NACIONALES
La designación de Altagracia Gómez: El equilibrio de intereses

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
En la serie House of the Dragons, las luchas por el poder y las alianzas estratégicas son elementos centrales que definen el destino de los personajes y de todo el reino de Westeros. Al igual que en los intricados juegos políticos de Westeros, donde diferentes casas nobiliarias deben forjar alianzas estratégicas para mantener el equilibrio de poder y asegurar la estabilidad del reino, la política mexicana contemporánea también se ve marcada por la necesidad de alianzas estratégicas y decisiones calculadas.
Un ejemplo emblemático de esta dinámica en la serie es la alianza entre la Casa Targaryen y otras casas nobles para asegurar su dominio y enfrentar amenazas comunes. En particular, la danza de dragones, una guerra civil dentro de la Casa Targaryen, muestra cómo las decisiones y alianzas pueden determinar el curso de la historia. Los personajes, como Rhaenyra Targaryen y su medio hermano Aegon II, deben navegar un campo minado de traiciones, lealtades y estrategias para mantener o arrebatar el trono de hierro.
En el contexto político de México, la designación de Altagracia Gómez como Coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de la Dra. Claudia Sheinbaum puede ser vista como una movida similar en el tablero político del país. Al igual que los dragones que sobrevolaban Westeros, el liderazgo político y empresarial mexicano necesita encontrar un terreno común para trabajar en armonía, equilibrando intereses y desafíos. Esta designación simboliza una alianza estratégica que podría tener un impacto significativo en la configuración del poder y en la ejecución de políticas en México.
La primera interpretación de esta designación es la creación de un puente entre el gobierno y el sector empresarial. La administración de Sheinbaum ha mostrado una inclinación hacia políticas progresistas, centradas en la justicia social y la sostenibilidad. Sin embargo, el sector empresarial a menudo ha manifestado preocupaciones sobre las implicaciones de estas políticas en el entorno de negocios.
Altagracia Gómez, como joven empresaria, simboliza una nueva generación dispuesta a innovar y colaborar. Su inclusión en el Consejo Asesor Empresarial no solo representa un intento de integrar perspectivas frescas y dinámicas, sino también una señal clara de apertura del gobierno hacia el diálogo y la cooperación con el sector privado. Este movimiento puede ser interpretado como una estrategia para mitigar tensiones y construir una relación más constructiva, donde ambos sectores trabajen juntos para fomentar el desarrollo económico y social del país.
La segunda interpretación radica en el equilibrio de intereses entre las políticas progresistas de Morena y las necesidades del sector empresarial. La administración de Sheinbaum ha enfrentado críticas por parte de empresarios que sienten que ciertas políticas podrían ser restrictivas para la inversión y el crecimiento económico. Al nombrar a una figura como Gómez, Sheinbaum busca mostrar que su gobierno está dispuesto a escuchar y considerar las preocupaciones empresariales.
Este equilibrio de intereses es esencial para la estabilidad y el progreso del país. Un gobierno que logra integrar las necesidades del sector privado con sus políticas públicas puede crear un entorno más propicio para la inversión y la innovación. Altagracia Gómez puede servir como un enlace efectivo, facilitando la comunicación y promoviendo un entendimiento mutuo que beneficie tanto al gobierno como a los empresarios.
La tercera interpretación de la designación de Altagracia Gómez es el enfoque en la innovación y en atraer a la juventud al ámbito político y empresarial. La juventud trae consigo nuevas ideas, perspectivas frescas y una energía renovada que puede revitalizar la política y la economía. En un país donde la población joven es significativa, integrar a líderes jóvenes en posiciones de influencia es una estrategia inteligente para asegurar un futuro próspero.
Gómez representa a una nueva generación de empresarios que están dispuestos a desafiar el status quo y buscar soluciones innovadoras a los problemas contemporáneos. Su papel en el Consejo Asesor Empresarial puede inspirar a otros jóvenes a involucrarse más en la política y en la toma de decisiones, promoviendo una cultura de participación y compromiso cívico.
