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¿Se justifica la desaparición de 13 de 14 fideicomisos? El forcejeo de dos poderes con fondo político electoral

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Con motivo de las reformas impulsadas por la actual administración federal, autotitulada Cuarta Transformación (Cuatro T, 4T), han surgido cuestiones muy singulares que involucran, en un forcejeo, a los tres poderes constitucionales, a los partidos políticos y a los factores cruciales que operan en la República.

Hoy por hoy, el punto álgido es la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), cuya autorización es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; junto a ese tema, se enlaza la supresión de varios fideicomisos del poder judicial. En esencia, la pugna conlleva bizarra contienda político-electoral, cuya real definición ocurrirá en los comicios generales del año venidero.

Ya sabemos que el líder de la 4T es el primer mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador, (Amlo) y se prevé que su obra se proseguirá por la virtual candidata presidencial del partido -Morena- fundado por el susodicho mandatario, Claudia Sheinbaum Pardo: esto en el supuesto de que, de acuerdo a todas las encuestas creíbles, tras la coyuntura del 2 de junio de 2024, ella será la sucesora de aquél, es decir de Amlo. En consecuencia, los principios vigentes, que han sido bandera del actual gobierno federal, se supone continuarán dominantes el próximo sexenio, siendo principalmente los siguientes: a) Por el bien de todos, primero los pobres; b) la austeridad republicana; c) separar al poder económico del poder político; d) Combatir la corrupción y erradicar la impunidad; e) Alcanzar la autonomía de México en el orden energético, alimentario y actividades prioritarias para la nación y f) Completa vigencia del estado de derecho. Todos los puntos anteriores, ejecutados sin titubeos o zigzags, enmarcados por los paradigmas de no robar, no mentir y no traicionar.

Por su lado, las oposiciones a la 4T, -encarnadas por el Frente Amplio de México (FAM) conformado por PAN, PRI y restos del PRD, más Claudio X. González jr., y sus corifeos de la derecha -algunos que se dicen representan a la sociedad civil-, sumados a ONG’S de puro membrete, todos los cuales sostienen airados: que nacionalmente todo está por los suelos, (economía, seguridad, estructuras, etc.) que no se cumple con la ley, que los ideales de AMLO son falacias, que el tabasqueño está convertido en dictador, implacable destructor de instituciones, persecutor tenaz de sus adversarios y drástico represor de la libre expresión que como meta convertirá a México en una Venezuela chavista, que para sus fanáticos, es ser comunista.

En los actuales momentos del país, las dos fuerzas representativas del panorama político antedicho (la 4T y las oposiciones) están desatadas, realizando denodados esfuerzos para ganar la batalla -que se librará en las urnas- por adquirir el poder político, a partir del cargo público más alto, de elección popular, que es la presidencia de la república.

A la par se lucha por obtener las mayorías de las cámaras del Congreso de la Unión (senadores y diputados) indispensables para lograr reformas a las leyes y particularmente a la Carta Máxima, que requiere votaciones calificadas, a diferencia de las modificaciones legales -también muy necesarias- que se alcanzan con mayorías simples.

Complementariamente, en ese enfrentamiento electoral, estarán en juego nueve gubernaturas, la mayoría de legislaturas estatales y ayuntamientos: en total, se votarán 20, 286 posiciones de elección popular. Es pues, con mucho, la mayor jornada comicial en la historia de nuestra patria, con casi dos mil puestos más que en 2018. Y en cuanto a ciudadanos, ahora se convocará a alrededor de 98 millones, nueve más que hace cinco años.

Así las cosas, presenciamos a diario un constante forcejeo entre los dos bandos, con la particularidad de que las oposiciones coinciden en muchas facetas con el poder judicial federal, en tanto que el ejecutivo recibe el apoyo invariable de la mayoría de componentes del poder legislativo. El resultado lógico, es esa cada vez más profunda discordancia entre ambas partes. Ya antes se había observado tal contienda cuando se trataron -entre otras materias- temas como la energía eléctrica y el renglón electoral: la 4T fracasó en su propósito de reformar a la Constitución, por no poseer mayoría calificada en las Cámaras, mientras que pudo imponer innovaciones en la legislación ordinaria, aunque eso sí, casi todas combatidas en tribunales por las oposiciones, las cuales, coincidentes en posturas con muchos miembros del poder judicial, pudieron neutralizar ciertas disposiciones.

