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NACIONALES

La violencia en La Corregidora: El día más negro del futbol mexicano, «fue una emboscada»

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Por Diego Morales Heredia //

Golpes, violencia, brutalidad, barbarie, se detuvo el balón al minuto 62 y se paralizó el mundo del deporte en la crónica de una tragedia anunciada. Con lo acontecido el pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora en Querétaro, se escribió la página más oscura en la historia del futbol mexicano.

La rivalidad de Querétaro y Atlas en la cancha ha tenido algunos episodios deportivos, sobre todo en la lucha por mantener la categoría en primera división. Sin embargo, sus grupos de animación o “barras”, han mantenido un violento historial en estadios, calles aledañas y carreteras. “La Resistencia”, por Querétaro y la “Barra 51”, de Atlas, tuvieron su primer enfrentamiento en el año 2005, cuando en un viaje al Corregidora, los locales robaron banderas, trapos y pertenencias de los visitantes alojadas en su autobús.

Para el 2007, Querétaro se jugaba la permanencia en la máxima categoría en la última jornada a disputarse en el Estadio Jalisco contra los rojinegros. Masivamente, miles de queretanos acudieron al coloso de la Calzada Independencia para buscar el milagro. El resultado, Atlas ganó dos goles a cero, enviando a los Gallos Blancos a la entonces Primera División “A”. La tristeza, coraje y frustración, desencadenó en una intensa batalla campal a las afueras del estadio, dejando cientos de detenidos y heridos en el primer gran capítulo de lamentable violencia en este partido de futbol.

En su regreso a primera división, Querétaro recibió al Atlas en el año 2010. Aun con el antecedente, se permitió el acceso masivo de aficionados rojinegros. El resultado, pelea masiva dentro del Estadio Corregidora, en donde ambas “barras” tiraron las rejas que dividen el estadio para enfrentarse a golpes, palos, tubos y toda arma blanca que se consiguió en el camino. De estos capítulos, no se tiene documentado algún detenido, minimizando los hechos violentos que han dañado tanto al futbol.

Para los años venideros, se generó un escenario de tensa calma en cada partido que disputaron Atlas y Querétaro. Las autoridades comenzaron a generar retenes en las carreteras, las directivas de ambos equipos limitaron la venta de boletos a los visitantes y se mantuvo la etiqueta de partido de alto riesgo para todos aquellos aficionados que quisieran acudir al estadio a presenciar el futbol.

FUE UNA EMBOSCADA”

Después de la pandemia y el cierre de estadios, los grupos de animación de Atlas no habían tenido convocatorias “masivas” para acudir a apoyar al equipo en otro estadio. Aprovechando el furor del campeonato obtenido en diciembre, se anunció que la plaza a visitar sería Querétaro, por lo cual se organizaron cerca de 10 autobuses, diversas sprinter y se hizo un llamado a los aficionados fuera de Guadalajara para asistir al evento.

No hubo retenes, nos vendieron todos los boletos que quisimos, ninguna traba nos pusieron”, argumenta un testigo de lo que ocurrió ese fatídico día. “Claramente fue una emboscada, nos dejaron entrar, no nos recibieron en la entrada de Querétaro, no hubo un solo policía en ningún, nos vendieron boletos, querían que estuviéramos ahí ese día porque tenían todo organizado”, afirma.

Los videos, fotografías y testimonios son brutalmente estremecedores. No se contó con un solo activo de la policía municipal ni estatal en un partido con antecedentes altamente violentos. Los guardias de seguridad, los cuales contrató el club con un salario de 300 pesos por día con mínimos requisitos, encargados de abrir las rejas a los grupos de animación, otros exhibidos golpeando a aficionados y algunos más, que se fueron de la escena por salvaguardar su seguridad.

Nos cuesta trabajo creer que no hubo muertos, lo que vimos fue impresionante. Había gente tirada por todos lados, charcos de sangre, vimos gente con herida de picahielo en la cabeza, tenemos mucho que agradecer porque pudimos regresar, dudo mucho que pueda volver a un estadio de futbol”, relata Vanessa, quien pudo ser resguardada y salir del estadio en medio del caos.

