NACIONALES
Se debe legislar en temas de salud del presidente: Váguido presidencial con efecto de soponcio político
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Nos dice el diccionario que un ‘váguido’ es una indisposición pasajera que se produce tras una situación de angustia o susto muy grandes. Esto es lo que ha sobrevenido luego de que, con gran alharaca, se supo que el primer mandatario nacional había suspendido su gira por el sureste del país, el pasado domingo 23 de abril estando en Mérida.
Allí, se dijo -por un periodista de El Diario de Yucatán, que luego éste medio agrandó y los políticos y pseudopolíticos, que abundan, escandalizaron- lo siguiente: “según sus fuentes, el mandatario había sufrido una complicación cardiaca cuando se disponía a desayunar en la Base Aérea Militar Número 8 de Mérida dentro de un edificio conocido como Casa de Piedra” (Ricardo Raphael, Milenio 24-04-023).
Para Jenaro Villamil, el periodista y escritor, que preside el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), al glosar la serie de murmuraciones y especulaciones que el hecho del “váguido” antedicho desató, una especie de “salto mortal” lo dio Raymundo Riva Palacio, quien escribió el 25 en Estrictamente Personal: “El Gobierno no mintió cuando dijo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tenía COVID-19. Lo que ocultó es que el virus le produjo un infarto.” Así, se desarrolló una “infodemia” sobre el tema.
El primer magistrado, vía Twitter, informó: “Ni modo, amigas y amigos: salí positivo a COVID19. No es grave. Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardaré unos días…”. Lo del festejo es referente al cumpleaños, el 23 de abril, de su hijo menor de edad.
Eso de infodemia, hay que entenderlo como expresión compuesta por la palabra información y la voz epidemia, generada por algún acontecimiento muy interesante para la comunidad, pero que a veces genera o permite surjan noticias falsas, es decir, fakenews. Y éstas en el medio político, causan verdaderas turbaciones, las cuales luego se aclaran, pero el daño social que produjeron ya no lo sanan totalmente, conforme el refrán que dice, “la mentira, cuando no mancha, tizna.”
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, debido al desmayo presidencial, desde el lunes 24 encabeza las mañaneras que habitualmente dirige AMLO, apoyado en el secretario de Salud, afirmó que “el presidente estaba recuperándose del contagio de Covid19, y más que pronto sería dado de alta”. La Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del gobernante, de gira por Tabasco, declaró: «Les quiero decir que la única y auténtica verdad es que nuestro presidente está muy bien», resguardado en Palacio. Para el miércoles 26, el mismo máximo servidor público de México, difundió un video, en el cual explica detalladamente el suceso. Tras mirarlo, Joaquín López Dóriga, opinó que, ese video, -grabado en el museo de la Intendencia de la Traición a Madero, en Palacio Nacional-, lo “dedicó a sus amigos y adversarios y en el que no quedó duda de que se había recuperado.” Sostiene el renombrado “teacher”, sobre este tópico de la salud del Presidente, que “fue el tema central de todos los mexicanos, se dijo de regreso y lo hizo en modo López Obrador.” Por la noche, en el programa Tercer Grado que modera René Delgado en Televisa, el antes citado Riva Palacio, dio una disculpa reconociendo su error.
De esa manera transitó esa especie de soponcio que registró la nación, casi toda la semana pasada. Desde luego, los críticos de AMLO, se dieron vuelo difundiendo con tintes falsos, la noticia. Pero al margen de ello, surgen varias inquietudes al respecto: Una es la principal, lo que sucedería en nuestra Patria si permanentemente, no hubiese titular del poder ejecutivo.
Pero también es muy transcendente, el saber por todo el pueblo, como está la salud de su gobernante y en caso de enfermedad, conocer si posee la capacidad para ejercer su cargo. En esta hipótesis, también aplicaría para los mandamases de entidades federativas o municipios. Las inadvertencias normativas en ambas suposiciones, son notorias y resulta, por tanto, de suma importancia que se legisle sobre el tema.
Dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 84: “En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso no será aplicable lo establecido en las fracciones II, III y VI del artículo 82 de esta Constitución. Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o designar a los Secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor a diez días, contados a partir del momento en que termine su encargo.”