En razón de lo anterior, el guía de la 4T y su movimiento partidista (englobado en la alianza “juntos haremos historia”) se trazó como meta, emerger en las elecciones de 2024 con la suficiente mayoría de diputados y senadores, para llevar a cabo las enmiendas constitucionales que se le han negado.

Ese proyecto es denominado “Plan C”, para distinguirlo del inicial “plan A”, que pretendió modificar preceptos de la ley suprema, y se frustró, así como diferente al “plan B”, que consistió en rehacer varias normas que coinciden en materia electoral y de instituciones encargadas de tal materia (como el INE o el Tribunal Electoral Federal) incluidos básicos aspectos que atañen a los partidos políticos.

Este segundo plan, también se vio frenado, a iniciativa de los opositores, por fallos de los tribunales de la Federación, abanderados por la Suprema Corte de Justicia (SCJN). Esta narrativa generó una especie de refriega entre poderes, misma que a la fecha se ha acentuado.

Ese recrudecimiento se presenta con motivo de la discusión y aprobación del PEF, que implica un recorte a lo solicitado por el órgano jurisdiccional, así como el empeño de la 4T, por suprimir varios fideicomisos (13 de 14) que se han creado en el ámbito del poder judicial.

Para las oposiciones, esas decisiones del legislativo (los diputados federales) obedecen a un afán de venganza, por los reveses que ha sufrido la 4T en las contiendas judiciales que ha sostenido, y en las cuales regularmente recibió “palo”, como se dice en el argot de los abogados y los litigios, para denotar que ese actor procesal, perdió un juicio.

SILENCIO NO IMPLICA INACCIÓN”: NORMA PIÑA

Ahora pues, el forcejeo entre poderes está en crecimiento cada día. La presidenta de la SCJN, (Norma Piña Hernández) a unos días de estar callada, afirmó en petit comité (gravada sin querer y eso hecho público) que su discreto “silencio no implica inacción”, eso con motivo de la posible desaparición de fideicomisos del Poder Judicial.

En cambio, el primer mandatario, sobre los excesos de los ministros y magistrados, que estos señalan son correctos, manifestó: “Los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan 43 veces más que el salario promedio de los trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social”, por lo que cuestionó: “¿qué es eso? ¿Eso es lo que están defendiendo? Es una vergüenza”, es decir, para Amlo, eso es una forma de corrupción.

Y debido a que los trabajadores del PJF se han pronunciado contra la supresión de esos fideicomisos, casi parealizando la justicia que allí se imparte, el mandatario federal les dijo que mediten ese movimiento, pues defienden prebendas; luego declaró que le gustaría que los mismos ministros y magistrados, marcharan y se declararan abiertamente.

Es inconcuso, que la Cámara de Diputados, tiene como exclusiva facultad aprobar el PEF, así lo establece sin tapujos la Constitución. ¿por qué tanta gritería de la oposición y ahora hasta de los trabajadores del PJF? Asimismo, es cierto que el PJF o la Suprema Corte, no tienen por qué crear fideicomisos (salvo uno, para fortalecer la administración de justicia, que autoriza la ley), puesto que lo anualmente autorizado en el presupuesto, es para ejercerse, y si por algo hay un sub ejercicio, debe devolverse esos recursos a la tesorería de la Federación. Eso se previene legalmente, y la Corte no tiene más acción que cumplir las normas; sin embargo, resulta que hace “guardaditos” y al margen de su deber, constituye fideicomisos, que por cierto tienen acumulados más de quince mil millones de pesos a la fecha.

La conclusión, es que cada poder e institución involucrada en este forcejeo, lo que han de hacer para no defraudar al pueblo mexicano, es ceñirse estrictamente las leyes, respetar el ámbito de competencia de cada uno y, de forma invariable, dejar de andar riñendo entre sí; en cambio, deben esmerarse en cumplir sus obligaciones, teniendo como mira, la mejoría de la población, el fortalecimiento de la república y la impartición pronta, gratuita e imparcial, de la justicia en todos sus órdenes, conmutativa, económica y social.

Finalmente, hemos de apuntar que sobre este forcejeo con trasfondo político-electoral, la ciudadanía tendrá la última palabra el 2 de junio de 2024, y dependiendo lo que dictamine con su voto, los mexicanos, como verdaderos demócratas, habremos de acatar lo que su voluntad defina. Tengamos presente que el pueblo es como la ley: Al margen, nada; por encima, nadie, lo cual se complementa con la frase juarista de que, “Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho”.