LOS NÚMEROS OFICIALES

Con base a las fotografías y videos que fueron expuestos en las redes sociales, aunado a la investigación que hicieron, la Fiscalía de Querétaro anunció que van 22 detenidos producto de la barbarie, se suman 40 órdenes de aprehensión y 31 domicilios cateados en 6 municipios del estado.

No tenemos fallecidos por el condenable hecho. Entiendo que las imágenes pueden se perturbadoras, la violencia irracional nos perturba, nos afecta y nos indigna. Se han compartido nombres de personas que supuestamente habían fallecido. Confirmamos que afortunadamente, están vivas y recibiendo atención médica (…) de verdad no tengo motivo para mentir ni para esconder nada. No vamos a ocultar nada, debemos demostrar que una minoría violenta e iracunda no representa a la sociedad queretana”, expresó Mauricio Kuri, Gobernador del Estado de Querétaro.

En cuanto a heridos, se tuvo el dato que fueron 26 personas trasladadas al hospital, de los cuales cuatro iban en estado grave. Al cierre de esta publicación, solamente una persona seguía hospitalizada en Querétaro y otra tuvo que ser atendida en Ciudad de México, el resto, ya regresaron a Guadalajara con el apoyo del Gobierno de Jalisco.

A pesar de todo lo que se publicó en las redes sociales y lo crudo de las imágenes que presenciamos y los rumores, no existe registro oficial de personas fallecidas.

LA POSTURA DE LA LIGA MX

Aunque Mikel Arriola, presidente de la Liga MX aseveró que vendrían sanciones “históricas” después de lo acontecido, al sentir de la sociedad y afición al futbol en México le queda el sinsabor de que otra vez no pasó nada En conjunto con la junta de dueños de clubes, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, quedó descartada la desafiliación del Querétaro y tampoco se abolieron de forma definitiva las barras de los equipos en el país.

Los cambios anunciados fueron los siguientes:

  • Querétaro perdió el partido 0-3 ante el Atlas

  • Sanción de un año a puerta cerrada jugando como local.

  • Un millón y medio de pesos de sanción económica

  • La barra “Resistencia” vetada por tres años en condición de local y visitante.

  • El Estado Corregidora con un año de veto.

  • La actual directiva queda inhabilitada por cinco años. Nombres como Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Manuel Velarde y Greg Taylor no podrán tener actividad en el futbol mexicano.

  • Querétaro regresará a Jorgealberto Hank y Grupo Caliente con la promesa de venderlo en un año para evitar la multipropiedad.

  • Prohibir de por vida el acceso al estadio a aquellos que resulten culpables de los hechos.

Por su parte, algunos clubes se han pronunciado al respecto. Grupo Orlegi, propietario de Atlas, Santos y Tampico Madero, anunció que a partir de los siguientes partidos de sus equipos, los aficionados tendrán que estar plenamente identificados en una plataforma digital, acabando con el anonimato para acudir a los partidos de futbol. A la vez, en una postura más radical y que ha sido aplaudida por el gremio del futbol, Chivas, encabezado por Amaury Vergara, les negó el acceso a sus barras sentando un precedente que el futbol debe ser para las familias.

Así se cierra la historia del día más negro en el futbol mexicano. Con la sensación que los cambios de fondo no llegaron, con el temor de familias enteras de volver a acudir a un estadio de futbol, en tiempos violentos donde el deporte debería servir como unión y fraternidad en la sociedad, con la esperanza que haya justicia para las familias que fueron afectadas por estos actos aberrantes. La pelota se manchó, sin embargo, volvió a rodar como si no pasara nada…

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JALISCO

Convoca jurista Diego Valadés a abogados, periodistas y universitarios: Hay que defender el estado de derecho y detener el deterioro institucional

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Por Mario Ávila //

Ante el grave problema de la erosión institucional del país, como consecuencia del deterioro de la gobernabilidad, el abogado Diego Valadés Ríos, quien fuera titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), elogió la respuesta espontánea de la sociedad mexicana en defensa de la democracia y el estado de derecho, tarea a la que consideró deben sumarse los abogados del país, los periodistas y los universitarios.

