NACIONALES
La armada transformación
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Desde 1946, cuando el General Manuel Ávila Camacho le transfirió el poder a Miguel Alemán Valdés, los generales provenientes de la Revolución Mexicana dejaron de participar en la lucha por el poder circunscribiéndose al estricto cumplimiento de sus deberes militares.
La institucionalización del ejército vino aparejada por una profesionalización de sus cuadros, absteniéndose de participar en política, aunque una rendija quedó en el extinto Partido Auténtico de la Revolución Mexicana que abría sus puertas a militares en retiro para el desahogo de sus inquietudes políticas. Este partido fungiría después, junto con otros, como un satélite del PRI en esa simbólica oposición creada en la época del partido hegemónico.
Una experiencia personal ilustra cómo era la participación en política de los militares, ya que un general cercano a mi familia quiso ser Senador de la República por el PRI, y fiel a la disciplina castrense informó de su inquietud al General Secretario quien lo condicionó a irse al retiro para no comprometer a la institución con algún partido o facción. Ese era el compromiso de la institución, mantenerse ajeno a los vaivenes políticos, alejados de cualquier facción, partido o grupo, para poder ser garante del cumplimiento de las obligaciones democráticas contenidas en la Constitución y por ello la lealtad es el principal valor que proclaman. Lealtad proviene del latín legalis, que significa respeto a la ley, pero que ha sido interpretado también como fidelidad a un principio, a una causa.
En México, la lealtad del ejército ha estado siempre con las instituciones, con el respeto a la Constitución. Invariable e independientemente del personaje o partido que ocupe la titularidad del poder ejecutivo, ellos habían sido, hasta hoy, respetuosos de la obediencia que deben al superior jerárquico, pero siempre, hasta hoy, y lo recalco deliberadamente, respetuosos de la ley y alejados de las tentaciones del poder político.
Hoy parece haber un conflicto, suponiendo que lo haya, entre la lealtad que el ejército debe a la legalidad y la obediencia obligada al superior jerárquico. Porque de no haberlo se tendría que pensar que los militares están anuentes a su participación en la administración civil, que les complace la asignación de responsabilidades meta constitucionales y que su lealtad a la legalidad, aunque suene pleonástico, se ha transformado en subordinación cómplice de un proyecto político, lo que no sucedía desde la formación de nuestro sistema republicano y democrático post revolucionario.
Más allá de las discusiones bizantinas que acontecen en las cámaras legislativas o en los medios, los hechos indican que el presidente, deliberadamente envío un proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Federal para la adscripción de la Guardia Civil a la Secretaría de la Defensa, sabiendo que es absolutamente inconstitucional, contrario a lo dispuesto por el artículo 21 que es categórico, “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional” y no amerita discusión. Pero si esto, además de ilegal es escandaloso, también lo es el hecho de que el General Secretario de la Defensa haya salido a cabildear, públicamente, con los partidos políticos la confirmación de esta violación constitucional. Podríamos decir en su descargo que lo hace convencido de que la autoridad civil no puede con el paquete de la seguridad pública, pero sería un pecado de ingenuidad, sobre todo cuando leemos que en un acto cívico, (13 de septiembre) el mismo Secretario de la Defensa incluye a los militares como un sector militante, ya no garante, sino participante activo: “La patria requiere de una sociedad unida, donde los sectores político, económico, social y militar que la integran actúen sumando esfuerzos y voluntades para coadyuvar hacia el objetivo común que es México”.
Las fuerzas armadas, han dejado de lado su calidad de vigilantes y salvaguardas del sistema republicano, demócrata y civil que nuestra constitución proclama, para asumirse parte de un proyecto de transformación impulsado polémicamente por una corriente política, sin importarles la ilegalidad de sus actos, es decir fallando a su principio primigenio de lealtad. Esta redefinición de su papel supera su obligación de obediencia al mando superior. Por encima del cumplimiento de órdenes debe estar el respeto a la ley, y muy aparte de las simpatías políticas del General Secretario que no ha tenido empacho en convertirse en cómplice de una violación descarada a la Constitución General de la República y en hacer política con el uniforme militar puesto. Ignoro si esto es respaldado por la totalidad de las fuerzas armadas, lo que sería grave y no deseable, para la salud democrática de nuestro país.
Lo cierto es, que la presencia militar en la vida nacional es cada vez mayor y que al alto mando parece no importarle el respeto a la legalidad para darles cada vez más funciones y presupuesto fuera de la normatividad.
Si esto es consentido y ejecutado por obediencia pudiera entenderse pero no justificarse, especialmente tratándose del prestigio de la única institución que hasta hoy ha sido respetable, pese a la ignominia a la que la somete la instrucción presidencial.