En los siguientes párrafos explica el dispositivo constitucional aludido, las clases de presidentes que pueden surgir: el interino, que es nombrado por el Congreso, cuando la falta del presidente es en los primeros dos años de su período, en cuyo caso el nuevo gobernante convocará a elecciones presidenciales, para que quien triunfe, concluya el período del ausente. Si la desaparición definitiva es en los postreros cuatro años del período, entonces se nombra por el Congreso a un presidente sustituto, mismo que terminará la etapa sexenal inconclusa.
Sin embargo, sobre el estado de salud, específicamente el mental, aunque puede ser también alguno que se dictamine impide ejercer atribuciones presidenciales plenas, no hay providencia que lo regule. Y es indispensable que sobre tema tan delicado no haya lagunas legales.
Una nación no puede vivir armónicamente sin mandatario legítimo; la política es esencial en la sociedad, y el pueblo, tiene el derecho de saber el estado de salud de sus gobernantes, a la vez que estos, invariablemente deben gozar de salud suficiente para el desempeño de su demandante encargo.
En el estatuto correspondiente que los legisladores forjen, se deben incluir todos los funcionarios, puesto que no debe confiarse el ejercicio de funciones de gobierno a ciudadanos que no estén plenamente sanos, es decir, aptos, para desempeñar esos puestos.
Finalizamos nuestro comentario recordando que, en puntos tan escépticos pero factibles, como el que hoy dilucidamos, se debe proceder como afirma la sabiduría popular: más vale prevenir que lamentar.
JALISCO
Acusa Enrique Krauze a Donald Trump de tener un perfil cercano al de un dictador
CIERTO O FALSO
“El mundo necesita un estadista. Es altamente improbable que Trump lo sea. Su perfil autoritario corresponde al del dictador que tanto temían los Padres Fundadores de Estados Unidos”
ENRIQUE KRAUZE / ESCRITOR
“55% de los estadounidenses respaldan la deportación de la comunidad indocumentada (…) Estamos hablando de más de 11 millones de personas, la inmensa mayoría gente honesta y de trabajo, que ha construido vidas, pagando miles y miles de millones en impuestos y tiene millones de hijos nacidos en EEUU y ciudadanos de este país”
LEÓN KRAUZE / ARTICULISTA DEL WASHINGTON POST
FUEGO CRUZADO
“Venezuela está en manos de un cartel criminal (…) Biden se equivocó al negociar con Maduro (…) Las elecciones fueron fraudulentas (…) Las petroleras financian al régimen (…) Urge un cambio de política”
MARCO RUBIO / PRÓXIMO SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU
“Lamentablemente Venezuela no está gobernada por un gobierno, está gobernada por una organización de narcotráfico que se ha empoderado del estado nacional, y hemos visto, creo, 7,8 o 9 millones de venezolanos que han abandonado el país”
MARCO RUBIO / PRÓXIMO SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU
VOZ ALTA
Papa caliente: Notarios
José Luis Leal Campos asumió la presidencia del Colegio de Notarios de Jalisco ante la presencia del gobernador Pablo Lemus y habló de la actualización de la actividad notarial que vendrá a responder al objetivo de innovar en esta actividad. “Esto será posible a través de la innovación y modernidad que nos dará una nueva identidad con la sociedad. Y lo haremos a través de seis principios: Voluntad, la defensa y representación del notariado, actuación basada en la ética, la capacitación y discusión de la cultura jurídica, el compromiso y solidaridad con la sociedad de Jalisco”.
JOSÉ LUIS LEAL CAMPOS. Sangre nueva en el Colegio de Notarios de Jalisco.
Se vuelve crítico
La problemática del transporte es un asunto que de no prestarle el gobierno del Estado la atención que el caso requiere, le puede estallar a Pablo Lemus, ya que Alfaro, a diferencia de su antecesor le heredó un problemón. Existe una crisis que golpea tanto a empresarios como choferes y que impacta al usuario, cuando circulan menos camiones, porque faltan más de mil choferes (1,500 consideran en números conservadores), la razón es que los sueldos dejaron de ser atractivos, cuando se castiga la tarifa generando esto un efecto dominó. Lemus debe echarse un clavado para conocer la realidad.
DIEGO MONRAZ. Trae una bomba en las manos.
