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NACIONALES

¿Se justifica la desaparición de 13 de 14 fideicomisos? El forcejeo de dos poderes con fondo político electoral

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Con motivo de las reformas impulsadas por la actual administración federal, autotitulada Cuarta Transformación (Cuatro T, 4T), han surgido cuestiones muy singulares que involucran, en un forcejeo, a los tres poderes constitucionales, a los partidos políticos y a los factores cruciales que operan en la República.

Hoy por hoy, el punto álgido es la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), cuya autorización es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; junto a ese tema, se enlaza la supresión de varios fideicomisos del poder judicial. En esencia, la pugna conlleva bizarra contienda político-electoral, cuya real definición ocurrirá en los comicios generales del año venidero.

Ya sabemos que el líder de la 4T es el primer mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador, (Amlo) y se prevé que su obra se proseguirá por la virtual candidata presidencial del partido -Morena- fundado por el susodicho mandatario, Claudia Sheinbaum Pardo: esto en el supuesto de que, de acuerdo a todas las encuestas creíbles, tras la coyuntura del 2 de junio de 2024, ella será la sucesora de aquél, es decir de Amlo. En consecuencia, los principios vigentes, que han sido bandera del actual gobierno federal, se supone continuarán dominantes el próximo sexenio, siendo principalmente los siguientes: a) Por el bien de todos, primero los pobres; b) la austeridad republicana; c) separar al poder económico del poder político; d) Combatir la corrupción y erradicar la impunidad; e) Alcanzar la autonomía de México en el orden energético, alimentario y actividades prioritarias para la nación y f) Completa vigencia del estado de derecho. Todos los puntos anteriores, ejecutados sin titubeos o zigzags, enmarcados por los paradigmas de no robar, no mentir y no traicionar.

Por su lado, las oposiciones a la 4T, -encarnadas por el Frente Amplio de México (FAM) conformado por PAN, PRI y restos del PRD, más Claudio X. González jr., y sus corifeos de la derecha -algunos que se dicen representan a la sociedad civil-, sumados a ONG’S de puro membrete, todos los cuales sostienen airados: que nacionalmente todo está por los suelos, (economía, seguridad, estructuras, etc.) que no se cumple con la ley, que los ideales de AMLO son falacias, que el tabasqueño está convertido en dictador, implacable destructor de instituciones, persecutor tenaz de sus adversarios y drástico represor de la libre expresión que como meta convertirá a México en una Venezuela chavista, que para sus fanáticos, es ser comunista.

En los actuales momentos del país, las dos fuerzas representativas del panorama político antedicho (la 4T y las oposiciones) están desatadas, realizando denodados esfuerzos para ganar la batalla -que se librará en las urnas- por adquirir el poder político, a partir del cargo público más alto, de elección popular, que es la presidencia de la república.

A la par se lucha por obtener las mayorías de las cámaras del Congreso de la Unión (senadores y diputados) indispensables para lograr reformas a las leyes y particularmente a la Carta Máxima, que requiere votaciones calificadas, a diferencia de las modificaciones legales -también muy necesarias- que se alcanzan con mayorías simples.

Complementariamente, en ese enfrentamiento electoral, estarán en juego nueve gubernaturas, la mayoría de legislaturas estatales y ayuntamientos: en total, se votarán 20, 286 posiciones de elección popular. Es pues, con mucho, la mayor jornada comicial en la historia de nuestra patria, con casi dos mil puestos más que en 2018. Y en cuanto a ciudadanos, ahora se convocará a alrededor de 98 millones, nueve más que hace cinco años.

Así las cosas, presenciamos a diario un constante forcejeo entre los dos bandos, con la particularidad de que las oposiciones coinciden en muchas facetas con el poder judicial federal, en tanto que el ejecutivo recibe el apoyo invariable de la mayoría de componentes del poder legislativo. El resultado lógico, es esa cada vez más profunda discordancia entre ambas partes. Ya antes se había observado tal contienda cuando se trataron -entre otras materias- temas como la energía eléctrica y el renglón electoral: la 4T fracasó en su propósito de reformar a la Constitución, por no poseer mayoría calificada en las Cámaras, mientras que pudo imponer innovaciones en la legislación ordinaria, aunque eso sí, casi todas combatidas en tribunales por las oposiciones, las cuales, coincidentes en posturas con muchos miembros del poder judicial, pudieron neutralizar ciertas disposiciones.

En razón de lo anterior, el guía de la 4T y su movimiento partidista (englobado en la alianza “juntos haremos historia”) se trazó como meta, emerger en las elecciones de 2024 con la suficiente mayoría de diputados y senadores, para llevar a cabo las enmiendas constitucionales que se le han negado.

