NACIONALES
Los conceptos de la presidenta de la Suprema Corte: Acto constitucional, enfoques diversos y fin común

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
El pasado domingo 5 de febrero se conmemoró el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de nuestra patria. El Congreso Constituyente, instalado en 1916 en el Teatro de la República de Querétaro, fue el escenario donde 200 diputados electos bajo los ideales de la triunfante revolución mexicana, discutieron el Proyecto de reformas a la Carta Magna de 1857, que, debido a lo profundo de dichas modificaciones, permitieron que se forjara una nueva Ley Suprema de los Estados Unidos Mexicanos.
En esas jornadas, lució el talento y civismo patriótico del jalisciense Luis Manuel Rojas (Ahualulco,1870- DF, 1949), diputado por Guadalajara, autor del Proyecto de constitución y presidente del Congreso Constituyente.
Los hablantes oficiales durante ese solemne acto, fueron el gobernador de Querétaro (por ser el anfitrión); los titulares de las mesas directivas de la Cámara de Diputados (Santiago Creel Miranda) y de Senadores, Alejandro Armenta Mier; la ministra presidenta de la Suprema Cortes de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández y el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador (Amlo). Muy interesante resultó el evento, pues de lo expresado por cada uno de los oradores, podemos entresacar lo que campea ideológicamente en la nación.
Abrió la sesión conmemorativa, el panista veracruzano Mauricio Kuri González, quien como dijimos, gobierna al Estado de Querétaro. Fue sensato, y enfatizó que “No hay momento ni lugar más oportuno que éste para hacer una reflexión del espíritu que anima la Constitución, de su carácter supremo, de su vocación democrática y de su celo por la justicia social y la defensa de las libertades.” Para este político blanquiazul, “sobre el acuerdo hecho Constitución en 1917, descansa la fundación del Estado, cuyo poder público se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cuyas independencias garantizan la estabilidad y la gobernabilidad.” Luego agregó que la federación se integra por estados libres y soberanos, remarcando que es muy importante, en dicha norma, se consagre al municipio libre como la célula fundamental del país.
En su intervención, enfatiza el papel de la democracia, porque “No hay libertad sin democracia. Libertad y democracia han sido las más caras aspiraciones políticas de la sociedad mexicana”. En una parte de su discurso, reconoce que en los años recientes se ha realizado un esfuerzo sin precedente para distribuir apoyos a los más necesitados, con lo se busca “cumplir el otro anhelo que tutela nuestra Constitución: alcanzar un México más justo, igualitario y solidario. Eso debemos reconocérselo, señor presidente”. Es decir, este panista, admite lo que el primer mandatario actual, ha llevado a cabo en su cruzada a favor de los pobres.
Enseguida hizo uso de la palabra, Santiago Creel Miranda, representante de la mesa directiva de los diputados federales. Para él, en Querétaro, “El diálogo triunfó sobre la división y eso es precisamente lo que hoy celebramos.” Es decir, en todo momento de nuestra historia, se avanzó gracias al diálogo. Señala que entre 1917-1930, ya vigente nuestra Constitución, “los revolucionarios volvieron a desdeñar el diálogo, sus causas se frustraron y la disputa por el poder se encarnizó. La violencia cobró la vida de casi todos los liderazgos… La falta de diálogo de Calles con la Iglesia provocó la guerra cristera…”.
En los tiempos del abuelo del PRI -el PNR- y su heredero _el PRM-, la “nueva hegemonía no dialoga; impone, simula, se arropa en el principio de la no reelección, crea un partido que dura en el poder más del doble del tiempo que el de la dictadura de Díaz. Su mérito es que logra, eso sí, un periodo de crecimiento, aunque gobierna sin diálogo”. Creel, subraya que el diálogo es el motor de nuestros avances, y al no haber genera magras vicisitudes como la guerra sucia y el “2 de octubre no se olvida”.
Sin embargo, todo eso sirvió para que el partido hegemónico acabara “por escuchar, por dialogar y por lograr, junto con la oposición, su apertura democrática. Sin esa voluntad, que hoy debemos de reconocer, difícilmente se hubiera dado un cambio político en paz y por la vía de las instituciones. Ahora son tiempos de coincidir, son tiempos de reconciliación; después, después vendrán tiempos para competir en la arena política electoral.” Momentos que está a la vista y que culminarán en 2024 con la liza presidencial.
Creel admite que “El principio democrático es que la mayoría decide, de eso no hay duda y no hay debate, la cuestión es cómo decide, se incluye o no a quienes piensan distinto. Al excluirlos, se deja fuera parte del pueblo, se mancilla la soberanía. Hoy más que nunca es hora de dialogar, es hora de dialogar para hacer realidad nuestra Constitución, para aplicarla, para ejecutarla, para que en esos medios podamos convenir los grandes acuerdos de la nación, y esos grandes acuerdos de la nación que se traduzcan en el bienestar social del pueblo de México. Esa es la mejor manera de honrar nuestra Constitución.” El diputado, al parecer olvida que tanto la independencia, como la Reforma y la Revolución Mexicana, fueron culminaciones no del parlamento, sino de la lucha armada.