Al participar como conferencista invitado, en el marco de la asamblea del capítulo occidente del Ilustre Colegio de Abogados de México, A.C., Valadés Ríos retrató un panorama desolador para el estado de derecho en el país, pero se congratuló de que “hay un Poder Judicial Federal, que ha hecho frente al embate, solo con argumentos constitucionales; que ha habido órganos constitucionales autónomos que a pesar del vendaval han mantenido su funcionalidad y que hay organizaciones sociales y profesionales, y esta es una de ellas”, dijo refiriéndose al Colegio que lo invitó a dictar su conferencia efectuada la noche del jueves 12 de marzo en las instalaciones de la Secretaría de Cultura que antes albergó a la XV Región Militar en Jalisco.

A este tipo de respuestas -dijo-, podemos agregar también la presencia de una prensa muy analítica, muy crítica en el sentido constructivo, de ahí que a su vez merece esta expresión de solidaridad con los periodistas que han sido victimados, como el caso reciente en Jalisco de Jaime Barrera. Pero los medios de comunicación y los centros de reflexión nacional que son las universidades, en un gran conjunto de instituciones públicas y privadas, que ya atienden a 2 millones de educandos en el país, son entre otras cosas, los elementos que han permitido preservar lo que hasta este momento todavía tenemos.

A la pregunta de qué tarea nos espera para la recuperación del estado de derecho en toda su plenitud, el propio abogado, jurista e investigador mexicano, planteó: “Sobre este aspecto tenemos el problema de una retórica explosiva, que tiende a polarizar y a construir dos grandes núcleos de opinión en el país, contrapuestos entre sí, que impiden el diálogo, que impiden la reconstrucción de instituciones, que impiden los consensos propios de toda democracia.

“La democracia es estrictamente dialógica, que implica la presencia de un diálogo; esto está interrumpido en el país y es lo primero que tenemos que recuperar como base para el restablecimiento de la plenitud del estado de derecho, que se traduce en gobernabilidad y en institucionalidad. Para esto creo que es necesario o posible al menos tres grandes procesos que nos esperan como sociedad política: 1.- Detener el deterioro, 2.- Invertir la tendencia y 3.- Construir una nueva institucionalidad en el país.

“Para esto tenemos ya todos los elementos porque hay una sociedad actuante y una sociedad interesada. Por vez primera en nuestra historia política, las clases medias comienzan a movilizarse en torno al concepto de democracia. Es un fenómeno novedoso, las propuestas de cambio están desde hace mucho tiempo archivadas”, expuso.

Recordó que desde los años 90’s se habló de una necesaria reforma del estado, “no se prestó atención y simplemente se confió en que la democratización de los procesos electorales, eran suficientes para establecer la democracia en el país; pero una democracia se basa sí en procesos electorales que forman parte de la legitimación de origen de quienes ocupan el poder, pero también se necesita la legitimación de quienes desempeñan el poder justamente porque haya mecanismos adecuados de control entre ellos”.

Hacia el futuro -sentenció-, tenemos que pensar por lo mismo en estos tres procesos, que no necesariamente tienen que ser sucesivos en el tiempo, que pueden darse de manera convergente, pero primero será detener la erosión y el déficit de gobernabilidad para lo cual es necesario no hacer reformas jurídicas, sino hacer reformas en la conducta de los agentes del poder, a quienes tenemos que reclamarles respeto por su propia función, respeto por el gobernado y respeto por el adversario.

También tenemos que plantear -abundó-, de momento, el simple cumplimiento de las disposiciones constitucionales, que sabemos suelen ser preferidas en numerosos casos, sobre todo cuando se mantienen sin integración muchos de los órganos constitucionales que están previstos. Se requiere a la vez, una nueva relación entre Gobierno y Congreso porque el proceso de deterioro ha llevado a que se pierda hasta lo esencial: La cuenta pública, que fue una más de las aportaciones de la Revolución Francesa, en el primer constitucionalismo lo que se planteó fue simplemente que los gobernados participaran en la definición de las exigencias de naturaleza tributaria de parte del gobernante. Y esa fue la Carta Magna de 1215 después se pasó a la regulación del gasto y mucho tiempo después, el proceso llevó siglos, a la revisión de cuentas de cuánto ingresaba y cuánto y cómo se gastaba. Esto fue en la Revolución Francesa.