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Agua para Tlajo
Uno de los objetivos fundamentales que se ha trazado Gerardo Quirino como presidente municipal de Tlajomulco es resolver el problema de abastecimiento de agua en el municipio por los próximos 40 años. Con la construcción de la planta de tratamiento “Los Agaves” en la zona de la carretera a Chapala, se logrará, con el sistema de interconexión de pozos, el acuaférico que por muchos años se ha estado construyendo y que vendrá a mitigar el agua que sacan del subsuelo para que se recargue los mantos freáticos y el agua puedan tenerla todas las familias en cantidad y calidad.
GERARDO QUIRINO. La solución al problema del agua en Tlajomulco.
JALISCO
La transición del Poder Judicial
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
El 15 de septiembre de 2024, se publicó en el Periódico Oficial de la Federación la Reforma al Poder Judicial, controvertida a grandes dimensiones. Para algunos mexicanos, es un acierto romper con el pasado en el que gobernaron otras ideologías y apostar a este nuevo gobierno morenista.
Para otros, es un retroceso y un posible error dejar que el pueblo elija de manera directa a quién impartirá justicia en las entidades federativas y en la federación, debido a que son cargos que requieren una carrera judicial, grados académicos y alta honorabilidad. Ahora nos enfrentaremos a la ardua tarea de implementarla según los tiempos marcados en la Reforma Constitucional y a ver la importancia de la armonización en Jalisco.
El reto en Jalisco, no solo implica la buena voluntad política de los poderes: el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, que es el que sufrirá o gozará de la armonización de esta gran reforma constitucional. El Poder Judicial en el Estado deberá transitar a la extinción del actual y a la creación del nuevo orden o desorden judicial, sin embargo, y según la lectura de los artículos transitorios del documento que reforma oficialmente, las entidades federativas deberán ser estrictamente apegadas a la reforma y su forma de transición tal como lo indica el artículo transitorio que al literal dice: “Décimo Primero.- Para la interpretación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.” Lo que se resume a que no existen opciones de variar la estructura del nuevo poder judicial; lo que pase en el ámbito federal deberá pasar en el local.
Todo indica que, en Jalisco, ante los posibles desafíos, sí existe la disposición de que este considerable cambio de impartición de justicia llegue a buen puerto, que las voluntades de los poderes se unan para considerar que la implementación de la reforma judicial sea lo más socializada y visibilizada.
El Gobernador Pablo Lemus Navarro ha nombrado a Arturo Zamora Jiménez, quien deberá, de manera honorífica, organizar y coordinar bajo la lupa social, a manera de propuesta para armonizar la ley estatal con la reforma judicial. Se realizarán foros con colegios de abogados, notarios, especialistas de colectivos, analistas políticos para conocer las voces de todos los involucrados y formar conclusiones. Los diputados tendrán alrededor de un mes para analizar estas propuestas y votarlas; debido a que los estados tienen hasta el 14 de marzo del 2025 para homologar sus legislaciones con la nueva reforma judicial.
La experiencia y trayectoria del jurista Arturo Zamora Jiménez garantizarían una reforma judicial ordenada y rigurosa desde su inicio, con un proceso estrictamente controlado. Se espera que esta persona comprenda la importancia del proceso para seleccionar a jueces imparciales, cuyas sentencias no estén influenciadas por la popularidad del juzgador, evitando así acrecentar la desigualdad y asegurando el acceso a la justicia para todos, sin importar su condición económica.
Es fundamental que en Jalisco esta transición en la elección de juzgadores y el cambio de poder judicial se realice de manera transparente y con amplia participación ciudadana, para generar confianza en el nuevo sistema judicial y fortalecer el Estado de derecho.
Ante los grandes cambios, deberemos buscar las oportunidades y, en este caso, que favorezcan los intereses de la sociedad y que nos permitan asegurar un futuro de impartición de justicia, real y transparente, en un país en el que todo se puede corromper en un instante y donde la opacidad gubernamental y política es más visible que la transparencia.
Construir desde la colectividad puede resultar en un mejor panorama para instaurar los cambios judiciales a los que nos sometió la cuarta transformación. Es evidente que la división de poderes no es algo que se pueda ya alegar y argumentar, entonces nos queda apostar a la participación ciudadana y la vigilancia social para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
NACIONALES
El Plan México
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
El 13 de enero la señora Presidente Claudia Sheinbaum, presentó el Plan México diseñado para impulsar el desarrollo económico. Tres metas sobresalen: sustituir importaciones, fortalecer las cadenas productivas y colocar a la economía mexicana en el décimo lugar en el concierto internacional.