El orador que prosiguió la ceremonia del 5 de febrero, fue el senador Alejandro Armenta Mier, de Morena y aspirante a la gubernatura de su entidad, Puebla. Para él, su enfoque es recordar que la separación del Estado y la Iglesia fue tan importante como lo es hoy y será en el futuro la separación del poder económico y del poder político para el beneficio de las y los mexicanos.” Ejemplo elocuente de los avances que auspicia la Ley de leyes, es que “los constituyentes de 1917 eran hombres; hoy, es una realidad, hay paridad de género y estamos avanzando”.
Nuestra Carta Magna, la Constitución de 1917, llegó pues a 106 años de edad, aun cuando con tantas modificaciones, que de la expedida en aquel ya lejano año citado a la fecha, pareciera que fue transfigurada. En efecto, a partir del 7 de julio de 1922, que arrancan las reformas que se han hecho a nuestra ley suprema, hasta el 18 de noviembre del año pasado de 2022, se han aprobado 252 decretos que implican 764 enmiendas de todo tipo, llevadas a cabo en 114 artículos de los 136 de que consta nuestra norma de normas legales, más los dispositivos transitorios. Precisamente, la más reciente reforma fue al transitorio quinto del decreto de 26 de marzo de 2019 cuando se creó la Guardia Nacional.
Para dimensionar esas mutaciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), pensemos que “nuestro texto constitucional tenía poco más de 20 mil palabras cuando se promulgó; hoy cuenta con casi 80 mil palabras, solo considerando los 136 artículos, sin los transitorios”, manifestó Camilo Saavedra Herrera, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional de México. (Excelsior, 4-Feb-2023).
Una oradora especial, fue la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña. Como es natural, siendo la primera mujer que ocupa tan elevado cargo, anotó que “trabajaré porque esta representación en el Poder Judicial Federal se traduzca en una auténtica reducción de las brechas de género y, consecuentemente, en una sociedad más justa e igualitaria.”
Pero lo que llama la atención, es afirmar que los constituyentes no se limitaron a reformar la Constitución de 1857, sino que “fueron mucho más allá: encauzaron las reivindicaciones sociales emanadas de la Revolución mexicana, dando luz, en el mundo, a un pionero constitucionalismo social.” Y es que sucedió debido a que “Las injusticias generan inconformidad, descontento, enojo, violencia… Enfrentar estas injusticias ha sido el mejor motor de las causas de la humanidad.”
Nuestra Constitución, no obstante, los centenares de reformas, resiente una “deuda histórica con sujetos en particular y con enormes sectores de la sociedad”. Por ello, con mucha razón dice esta gran abogada, “Evitemos encuentros estériles, reuniones anuales con bellos ejercicios de oratoria, para tras ello, volver al escritorio con la falsa sensación de un deber cumplido. Tenemos que esforzarnos más, cuestionar y cuestionarnos, replantearnos cómo lograr un cumplimiento cabal de nuestra Constitución. La Ley Suprema tiene que ser una realidad en aras de la dignidad de cada persona”.
Enseguida formuló una idea que la prensa tradicional, y hasta las oposiciones han dicho como si ella hubiese sido su vocera: “el Poder Judicial —guiado por la Constitución— no sólo resuelve las controversias, no sólo pacifica los conflictos, sino que también promueve y cataliza el cambio social…Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia. Es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental”.
Y por ello, maximizando y dando interpretaciones sesgadas, los medios de comunicación tradicionales hablaron de que la ministra “exigía” al primer mandatario, respetara la independencia judicial. Eso nunca aconteció, ella, con propiedad, pregonó lo importante de esa autonomía, la cual impera hoy por hoy, como nunca.
En otra parte de su mensaje, habló de que los juzgadores están siempre sujetos al imperio de la ley; en consecuencia, afirma, “Es sano y necesario ponderar la actividad de los jueces en virtud de las resoluciones que emiten, y nunca perder de vista la independencia judicial —la de los juzgadores y la de uno de los poderes constitutivos de la República. Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia.”
En lo cual tiene mucha razón, pues “La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial, siempre, en beneficio de la sociedad. La Constitución es el pacto federal que nos permite superar nuestras diferencias y estar de acuerdo en lo fundamental, como lo expresara Mariano Otero.”
Solo que la ministra olvidó que a esa independencia, la debe acompañar una serie de requisitos que deben poseer los jueces y magistrados: capacidad, honradez y civismo. Sin estos ingredientes, la independencia judicial, en vez de ser útil, se convierte en lastre para la nación y sus aspiraciónes de justicia genuina, recta y expedita.
En su turno, que culminó la ceremonia, habló el primer mandatario nacional: aludió a los 136 artículos de la Constitución, promulgada el 5 de febrero de 1917, y a partir de entonces ley suprema del país, la cual significó ser, “por mucho tiempo, el programa de acción más popular, nacionalista y progresista de nuestra historia”.