Colegas, saben lo que ha pasado -cuestionó-, que ya no hay cuenta pública en el país, que la última vez que la cuenta pública se discutió de manera pública en la Cámara de Diputados fue en el 2011, ahora ya la cuenta pública la aprueba una comisión presidida por el partido mayoritario en la Cámara de Diputados y no trasciende más que a aquellos que se interesen por conocer las características de la cuenta y vayan a la página de internet de la Contaduría Mayor de Hacienda, que hoy es el órgano fiscalizador del estado mexicano. Y como no tenemos ya ese mínimo control, como nuestros representantes ni siquiera se enteran y a través de ellos la población de cómo se está disponiendo de nuestros recursos, quiere decir que traemos un déficit institucional muy profundo.

LA RECUPERACIÓN DEL PAÍS

En la recuperación del país -precisó-, tenemos que advertir que con los elementos que son, sobre todo esa buena sociedad a la que me refería, tenemos que pasar a la reconfiguración del sistema representativo, a la determinación de que el estado mexicano tenga una política de justicia de la que carece, al combate efectivo a la corrupción que entre otras cosas es inmanejable e incontrolable por efectos del mismo sistema político que tenemos.

Porque tenemos un sistema político patrimonialista como ley -sentenció-, conforme al cual quien se adueña del poder político, se adueña por completo de la administración, no tenemos una administración profesional y políticamente neutral, sino que tenemos una administración apendicular del poder político.

En México la lucha electoral, lo mismo en el ámbito federal que en el ámbito local, o en el ámbito municipal, es una lucha por el estatus administrativo y por el abordamiento literalmente en el sentido de abordar la administración y apropiarse de ella mientras se tiene el poder político, por eso se forman hegemonías partidistas en México. Porque el gran incentivo no está ni en la ideología, ni en el programa, ni en la caracterización de los partidos, sino en la apropiación de un gran botín que representa la administración pública y eso tenemos que cambiarlo.

EL SISTEMA JUDICIAL MEXICANO EL MÁS REZAGADO DEL MUNDO

En otro punto de su disertación, el abogado Diego Valadés, planteó que todos los juzgadores mexicanos conocen que el sistema judicial tiene que seguir avanzando, “el sistema judicial mexicano es lamentablemente uno de los más rezagados en el mundo, en el caso de la OCDE es el último; no porque no tengan una alta calidad nuestros juzgadores, sino porque en México tenemos 5 juzgadores por cada 100 mil habitantes, frente a la medida de la OCDE que es de 21 juzgadores por cada 100 mil habitantes. Y países como Alemania tiene más de 30 juzgadores por 100 mil habitantes. En nuestra propia América, son 11 en Colombia y en Perú y son 25 en Costa Rica y en Uruguay.

“De manera que mientras el Estado Mexicano no atienda este problema, la cuestión judicial tendrá todavía muchos pendientes que atender. Mucho es lo que hacen los jueces que en este momento tenemos. No hay por otra parte, una Secretaría de Justicia, que permita establecer entre otros aspectos los efectos reales de la normativa en rigor, es decir no tenemos estudios de impacto normativo en el país, cuando es el estándar en cualquier democracia consolidada contemporánea”, expuso el jurista, escritor y político mexicano.

Y así como esto nos falta lo esencial -planteó-, el estado mexicano como tal, desde 1917 a la fecha, carece de política de justicia, en 1917 fueron abolidas dos secretarías, la de instrucción y la de justicia. En 1921 se reestableció la de instrucción con el nombre de Educación Pública, pero no se ha vuelto a pensar en la necesidad de una Secretaría de Justicia, no para que manipule, no para que ordene, no para que dirija; al contrario, para que simplemente planifique y ayude al desarrollo de las instancias de la Judicatura mexicana.

El sistema Presidencial -apuntó-, que emanó de la constitución de 1917 derivó en un absolutismo presidencial, porque así como no se han atendido las necesidades de la Judicatura de manera satisfactoria y así como se mantiene muy limitado el sistema representativo del país, entre otras cosas, no puede llevar a cabo ningún tipo de investigación acerca de lo que hace la administración pública, ni de evaluación acerca de los resultados de los diferentes planes nacionales y estatales, ni de la consecuente sanción a aquellos que no cumplan con su responsabilidad. Así como eso ha pasado, de la otra parte, del Ejecutivo, todo lo que hemos tenido ha sido un incremento sucesivo de facultades, muchas de ellas a expensas del sistema federal.