Sin duda es un buen documento porque integra una visión clara de hacia dónde quiere llevar la política económica y se pone además metas concretas que son mensurables, aunque no menciona compromisos en tiempos de realización, sin embargo, puesto en el contexto socio político, arroja graves contradicciones que son el principal obstáculo para el cumplimiento del citado plan.
El problema no está en él, sino en las limitaciones que le imponen las reformas al marco legal y en la eliminación de instituciones que le fueron heredadas y que ella misma se ha encargado de concluir las pendientes. Es inevitable por ello pensar que, como tantos otros documentos puede quedar en un buen catálogo de buenas intenciones.
El documento perfila a un gobierno con variantes significativas respecto a su antecesor en cuanto a política económica e incluso en la asistencial, donde ya se observan algunas correcciones como son la vuelta a las compras consolidadas de medicamentos, reconociendo llanamente que hay desabasto, el regreso de las guarderías ahora a cargo del IMSS, la revisión de la línea aérea Mexicana, pero hace falta un reconocimiento de las propias limitaciones del gobierno.
En principio se muestra abierto a la participación de la inversión privada, necesariamente deseada, convocada a participar en un programa de sustitución de importaciones que, erróneamente, algunos han interpretado como un regreso al proteccionismo. En realidad es un realineamiento de posiciones de cara a la revisión del tratado de libre comercio con EUA y Canadá, que pretende incidir en las cadenas de producción de los productos exportables. En esto al parecer ofrece facilidades para la inversión con una importante batería de estímulos fiscales.
Sin embargo, la industria requiere energía, mejor y mayor infraestructura y estos son recursos actualmente limitado en el país y aquí es donde empiezan las discordancias entre los propósitos y las realidades.
Seguir con el objetivo de garantizar la suficiencia energética es bueno, pero no lo es el limitar la presencia de la inversión privada en el sector, como es el caso de la industria eléctrica donde el estado se reserva el 54% de la participación, sin tener los recursos suficientes para participar en los proyectos de infraestructura necesarios. Hay formas de garantizar que la inversión mayoritaria sea mexicana y no extranjera y no es precisamente con dinero o participación gubernamental.
Lograr las metas que el plan señala depende en mucho de la inversión y las arcas nacionales no pasan por su mejor momento. La dilapidación de recursos del sexenio anterior en obras de alto costo y nula rentabilidad nos llevó al incremento de la deuda nacional y a sostener ahora con subsidios las improductivas empresas resultantes.
En el lanzamiento del Plan, estuvo presente una buena representación del empresariado e inversionistas, pero más allá de la verbalización positiva en entrevistas públicas, en privado se mantienen reservas, especialmente por la reforma judicial que arroja incertidumbre por la no vigencia plena del estado de derecho, por la politización, muy posible de los jueces y por la poca especialización que puedan tener estos sobre cuestiones fiscales, laborales y otras materias, especialmente al ver el conflictivo y turbio proceso de selección de aspirantes a ser votados en elección popular.
En su esencia el Plan es un buen documento y va más allá de superar la coyuntura de la revisión del tratado pues lo importante es recuperar el crecimiento económico pues sin él, la política social que encumbró y da permanencia al régimen pierde viabilidad.
La cristalización de las metas trazadas depende en mucho de la inversión. La inversión pública descendió 8.6% en el tercer trimestre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023 y la privada apenas creció un 2.9% y el Plan adolece de un capitulo que aborde las causas del descenso.
Algunas importantes devienen de la carga ideológica y de la abundancia de ocurrencias derivadas de juicios y prejuicios no siempre fundados. Otras, de las deficiencias en infraestructura que no podrán ser revertidas por la fragilidad de nuestra balanza financiera que impide al gobierno trabajar con suficiencia en ello y otras más derivan de la inseguridad y la incertidumbre por el estado de derecho.
El Plan México debiera trascender más allá de las declaraciones y el evento destacado, y sobre todo debiera tener un apartado que identifique con objetividad los obstáculos y defina con claridad como los irá derrumbando. Ese es el capítulo faltante y eso incluye una alta dosis de autocensura, cosa que hasta ahora no se ha visto que se haga.
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