Ese proyecto es denominado “Plan C”, para distinguirlo del inicial “plan A”, que pretendió modificar preceptos de la ley suprema, y se frustró, así como diferente al “plan B”, que consistió en rehacer varias normas que coinciden en materia electoral y de instituciones encargadas de tal materia (como el INE o el Tribunal Electoral Federal) incluidos básicos aspectos que atañen a los partidos políticos.

Este segundo plan, también se vio frenado, a iniciativa de los opositores, por fallos de los tribunales de la Federación, abanderados por la Suprema Corte de Justicia (SCJN). Esta narrativa generó una especie de refriega entre poderes, misma que a la fecha se ha acentuado.

Ese recrudecimiento se presenta con motivo de la discusión y aprobación del PEF, que implica un recorte a lo solicitado por el órgano jurisdiccional, así como el empeño de la 4T, por suprimir varios fideicomisos (13 de 14) que se han creado en el ámbito del poder judicial.

Para las oposiciones, esas decisiones del legislativo (los diputados federales) obedecen a un afán de venganza, por los reveses que ha sufrido la 4T en las contiendas judiciales que ha sostenido, y en las cuales regularmente recibió “palo”, como se dice en el argot de los abogados y los litigios, para denotar que ese actor procesal, perdió un juicio.

SILENCIO NO IMPLICA INACCIÓN”: NORMA PIÑA

Ahora pues, el forcejeo entre poderes está en crecimiento cada día. La presidenta de la SCJN, (Norma Piña Hernández) a unos días de estar callada, afirmó en petit comité (gravada sin querer y eso hecho público) que su discreto “silencio no implica inacción”, eso con motivo de la posible desaparición de fideicomisos del Poder Judicial.

En cambio, el primer mandatario, sobre los excesos de los ministros y magistrados, que estos señalan son correctos, manifestó: “Los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan 43 veces más que el salario promedio de los trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social”, por lo que cuestionó: “¿qué es eso? ¿Eso es lo que están defendiendo? Es una vergüenza”, es decir, para Amlo, eso es una forma de corrupción.

Y debido a que los trabajadores del PJF se han pronunciado contra la supresión de esos fideicomisos, casi parealizando la justicia que allí se imparte, el mandatario federal les dijo que mediten ese movimiento, pues defienden prebendas; luego declaró que le gustaría que los mismos ministros y magistrados, marcharan y se declararan abiertamente.

Es inconcuso, que la Cámara de Diputados, tiene como exclusiva facultad aprobar el PEF, así lo establece sin tapujos la Constitución. ¿por qué tanta gritería de la oposición y ahora hasta de los trabajadores del PJF? Asimismo, es cierto que el PJF o la Suprema Corte, no tienen por qué crear fideicomisos (salvo uno, para fortalecer la administración de justicia, que autoriza la ley), puesto que lo anualmente autorizado en el presupuesto, es para ejercerse, y si por algo hay un sub ejercicio, debe devolverse esos recursos a la tesorería de la Federación. Eso se previene legalmente, y la Corte no tiene más acción que cumplir las normas; sin embargo, resulta que hace “guardaditos” y al margen de su deber, constituye fideicomisos, que por cierto tienen acumulados más de quince mil millones de pesos a la fecha.

La conclusión, es que cada poder e institución involucrada en este forcejeo, lo que han de hacer para no defraudar al pueblo mexicano, es ceñirse estrictamente las leyes, respetar el ámbito de competencia de cada uno y, de forma invariable, dejar de andar riñendo entre sí; en cambio, deben esmerarse en cumplir sus obligaciones, teniendo como mira, la mejoría de la población, el fortalecimiento de la república y la impartición pronta, gratuita e imparcial, de la justicia en todos sus órdenes, conmutativa, económica y social.

Finalmente, hemos de apuntar que sobre este forcejeo con trasfondo político-electoral, la ciudadanía tendrá la última palabra el 2 de junio de 2024, y dependiendo lo que dictamine con su voto, los mexicanos, como verdaderos demócratas, habremos de acatar lo que su voluntad defina. Tengamos presente que el pueblo es como la ley: Al margen, nada; por encima, nadie, lo cual se complementa con la frase juarista de que, “Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho”.