Recordó Diego Valadés, en el marco de la Asamblea general 2024 del Capítulo Occidente del Ilustre Colegio de Abogados de México, fundado en el año de 1760, que el artículo más reformado de la Constitución, con más de 70 enmiendas, “es el artículo 73 que previene cuáles son las facultades del Congreso y si contamos el número de sus fracciones, veremos que frente a las 29 fracciones originales de 1917, se han adicionado 30 más. Y todas esas facultades adicionales que ejerce el Congreso, en suma, se traducen también en atribuciones presidenciales”, sentenció el jurista.

SE PARTIDIZARÁ LA JUSTICIA AL ELEGIR JUECES, MAGISTRADOS Y MINISTROS

En otro tema por demás relevante y actual, que está en la palestra del Congreso de la Unión, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador la incorporó entre las propuestas de reformas constitucionales, destaca el tema de someter al voto popular, la designación de jueces, magistrados y ministros dentro del Poder Judicial.

Ante este panorama de concentración del poder -dijo Valadés Ríos-, hemos visto cómo se va dando una progresiva erosión de las instituciones y entra en una sinergia negativa con el déficit de gobernabilidad al que nos referimos. Esta erosión progresiva tiene muchos elementos de identificación, uno de ellos la propuesta de que todos los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, que son casi 1,600 sean elegidos popularmente.

Recordó que esta idea de la elección popular de los jueces, surgió también en la Revolución Francesa, en la primera constitución revolucionaria de 1791 aparecía ya la disposición de que los jueces sería elegidos por el pueblo; se repitió en la de 1795, en la de 1797 y fue derogada en la de 1802 porque se había partidizado e ideologizado la administración de la justicia.

Y abundó: “Tuvo un efecto en el sistema constitucional americano, particularmente por la gran importancia que le dieron los presidentes que se sintieron agraviados porque era inadmisible que la judicatura derogara una decisión legislativa; de tal manera fue tan fuerte este impacto, que en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes en Estados Unidos, se produjo casi 50 años después y una de las respuestas consistió la elección de los juristas, pero nada más en el ámbito local, nunca se ha planteado en el ámbito federal. En este caso casi la mitad de los estados, en Estados Unidos, eligen jueces popularmente, pero no han podido evitar, según o reconocen ellos mismos, la partidización de la Judicatura”.

Finalizó diciendo: “Ahora bien, cuando se plantea la partidización de la Judicatura en un proceso constructivo de una nueva hegemonía de partido, es evidente que de lo que se trata es de propiciar la demagogia y la subordinación judicial a la estructura partidista”.

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NACIONALES

Las fiscalías en México: Entre la subordinación y la insurrección

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Opinión, por Iván Arrazola //

Hay un problema con el funcionamiento de las fiscalías en los estados, ese problema tiene que ver con un diseño institucional, las fiscalías, que son los órganos encargados de investigar y perseguir delitos, y de reunir las pruebas para demostrar la culpabilidad de una persona, se encuentran bajo el acecho de los poderes locales en México.

Estos órganos que deberían de servir como instancias encargadas de investigar y hacer valer la justicia en el país, en realidad se encuentran al servicio de la clase política.

A partir de las reformas que se hicieron en el 2008 al sistema judicial, se buscó hacer de estos organismos, instancias independientes que no estuvieran al servicio de los gobernantes, su actuación tendría que ser completamente imparcial, libre de presiones políticas y siempre buscando que se haga justicia. Por eso se hicieron modificaciones para que el periodo del fiscal durara más allá del periodo del gobernador en turno, también se pensó en que fuera el Congreso el que nombrara al fiscal para evitar una relación de complicidad entre fiscal y gobernador.

Pues bien, ese diseño parece que poco ha ayudado, en muchos lugares, estas instituciones ejercen abiertamente una actitud sumisa y complaciente con el poder político, como sucede con la FGR. Atrás quedaron las diferentes protestas cuando Peña Nieto intentó designar en el cargo a una persona cercana a su partido como fiscal. El primer fiscal de la historia nombrado por López Obrador, no pasará a la historia por ser el más imparcial.