EXCESOS EN LA JUSTICIA LOS ELEVADOS SUELDOS DE MINISTROS Y MAGISTRADOS

En síntesis, es un hecho irrefutable, que los ministros, magistrados y jueces del poder judicial federal (PJF) y muchos de organismos descentralizados, así como de los Estados y municipios, perciben elevados ingresos, retribuciones que superan con mucho a lo que gana el Presidente de la República, y que mandata la Constitución de la República, prescripción que debe ser el tope de los salarios que se otorgue a cualesquier servidor público, ya federal, estatal ó municipal, incluyendo a organismos que funcionen con recursos del erario. Los más relevantes en tal ramo, son los altos integrantes del PJF, siendo de plano extremosos por lo elevado de sus remuneraciones, los ministros y magistrados.

Al decir de los estudiosos y periodistas que se han ocupado de esa temática, los alcances en dinero, para esos miembros del PJF, van de 300 mil a 700 mil pesos… ¡mensuales! La cifra, para un país como México, definitivamente es descomunal, e injusta; pero todavía se agudiza esa desigualdad, cuando la comparamos con el salario mínimo (poco más de $207 pesos diarios, de un obrero mexicano, excepto la zona fronteriza del norte que es mayor). Asimismo es inequitativo ese sueldo, si advertimos que el ingreso medio de los afiliados al Seguro Social, no pasa de 16 mil pesos mensuales, que siendo una cantidad superior al del asalariado común -el del mínimo- es infinitamente inferior al de los ministros y magistrados del PJF y la SCJN.

Ahora bien, los apoyos y prestaciones privilegiadas de que gozan esos integrantes del PJF, son verdaderamente fuera de serie: sueldo neto, $206,948.00 pesos; aguinaldo y prima vacacional, $445,309.00 pesos; pago anual por riesgo, $416,754.00 pesos. Y seguimos enumerando, pues viene el seguro de vida institucional por 40 meses de sueldo; el estímulo quinquenal y luego, seguro de gastos médicos mayores por más de un millón 50 mil pesos; pago por defunción, ayuda de gastos funerarios, y más etcéteras, como el fondo para comer en restaurantes de lujo, para vehículos blindados tipo VAN considerando apoyo para el estacionamiento; otros rubros, son para computación, IPAD y celulares, gasolinas, ayuda de mantenimiento de casa, apoyo de casi 5 millones y medio anual para contratar personal de soporte, y hasta auxilios de ahorro para marcha al dejar el empleo.

A lo anterior, no le agregamos que la SCJN y el PJF, tienen recursos para jardinería, deportes, talleres de yoga, de baile, etc. Como ejemplo del despilfarro, es que cuando viajan, si quieren, pueden llevar casi un séquito, pero si quien imparte una conferencia sin pertenecer al PJF, no tiene recursos ni para un ayudante, ni más respaldo que un modesto traslado y alimentos básicos, olvidando desde luego (por lo general) que se le otorguen honorarios, ya que aducen en la SCJN que tienen restringidas sus erogaciones.

 

 

 

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La quimera del bienestar: La promesa del fondo de pensiones

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

El tablero político de México, ese ajedrez implacable donde los peones y alfiles tejen estrategias de cara a elecciones y futuras jubilaciones, se encuentra nuevamente al centro de un huracán político y financiero: la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, promovido por Morena bajo la batuta del siempre carismático presidente Andrés Manuel López Obrador.

La propuesta, envuelta en la seda de la solidaridad y el bien común, promete un paraíso pensionario a trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE, dos gigantes que resuenan en el imaginario de la seguridad social en México.

Sin embargo, la realidad, como un diablo en los detalles, sugiere una narrativa menos optimista. Los fondos prometidos, esa garantía de 40 mil millones de pesos provenientes de cuentas inactivas de trabajadores de avanzada edad, palidecen ante la necesidad colosal de 1.5 billones de pesos anuales requeridos para cubrir las pensiones prometidas a unos 25 millones de empleados. ¿No es acaso esta una promesa tan frágil como las hojas de otoño?

En un gesto que rozaría lo desesperado, diversas fuentes de financiamiento han sido sugeridas: desde las ganancias de proyectos faraónicos como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, hasta los remanentes de entidades paraestatales y adeudos públicos. ¿Pero qué certeza existe de que estos fondos estén disponibles cuando las hojas del calendario caigan en el momento de pagar las pensiones?

