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NACIONALES

Pero se quiere imponer

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Tercera Instancia, por Modesto Barros González //

Para el señor presidente (AMLO) y sus fieles seguidores de la denominada Cuarta Transformación (4T), las instrucciones y órdenes deben de cumplirse y no discutirse, aunque el resto de la población, quienes también tienen todo el derecho legal de opinar se tengan que doblegar.

El autoritarismo y la imposición de acciones del conocido Gobierno de la República se acrecientan cada día y las muestras de “corajes” se hacen cada vez más públicas por parte del titular del Poder Ejecutivo de México.

Tal parece que el Primer Mandatario busca y quiere a toda costa imponer sus instrucciones y sin miramientos se va en contra de quien o quienes no estén de acuerdo con él, por lo que los califica como “presuntos” traidores.

Con todo y que sus “obedientes” legisladores han intentado imponer sus “ordenamientos dirigidos”, los mayoriteos que no les ha resultado y así perdieron la votación con los legisladores de oposición y luego en la Suprema Corte de Justicia Nación ocurrió lo mismo al perder su denominado “Plan B”, pero como “mago” el Presidente ya sacó de la manga un calificado “Plan C”.

Mientras tanto en la SCJN, se ha apreciado un constante clima de hostigamiento contra los ministros y empleados, principalmente contra la ministra presidenta a la que un grupo de posibles “porros” le acusan, señalan e insultan todos los días, sin que ninguna autoridad local o federal los pueda o quiera molestar, hasta el “flamante” gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García encabezó éste sábado una marcha de “féretros” que dejó frente a la sede del Poder Judicial.

El tan criticado gobernador posiblemente utilizó los recursos del de Veracruz para el traslado de sus “porros” y del material utilizado, total el fin fue quedar bien y apoyar a su máximo jefe y guía del partido político que formó, AMLO.

Mientras se calienta el clima político, la “corcholata”, Claudia Sheinbaum Pardo, se aferra al poder y se protege del enorme poder que todavía tiene AMLO, para ser la próxima titular del Poder Ejecutivo en México.

Otro “brillante” aspirante a la Presidencia de la República y actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se mueve por todos lados para seguir con sus pretensiones y tuvo que salir en defensa de paisano y jefe al declarar que no fue “expropiación” sino es provisional el haber, presuntamente, “despojado” de sus derechos y propiedades a la empresa Ferrosur, propiedad del segundo hombre más rico de México, Germán Larrea.

El licenciado López Hernández, parece que quiere minimizar lo ocurrido y aunque la mayoría de empresarios y en un comunicado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), alertaron del futuro de las inversiones en México, al declarar el actual gobierno de utilidad pública los tres tramos que por muchos años ha tenido concesionados Grupo México, para que ahora la opere una empresa estatal.

Esa cúpula empresarial señaló: “Más allá de la controvertida legalidad de dicho decreto, los empresarios externamos nuestra profunda inquietud por los efectos negativos que  este tipo de decisiones generan en la confianza de invertir en México y de generar empleos en un momento  de grandes oportunidades”, señala el comunicado que aparece en varios periódicos del país.

Y LA POBLACIÓN, QUE SE AGUANTE 

El presidente municipal de Guadalajara y virtual aspirante a la candidatura por el gobierno de Jalisco por el Partido Movimiento Ciudadano, Jesús Pablo Lemus Navarro, debe intervenir a fondo y no tiene que permitir que se impida el derecho a inconformarse, mucho menos con la autoritaria imposición de la policía municipal o estatal en contra de los vecinos de San Rafael, al oriente de la ciudad.

Presuntamente personal del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) “realizan obras” para la infraestructura de esa dependencia, presuntamente que “beneficiará” al desarrollo inmobiliario que se “impondrá” en esa zona.

Tal parece que a los políticos que están en activo, se les llega a olvidar que en unos meses más, tendrán que pedir el voto a la población y se les olvidará la imposición de sus decisiones, aunque lo mal aconsejen sus “asesores” o quieran quedar bien con el responsable de la autoridad superior.

Casi seguro que los militantes de otros partidos políticos aprovechen las oportunidades que les brindan los malos gobernantes en algunas de sus acciones, aunque también se dice que “tan malo el pinto, como el colorado”, pero en su oportunidad se notarán los resultados.

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NACIONALES

Vicealmirante solicita amparo ante indagatoria por huachicol fiscal

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Por Francisco Junco

El vicealmirante Salvador Camargo Vivero promovió un amparo para evitar una posible detención en medio de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

El recurso fue presentado por su abogado, Daniel Jiménez Valencia, quien precisó que su cliente no se encuentra actualmente en México, pero planea regresar en los próximos días.

