Por Mario Ávila //

“Consummātum est”, estas fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz, lo que en español quiso decir, siempre siguiendo el Evangelio de San Juan, fue que todo se había acabado, que todo se había cumplido. Tal sentencia también podría aplicarse a lo que ocurrió este lunes 16 de septiembre, el día más mexicano de todo el año, cuando se promulgó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Reforma Constitucional al Poder Judicial, que a partir de esta fecha habrá de elegir a sus jueces, magistrados y ministros, a través del voto popular, libre, directo y secreto, igual que ocurre hoy con los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Esta reforma ha provocado un cisma político en el país, en donde incluso se han involucrado con opiniones y sugerencias, algunos actores extranjeros como los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México, a quienes el presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado de intentar inmiscuirse en la vida pública de nuestro país.

Esta reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejó incómodos a los partidos políticos de oposición, enfrentados al interior de sus mismas organizaciones políticas, particularmente al PAN y a Movimiento Ciudadano, en donde fue evidente que hubo un par de legisladores que no cumplieron con su promesa de votar en el Senado de la República, en contra la reforma, uno, de MC, Daniel Barreda, de plano se ausentó y otro dio la cara y votó a favor junto con Morena, PT y PVEM, es decir los panistas Miguel Ángel Yunes, papá e hijo, es decir, suplente y propietario.

En tanto que en el caso del PRI, las consecuencias también alcanzarán al presidente Alejandro Moreno, a quien el INE desconoció en el cargo, con el argumento de que violó sus propios estatutos al aprobar una reforma a sus documentos internos, en medio de un proceso electoral, lo que seguramente avivará a los opositores de “Alito” Moreno, para desconocerlo como dirigente del tricolor.

Esto significa que las disputas entre los Yunes contra Marko Cortés; “Alito” Moreno contra Manlio Fabio Beltrones y MC cada día más pequeño, al quedarse aparentemente con solo cuatro senadores y reafirmarse como la bancada más pequeña de la Cámara Alta.

Tan debilitados quedaron los partidos de oposición, que no serían capaces de interponer algún recurso jurídico para tratar de impugnar la Reforma al Poder Judicial, simple y sencillamente porque no representan ni siquiera a un tercio de los miembros de cada una de las Cámaras en el Poder Legislativo.

Esto significa que la lucha para intentar revertir los efectos de la Reforma al Poder Judicial, solo puede llegar de los integrantes del mismo Poder Judicial y así lo hicieron desde iniciado este mes, cuando un cuarteto de jueces de distrito en diversas entidades, concedieron un amparo a algunos ciudadanos, para que se interrumpiera el proceso parlamentario en el caso de la Reforma al Poder Judicial.

Pero como el artículo 61 de la misma Ley de Amparo les impide a los jueces conceder amparos cuando se trate de una reforma constitucional, el proceso en el Poder Legislativo siguió adelante y se consumó, a pesar de que el pasado sábado un juez de Colima, también concedió un amparo, supuestamente para impedir que se promulgara y publicara en el Diario Oficial de la Federación, la Reforma Constitucional al Poder Judicial.

Lo que viene, a juicio de algunos estudiosos y expertos en la materia como el abogado constitucionalista Javier Hurtado, serán simples “patadas de ahogado” de los miembros del Poder Judicial, que son los que habrán de seguir dando la batalla ante el descrédito que ante la sociedad tienen los partidos políticos de oposición.

Sin embargo, el académico de la UdeG Javier Hurtado, coincide con la versión del mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que los opositores a la reforma, desde la ministra Norma Piña, se encuentran sumergidos en un pantano y entre más se muevan, más se habrán de hundir.

ENTRE PAROS, TOMAS, OFENSAS Y “SECUESTROS”

Los primeros días de septiembre se caracterizaron por convertirse en un caos para la justicia mexicana, luego de que los trabajadores del Poder Judicial, azuzados por jueces, magistrados y ministros, se fueron al paro general en el país, con el argumento de que se afectaría la Carrera Judicial y se impactaría gravemente en sus derechos laborales.

Las reacciones belicosas fueron creciendo al grado de que se impidió el acceso a San Lázaro, sede de los trabajos de la Cámara de Diputados, por lo que tuvieron la necesidad de mudarse a una sede alterna en el centro Deportivo de la Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Ixtacalco, en donde se efectuó la sesión para darle primera y segunda lectura, así como para efectuar la votación de la iniciativa que fue aprobada por mayoría calificada, en una maratónica sesión que duró más de 18 horas.

