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México con 15 ciudades en lista de más violentas del mundo: «Política de abrazos, no balazos, ha llevado a México al Estado fallido», José Antonio Ortega

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Por Francisco Junco //

Son 16 ciudades de México que se encuentran en ranking de las 50 ciudades más violentas en el mundo, donde las tres primeras son Colima, Ciudad Obregón y Zamora, convirtiendo al país en el más peligroso para vivir, que a decir de José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, es una muestra de que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha llevado al país a un “estado fallido” con su política de “abrazos, no balazos”.

“Cuando vemos que no hay una autoridad capaz de poner freno, es decir, de investigar, de perseguir, de detener, de consignar, judicializar y sentenciar a estos agresores. Vemos que la política de abrazo, no balazos, ha sido un completo fracaso. Y vamos a un estado fallido. Un estado fallido es cuando la autoridad pierde el uso legítimo de la fuerza y se lo transmite a las organizaciones criminales, y pierde el cobrar impuestos y son las organizaciones criminales quienes lo cobran. Hemos visto, desgraciadamente, que la violencia en este sexenio ha crecido, ha habido más ciudades y las tazas de homicidio son más altas. La política de abrazos no balazos, insisto, no ha funcionado, y tiene que haber un cambio de política para verdaderamente librarnos de este gran problema”, explicó, para Conciencia Pública, José Antonio Ortega.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, presentó el estudio, en rueda de prensa, que revela que, por segundo año consecutivo, Colima ocupa el primer lugar del «Ranking: 50 ciudades más violentas del mundo», donde se registró una tasa de 140.32 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. En 2022 registro una tasa de 181.94 homicidios por cada 100 mil habitantes.

“El análisis que nosotros hacemos solamente implica homicidios dolosos, en tazas por 100 mil habitantes, y en ciudades de 300 mil o más habitantes, con cifras oficiales, tanto de los homicidios como de la población, que la información sea asequible a través de internet y las ciudades que estudiamos no estén en guerra, estos son básicamente las condiciones de la metodología que utilizamos para el estudio”, explicó el abogado, quien por 17 años consecutivos ha presentado este estudio.

En la presentación de este informe, Leonardo García Camarena, coordinador nacional de Misión Rescate México, alertó la gravedad de que, entre las 10 primeras ciudades de este registro, siete son mexicanas, por lo que aseguró, que la fallida estrategia de seguridad del gobierno del presidente López Obrador se verá reflejada en las urnas, el próximo 2 de junio.

Resaltó que en México la magnitud de la violencia se trata de ocultar, falsificando o manipulando las cifras reales, pero que la realidad ha tomado un curso de mayor gravedad, y se observa como grupos criminales ejercen control territorial en cientos de municipios, y apoderarse de las carreteras afectando a millones de mexicanos.

Además de Colima, las otras 15 ciudades consideradas como las más violentas en el país son Ciudad Obregón, en Sonora; en Michoacán está Zamora, Morelia y Uruapan; en Colima, Manzanillo; Baja California, Tijuana; en Zacatecas la capital del mismo nombre; en Chihuahua, Ciudad Juárez y la capital Chihuahua; en Guanajuato, Celaya, León e Irapuato; en Morelos, Cuernavaca; en Guerrero, Acapulco, y en Quintana Roo esta Cancún.

De esta lista, destaca la incorporación de Manzanillo, ya que en el estudio anterior no aparecía en el Ranking; mientras que ciudades como Ensenada y San Luis Potosí, salieron de este listado, que aún se registraban en el 2022. Colima, por séptimo año consecutivo continúa siendo la ciudad mexicana más violenta del mundo, con una tasa de 140.32 homicidios por cada 100 mil habitantes.

La segunda ciudad más violenta del mundo también es mexicana, es Ciudad Obregón, con una tasa de 117.83 homicidios por cada 100 mil habitantes y la tercera es Puerto Príncipe en Haití, con una tasa de 117.24.

En los 16 años que el Consejo de Seguridad ha realizado este estudio, en 10 de las ciudades más violenta del mundo son mexicanas, el año pasado de las diez ciudades más violentas del mundo, siete fueron mexicanas: Colima, Obregón, Zamora, Manzanillo, Tijuana, Zacatecas y Juárez.

