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NACIONALES

Se tensa relación entre socios: Vecinos del norte se oponen a la reforma al Poder Judicial y amagan con el T-MEC

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Por Mario Ávila //

Los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México, Ken Salazar y Graeme C. Clark, respectivamente manifestaron su desaprobación a la iniciativa de reforma al Poder Judicial, en concreto a la elección de jueces, magistrados y ministros, mediante el voto popular y al mismo tiempo amagaron con el T-MEC advirtiendo que los inversionistas les han manifestado sus preocupaciones al respecto.

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, consideró que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México y aseguró: “Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política”.

También creo -dijo-, que el debate sobre la elección directa de jueces en estos tiempos, así como la política feroz, si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas.

Y vino el amago: «Gracias a la colaboración de nuestros presidentes, hemos hecho realidad la integración económica de América del Norte. Con el T-MEC hemos traído prosperidad a nuestro continente y nos hemos convertido en los mayores socios comerciales en la historia del mundo. Comprendemos la importancia de la lucha de México contra la corrupción judicial, sin embargo, la elección directa y política de jueces, en mi punto de vista no resolverá dicha corrupción judicial, ni tampoco fortalecerá al Poder Judicial».

«También debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte y crearía turbulencia, ya que el debate sobre la elección directa continuará durante los próximos años».

En un tono muy similar fue la declaración del embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, quien dijo que inversionistas canadienses le han transmitido sus preocupaciones sobre la reforma al Poder Judicial que impulsa el gobierno mexicano para elegir por voto popular a jueces y a la Suprema Corte.

En entrevista para la agencia de noticias EFE, antes de la inauguración del foro de negocios México-Canadá ‘CanCham Day 2024’, Clark dijo: “He escuchado esta mañana estas preocupaciones. Entonces, lo único que estoy haciendo es escuchar lo que dicen nuestros inversionistas al respecto y hay preocupación”.

Apuntó que la reforma judicial puede afectar ese vínculo de confianza entre los inversionistas y el Gobierno de México y detalló: “Una inversión es una muestra de confianza. Yo voy a invertir en tu país, yo voy a, no sé, construir una fábrica o invertir en una empresa mexicana”, agregó el diplomático.

No obstante, el embajador aclaró que su interés es transmitir las preocupaciones del sector privado canadiense, sin intervenir en los asuntos de México. “Como diplomático, soy muy sensible a cualquier comentario que podría ser visto como una injerencia en los asuntos de México y ciertamente no es el propósito”, puntualizó Clark.

 

CONSIDERA CLAUDIA SHEINBAUM

CONTRADICTORIA LA EXPRESIÓN DE KEN

En virtud de que en 43 de los 50 estados de la Unión Americana los jueces se eligen por voto popular, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, considera contradictoria la declaración del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

A la vez, la futura gobernante de México, aseguró que la reforma al Poder Judicial hará más fuerte el sistema de justicia en el país, y que también combatirá la corrupción que existe entre jueces, ministros y magistrados, a fin de que la justicia tenga alcance para ricos y pobres.

Vale la pena recordar que en esta misma semana, por segunda ocasión Sheinbaum Pardo ha hecho declaraciones en defensa de la iniciativa de reforma al Poder Judicial, ya que días atrás, dijo que las calificadoras Morgan Stanley, que rebajó la calificación del país para la inversión, así como Fitch Ratings, estaban “mal informadas”.

RECUADRO

 

DIEGO VALADÉS:

SE OCULTAN 230 MMDD

TRAS LAREFORMA AL PJ

PIE DE FOTO

La opinión del jurista Diego Valadés

Para Diego Valdés Ríos, ex ministro de la SCJN y quien fuera titular de la Procuraduría General de la República en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, detrás de la iniciativa de reforma al Poder Judicial, se esconde un gran paquete de recursos en el Banco de México, por 230 mil millones de dólares y advierte que ir por ellos, es la verdadera intención de los gobiernos de la Cuarta Transformación.

En entrevista con Adela Micha, Diego Valadés advirtió que hay un propósito oculto detrás de la reforma al Poder Judicial y explicó: “Hay un punto todavía más de fondo, ya se les acabaron los recursos, ya se fueron sobre los recursos de los ahorradores para las pensiones, ¿qué queda? sabes, quedan 230 mil millones de dólares en el Banco de México y es un mundo de dinero”.