Según argumentó el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Avila, la determinación de cambiare de sede obedeció a “respetar el derecho de expresión y manifestación de quienes están en contra de la reforma judicial y para no generar ningún enfrentamiento o confrontación o provocación”.

Al pasar la iniciativa a la Cámara de Senadores la situación empeoró, ya que las huestes inconformes, irrumpieron de manera violenta en el recinto cuando se efectuaba el debate en pro y contra la reforma constitucional al Poder Judicial. Después de vencer el cancel de la entrada principal sobre Paseo de la Reforma, la turba venció las puertas de cristal y de madera hasta llegar al recinto y apoderarse de la mesa directiva y de las curules en el Senado.

La estrategia tomada en este caso por el presidente, senador Gerardo Fernández Noroña fue decretar un receso por tiempo indefinido, lapso en el que cambiaron de sede a la antigua casona de Xicotencatl, hasta donde también llegaron los manifestantes y realizaron un plantón, pero esta vez ya custodiados por elementos de las corporaciones policiacas de la Ciudad de México.

Quedarán también registrados en el Diario de los Debates de la histórica sesión en el Senado de la República, asuntos como el presunto “secuestro” del senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda; lo mismo que las acusaciones mutuas que se lanzaron los Miguel Angel Yunes (padre e hijo) con el presidente nacional del PAN, Marko Cortés; así como los desquiciantes insultos de la senadora Lily Téllez al presidente de la Cámara Alta, senador Gerardo Fernández Noroña, a quien le escupió una y otra vez la palabra “bellaco”.

DEL 5 DE FEBRERO AL 16 DE SEPTIEMBRE

El camino para consumar esta trascendental e histórica reforma, inició el pasado 5 de febrero del año en curso, cuando el titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, presentó al pueblo de México, su propuesta de 20 reformas constitucionales, en las que el reto estaba en conquistar para la elección del 2 de junio, la mayoría calificada en las Cámaras de Diputados y Senadores.

Un paso determinante ocurrió en la elección del 2 de junio, en donde la votación favoreció abrumadoramente a los candidatos del partido político del presidente y los partidos aliados (PT y PVEM), que en el caso de la Cámara de Diputados no tuvo ningún problema para rebasar el límite de los dos tercios de los integrantes de la LXVI Legislatura al conquistar 365 escaños; en tanto que en el Senado consiguieron 83 posiciones, por lo que tuvieron que sumar a dos senadores del PRD y uno del PAN, para consumar la mayoría calificada.

Vale la pena recordar que dos años atrás, particularmente desde el 9 de junio del 2022, PAN, PRI y PRD había decretado una estrategia llamada “Moratoria Constitucional”, que implicaba que no se aprobaría en la LXV Legislatura, ninguna iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello ante el planteamiento del presidente de reformar al Instituto Nacional Electoral (INE).

Las iniciativas presentadas en el mes de febrero, se mantuvieron congeladas en comisiones y fue hasta los últimos meses de la legislatura, cuando los diputados federales convocaron a foros de parlamento abierto en distintas ciudades del país, para presentar y enriquecer la propuesta de reforma al Poder Judicial.

Y en los últimos días de actividad, los legisladores aprobaron en comisiones 17 de las 20 iniciativas contempladas en el Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, dejando la mesa servida para que en los primeros días de la LXVI Legislatura federal, se continuara con el proceso, empezando por la reforma al Poder Judicial.

Ya en los primeros días de la LXVI Legislatura, los morenistas y sus aliados arrancaron con la mira puesta en el cumplimiento del compromiso adquirido con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo y con los 36 millones de mexicanos que votaron por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, para hacer realidad el Plan C, empezando con la iniciativa que seguramente será la más trascendente de todo el paquete de propuestas de López Obrador, con las que se pretende darle un nuevo rumbo político al país, muy distinto al que México vivió desde Miguel de la Madrid Hurtado hasta Enrique Peña Nieto.

LAS VOCES DE LOS SENADORES POR JALISCO

Fue sin duda el senador, Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, el que tuvo el papel más protagónico en el proceso de la aprobación a la Reforma Constitucional al Poder Judicial, particularmente, porque en su papel de coordinador de una bancada de cinco senadores, al parecer se quedará solo con cuatro, toda vez que el senador por Campeche, Daniel Barreda, prefirió acompañar a su padre a una diligencia, que acudir a la sesión donde se aprobó finalmente la reforma en el Senador de la República.