Los países más afectados por la violencia urbana, y la violencia en general, son Ecuador, Haití y México. El común denominador de los tres países es que se han adentrado considerablemente en el terreno del Estado fallido, condición en la cual el Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2022

“La violencia se concentra en América, ya que 16 ciudades son mexicanas, 10 son brasileñas, 8 son colombianas, 7 son norteamericanas, entonces la violencia la tenemos en América. Hay ciudades que han estado en el ranking y han salido, como Guatemala, salió en 2019, o El Salvador, salió en 2020, y San Pedro Sula, en Honduras, durante cuatro años tuvo el primer lugar y ahora ya está en el lugar 48, por lo que, estamos seguros, que con la política pública que han aplicado en este país, el siguiente año, o sea 2024, van a salir del ranking”, analizó Ortega Sánchez.

Y es que explicó que el problema radica en que el Estado pierde el monopolio de la violencia, en favor de grupos violentos que van constituyendo un poder paralelo, por ejemplo, dijo en Ecuador, un país con bajos niveles de violencia hasta hace cuatro años, los asesinatos y formas de operar propios del terrorismo de los grupos criminales han llevado al país a la peor crisis de su historia, además, los grupos criminales mexicanos, que riñen permanentemente, han convertido a Ecuador en otro de sus campos de batalla.

En Haití vemos, décadas de inestabilidad, debilidad institucional y casi nula vigencia del estado de derecho, circunstancias agravadas por desastres naturales, han conducido a tal grado de caos que, en la capital, Puerto Príncipe, los grupos criminales controlan hasta el 80 por ciento de la ciudad.

En México la violencia, cuya magnitud trata de ocultarse mediante la falsificación de cifras, no sólo se ha mantenido, sino que ha tomado un curso de mayor gravedad, pero es el resultado de gobiernos omisos en su obligación legal de garantizar la seguridad de los gobernados. Pero de estas omisiones la peor ha sido la que se basa en la consigna de “abrazos, no balazos” del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta política no es otra que la de permitir que los grupos criminales ejerzan violencia con casi absoluta impunidad.

Es muy probable que las cifras sobre la incidencia de homicidios en México sean superiores a las que este estudio consigna y que se basan en datos oficiales, pues hay una operación inocultable para esconder las cifras reales. Adrián LeBaron y otros ciudadanos presentaron una denuncia penal por la falsificación de datos sobre homicidios. Entre los casos denunciados está el del monstruoso asesinato de 9 familiares de LeBaron, en su mayoría niños: oficialmente se consignaron 5 víctimas de homicidio, cuando que fueron 9.

“Si en un caso que ha tenido resonancia mundial las autoridades mexicanas se atreven a falsificar cifras para simular una incidencia criminal inferior a la real ¿de qué han sido capaces respecto a casos menos conocidos y que constituyen la abrumadora mayoría? Durante varios años frente a las cifras cuando menos dudosas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de México sobre homicidios, existía la alternativa de las cifras más confiables generadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), las cuales solían ser superiores a las del otro organismo. Pero eso también ha cambiado”, señaló.

Por ejemplo, apuntó, en 2022 el SNSP registró 39% más homicidios que el INEGI en Veracruz, 31% más en Durango, 29% más en Oaxaca, 17% más en Ciudad de México y 14% más en Jalisco. Además, en el municipio de Jacona, que es parte de una de las ciudades más violentas de México y del mundo, el INEGI, sólo registró 117 homicidios, mientras que el SNSP registró 150 “homicidios”, pero ni siquiera son tales sino carpetas de investigación que pueden referir a más de un homicidio, de modo que el INEGI omitió contar cuando menos 33.

“Queremos suponer que estos severos subregistros son producto de errores, los cuales se deben enmendar y sobre los cuales el INEGI debe salir a dar explicaciones. De no tratarse de errores, si el INEGI se ha sumado a esta gran maniobra de falsificación de las cifras, entonces habríamos perdido a la última institución confiable en este asunto. A la par de la maniobra para falsificar las cifras de homicidios y otros delitos, está en marcha otra operación para eliminar en los registros oficiales las cifras de más de 40 mil desaparecidos bajo la presente administración, operación que provocó la renuncia de la máxima autoridad responsable en la materia”, señaló en la rueda de prensa donde dio a conocer el estudio la presentación.

