NACIONALES
La crisis en Nuevo León
Opinión, por Iván Arrazola //
Termina una semana particularmente intensa para el estado de Nuevo León marcado por una crisis constitucional entre poderes, la determinación de la Corte de que el Congreso local designe a un gobernador interino ante la licencia que solicitó Samuel García, marcó el fin de efímera precandidatura de Samuel García, lo que seguramente afectará el tablero electoral de cara a la contienda presidencial de 2024. Es importante analizar paso a paso qué sucedió y las repercusiones que tendrá este episodio.
Todo comienza cuando el hasta hace poco precandidato, Samuel García, decide pedir licencia ante el Congreso de Nuevo León para buscar la presidencia de la República. El conflicto inicia cuando el gobernador insiste por todos los medios a su alcance en designar a su sucesor, el secretario de Gobierno, Javier Navarro, como encargado de despacho, que estaría ahí hasta que García alcanzara un acuerdo con el Congreso, concluyera la campaña presidencial o García ganara la presidencia de la República. La constitución local establece que es el Congreso el que debe nombrar al gobernador interino, no el gobernador, que insistía que fuera alguien de su partido el que quedara al frente del gobierno.
El Congreso estatal con mayoría opositora, se vio en la necesidad de elegir dos veces al gobernador interino, designando finalmente al vice fiscal, Luis Enrique Orozco, en medio de un zafarrancho en el Congreso generado por una muchedumbre que llegó a reventar la sesión donde sería elegido Orozco.
Samuel García que ya estaba en precampaña desde el 20 de noviembre tuvo que suspender sus actividades proselitistas para incorporarse a sus funciones como gobernador y aunque anunció que Navarro se quedaba como encargado de despacho, una resolución del ministro Javier Laynez ordenaba que Orozco asumiera el cargo de gobernador interino para no “poner en peligro la gobernabilidad misma de la entidad federativa ante la licencia concedida al gobernador”.
Ante dicha decisión García se vio en la necesidad de reasumir el cargo el de 2 de diciembre y con ello quedó inhabilitado para contender por la presidencia de la República, porque no cumple con el requisito constitucional de separarse seis meses antes del cargo, se puede especular sobre las razones que Samuel García tuvo para regresar al cargo, pero una que influyó es que no estaba dispuesto a dejar en manos de la oposición su gobierno.
Todo esto se da en medio de una coyuntura electoral, donde el tono de las descalificaciones ha ido en aumento, como es natural en las contiendas electorales, pero que también termina perjudicando los propios procesos políticos en donde la descalificación y la justificación de los actos más por razones políticas que jurídicas parece ser la norma.
El presidente que ha mostrado un interés particular en la candidatura de García se ofreció como mediador ante el conflicto de poderes en Nuevo León, y cuestionó sobre el porqué no se deja al pueblo decidir sobre la candidatura de García, también lo defendió al señalar que lo quieren descalificar o ganarle en la mesa, como lo quisieron hacer con él durante el proceso de desafuero.
El problema más importante que enfrentará el partido de Samuel García en los próximos días será encontrar un nuevo precandidato o precandidata a la presidencia de la República, en este momento las principales fichas, como podrían ser, Luis Donaldo Colosio, Enrique Alfaro o el propio Dante Delgado, ostentan cargos de gobierno o legislativos por lo que están impedidos para ser candidatos, una persona cercana a Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez, tampoco podría ser candidata porque no cumple con el requisito de tener 35 años cumplidos.
Una opción podría ser Marcelo Ebrard, que pidió licencia a mitad de año y está habilitado para ser precandidato presidencial, durante mucho tiempo se especuló que podría contender por el partido naranja, pero hace unas semanas informó que se quedaba en su partido político. Ante dicho escenario uno de los mayores retos para el partido naranja será encontrar un candidato o candidata con un perfil competitivo de cara a las elecciones de 2024.
Este episodio refleja que ante el conflicto entre los actores políticos el marco legal da certeza sobre los pasos a seguir y que la voluntad política no se imponga sobre las leyes. El fin al conflicto se pudo alcanzar porque hubo una autoridad que más allá de los intereses y las posiciones políticas impuso el orden en base a lo que marcan las leyes. De ahí la importancia de seguir preservando un Poder Judicial independiente que no se someta ni a intereses ni negociaciones políticas, en estos días más que nunca es importante que las y los ministros ejerzan sus facultades sin tener que obedecer a algún otro tipo de interés, a pesar de que ciertos actores políticos digan lo contrario.
La disyuntiva entre que se imponga la voluntad política o el cumplimiento de la ley sigue siendo el debate más importante en México y en muchas partes del mundo. Para preservar la vida democrática y el respeto a los derechos de las personas es fundamental que la ley prevalezca sobre la voluntad política, sobre todo en un entorno marcado por el personalismo en política y el constante cuestionamiento a la ley.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
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