El esquema propuesto parece un mosaico de aspiraciones y fondos contingentes, donde la certeza financiera brilla por su ausencia. La diputada Ivonne Cisneros y el diputado Ignacio Mier, ambos estandartes de la propuesta, han hablado con la confianza de quienes ven tierras fértiles en el horizonte, pero los expertos y la crítica advierten que el terreno podría estar minado de desafíos insuperables.

España, un modelo a seguir en materia de pensiones, ofrece una tasa de reemplazo del 80% del salario, sustentado por contribuciones significativas tanto de empleadores como de trabajadores. En contraste, México aporta apenas un 9%, y los trabajadores, un mínimo del 1%. ¿Cómo se espera entonces alcanzar un ideal del 100% con aportaciones tan modestas?

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, -sí, aunque usted no lo crea hay quien cobra como secretario del trabajo en México- ha sugerido que recursos incautados y parte de las utilidades de empresas estatales podrían abonar al fondo. Aun así, las sombras de la duda se ciernen sobre la viabilidad de estas fuentes, con críticos como Rolando Silva Briceño, de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México y Carlos Ramírez, expresidente de la CONSAR, apuntando a las lagunas y los riesgos de depender de recursos que bien podrían no materializarse.

Este enfoque disperso y fragmentado hacia el financiamiento revela una estrategia más de emergencia que de planificación a largo plazo. La opacidad en el manejo y asignación de los fondos sólo añade incertidumbre a un sistema que debería caracterizarse por su previsibilidad y solidez.

A la sombra de esta propuesta se teje también una trama de urgencia electoral, percibida por observadores como un intento de ganar el favor popular sin un plan robusto que asegure la sustentabilidad financiera a mediano y largo plazo. Los trabajadores mexicanos, en su justa demanda de seguridad en la vejez, podrían encontrarse en un laberinto burocrático para reclamar derechos que, por ley, les corresponden.

El debate, enriquecido por contribuciones de instituciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), llama a una evaluación meticulosa y basada en evidencia. Se pide a los legisladores un diálogo abierto y constructivo, imperativo para garantizar que las decisiones tomadas hoy no se conviertan en las cadenas del mañana para las finanzas públicas y la dignidad de los trabajadores al final de su vida laboral.

En este escenario, lleno de promesas y sombras, el Fondo de Pensiones del Bienestar se perfila como una criatura mitológica: imponente en la narrativa, pero esquiva en la realidad tangible. La esperanza de jubilaciones dignas se entreteje con el temor de que la realidad no cumpla con las promesas hechas en tiempos de campaña.

Mientras tanto, la oposición y los expertos señalan que la propuesta podría estar más orientada a cosechar votos que a sembrar las bases de un sistema pensionario robusto y equitativo. La crítica no es menor: se alega que el plan puede llevar a un incremento de la presión fiscal sin resolver de manera fundamental las deficiencias estructurales del sistema de pensiones actual. La preocupación es palpable: ¿se está comprometiendo el futuro fiscal del país a cambio de un beneficio político inmediato?

La falta de claridad en la operatividad del fondo y la indefinición de los mecanismos para la devolución de recursos son talones de Aquiles que podrían desmotivar a los trabajadores a ejercer su derecho a reclamar los ahorros que, con esfuerzo, han acumulado durante años. La posible complicación administrativa, largos tiempos de espera y trámites excesivos podrían ser un calvario para aquellos que se aventuren a reclamar lo que es legítimamente suyo.

El análisis no termina en la crítica: el Instituto Mexicano para la Competitividad y otras voces autorizadas sugieren que la propuesta requiere un replanteamiento profundo. Se advierte sobre el riesgo de que los recursos del fondo sean insuficientes y de que las aportaciones gubernamentales adicionales necesarias distraigan fondos de áreas cruciales como educación, salud y seguridad.

La posible expropiación de cuentas inactivas, aunque negada oficialmente, sigue siendo una sombra que planea sobre la iniciativa, aumentando la desconfianza entre los trabajadores y sus beneficiarios. Las figuras prominentes en la defensa del fondo, como Carlos Ramírez y Abraham Vela, ex presidentes de la CONSAR, reiteran que, aunque la propuesta no constituye una expropiación directa, la manipulación de cuentas inactivas sin una estrategia clara es una maniobra arriesgada y potencialmente injusta.

En conclusión, el Fondo de Pensiones del Bienestar, aunque noble en su intento de proporcionar una jubilación más generosa para los trabajadores mexicanos, se enfrenta a un mar de incertidumbre y escepticismo. Requiere un debate transparente, amplio y fundamentado en análisis financieros sólidos de esos que no sabe, ni le gusta hacer a la 4T.