Y agregó que contrario, al curso seguido por México, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras en lugar de tolerar o proteger a los grupos criminales los han combatido con resolución, y los resultados están a la vista. La ciudad de Guatemala salió del ranking desde 2020. San Salvador salió del ranking desde 2019 y en El Salvador la violencia tuvo la mayor caída en tiempo récord de que se tenga registro en el mundo. Las ciudades hondureñas Distrito Central y San Pedro Sula ocupan los lugares 48 y 50, respectivamente y están a punto de salir del ranking, después de que San Pedro Sula ocupó el primer lugar mundial durante 4 años consecutivos.

Del ranking salieron estas ciudades: Mossoró, Natal y Vitória da Conquista en Brasil; Phiiladelphia y Milwaukee en Estados Unidos y San Juan en Puerto Rico. En lugar de las ocho que salieron, ingresaron; Caruaru, Macapá y Porto Velho de Brasil; Barranquilla y Sincelejo de Colombia; Washington de Estados Unidos, y Puerto España de Trinidad y Tobago.

De las 50 ciudades del ranking 2023, se ubican en México 16, en Brasil 10, en Estados Unidos 6, en Colombia 8, en Sudáfrica 4, en Honduras 2 y hay una de Trinidad y Tobago, una de Haití, una de Ecuador y una de Jamaica.

A decir de Sánchez Ortega, la situación de violencia en cualquier país se puede mejorar y salir de esa situación, “si abates la impunidad y la corrupción, si castigas los homicidios dolosos, si castigas el cobro del derecho de piso, si castigas el robo a transporte, si castigas las violaciones y todos los delitos que afectan gravemente a la sociedad”.

“Espero que los mexicanos, con esta información, reflexionen muy bien y el 2 de junio salgan a votar, piensen muy bien por quién van a votar para que haya un cambio y no sigamos en esta condición de estado fallido”, concluyó el presidente del Consejo de Seguridad, Antonio Ortega Sánchez.

 

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La quimera del bienestar: La promesa del fondo de pensiones

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

El tablero político de México, ese ajedrez implacable donde los peones y alfiles tejen estrategias de cara a elecciones y futuras jubilaciones, se encuentra nuevamente al centro de un huracán político y financiero: la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, promovido por Morena bajo la batuta del siempre carismático presidente Andrés Manuel López Obrador.

La propuesta, envuelta en la seda de la solidaridad y el bien común, promete un paraíso pensionario a trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE, dos gigantes que resuenan en el imaginario de la seguridad social en México.

Sin embargo, la realidad, como un diablo en los detalles, sugiere una narrativa menos optimista. Los fondos prometidos, esa garantía de 40 mil millones de pesos provenientes de cuentas inactivas de trabajadores de avanzada edad, palidecen ante la necesidad colosal de 1.5 billones de pesos anuales requeridos para cubrir las pensiones prometidas a unos 25 millones de empleados. ¿No es acaso esta una promesa tan frágil como las hojas de otoño?

En un gesto que rozaría lo desesperado, diversas fuentes de financiamiento han sido sugeridas: desde las ganancias de proyectos faraónicos como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, hasta los remanentes de entidades paraestatales y adeudos públicos. ¿Pero qué certeza existe de que estos fondos estén disponibles cuando las hojas del calendario caigan en el momento de pagar las pensiones?

El esquema propuesto parece un mosaico de aspiraciones y fondos contingentes, donde la certeza financiera brilla por su ausencia. La diputada Ivonne Cisneros y el diputado Ignacio Mier, ambos estandartes de la propuesta, han hablado con la confianza de quienes ven tierras fértiles en el horizonte, pero los expertos y la crítica advierten que el terreno podría estar minado de desafíos insuperables.

España, un modelo a seguir en materia de pensiones, ofrece una tasa de reemplazo del 80% del salario, sustentado por contribuciones significativas tanto de empleadores como de trabajadores. En contraste, México aporta apenas un 9%, y los trabajadores, un mínimo del 1%. ¿Cómo se espera entonces alcanzar un ideal del 100% con aportaciones tan modestas?