Pero luego advirtió: “En los 36 años de política neoliberal se aprobaron reformas completamente antipopulares, entreguistas y contrarias al interés público.” Acto seguido, les dice a los oyentes que “es raro encontrar, y los convoco a que lo investiguen, es raro encontrar en el periodo neoliberal una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Todo, todo, absolutamente todo se orientó a favorecer los intereses de una minoría nacional y extranjera”.
Por lo anterior, es que “Debemos seguir luchando por los ideales de la Revolución mexicana consagrados en la Constitución de 1917. No dejar de insistir en abolir, por la vía legal y democrática, las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal.” Por lo tanto, su gobierno continuará “proponiendo cambios al marco legal en beneficio del pueblo hasta devolver a nuestra ley máxima toda la grandeza de su humanismo original.”
Concluyó Amlo, con la idea de que “La política es hacer historia, es transformar, y ello implica pugnar siempre por lo que es justo y parece imposible de alcanzar. Si no se lucha en forma sostenida por convertir los sueños en realidad, no hay práctica política que valga la pena ni transformación posible, ni diferencia sustancial entre la vida y la nada.”
No cabe duda pues, que las visiones de los oradores en la celebración del CVI aniversario de la Constitución de 1917, son aleccionadoras, y acreditan que nuestra Carta Magna, “no ha muerto, vive en la transformación del México libre, justo, igualitario, democrático y fraterno de nuestros días”.
ENTREVISTAS
Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión

Por Mario Ávila //
Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.
Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.
Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.
Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.
Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.
Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.
LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS “LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”
Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.
La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.
No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.
Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.
Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.
Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.
Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.
ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO
Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.
Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.
Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.
ENTREVISTAS
Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

Por Mario Ávila //
El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.
Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.
“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.
Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.
Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.
En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.
“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.
A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.
Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.
También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.
El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.
JALISCO
Miguel Monraz acusa que gobierno tendrá herramientas para espiar con reformas a telecomunicaciones
FUEGO CRUZADO
“No son reformas: son herramientas para espiar, censurar y controlar al ciudadano (…) La reforma de inteligencia te rastrea, la de telecomunicaciones te calla. Y la de población te ficha. ¿Libertad?”
MIGUEL ÁNGEL MONRAZ IBARRA/ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RADIO Y TV DEL CONGRESO FEDERAL
“Ni censura ni espía. Ante la desinformación que hay alrededor de la #LeyTelecom (…) Actores del PRI y el PAN con argumentos falsos y engañosos “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites”
CLEMENTE CASTAÑEDA / SENADOR DE MOVIMIENTO CIUDADANO
CIERTO O FALSO
“Se duplica la desaparición de mujeres menores de 20 años en el me de junio en Jalisco (en comparación con cualquier mes previo de 2025), según cédulas publicadas por @BusquedaJal”
VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO / INVESTIGADOR DE LA UDEG
“Veamos el trabajo mucho más fino que el burdo mío. El doctor @VMGlezR desarrollo el valiosísimo portal Desaparecidos en Jalisco, donde recopila información. Se pueden checar datos por administración y con @PabloLemus son 596. ¿Por qué solo 122?
PEPE TORAL / PERIODISTA ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN
VOZ ALTA
Cirugía mayor a la metrópoli
¿Hasta cuándo los gobiernos de Jalisco enfrentarán con seriedad el colapso de la infraestructura hidráulica en la metrópoli? ¿Cuántos socavones más y cuántas vidas humanas deberán perderse para que actúen de manera decisiva? Es urgente implementar soluciones integrales, como el drenaje profundo, que resuelvan este problema de raíz. Cada vez son más los hundimientos que se registran en diversos puntos de la ciudad. Hace un año fue el socavón de López Mateos de 10 metros de largo y ahora el registrado en la colonia Bethel. ¿Cuántos más habrá que esperar?
PABLO LEMUS. Se requiere una decisión de estadista.
Golpe al género masculino
La decisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC Jalisco) de obligar a los partidos políticos a postular únicamente mujeres candidatas a 10 municipios, donde se incluye Zapopan y Tonalá del área metropolitana, ha sido muy controvertida, de entrada restringe a la libertad de los partidos para elegir candidatos, mientras que otros la celebran como un gran paso para la igualdad política. El punto es si esta decisión garantiza mejores gobiernos o simplemente dará pie a candidatura simbólicas, sin un respaldo real de los partidos.
PAULA RAMÍREZ. La decisión del IEPC Jalisco divide opiniones.
Pleitos en Morena
En Morena Jalisco las cosas tienden a enredarse. Los conflictos entre pares son el pan de cada día, como se vive en el Congreso del Estado, con las acusaciones que ha lanzado la diputada Brenda Carrera contra la presidenta Marta Arizmendi y el senador Carlos Lomelí de violencia política a quien acusa estar detrás de su destitución como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y que según ella se violó la ley. La diputada Arizmendi lo niega y señala que la decisión fue de la asamblea y ella simplemente la acató.
BRENDA CARRERA. Va contra Marta Arizmendi y Carlos Lomelí.
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