EXCESOS EN LA JUSTICIA LOS ELEVADOS SUELDOS DE MINISTROS Y MAGISTRADOS

En síntesis, es un hecho irrefutable, que los ministros, magistrados y jueces del poder judicial federal (PJF) y muchos de organismos descentralizados, así como de los Estados y municipios, perciben elevados ingresos, retribuciones que superan con mucho a lo que gana el Presidente de la República, y que mandata la Constitución de la República, prescripción que debe ser el tope de los salarios que se otorgue a cualesquier servidor público, ya federal, estatal ó municipal, incluyendo a organismos que funcionen con recursos del erario. Los más relevantes en tal ramo, son los altos integrantes del PJF, siendo de plano extremosos por lo elevado de sus remuneraciones, los ministros y magistrados.

Al decir de los estudiosos y periodistas que se han ocupado de esa temática, los alcances en dinero, para esos miembros del PJF, van de 300 mil a 700 mil pesos… ¡mensuales! La cifra, para un país como México, definitivamente es descomunal, e injusta; pero todavía se agudiza esa desigualdad, cuando la comparamos con el salario mínimo (poco más de $207 pesos diarios, de un obrero mexicano, excepto la zona fronteriza del norte que es mayor). Asimismo es inequitativo ese sueldo, si advertimos que el ingreso medio de los afiliados al Seguro Social, no pasa de 16 mil pesos mensuales, que siendo una cantidad superior al del asalariado común -el del mínimo- es infinitamente inferior al de los ministros y magistrados del PJF y la SCJN.

Ahora bien, los apoyos y prestaciones privilegiadas de que gozan esos integrantes del PJF, son verdaderamente fuera de serie: sueldo neto, $206,948.00 pesos; aguinaldo y prima vacacional, $445,309.00 pesos; pago anual por riesgo, $416,754.00 pesos. Y seguimos enumerando, pues viene el seguro de vida institucional por 40 meses de sueldo; el estímulo quinquenal y luego, seguro de gastos médicos mayores por más de un millón 50 mil pesos; pago por defunción, ayuda de gastos funerarios, y más etcéteras, como el fondo para comer en restaurantes de lujo, para vehículos blindados tipo VAN considerando apoyo para el estacionamiento; otros rubros, son para computación, IPAD y celulares, gasolinas, ayuda de mantenimiento de casa, apoyo de casi 5 millones y medio anual para contratar personal de soporte, y hasta auxilios de ahorro para marcha al dejar el empleo.

A lo anterior, no le agregamos que la SCJN y el PJF, tienen recursos para jardinería, deportes, talleres de yoga, de baile, etc. Como ejemplo del despilfarro, es que cuando viajan, si quieren, pueden llevar casi un séquito, pero si quien imparte una conferencia sin pertenecer al PJF, no tiene recursos ni para un ayudante, ni más respaldo que un modesto traslado y alimentos básicos, olvidando desde luego (por lo general) que se le otorguen honorarios, ya que aducen en la SCJN que tienen restringidas sus erogaciones.

 

 

 

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Deportes

Se pospone el primer partido de Chivas en el Torneo Apertura de la Liga MX

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-Por Redacción Conciencia Pública con datos de ADN40

El torneo Apertura 2025 de la Liga MX comenzó el viernes 11 de julio con varios partidos, pero uno de los encuentros más esperados, Chivas vs Tigres, no se disputó como estaba programado para la Jornada 1.

La ausencia del partido llamó la atención, ya que ambos equipos son protagonistas habituales del futbol mexicano. Desde el calendario oficial ya se había informado que este encuentro quedaría pendiente.

El motivo principal por el cual no se jugó el duelo entre Chivas y Tigres fue debido a remodelaciones en el Estadio Akron, casa del Club Guadalajara. Estas obras forman parte de los preparativos para el Mundial 2026, en el que dicho recinto será una de las sedes.

Las autoridades del estadio informaron que mantendrán sus puertas cerradas durante algunos días para garantizar que el inmueble cumpla con los estándares exigidos por la FIFA.

Ante esta situación, la Liga MX reprogramó el partido para el 17 de septiembre de 2025 a las 19:05 horas. Mientras tanto, tanto Chivas como Tigres pospondrán su debut oficial en el torneo hasta la segunda jornada, cuando se enfrenten a León y Juárez respectivamente, bajo la dirección de sus nuevos entrenadores, Gabriel Milito y Guido Pizarro.

 

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ENTREVISTAS

Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión

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Por Mario Ávila //

Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.

Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.

Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.

Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.

Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.

LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”

Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.

La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.

No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.

Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.

Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.

Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.

Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.

ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO

Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.

Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.

Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.

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ENTREVISTAS

Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

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Por Mario Ávila //

El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.

Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.

“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.

Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.

Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.

En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.

“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.

A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.

Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.

También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.

El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.

 

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