En días pasados el presidente relataba cómo reunió a Alejandro Gertz, fiscal general de la República y al propio Arturo Zaldívar, para que ejercieran acción penal en contra de Jesús Murillo Karam, lejos de la independencia que deberían mostrar los dos personajes. El relato muestra como en México hay cosas que no cambian, entre ellas la sumisión de la instancia encargada de procurar justicia, y que al menos una parte del poder encargado de impartir justicia también muestra una actitud sumisa ante el poder político.

Esto ha ocurrido en Morelos, donde el fiscal Uriel Carmona ha sido objeto de una persecución judicial no solo por parte del gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, una de sus principales enemigas es la candidata Claudia Sheinbaum, que buscó por todos los medios encarcelar al fiscal de Morelos por el caso de la joven Ariadna López, por las diferencias entre las fiscalías de la Ciudad de México y Morelos por las causas que ocasionaron la muerte de la joven. El fiscal pudo defenderse legalmente y continuar en el cargo, la candidata morenista ha señalado que buscará que su partido gane la mayoría calificada en el Congreso para destituir al fiscal.

También ocurrió en Veracruz, donde el ex fiscal Jorge Winckler fue perseguido por el gobernador morenista Cuitláhuac García, hasta que consiguió su destitución, Winckler fue una pieza clave en la investigación en contra de Javier Duarte por el desvío de recursos públicos, para García el funcionario resultaba incomodo, por lo que utilizó todos los recursos a su alcance para removerlo.

Pero no solo ocurre en estados gobernados por Morena, en Nuevo León el gobernador Samuel García de Movimiento Ciudadano, ha llamado “capo” y “patán” al fiscal Pedro Arce y ha solicitado al Congreso del Estado la destitución del funcionario para poder mejorar la “seguridad” en la entidad. Como se puede apreciar, el patrón que aplica es el mismo para poder justificar o explicar actos de inseguridad se recurre a las mismas estrategias, señalar a estos funcionarios por los problemas de inseguridad que hay en los distintos estados.

En días recientes, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se unió a la lista de gobernadores que ha solicitado la remoción del fiscal, la gobernadora cuestionada por el clima de inseguridad que azota al estado de Guerrero decidió prescindir del Secretario de Gobierno, del Secretario de Seguridad y de la fiscal Sandra Valdovinos, mientras los primeros dos presentaron su renuncia, la fiscal se negó a dejar el cargo y señaló que es el Congreso el que debe de resolver si considera su separación del cargo.

La situación en el estado de Guerrero se encuentra fuera de control, a tal grado que los pactos entre el crimen organizado y la Iglesia parecen tener un efecto más eficaz que cualquier acción gubernamental. La remoción de los funcionarios parece más una medida desesperada de la gobernadora.

Lejos de que la destitución de fiscales ayude a terminar con los problemas de seguridad, los fiscales sirven como chivos expiatorios para justificar la ineficiencia de los gobernantes o se convierten en enemigos declarados cuando no responden a los deseos de éstos. No se hace un análisis profundo de las condiciones en las que operan estas dependencias, la mayoría de las fiscalías del país no cuentan con el personal suficiente para atender todas las denuncias que se presentan, en otros casos es el nivel de saturación de trabajo que presentan los ministerios públicos lo que les hace imposible realizar trabajo de investigación y reunir las pruebas para demostrar la culpabilidad de una persona, pero la clase política solo piensa en una cosa la sumisión o la venganza.

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NACIONALES

Compromiso por la paz

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

La vida política en nuestro país, transcurre veloz, en carrera contra el reloj electoral y por lo mismo, viciada de superficialidad. En las campañas, ningún tema se aborda a profundidad, se convierten en tópicos, lugares comunes en los discursos que llenan la conversación pública en medios y redes sociales.

Hay coincidencia en que el principal problema que preocupa a la población es el de la seguridad, pero el documento más completo sobre el tema que se ha hecho público, gracias a la Conferencia del Episcopado Mexicano, se ha perdido en el ruido de lo sensacional que resulta oponerse a él.