Detalló que hay una línea en el artículo 28 constitucional que dice que ninguna autoridad podrá dar órdenes al Banco de México para utilizar esos recursos para financiar proyectos, es una línea, “esa línea muy probablemente va a desaparecer muy pronto y a partir de ese momento la Secretaría de Hacienda le podrá dar órdenes al Banco de México para disponer por la vía del crédito de 230 mil millones de dólares, esos son los verdaderos objetivos, no se está pagando un costo tan alto como el que están pagando por nada, por un capricho o por una venganza, no, hay toda una estrategia que además se oculta porque lo que en este momento produce un fuerte impacto es lo que estamos viendo con motivo del atentado para demoler al Poder Judicial”.

El Doctor señaló que con la reforma al Poder Judicial, López Obrador y Claudia Sheinbaum van por los 230 mil millones de dólares del Banco de México, que es equivalente a casi 4.6 billones de pesos, o lo que es igual 2 años de gasto programable del gobierno o a casi el 50% de Presupuesto de Egresos para el 2024 (14% del PIB nominal).

 

 

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JALISCO

Acusa Enrique Krauze a Donald Trump de tener un perfil cercano al de un dictador

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CIERTO O FALSO

“El mundo necesita un estadista. Es altamente improbable que Trump lo sea. Su perfil autoritario corresponde al del dictador que tanto temían los Padres Fundadores de Estados Unidos”

ENRIQUE KRAUZE / ESCRITOR

“55% de los estadounidenses respaldan la deportación de la comunidad indocumentada (…) Estamos hablando de más de 11 millones de personas, la inmensa mayoría gente honesta y de trabajo, que ha construido vidas, pagando miles y miles de millones en impuestos y tiene millones de hijos nacidos en EEUU y ciudadanos de este país”

LEÓN KRAUZE / ARTICULISTA DEL WASHINGTON POST

FUEGO CRUZADO

“Venezuela está en manos de un cartel criminal (…) Biden se equivocó al negociar con Maduro (…) Las elecciones fueron fraudulentas (…) Las petroleras financian al régimen (…) Urge un cambio de política”

MARCO RUBIO / PRÓXIMO SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU

“Lamentablemente Venezuela no está gobernada por un gobierno, está gobernada por una organización de narcotráfico que se ha empoderado del estado nacional, y hemos visto, creo, 7,8 o 9 millones de venezolanos que han abandonado el país”

MARCO RUBIO / PRÓXIMO SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU

VOZ ALTA

Papa caliente: Notarios

José Luis Leal Campos asumió la presidencia del Colegio de Notarios de Jalisco ante la presencia del gobernador Pablo Lemus y habló de la actualización de la actividad notarial que vendrá a responder al objetivo de innovar en esta actividad. “Esto será posible a través de la innovación y modernidad que nos dará una nueva identidad con la sociedad. Y lo haremos a través de seis principios: Voluntad, la defensa y representación del notariado, actuación basada en la ética, la capacitación y discusión de la cultura jurídica, el compromiso y solidaridad con la sociedad de Jalisco”.

JOSÉ LUIS LEAL CAMPOS. Sangre nueva en el Colegio de Notarios de Jalisco.

Se vuelve crítico

La problemática del transporte es un asunto que de no prestarle el gobierno del Estado la atención que el caso requiere, le puede estallar a Pablo Lemus, ya que Alfaro, a diferencia de su antecesor le heredó un problemón. Existe una crisis que golpea tanto a empresarios como choferes y que impacta al usuario, cuando circulan menos camiones, porque faltan más de mil choferes (1,500 consideran en números conservadores), la razón es que los sueldos dejaron de ser atractivos, cuando se castiga la tarifa generando esto un efecto dominó. Lemus debe echarse un clavado para conocer la realidad.

DIEGO MONRAZ. Trae una bomba en las manos.

Agua para Tlajo

Uno de los objetivos fundamentales que se ha trazado Gerardo Quirino como presidente municipal de Tlajomulco es resolver el problema de abastecimiento de agua en el municipio por los próximos 40 años. Con la construcción de la planta de tratamiento “Los Agaves” en la zona de la carretera a Chapala, se logrará, con el sistema de interconexión de pozos, el acuaférico que por muchos años se ha estado construyendo y que vendrá a mitigar el agua que sacan del subsuelo para que se recargue los mantos freáticos y el agua puedan tenerla todas las familias en cantidad y calidad.

