del nombramiento, y las explicaciones posteriores resultaron insatisfactorias. En un contexto de crisis hídrica en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con colonias que enfrentan desabasto, agua sucia y aumentos en las tarifas, el caso profundiza la desconfianza ciudadana hacia las autoridades responsables del servicio.

Ambos casos ejemplifican la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y el debilitamiento del principio del mérito como criterio de selección. En el caso de López-Gatell, se premia a un funcionario sin rendición de cuentas por decisiones que costaron miles de vidas. En el caso de Eli Castro, se revela un uso discrecional de la nómina pública como si fuera propiedad privada del funcionario en turno.

Lo más preocupante es que, en ambos casos, el daño no se limita al escándalo mediático, sino que impacta directamente en la calidad de los bienes públicos: la salud y el acceso al agua, derechos fundamentales que hoy están en entredicho.

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