Ejecutar una agenda política de izquierda progresista equilibrada en México implica encontrar un punto medio entre las necesidades de justicia social y las exigencias del desarrollo económico. La administración de Sheinbaum puede lograr este equilibrio estableciendo canales de comunicación abiertos y permanentes con el sector empresarial. Sin embargo, este diálogo debe ser constructivo y orientado a encontrar soluciones comunes que beneficien a la mayoría de la población. Por ello, Incluir a representantes empresariales en la formulación de políticas puede asegurar que estas sean realistas y aplicables.
Crear incentivos para las empresas que inviertan en innovación y desarrollo sostenible es otro paso esencial. Esto puede incluir beneficios fiscales, acceso a financiamiento preferencial y apoyo en la investigación y el desarrollo. Al promover prácticas empresariales sostenibles, el gobierno puede alinearse con sus objetivos medioambientales y de justicia social.
Además, invertir en la educación y capacitación de la juventud es crucial para preparar a la próxima generación de líderes y trabajadores. Programas educativos que se enfoquen en habilidades tecnológicas y de innovación pueden asegurar que México tenga una fuerza laboral competitiva y adaptable a las demandas del mercado global.
En conclusión, la designación de Altagracia Gómez como Coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de Claudia Sheinbaum es un hito que marca el comienzo de una nueva etapa en la política mexicana. Esta decisión no solo abre un diálogo entre el sector empresarial y el gobierno, sino que también sienta las bases para un desarrollo económico inclusivo y sostenible.
La capacidad de Gómez para equilibrar las necesidades del sector empresarial con una agenda progresista es fundamental en un momento en el que México enfrenta desafíos económicos y sociales significativos. Su liderazgo será crucial para impulsar políticas que promuevan la equidad, la innovación y el crecimiento sostenible, asegurando que los beneficios del desarrollo lleguen a todos los rincones de la sociedad.
Al igual que en House of the Dragon, donde la lucha por el poder es constante y requiere de alianzas estratégicas, la colaboración entre el gobierno y el sector privado será vital para navegar los retos del futuro. La visión compartida de un México más justo y próspero puede ser alcanzada si se trabaja en conjunto, con compromiso y determinación.
DEPORTE/CULTURA
México es campeón de la Copa Oro al vencer a Estados Unidos

Por Redacción Conciencia Pública, con información de Mediotiempo //
La Selección Nacional de México se coronó bicampeona de la Copa Oro al vencer 2-1 a Estados Unidos en Houston, sumando así su título número 13 en la historia del torneo y consolidándose como la selección más ganadora de la Concacaf.
El equipo dirigido por Javier Aguirre mostró carácter al reponerse de un gol tempranero de Chris Richards al minuto 4, lo que no desmotivó al Tricolor, que reaccionó con fuerza y dominó gran parte del encuentro, especialmente en posesión del balón.
El empate llegó gracias a una destacada actuación de Marcel Ruiz y Gilberto Mora, quienes lideraron los ataques mexicanos. Fue Ruiz quien inició la jugada que culminó en el gol de Raúl Jiménez al minuto 27, tanto que marcó el número 43 en su cuenta personal con la selección, quedando a solo tres de igualar a Jared Borgetti.
Este gol tuvo una dedicatoria especial al delantero portugués del Liverpool, Diogo Jota, amigo cercano de Jiménez, quien falleció recientemente en un accidente. México mantuvo su dominio, mientras que Estados Unidos, con un juego pobre y sin ideas, apenas pudo responder.
En los minutos finales, cuando parecía que el partido se iría a tiempos extra, Edson Álvarez apareció con un cabezazo que fue inicialmente anulado, pero tras la revisión del VAR fue validado como el gol del triunfo. Así, el equipo de Aguirre devolvió la ilusión al fútbol mexicano. No obstante, el reto mayor será establecer un estilo definido de juego de cara al Mundial 2026 a celebrarse en Canadá, Estados Unidos y México. La inauguración será el 11 de junio del año que viene en el Estadio Azteca.
NACIONALES
Que no son lo que son

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
En el oficialismo, que incluye en este caso al gobierno, Poder Legislativo y partido, se han empeñado en no reconocer y negar lo que es evidente: la construcción de un Estado policial y la oficialización de la censura gubernamental atacando la libertad de expresión. La conversación se ha seguido en los medios públicos y privados con las voces del régimen negando y la oposición acusando la coartación de las libertades civiles.