La defensa solicitó protección judicial en el caso penal 305/2025, derivado de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024.

El expediente apunta a operaciones irregulares registradas durante la gestión de Camargo al frente de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tampico, entre febrero de 2024 y febrero de 2025.

Un exfuncionario portuario identificado como HRV declaró que en ese periodo habrían ingresado entre 20 y 23 embarcaciones con carga irregular.

Entre ellas destacó el buque Challenge Procyon, asegurado el 19 de marzo con 10 millones de litros de diésel provenientes de Estados Unidos, declarados falsamente como aditivo de aceites.

Según el testigo, Camargo y Javier Antonio Martínez, entonces gerente de Administración y Finanzas, autorizaron su ingreso por la aduana 290.

Martínez ya fue vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, lo que incrementó las sospechas sobre la participación del vicealmirante.

Sin embargo, en la demanda de amparo, la defensa sostuvo que Camargo no ha recibido notificación alguna que lo vincule directamente al proceso y que, además, las decisiones aduaneras no eran de su competencia.

El abogado también argumentó que Camargo dejó la dirección de ASIPONA dos meses antes de la incautación del Challenge Procyon, por lo que no tendría responsabilidad en los hechos más recientes.

Pese a ello, el juez Sexto de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, rechazó conceder la suspensión inmediata contra una posible detención y dio un plazo de cinco días a la defensa para aclarar la demanda.

Hasta el momento, el abogado Jiménez Valencia no ha respondido al requerimiento judicial, lo que mantiene en duda si el amparo será admitido o desechado.

Este caso forma parte de las indagatorias de la FGR sobre contrabando de combustibles en el Golfo de México, un delito que representa pérdidas millonarias para el Estado y que ha expuesto presuntos actos de corrupción en estructuras portuarias y navales.

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JALISCO

Productores de maíz exigen precio de garantía y advierten posible colapso del campo mexicano

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Por Mario Ávila 

Productores de maíz de diversos estados del país se manifestaron este jueves en Expo Guadalajara, sede del Congreso Internacional Agroalimentario 2025, en demanda un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada, freno a importaciones y ser escuchados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al evento asistió el secretario de Agricultura, Julio Berdagué Sacristán, quién fue testigo del reclamo realizado con pancartas y consignas, exigieron al gobierno un precio de garantía al maíz, ante el riesgo de que el grano se desplome hasta en 4 pesos si se deja al libre mercado, lo que según advirtieron, provocaría el colapso del campo mexicano.

Encabezados por Antonio Lizardi, de la agrupación Amigos por el Campo, los inconformes reclamaron incluso ser recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum y señalaron que se ha incumplido la promesa de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, mientras que el campo enfrenta abandono y precios cada vez más injustos.

Los manifestantes también denunciaron que, pese a la prohibición para sembrar maíz transgénico en México, se sigue importando este grano, lo que genera una sobreoferta que desplaza a la producción nacional.

“Nos dejaron a la deriva de los precios internacionales, donde no somos competitivos; no tenemos seguros agrícolas, las tasas de interés son altísimas, el cambio climático nos golpea desde hace cinco años y ahora permiten la importación de maíz blanco transgénico”, subrayaron.

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JALISCO

Designan al senador Carlos Lomelí presidente de la Comisión de Marina

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Por Mario Ávila 

La Junta de Coordinación Política del Senado de la República, otorgó la responsabilidad de presidir la Comisión de Marina al senador de Jalisco , Carlos Lomelí Bolaños.

El legislador jalisciense de Morena sustituye en la responsabilidad al priísta, Alejandro Moreno Cárdenas, a partir de este jueves 18 de septiembre.

La Comisión de Marina tiene como responsabilidades ratificar nombramientos en la Armada de México, autorizar ascensos en las Fuerzas Armadas y avalar la salida o tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional.

Además de agradecer la confianza depositada en él, Lomelí Bolaños, expuso: «Este cargo es un reconocimiento al pueblo de Jalisco y a la lucha colectiva que nos trajo hasta aquí. El mar es riqueza, frontera, trabajo y vida. Desde esta trinchera trabajaré para que nuestras y nuestros marinos, pescadores y comunidades costeras avancen con la justicia social que merecen».

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NACIONALES

Andrés López Beltrán niega haber solicitado amparo ante supuesta orden de aprehensión

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Por Redacción Conciencia Pública

Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.

La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.

El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.

“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.

En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.

“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.

El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.

El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.

La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.

El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.

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