GERARDO QUIRINO. La solución al problema del agua en Tlajomulco.

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JALISCO

La transición del Poder Judicial

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Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

El 15 de septiembre de 2024, se publicó en el Periódico Oficial de la Federación la Reforma al Poder Judicial, controvertida a grandes dimensiones. Para algunos mexicanos, es un acierto romper con el pasado en el que gobernaron otras ideologías y apostar a este nuevo gobierno morenista.

Para otros, es un retroceso y un posible error dejar que el pueblo elija de manera directa a quién impartirá justicia en las entidades federativas y en la federación, debido a que son cargos que requieren una carrera judicial, grados académicos y alta honorabilidad. Ahora nos enfrentaremos a la ardua tarea de implementarla según los tiempos marcados en la Reforma Constitucional y a ver la importancia de la armonización en Jalisco.

El reto en Jalisco, no solo implica la buena voluntad política de los poderes: el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, que es el que sufrirá o gozará de la armonización de esta gran reforma constitucional. El Poder Judicial en el Estado deberá transitar a la extinción del actual y a la creación del nuevo orden o desorden judicial, sin embargo, y según la lectura de los artículos transitorios del documento que reforma oficialmente, las entidades federativas deberán ser estrictamente apegadas a la reforma y su forma de transición tal como lo indica el artículo transitorio que al literal dice: “Décimo Primero.- Para la interpretación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.” Lo que se resume a que no existen opciones de variar la estructura del nuevo poder judicial; lo que pase en el ámbito federal deberá pasar en el local.

Todo indica que, en Jalisco, ante los posibles desafíos, sí existe la disposición de que este considerable cambio de impartición de justicia llegue a buen puerto, que las voluntades de los poderes se unan para considerar que la implementación de la reforma judicial sea lo más socializada y visibilizada.

El Gobernador Pablo Lemus Navarro ha nombrado a Arturo Zamora Jiménez, quien deberá, de manera honorífica, organizar y coordinar bajo la lupa social, a manera de propuesta para armonizar la ley estatal con la reforma judicial. Se realizarán foros con colegios de abogados, notarios, especialistas de colectivos, analistas políticos para conocer las voces de todos los involucrados y formar conclusiones. Los diputados tendrán alrededor de un mes para analizar estas propuestas y votarlas; debido a que los estados tienen hasta el 14 de marzo del 2025 para homologar sus legislaciones con la nueva reforma judicial.

La experiencia y trayectoria del jurista Arturo Zamora Jiménez garantizarían una reforma judicial ordenada y rigurosa desde su inicio, con un proceso estrictamente controlado. Se espera que esta persona comprenda la importancia del proceso para seleccionar a jueces imparciales, cuyas sentencias no estén influenciadas por la popularidad del juzgador, evitando así acrecentar la desigualdad y asegurando el acceso a la justicia para todos, sin importar su condición económica.

Es fundamental que en Jalisco esta transición en la elección de juzgadores y el cambio de poder judicial se realice de manera transparente y con amplia participación ciudadana, para generar confianza en el nuevo sistema judicial y fortalecer el Estado de derecho.

Ante los grandes cambios, deberemos buscar las oportunidades y, en este caso, que favorezcan los intereses de la sociedad y que nos permitan asegurar un futuro de impartición de justicia, real y transparente, en un país en el que todo se puede corromper en un instante y donde la opacidad gubernamental y política es más visible que la transparencia.

Construir desde la colectividad puede resultar en un mejor panorama para instaurar los cambios judiciales a los que nos sometió la cuarta transformación. Es evidente que la división de poderes no es algo que se pueda ya alegar y argumentar, entonces nos queda apostar a la participación ciudadana y la vigilancia social para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

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NACIONALES

El Plan México

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

El 13 de enero la señora Presidente Claudia Sheinbaum, presentó el Plan México diseñado para impulsar el desarrollo económico. Tres metas sobresalen: sustituir importaciones, fortalecer las cadenas productivas y colocar a la economía mexicana en el décimo lugar en el concierto internacional.