Dos son los argumentos oficiales destacados; el primero es la necesidad que tiene el estado de combatir con mayor eficacia al crimen organizado y el segundo es que la oposición exagera para beneficiarse electoralmente y que en realidad ya todo está en la legislación y solo se adecua.
Se puede coincidir en que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, así como también en que el Estado requiere mejores instrumentos para combatirla; y que bueno que así se piense, pues eso implica que el Estado retome su potestad del uso legítimo de la fuerza para mantener el orden y la observancia de la ley.
En lo que no se puede estar de acuerdo es en que para hacerlo tenga que convertir a toda la población en potenciales delincuentes, sospechosos solo por poseer teléfonos celulares o participar en redes sociales. Poco importa que digan que se requerirá una disposición judicial para escudriñar las vidas de particulares, cuando el nuevo poder judicial está poblado por incondicionales del régimen.
Aceptemos que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, pero también que las competencias de las policías municipales y de los estados está severamente limitada por falta de recursos que la federación ha preferido destinar a la Guardia Nacional y a las fuerzas armadas, y que la expansión de los grupos delincuentes fue posible por la desidia y la indiferencia de las fuerzas federales dedicadas por seis años a solo hacer presencia y dar abrazos y no balazos, sin descontar la posible connivencia o complicidad de políticos, policías y gobernantes, tolerada con conveniente disimulo.
El giro de timón que ha tenido la estrategia gubernamental, persiguiendo y apresando delincuentes, no sabemos si obedece a una real voluntad de acabar con el problema o solo ha administrarlo en tanto baja la presión del gobierno estadounidense que ha exigido un combate a fondo de los grupos criminales y su asociación con los poderes del Estado. En todo caso, a pesar de los resultados estadísticos favorables, los carteles avanzan y controlan amplias franjas del territorio nacional y no se entiende cómo la censura y el uso faccioso y político de los datos personales puedan coadyuvar a detenerlos.
Se dice también que la nueva CURP con datos biométricos coadyuvará en la búsqueda de personas desaparecidas, así como unificar datos de la población para trámites y servicios. Esto implica un peligro adicional para la ciudadanía, porque conocemos la ineptitud del gobierno para manejar este volumen de información con seguridad y secrecía, y no sería remoto, dada la penetración del crimen en las estructuras gubernamentales, que los datos personales cayeran en malas manos.
Sin embargo, podríamos dar el beneficio de la duda y abonar las buenas intenciones del gobierno, si no fuera por la estructura totalitaria que se está construyendo alrededor.
El ogro filantrópico se ha venido construyendo sistemáticamente. Las bases se sentaron el sexenio anterior y no mintieron al decir que seguiría un segundo piso. Hoy el Estado subsidia y anestesia la pobreza, censura y cohesiona a medios y comentaristas, hizo ficción a la división de poderes, eliminó los órganos e instituciones autónomas e independientes y desnaturalizó a las fuerzas armadas garantes hoy de la seguridad pública.
Lo que queda por hacer es dominar, controlar y sujetar las libertades individuales para hacer imposible la disidencia.
En ese objetivo es donde encuadran todas estas reformas que presentan como útiles para recobrar la seguridad y hacer más efectiva la actuación de las fuerzas armadas utilizando las herramientas de la inteligencia y equipos cibernéticos. No existe en las leyes que han propuesto límite alguno para que el Estado utilice los datos personales para los fines que juzgue convenientes, sean en efecto para perseguir delincuentes o para presionar e intimidar a opositores o a simples ciudadanos.
Ejemplos recientes nos muestran el uso selectivo de la justicia, al menos en el Tribunal electoral en casos de violencia de género y no hay garantía de que esa conducta no se vuelva rutinaria en el régimen en configuración, especialmente cuando desde la tribuna presidencial se trata a los críticos como adversarios y a los opositores como traidores. El uso y abuso faccioso del poder es propio de tiranos, aunque digan que no lo son. La democracia es a partir de ahora, escenografía.
NACIONALES
Nombramientos sin mérito

Opinión, por Iván Arrazola //
La discusión sobre si los cargos públicos deben asignarse con base en el mérito o la lealtad es tan antigua como la política misma. Se trata de una tensión permanente entre dos principios fundamentales: por un lado, el mérito, entendido como la selección de personas con competencias técnicas, experiencia comprobada y formación adecuada para desempeñar sus funciones con eficacia; y por el otro, la lealtad, asociada a la necesidad de los gobernantes de rodearse de personas de su confianza ideológica o personal para garantizar cohesión, control y ejecución política.