– Por Redacción Conciencia Pública
El Gobierno de México anunció la prohibición de importar calzado terminado bajo el esquema IMMEX, medida con la que busca proteger a la industria nacional del contrabando técnico y la subvaluación que, según las autoridades, han puesto en riesgo miles de empleos. El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y forma parte de la estrategia industrial impulsada por la Secretaría de Economía.
El secretario Marcelo Ebrard explicó que la decisión responde a la necesidad de frenar la entrada de zapatos extranjeros que ingresaban como si fueran mercancía temporal para exportación, pero que en realidad se comercializaban en el mercado interno sin pagar impuestos. “Estamos defendiendo el empleo y la producción nacional frente a prácticas desleales que afectan a más de 130 mil familias”, declaró.
La restricción aplica únicamente al calzado terminado, por lo que las piezas y componentes podrán seguir importándose para su ensamble en México. De esta manera, el gobierno busca incentivar que las marcas extranjeras mantengan su cadena de valor en territorio nacional, en lugar de introducir productos listos para su venta.
La Cámara de la Industria del Calzado celebró la medida, argumentando que durante años habían solicitado cerrar esta “puerta falsa” que permitía la competencia desleal. Empresarios del sector aseguran que el nuevo decreto dará oxígeno a fabricantes de las ciudades de León, Guadalajara y otras regiones zapateras, quienes enfrentaban la pérdida de mercado ante productos asiáticos de bajo costo.
El sector zapatero genera más de 120 mil empleos directos y representa uno de los orgullos industriales del país, especialmente en estados como Guanajuato y Jalisco. Al eliminar la competencia desleal, se espera que la producción mexicana recupere mercado interno y fortalezca sus exportaciones.
Por otro lado, comerciantes y distribuidores advierten que el cierre de importaciones podría encarecer los precios al consumidor, ya que ahora los productos terminados deberán pagar aranceles e IVA completos. Pese a estas preocupaciones, el gobierno sostiene que el beneficio a la industria mexicana y a la recaudación fiscal compensará cualquier ajuste en el mercado.
En México, la industria del calzado está muy concentrada en dos ciudades:
-
León, Guanajuato 🥿👞
-
Es la capital zapatera de México y una de las más importantes de América Latina.
-
Produce principalmente calzado para hombre (casual, vestir, bota, piel), aunque también fabrica modelos femeninos.
-
Alberga más del 70% de la producción nacional de calzado.
-
-
Guadalajara, Jalisco 👠👢
-
Es el segundo polo zapatero del país.
-
Se especializa sobre todo en calzado para mujer, con fuerte presencia de moda, sandalia y zapato de temporada.
-
Tiene gran tradición en diseño y ferias de la moda en calzado.
-
– Por Mario Ávila
La tarde de este miércoles, al término de la sesión de la Comisión Permanente, justo cuando se entonaba el Himno Nacional, estalló una trifulca entre los senadores Alejandro Moreno (PRI) y Gerardo Fernández Noroña (PT), quien actualmente es el presidente de la Cámara Alta.
Según diversos reportes de medios y testigos en la sala, Moreno acusó a Noroña de negarle la palabra, lo que provocó que se acercara a la tribuna para confrontarlo. El altercado escaló con empujones y golpes mientras algunas voces de los asistentes que intentaban calmar los ánimos fueron ignoradas.
Alejandro «Alito» Moreno afirma que la agresión inició por parte de Noroña, quien lo atacó primero. En una conferencia de prensa, cobijado por sus compañeros de partido, aseguró que fue objeto de provocaciones. Agregó que el presidente del Senado le faltó al respeto a una senadora y por ello reaccionó: “Si no lo educaron, aquí en el Senado lo vamos a educar”.
«Si llegamos a los golpes y a más, eso es lo que ellos (la 4T y aliados) construyeron», dijo sin empacho el líder nacional del PRI, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, después de la violencia con la que cerró la sesión de la Comisión Permanente.
«Y nos vemos el domingo», añadió Moreno Cárdenas, en alusión a la sesión donde la Cámara de Diputados recibirá el Primer Informe de Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. A Fernández Noroña, lo calificó como «intransigente, intolerante, patán, cobarde y cínico, porque levantó la sesión sin cumplir el acuerdo y negarme el uso de la tribuna».
Por su parte, Fernández Noroña rechazó haber comenzado la agresión y acusó a Alejando Moreno de haberlo golpeado y amenazarlo. Anunció que presentará denuncias penales por lesiones y daños, y también solicitará el desafuero de los legisladores del PRI involucrados.
“Mi actitud es defensiva todo el tiempo, firme, pero defensiva; en ningún momento un solo golpe, muéstrenme un video donde yo le lanzo un solo golpe a Alejandro Moreno … todos los videos acreditan una agresión cobarde a mi persona», dijo en una entrevista para Radiofórmula.