Sin duda es un buen documento porque integra una visión clara de hacia dónde quiere llevar la política económica y se pone además metas concretas que son mensurables, aunque no menciona compromisos en tiempos de realización, sin embargo, puesto en el contexto socio político, arroja graves contradicciones que son el principal obstáculo para el cumplimiento del citado plan.

El problema no está en él, sino en las limitaciones que le imponen las reformas al marco legal y en la eliminación de instituciones que le fueron heredadas y que ella misma se ha encargado de concluir las pendientes. Es inevitable por ello pensar que, como tantos otros documentos puede quedar en un buen catálogo de buenas intenciones.

El documento perfila a un gobierno con variantes significativas respecto a su antecesor en cuanto a política económica e incluso en la asistencial, donde ya se observan algunas correcciones como son la vuelta a las compras consolidadas de medicamentos, reconociendo llanamente que hay desabasto, el regreso de las guarderías ahora a cargo del IMSS, la revisión de la línea aérea Mexicana, pero hace falta un reconocimiento de las propias limitaciones del gobierno.

En principio se muestra abierto a la participación de la inversión privada, necesariamente deseada, convocada a participar en un programa de sustitución de importaciones que, erróneamente, algunos han interpretado como un regreso al proteccionismo. En realidad es un realineamiento de posiciones de cara a la revisión del tratado de libre comercio con EUA y Canadá, que pretende incidir en las cadenas de producción de los productos exportables. En esto al parecer ofrece facilidades para la inversión con una importante batería de estímulos fiscales.

Sin embargo, la industria requiere energía, mejor y mayor infraestructura y estos son recursos actualmente limitado en el país y aquí es donde empiezan las discordancias entre los propósitos y las realidades.

Seguir con el objetivo de garantizar la suficiencia energética es bueno, pero no lo es el limitar la presencia de la inversión privada en el sector, como es el caso de la industria eléctrica donde el estado se reserva el 54% de la participación, sin tener los recursos suficientes para participar en los proyectos de infraestructura necesarios. Hay formas de garantizar que la inversión mayoritaria sea mexicana y no extranjera y no es precisamente con dinero o participación gubernamental.

Lograr las metas que el plan señala depende en mucho de la inversión y las arcas nacionales no pasan por su mejor momento. La dilapidación de recursos del sexenio anterior en obras de alto costo y nula rentabilidad nos llevó al incremento de la deuda nacional y a sostener ahora con subsidios las improductivas empresas resultantes.

En el lanzamiento del Plan, estuvo presente una buena representación del empresariado e inversionistas, pero más allá de la verbalización positiva en entrevistas públicas, en privado se mantienen reservas, especialmente por la reforma judicial que arroja incertidumbre por la no vigencia plena del estado de derecho, por la politización, muy posible de los jueces y por la poca especialización que puedan tener estos sobre cuestiones fiscales, laborales y otras materias, especialmente al ver el conflictivo y turbio proceso de selección de aspirantes a ser votados en elección popular.

En su esencia el Plan es un buen documento y va más allá de superar la coyuntura de la revisión del tratado pues lo importante es recuperar el crecimiento económico pues sin él, la política social que encumbró y da permanencia al régimen pierde viabilidad.

La cristalización de las metas trazadas depende en mucho de la inversión. La inversión pública descendió 8.6% en el tercer trimestre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023 y la privada apenas creció un 2.9% y el Plan adolece de un capitulo que aborde las causas del descenso.

Algunas importantes devienen de la carga ideológica y de la abundancia de ocurrencias derivadas de juicios y prejuicios no siempre fundados. Otras, de las deficiencias en infraestructura que no podrán ser revertidas por la fragilidad de nuestra balanza financiera que impide al gobierno trabajar con suficiencia en ello y otras más derivan de la inseguridad y la incertidumbre por el estado de derecho.

El Plan México debiera trascender más allá de las declaraciones y el evento destacado, y sobre todo debiera tener un apartado que identifique con objetividad los obstáculos y defina con claridad como los irá derrumbando. Ese es el capítulo faltante y eso incluye una alta dosis de autocensura, cosa que hasta ahora no se ha visto que se haga.

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Tendencias

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