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, -sí, aunque usted no lo crea hay quien cobra como secretario del trabajo en México- ha sugerido que recursos incautados y parte de las utilidades de empresas estatales podrían abonar al fondo. Aun así, las sombras de la duda se ciernen sobre la viabilidad de estas fuentes, con críticos como Rolando Silva Briceño, de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México y Carlos Ramírez, expresidente de la CONSAR, apuntando a las lagunas y los riesgos de depender de recursos que bien podrían no materializarse.

Este enfoque disperso y fragmentado hacia el financiamiento revela una estrategia más de emergencia que de planificación a largo plazo. La opacidad en el manejo y asignación de los fondos sólo añade incertidumbre a un sistema que debería caracterizarse por su previsibilidad y solidez.

A la sombra de esta propuesta se teje también una trama de urgencia electoral, percibida por observadores como un intento de ganar el favor popular sin un plan robusto que asegure la sustentabilidad financiera a mediano y largo plazo. Los trabajadores mexicanos, en su justa demanda de seguridad en la vejez, podrían encontrarse en un laberinto burocrático para reclamar derechos que, por ley, les corresponden.

El debate, enriquecido por contribuciones de instituciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), llama a una evaluación meticulosa y basada en evidencia. Se pide a los legisladores un diálogo abierto y constructivo, imperativo para garantizar que las decisiones tomadas hoy no se conviertan en las cadenas del mañana para las finanzas públicas y la dignidad de los trabajadores al final de su vida laboral.

En este escenario, lleno de promesas y sombras, el Fondo de Pensiones del Bienestar se perfila como una criatura mitológica: imponente en la narrativa, pero esquiva en la realidad tangible. La esperanza de jubilaciones dignas se entreteje con el temor de que la realidad no cumpla con las promesas hechas en tiempos de campaña.

Mientras tanto, la oposición y los expertos señalan que la propuesta podría estar más orientada a cosechar votos que a sembrar las bases de un sistema pensionario robusto y equitativo. La crítica no es menor: se alega que el plan puede llevar a un incremento de la presión fiscal sin resolver de manera fundamental las deficiencias estructurales del sistema de pensiones actual. La preocupación es palpable: ¿se está comprometiendo el futuro fiscal del país a cambio de un beneficio político inmediato?

La falta de claridad en la operatividad del fondo y la indefinición de los mecanismos para la devolución de recursos son talones de Aquiles que podrían desmotivar a los trabajadores a ejercer su derecho a reclamar los ahorros que, con esfuerzo, han acumulado durante años. La posible complicación administrativa, largos tiempos de espera y trámites excesivos podrían ser un calvario para aquellos que se aventuren a reclamar lo que es legítimamente suyo.

El análisis no termina en la crítica: el Instituto Mexicano para la Competitividad y otras voces autorizadas sugieren que la propuesta requiere un replanteamiento profundo. Se advierte sobre el riesgo de que los recursos del fondo sean insuficientes y de que las aportaciones gubernamentales adicionales necesarias distraigan fondos de áreas cruciales como educación, salud y seguridad.

La posible expropiación de cuentas inactivas, aunque negada oficialmente, sigue siendo una sombra que planea sobre la iniciativa, aumentando la desconfianza entre los trabajadores y sus beneficiarios. Las figuras prominentes en la defensa del fondo, como Carlos Ramírez y Abraham Vela, ex presidentes de la CONSAR, reiteran que, aunque la propuesta no constituye una expropiación directa, la manipulación de cuentas inactivas sin una estrategia clara es una maniobra arriesgada y potencialmente injusta.

En conclusión, el Fondo de Pensiones del Bienestar, aunque noble en su intento de proporcionar una jubilación más generosa para los trabajadores mexicanos, se enfrenta a un mar de incertidumbre y escepticismo. Requiere un debate transparente, amplio y fundamentado en análisis financieros sólidos de esos que no sabe, ni le gusta hacer a la 4T.

Los trabajadores de México merecen un sistema de pensiones que no solo sea generoso en su retórica, sino eficaz y justo en su implementación. La verdadera medida del éxito de esta iniciativa será si puede pasar de las palabras a los hechos sin sacrificar la estabilidad económica ni la equidad social. Hasta el momento, no se ve cómo.