La candidata del partido en el gobierno manifestó que no comparte el diagnóstico pesimista ni la visión de que prevalezcan el miedo, la impotencia, la desconfianza y la incertidumbre, y eso bastó para que los titulares y comentarios se olvidaran de lo fundamental, analizar el documento y las propuestas.

Los opositores se limitaron a asentir y firmar el compromiso, sin conocerlo, solo para quedar bien y en consecuencia, las propuestas de todos, oficialistas y oposiciones siguen perdidos en propuestas efectistas sin entender el contenido del diagnóstico más extenso que se haya elaborado.

El documento abarca 7 temas: tejido social, seguridad, justicia, cárceles, adolescentes, gobernanza y derechos humanos y resulta de un diálogo entre más de 1600 instituciones y de la realización de más de mil foros y conversatorios y por ello debiera merecer mayor atención, no solo de los firmantes, sino de los propios medios para que la sociedad esté mejor informada sobre el problema, que hoy pareciera circunscribirse a un resumen de nota roja y al miedo que provoca ver tanta violencia.

A una semana de la firma del documento por los candidatos, en sus propuestas seguimos viendo generalidades, propuestas efectistas que ganan titulares efímeros pero extravían la mirada sobre lo sustancial.

La candidata oficial sigue hablando de atacar las causas de las conductas antisociales, así, generalizando, y ganar la paz, es decir más abrazos y becas, cuyos resultados a cinco años ya los vemos.

No sorprende que esté en desacuerdo con los diagnósticos del documento, porque hacerlo implicaría reconocer el fracaso de la política sexenal. Dar dinero a los jóvenes y campesinos no ha traído la paz y en cambio disminuir los presupuestos para las policías estatales y municipales y mejoramiento del sistema legal y penitenciario, resultó en un mayor campo de acción para la delincuencia.

La sociedad, todos, debiéramos conocer el documento que firmaron los candidatos, para exigirles congruencia y sobre todo seriedad. El compromiso por la paz que firmaron asevera, y lo comparto, que se requiere una política de Estado surgida desde lo local y con el consenso y participación de todos. Formula estrategias a nivel municipal, estatal y federal para cada uno de los 7 temas abordados, que pueden o no ser coincidentes con lo que algunos piensen, pero es al menos una guía de ruta para cualquier gobierno.

No elude el papel de la sociedad, de nosotros como individuos, y plantea la necesidad de que el gobierno termine con los cotos de impunidad que han robado a la sociedad los espacios para su desenvolvimiento, para la formación de ciudadanos responsables y para la recuperación de la cohesión social.

No es un documento perfecto, pero conocerlo y entenderlo es un buen punto de partida si queremos que nuestro país, nuestras comunidades, recuperen la paz.

No debiera el episcopado mexicano, quedarse en la conformidad por la aceptación del documento por los principales actores políticos del momento. Evitar la intrascendencia es un imperativo y por lo tanto, debiera dársele la máxima publicidad.

El esfuerzo de diálogo social que dio vida al documento, debe continuar para su difusión y comprensión; para que la sociedad se enfrente a sus propios miedos y limitaciones y venga una toma de conciencia necesaria para la participación.

De nada servirá que los candidatos hayan firmado, porque ellos quedaron conformes con la fotografía y siguen con sus agendas y propuestas parciales y extraviadas. Una vez que se admite que la solución parte de lo local, es ahí donde debe incidirse en la comprensión del problema, que rebasa ya el simple conteo de los asesinatos y extorsiones.

La sociedad, en amplios sectores está infectada por las conductas antisociales y se celebran las apologías del consumo y el mundo del narco, presente en la música y comedias televisivas, que hacen ídolos de sus figuras.

Tiene razón el documento, la paz no será solo asunto de represión, fuerza y aplicación de la ley. Urge recuperar el tejido social, la humanidad de la sociedad, el respeto y el cuidado mutuo entre los ciudadanos y sobre todo la rigurosa aplicación de la ley, para lo cual pueden requerirse mejores cárceles, pero siempre será mejor tener cárceles vacías, ausencia de delitos y mejores ciudadanos, como en Dinamarca dijera el clásico.

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