Si bien ambos criterios pueden coexistir en ciertas circunstancias, en la práctica se suele imponer uno sobre el otro, con consecuencias directas en la calidad del gobierno y en la percepción pública sobre la legitimidad de los nombramientos. En este sentido, vale la pena analizar dos casos recientes que han generado amplia polémica en México.
El reciente nombramiento de Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha generado una fuerte polémica. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, defendió su decisión señalando: “Yo reivindico a Hugo como un gran profesionista y creo que va a desempeñar un buen papel en la Organización Mundial de la Salud”. Sin embargo, no profundizó en los criterios específicos que motivaron su designación. Frente a las críticas, la presidenta ha atribuido los cuestionamientos a motivaciones políticas.
Desde una lógica institucional, este nombramiento resulta difícil de justificar bajo criterios de mérito. La gestión de López-Gatell durante la pandemia de COVID-19 fue severamente criticada por múltiples sectores sociales y médicos: desde la negativa inicial para recomendar el uso generalizado del cubrebocas, la falta de aplicación masiva de pruebas rápidas, la centralización opaca de la estrategia de vacunación, hasta su retórica polarizadora, como cuando llamó “golpeadores” a los padres de niños con cáncer que protestaban por el desabasto de medicamentos.
A pesar de que Sheinbaum defendió el nombramiento señalando su formación académica (es egresado de Johns Hopkins), lo cierto es que la percepción social de su desempeño es negativa. Informes independientes estiman que el número real de fallecimientos por la pandemia superó los 800 mil, muy por encima de las cifras oficiales que hablan de 300 mil muertes.
En este contexto, el nombramiento de López-Gatell no parece responder a una evaluación técnica o a un reconocimiento por resultados, sino más bien a un acto de lealtad política. Se premia a un aliado, se protege a una figura del obradorismo, aunque su desempeño haya sido profundamente cuestionado.
El segundo caso ilustra otra faceta del problema: el uso patrimonialista de los recursos públicos. Se trata de la comunicadora Eli Castro, quien recientemente fue exhibida por ocupar una plaza como asesora técnica en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en Jalisco, con un salario de más de 73 mil pesos mensuales. La polémica surgió a partir de una transmisión en vivo, en la que un ciudadano cuestionó sus capacidades técnicas para desempeñar el cargo.
En lugar de presentar credenciales técnicas, Castro se limitó a presumir su trayectoria en el gobierno, señalando que ha trabajado con diversas administraciones y que ha ocupado cargos en cada una de ellas, incluyendo el Consejo Estatal de Trasplantes, las Fiestas de Octubre y la entonces Secretaría de Vialidad. Concluyó su intervención afirmando con orgullo: “por eso estoy donde estoy”. En la misma transmisión, reconoció que estaba comisionada y no realizaba funciones técnicas, lo que agravó la controversia. El SIAPA, en respuesta, emitió un comunicado para deslindarse, afirmando que el contrato era temporal y que no se renovaría. El propio director del organismo señaló que las tareas de comunicación que Castro debía realizar ya las ejecutaba él mismo.
Este caso no solo revela una designación sin méritos técnicos, sino además una falta total de control institucional: la autoridad estatal no tenía conocimiento del nombramiento, y las explicaciones posteriores resultaron insatisfactorias. En un contexto de crisis hídrica en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con colonias que enfrentan desabasto, agua sucia y aumentos en las tarifas, el caso profundiza la desconfianza ciudadana hacia las autoridades responsables del servicio.
Ambos casos ejemplifican la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y el debilitamiento del principio del mérito como criterio de selección. En el caso de López-Gatell, se premia a un funcionario sin rendición de cuentas por decisiones que costaron miles de vidas. En el caso de Eli Castro, se revela un uso discrecional de la nómina pública como si fuera propiedad privada del funcionario en turno.
Lo más preocupante es que, en ambos casos, el daño no se limita al escándalo mediático, sino que impacta directamente en la calidad de los bienes públicos: la salud y el acceso al agua, derechos fundamentales que hoy están en entredicho.
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