Los trabajadores de México merecen un sistema de pensiones que no solo sea generoso en su retórica, sino eficaz y justo en su implementación. La verdadera medida del éxito de esta iniciativa será si puede pasar de las palabras a los hechos sin sacrificar la estabilidad económica ni la equidad social. Hasta el momento, no se ve cómo.

En X @DEPACHECOS

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Segunda llamada

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Opinión, por Miguel Ángel Anaya Martínez //

A inicios de este mes se llevó a cabo el primer debate presidencial, un ejercicio poco esperado y poco visto por los votantes mexicanos. Como suele suceder las candidatas punteras se enfrascaron en descalificaciones y señalamientos y mostraron poco de sus propuestas para mejorar la situación del país, por su parte, Jorge Álvarez Maynez, con una sonrisa un poco extraña, a diferencia de sus redes sociales mostró una imagen apagada.

Los debates que deberían tener la función de comparar ideas, mostrar planes, proyectos, conectar con las y los ciudadanos, se han convertido en un show donde los candidatos que se saben abajo suelen atacar al que va a la cabeza en las encuestas.

A pesar de que la mayoría de los mexicanos son ajenos a dedicar dos horas de su día, (generalmente domingo), a escuchar propuestas de personajes que no conocen ni desean conocer, los resúmenes informativos y los videos de Tik-Tok son seguidos y replicados por bastantes ciudadanos.

Lo que vimos en el debate del 7 de abril, fue a una Claudia Sheinbaum segura, preparada y tranquila de que a pesar de tener muchos señalamientos a su gestión y a la administración federal que promueve, sigue arriba en las encuestas y parece que sus seguidores continuarán fieles a su causa. Su principal contrincante no lo encuentra en los partidos o candidatos, sino en la posible alta participación ciudadana del próximo 2 de junio.

Por su parte, Xóchitl Gálvez, mostró una imagen contrariada, parece que la sobreasesoría a sus gestos, imagen personal y lenguaje corporal pesaron más de lo que ayudaron, no fue ella misma y se notó. Los partidos de oposición se decantaron por Xóchitl porque es una persona fresca, sin señalamientos y eso venía a avivar la esperanza de poder refrescar la muy dañada imagen del PRI y del PAN, sin embargo, es claro que le cuesta desmarcarse de los partidos, se encajona cuando le preguntan por Marko Cortés y sobre todo, por “Alito”.

De Máynez, se puede comentar que si bien, presenta propuestas un poco más elaboradas, es notorio que aún no consigue la atención del electorado mayor de 29 años, del ciudadano que solo ve dos opciones para votar y que piensa que decantarse por una tercera vía podría ser equivalente a desperdiciar el voto.

Es de destacar el crecimiento en las redes sociales del zacatecano, desde la jingle de su campaña que ha sido un éxito en las listas de reproducción de México y algunos países más, hasta el click que ha tenido con los jóvenes en las universidades. Aunque Máynez se ve lejos del triunfo, la campaña despunta y podría conseguir una buena cantidad de sufragios con los jóvenes que votan por primera vez y que lo ven como una opción viable o una moda. En México hay 40 millones de posibles electores de 29 años o menos.

Este domingo 28 de abril se llevará a cabo el segundo debate, para Xóchitl, es de las últimas oportunidades para repuntar, es momento de romper cadenas y hacer lo que corresponde.

En sus mismas palabras, expresa que no le han gustado las imposiciones desde la casa de campaña:

En esta campaña he vivido cosas durísimas y quizá la más dura es la que pasó con mi hijo, tengo que decirlo. Y de repente he estado pensando ‘es que la gente no te quiere de huipil, porque una presidenta no puede traer huipil’. He hecho el esfuerzo de traer traje sastre que sí lo uso, pero me incomoda, y creo que en el debate nunca estuve cómoda, la verdad me sentía fingida”.

A pesar de que los debates no tienen la mayor audiencia, lo que se replica posterior a ellos sí influye en el electorado. La participación de las candidatas y el candidato es de las últimas oportunidades para demostrar que son mejores, o al menos dejar alguna frase o concepto contundente que haga pensar al elector que vale la pena tachar su nombre en la boleta.

Si Xóchitl no es contundente en el debate, si Claudia vuelve a tener un día de campo, si Máynez sigue con su tendencia en redes sociales, se ve muy difícil que el resultado pronosticado desde hace meses para la elección presidencial, pueda cambiar.