Después reveló textualmente una acusación fuerte contra «Alito» Moreno: “Me dijo: ‘te voy a madrear, te voy a matar’.”
Fernández Noroña anunció también la presentación de una denuncia criminal en contra de cuatro miembros del PRI, encabezados por su presidente, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, por las agresiones, golpes, daños y amenazas de muerte que sufrió hoy en la tribuna de la mesa directiva en la antigua sede del Senado de la República.
Confió en que la Fiscalía General de la República, primero les brinde protección personal por las amenazas de muerte que recibieron él y el empleado (camarógrafo) del Senado, Emiliano González; pero también confía en que la Fiscalía solicite el desafuero de los cuatro agresores priistas.
Anticipó que citará a sesión de la Comisión Permanente para el próximo viernes 29 de agosto, a fin de tratar, como único asunto, este hecho violento, que no tiene precedente en la historia democrática del país.
Consecuencias colaterales
El camarógrafo Emiliano González terminó seriamente lesionado tras intentar interponerse durante el encuentro. Fue derribado e incluso pateado, y sufrió golpes mientras estaba en el suelo. Su estado requirió atención médica e incluso se le colocó un collarín.
Este incidente trascendió rápidamente a nivel nacional e incluso internacional, provocando repercusiones inmediatas. Noroña anunció acciones legales y sanciones políticas, mientras que las imágenes del altercado se viralizaron en redes sociales y provocaron críticas desde diversos sectores.
El PRI, desde su enfoque, consideró que Moreno actuó en defensa de la libertad y la democracia, mientras que Morena y PT acusan al senador priista de una agresión directa contra el presidente del Senado.
La confrontación se da en un contexto donde las tensiones entre los partidos son particularmente intensas. En los últimos días, Morena había estado lidiando con polémicas internas relacionadas con declaraciones de Noroña y la revelación pública de que inexplicablemente el presidente del Senado se hizo dueño de una casa de 12 millones de pesos.
Mientras, el PRI busca mostrarse firme ante confrontaciones con otras bancadas.
El episodio en la tribuna del Senado no solo sacudió la convivencia institucional, sino que también profundizó la polarización política que hay en el país.
– Por Mario Ávila
Al cierre de lo que fue la última sesión de la Comisión Permanente, efectuada en la antigua sede del Senado de la República, tras la entonación del Himno Nacional, se enfrascaron a empujones y golpes, el líder de la bancada del PRI Alejandro Moreno y el presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña, en donde también resultó agredida la senadora Dolores Padierna.
Al término de la reunión, el coordinador de la bancada del PRI, Alejandro Moreno, subió a la hasta mesa directiva para recriminar al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que no te otorgó la palabra y fue cuando «Alito» lanzó el primer manotazo, luego hubo jalones y empujones, que subieron de tono para convertirse después en golpes y patadas, en donde destacó la furia de Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, legislador del PRI.
La que fue la última reunión de trabajo de diputados y senadores en la comisión permanente se trató un tema álgido en la agenda política que se refería a la traición a la patria, en donde los discursos de los representantes de las fracciones parlamentarias dejaron encendido el ambiente, dado que las posturas de Morena y sus partidos aliados con la oposición de PAN y PRI han sido irreconciliables.
El tema se planteó por la necesidad de discutir las denuncias en contra de la senadora del PAN, Lilly Téllez, quien en una entrevista con el medio estadounidense Fox News, solicitó la intervención de las fuerzas norteamericanas para combatir al narcoterrorismo en México.
En la polémica participó también la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien descartó la posibilidad de que se sometiera a la legisladora panista a juicio de procedencia para despojarse del fuero, por la acusación de haber cometido traición a la patria; dijo que le bastaba con que los mexicanos se enteraran quién es quién.
El momento más incómodo de la sesión fue cuando le tocó el turno del uso de la palabra justamente a Lilly Téllez, quien no desaprovechó los 5 minutos para insistir en el mensaje de la necesidad del apoyo y el respaldo de las fuerzas estadounidenses para combatir al narcoterrorismo en México.
Al mismo tiempo, en todo momento siguió haciendo uso de los términos de «narcopartido», «narcomorena», «narcosdiputados», «narcobancada»by «narcosatánicos», lo que encendió los ánimos de la fracción mayoritaria en la Comisión Permanente, que interrumpieron en repetidas ocasiones el discurso de Lilly Téllez, que fue denunciada por una diputada del PT para que fuera enjuiciada como traidora a la patria.
Zapopan consolida finanzas públicas de talla mundial
Dan de baja a burócrata que charoleó para intentar evitar caer al CURVA
Gobierno prohíbe importación de calzado terminado para proteger a la industria nacional
Francia y Reino Unido bajo la lupa: rumores de rescate financiero agitan a Europa