Y este proceso, solo le sirvió al propio Clemente, para agudizar sus diferencias con el partido en el gobierno, actitud que respaldó el mandatario jalisciense, también de MC, Enrique Alfaro Ramírez, quien anticipó que Jalisco se opondría a la entrada en vigor de la Reforma Constitucional al Poder Judicial.

Esta situación seguramente tensará aún más la lucha post electoral que se ha dado en Jalisco, dado que las elecciones de alcalde de Guadalajara y de gobernador de Jalisco, se encuentran impugnadas en los tribunales y las posiciones parecen irreconciliables entre Morena y MC, al grado de que quien queda en la gubernatura o en la alcaldía de la capital jalisciense, tendrá poca margen de maniobra, en el entendido de que, en el Congreso del Estado, las fuerzas parece que quedarán equilibradas.

Por lo que toca a la senadora del PVEM, Rocío Corona Nakamura, tuvo una participación relevante en la reforma, dado que fue una de las ponentes que fijó postura a nombre de su fracción parlamentaria, en la sesión del Senado de la República, en donde se emitió el Decreto por el que se declaran reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial.

Ello, una vez que en la mayoría de los Congresos de los Estados, se aprobó la reforma y con ello quedó consumado el proceso, listo para que el Ejecutivo publique su contenido en el Diario Oficial de la Federación.

En el caso del panista, Francisco Javier Ramírez Acuña, su participación más sobresaliente fue cuando después de pedir el uso la palabra, y cuando ya tenía el micrófono en mano al momento de la discusión y el debate en el Pleno del Senado, optó por cederle su tiempo y declinó en el uso de la voz en favor de su compañera de fracción, Lilly Téllez. En el caso del senador, Carlos Lomelí, su participación se limitó a emitir su voto a favor en este proceso.

Los estados que votaron la reforma:

A favor: Ciudad de México, Zacatecas, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala, Tamaulipas, Tabasco, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Quintana Roo, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Durango, Colima, Campeche, Baja California Sur y Baja California.

En contra: Jalisco y Querétaro.

LA RUTA DE LA REFORMA JUDICIAL:

16 de septiembre 2024

Entra en vigor la Reforma. Primer transitorio: Entrada en vigor del Decreto. Comienza el proceso electoral extraordinario 24-25 para renovar cargos en el Poder Judicial.

23 de septiembre 2024

Sesión del Consejo general del INE. Art. 96 Segundo transitorio: El Consejo general del INE celebra su primera reunión para iniciar la preparación de la elección extraordinaria del 2025. (7 días)

16 de octubre 2024

Emisión de la convocatoria.

Art. 96. Segundo transitorio: El Senado de la República emite la convocatoria para los listados de candidatos a los cargos judiciales a renovar (30 días)

15 de diciembre 2024

Límite para las adecuaciones.

Octavo transitorio: El Congreso de la Unión realiza las adecuaciones necesarias a las leyes para implementar la reforma del Poder Judicial. (90 días)

15 de marzo del 2025

Adecuación de leyes locales.

Octavo transitorio. Las entidades federativas deben adecuar sus constituciones locales y renovar los cargos judiciales locales. (180 días)

1 de junio 2025

Elección extraordinaria de autoridades judiciales.

Segundo y sexto transitorios: Se celebrará la elección extraordinaria para los cargos de ministros, magistrados y jueces y otros cargos judiciales.

18 de agosto 2025

Límite para resolver impugnaciones.

Segundo transitorio: La Sala Superior del Tribunal Electoral resuelve las impugnaciones relacionadas con la elección extraordinaria.

1 de septiembre 2025

Toma de protesta.

Segundo y sexto transitorios: Las personas electas tomarán protesta de sus cargos en el Senado y el tribunal de Disciplina Judicial inicia formalmente sus funciones.

15 de septiembre 2025

Adscripción a personas electas.

Segundo transitorio: El órgano de administración judicial adscribirá a las personas electas a los órganos judiciales correspondientes.

EXTINSIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

El transitorio sexto establece que el Consejo de la Judicatura Federal será extinto el 1 de septiembre del 2025 con la transferencia de sus funciones al Tribunal de Disciplina Judicial y al Órgano de Administración Judicial.

ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA 2027

Al ser escalonado, la segunda parte de la renovación escalonada de magistrados y jueces en los circuitos judiciales que no fueron renovados en el 2025, será en el 2027.

EL INE ESTARÁ A CARGO DEL PROCESO

El transitorio segundo otorga al Instituto Nacional Electoral, sin la representación de los partidos políticos, la responsabilidad de organizar y garantizar el proceso electoral extraordinario, asegurando los principios de imparcialidad y paridad de género.