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Los roba viejitos

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Conciencia con texto, por José Carlos Legaspi //

Aunque parezca una contradicción, los miembros de la 4ª Transformación imponen leyes, normas y reglamentos no obstante su público rechazo a la Ley. Los legisladores de MORENA se han apropiado de los cuerpos legislativos para legalizar lo que la voz del amo les ordena.

Mientras el Peje vomita ilegalidades cuando de cumplir leyes se trata, sus legisladores se afanan en legalizar lo que en su eterna campaña abominaba de los regímenes “conservadoneoliberales”.

¿Hasta qué punto los “compaleros de partido” del Prejidente deben ser sumisos, dóciles, abyectos?

La iniciativa de ley promovida por MORENA para adueñarse del dinero de las AFORES, de los ciudadanos de 70 años en adelante, es la muestra de que, cuando quieren, las leyes son inapelables, estupendas, magníficas, celestiales incluso.

Cuando las leyes les molestan es porque no les permiten hacer lo que les da la gana; porque son “obsoletas” o, como dicen en su cantaleta, confeccionadas por los conservadores.

Hasta ahora no se sabe con certeza cómo se van a pillar los 40 mil millones de pesos calculados. Mañosamente no se incluyeron mecanismos para obligar a emplearlos en la “cosa pública”; es decir no habrá manera de saber qué se hará con ese dinero; qué Secretaría lo administrará, cómo se repartiría entre las dependencias o los municipios y entidades. La tradicional opacidad de la casa, es la marca en esta “ley robaviejitos”.

No se incluyó ese candado porque lo que la 4ª Transformación necesita urgentemente es dinero. Dinero para la nómina; dinero para el Ejército y la Marina. Pero, sobre todo, urge “para ayer” dinero, mucho dinero, para la campaña de la candidata.

Pero esa huizachada no es contra el dinero “maldito” de los fifís, de los conservadores y de los ricos. Es dinero de la clase trabajadora, de los pobres, pues.

MORENA decidió, vía sus leguleyos, coger el dinero de los ancianos mayores de 70 años. Sin recato, sin pudor, vergüenza ni se diga, MORENA aprobará rapidísimo, con la mano en la cintura, esa medida que, según los expertos en Derecho, es inconstitucional.

Así que la Suprema Cortesana de la Nación tendrá que intervenir de nuevo para restaurar la legalidad en ese rubro. El” piñazo” será duro y a la cabeza. Y el revire hacia la Presidente Piña inmediato.

La esperanza de MORENA está en el tiempo. Si hay tardanza en la reacción para impedir este robo a plena luz del día contra los ancianos, podrán refaccionar sus campañas.

Todo apunta a que se echará abajo esa maniobra legaloide, pero después de las elecciones. Es decir, el gobierno de AMLO tendrá “oxígeno” financiero merced a la “ley robaviejitos”.

¡Ah!, porque cuando se apropie de esos 40 mil millones de pesos no habrá poder sobre la tierra que haga regresarlos a las AFORES.

No pocos “sesentones” están meditando si votan por los “robaviejitos”.

Hay un sentimiento de desilusión, enojo y decepción de este sector social. Seguramente la mano que mueve la cuna de MORENA calculó muy bien el daño que significa esa “expropiación” para los planes a perpetuidad que tienen en mente.

Debe ser muy grande el bache económico del partido en el poder para aventurarse a aprobar la “ley robaviejitos” en plena campaña. ¿Dirá algo al respecto la candidata Sheinbaum? ¿Seguirá con su frialdad -cual paleta de la Flor de Michoacán- y el mimetismo pejista?

¿Cómo aprovechará Xóchitl ese resbalón de MORENA? ¿Hará alguna cancioncita de sonsonete sobre los “robaviejitos” el Máynez?

Mientras tanto, en una región del occidente de México, la lucha del MC por preservar el poder tiene en ascuas a no pocos. Aunque usted no lo crea, Chema Martínez, con toda la mala fama que lo rodea como político, está a tiro de piedra de la candidata de los naranjas, Verónica Delgadillo. Ambos luchan por la alcaldía de Guadalajara. También en Zapopan” el candidato de bien muchos partidos”, Kumamoto, se acerca peligrosamente a Frangie.

Si el MC pierde los principales municipios, Lemus no la pasará muy bien, puesto que alrededor de un 65 o 70 por ciento de los votantes de Jalisco se asientan en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Señoras y señores… ¡hagan sus apuestas!

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