En X @DEPACHECOS

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Segunda llamada

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Opinión, por Miguel Ángel Anaya Martínez //

A inicios de este mes se llevó a cabo el primer debate presidencial, un ejercicio poco esperado y poco visto por los votantes mexicanos. Como suele suceder las candidatas punteras se enfrascaron en descalificaciones y señalamientos y mostraron poco de sus propuestas para mejorar la situación del país, por su parte, Jorge Álvarez Maynez, con una sonrisa un poco extraña, a diferencia de sus redes sociales mostró una imagen apagada.

Los debates que deberían tener la función de comparar ideas, mostrar planes, proyectos, conectar con las y los ciudadanos, se han convertido en un show donde los candidatos que se saben abajo suelen atacar al que va a la cabeza en las encuestas.

A pesar de que la mayoría de los mexicanos son ajenos a dedicar dos horas de su día, (generalmente domingo), a escuchar propuestas de personajes que no conocen ni desean conocer, los resúmenes informativos y los videos de Tik-Tok son seguidos y replicados por bastantes ciudadanos.

Lo que vimos en el debate del 7 de abril, fue a una Claudia Sheinbaum segura, preparada y tranquila de que a pesar de tener muchos señalamientos a su gestión y a la administración federal que promueve, sigue arriba en las encuestas y parece que sus seguidores continuarán fieles a su causa. Su principal contrincante no lo encuentra en los partidos o candidatos, sino en la posible alta participación ciudadana del próximo 2 de junio.

Por su parte, Xóchitl Gálvez, mostró una imagen contrariada, parece que la sobreasesoría a sus gestos, imagen personal y lenguaje corporal pesaron más de lo que ayudaron, no fue ella misma y se notó. Los partidos de oposición se decantaron por Xóchitl porque es una persona fresca, sin señalamientos y eso venía a avivar la esperanza de poder refrescar la muy dañada imagen del PRI y del PAN, sin embargo, es claro que le cuesta desmarcarse de los partidos, se encajona cuando le preguntan por Marko Cortés y sobre todo, por “Alito”.

De Máynez, se puede comentar que si bien, presenta propuestas un poco más elaboradas, es notorio que aún no consigue la atención del electorado mayor de 29 años, del ciudadano que solo ve dos opciones para votar y que piensa que decantarse por una tercera vía podría ser equivalente a desperdiciar el voto.

Es de destacar el crecimiento en las redes sociales del zacatecano, desde la jingle de su campaña que ha sido un éxito en las listas de reproducción de México y algunos países más, hasta el click que ha tenido con los jóvenes en las universidades. Aunque Máynez se ve lejos del triunfo, la campaña despunta y podría conseguir una buena cantidad de sufragios con los jóvenes que votan por primera vez y que lo ven como una opción viable o una moda. En México hay 40 millones de posibles electores de 29 años o menos.

Este domingo 28 de abril se llevará a cabo el segundo debate, para Xóchitl, es de las últimas oportunidades para repuntar, es momento de romper cadenas y hacer lo que corresponde.

En sus mismas palabras, expresa que no le han gustado las imposiciones desde la casa de campaña:

En esta campaña he vivido cosas durísimas y quizá la más dura es la que pasó con mi hijo, tengo que decirlo. Y de repente he estado pensando ‘es que la gente no te quiere de huipil, porque una presidenta no puede traer huipil’. He hecho el esfuerzo de traer traje sastre que sí lo uso, pero me incomoda, y creo que en el debate nunca estuve cómoda, la verdad me sentía fingida”.

A pesar de que los debates no tienen la mayor audiencia, lo que se replica posterior a ellos sí influye en el electorado. La participación de las candidatas y el candidato es de las últimas oportunidades para demostrar que son mejores, o al menos dejar alguna frase o concepto contundente que haga pensar al elector que vale la pena tachar su nombre en la boleta.

Si Xóchitl no es contundente en el debate, si Claudia vuelve a tener un día de campo, si Máynez sigue con su tendencia en redes sociales, se ve muy difícil que el resultado pronosticado desde hace meses para la elección presidencial, pueda cambiar.

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Los roba viejitos

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Conciencia con texto, por José Carlos Legaspi //

Aunque parezca una contradicción, los miembros de la 4ª Transformación imponen leyes, normas y reglamentos no obstante su público rechazo a la Ley. Los legisladores de MORENA se han apropiado de los cuerpos legislativos para legalizar lo que la voz del amo les ordena.

Mientras el Peje vomita ilegalidades cuando de cumplir leyes se trata, sus legisladores se afanan en legalizar lo que en su eterna campaña abominaba de los regímenes “conservadoneoliberales”.

¿Hasta qué punto los “compaleros de partido” del Prejidente deben ser sumisos, dóciles, abyectos?

La iniciativa de ley promovida por MORENA para adueñarse del dinero de las AFORES, de los ciudadanos de 70 años en adelante, es la muestra de que, cuando quieren, las leyes son inapelables, estupendas, magníficas, celestiales incluso.

Cuando las leyes les molestan es porque no les permiten hacer lo que les da la gana; porque son “obsoletas” o, como dicen en su cantaleta, confeccionadas por los conservadores.

Hasta ahora no se sabe con certeza cómo se van a pillar los 40 mil millones de pesos calculados. Mañosamente no se incluyeron mecanismos para obligar a emplearlos en la “cosa pública”; es decir no habrá manera de saber qué se hará con ese dinero; qué Secretaría lo administrará, cómo se repartiría entre las dependencias o los municipios y entidades. La tradicional opacidad de la casa, es la marca en esta “ley robaviejitos”.

No se incluyó ese candado porque lo que la 4ª Transformación necesita urgentemente es dinero. Dinero para la nómina; dinero para el Ejército y la Marina. Pero, sobre todo, urge “para ayer” dinero, mucho dinero, para la campaña de la candidata.

Pero esa huizachada no es contra el dinero “maldito” de los fifís, de los conservadores y de los ricos. Es dinero de la clase trabajadora, de los pobres, pues.

MORENA decidió, vía sus leguleyos, coger el dinero de los ancianos mayores de 70 años. Sin recato, sin pudor, vergüenza ni se diga, MORENA aprobará rapidísimo, con la mano en la cintura, esa medida que, según los expertos en Derecho, es inconstitucional.

Así que la Suprema Cortesana de la Nación tendrá que intervenir de nuevo para restaurar la legalidad en ese rubro. El” piñazo” será duro y a la cabeza. Y el revire hacia la Presidente Piña inmediato.

La esperanza de MORENA está en el tiempo. Si hay tardanza en la reacción para impedir este robo a plena luz del día contra los ancianos, podrán refaccionar sus campañas.

Todo apunta a que se echará abajo esa maniobra legaloide, pero después de las elecciones. Es decir, el gobierno de AMLO tendrá “oxígeno” financiero merced a la “ley robaviejitos”.

¡Ah!, porque cuando se apropie de esos 40 mil millones de pesos no habrá poder sobre la tierra que haga regresarlos a las AFORES.

No pocos “sesentones” están meditando si votan por los “robaviejitos”.

Hay un sentimiento de desilusión, enojo y decepción de este sector social. Seguramente la mano que mueve la cuna de MORENA calculó muy bien el daño que significa esa “expropiación” para los planes a perpetuidad que tienen en mente.

Debe ser muy grande el bache económico del partido en el poder para aventurarse a aprobar la “ley robaviejitos” en plena campaña. ¿Dirá algo al respecto la candidata Sheinbaum? ¿Seguirá con su frialdad -cual paleta de la Flor de Michoacán- y el mimetismo pejista?

¿Cómo aprovechará Xóchitl ese resbalón de MORENA? ¿Hará alguna cancioncita de sonsonete sobre los “robaviejitos” el Máynez?

Mientras tanto, en una región del occidente de México, la lucha del MC por preservar el poder tiene en ascuas a no pocos. Aunque usted no lo crea, Chema Martínez, con toda la mala fama que lo rodea como político, está a tiro de piedra de la candidata de los naranjas, Verónica Delgadillo. Ambos luchan por la alcaldía de Guadalajara. También en Zapopan” el candidato de bien muchos partidos”, Kumamoto, se acerca peligrosamente a Frangie.

Si el MC pierde los principales municipios, Lemus no la pasará muy bien, puesto que alrededor de un 65 o 70 por ciento de los votantes de Jalisco se asientan en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Señoras y señores… ¡hagan sus apuestas!

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