Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Por definición, el gobierno es el conjunto de órganos e instituciones que controlan y administran el poder del Estado, pero en México debiéramos preguntarnos si aún quedan instituciones después de la labor destructiva del sexenio anterior.

El Poder Legislativo cooptado, el Poder Judicial en proceso dudoso de reconstrucción, y ¿el Poder Ejecutivo?, ¿Tenemos gobierno o simplemente una persona que manda, rehén de una clase política sectaria y revanchista, victima complaciente de los caprichos y ocurrencias del pasado reciente y obligada ejecutora de mandatos foráneos?

Esa es una pregunta pertinente tras ocho meses transcurridos de una administración con situación financiera deficitaria, obligada a mantener un discurso de suficiencia y nacionalismo para conservar popularidad.

Creo que ésta es una interrogante para la cual el gobierno de la señora presidente Claudia Sheinbaum no tiene por ahora una respuesta clara. Hasta hoy, la única propuesta, propia, para el desarrollo futuro se condensa en el Plan México, cuyos horizontes son muy limitados y sus planteamientos muy condicionados a factores externos. Dependiente en su mayoría de la inversión privada, la perspectiva inmediata arroja poca probabilidad de éxito.

Las garantías de libre competencia se encuentran disminuidas por la desaparición de los organismos autónomos e independientes del gobierno y las garantías de legalidad en la incertidumbre por un poder judicial en reconstrucción con marcados riesgos de parcialidad por la penetración de factores reales de poder, legales e ilegales. Añádase la incertidumbre por la veleidosa política comercial de los EUA y su amenaza arancelaria y tenemos un ambiente poco favorable para que la inversión fluya.

Por otra parte, la fragilidad de las finanzas públicas nacionales, agobiadas por la abultada deuda y el pago del servicio de la misma, la presión creciente del cumplimiento de los programas sociales y pensiones, la insolvencia de Pemex y la escasa posibilidad de la CFE de incrementar la producción de energía y la ampliación de las redes de transmisión, más el costo de las onerosas obras señeras del sexenio anterior limitan el margen para el crecimiento.

La herencia económica es negativa por donde se vea y la herencia política tiene sus claroscuros. Por un lado, heredó una estructura legal que le permite ejercer el poder omnímodamente: un Poder Legislativo con mayoría de su partido, un Poder Judicial desvalorizado cuyas resoluciones son letra muerta ante el desacato contumaz, una oposición inexistente, carente de propuesta y credibilidad, mayoría de gubernaturas en el país, fuerzas militares mediatizadas con mandos dedicados a labores distintas a su función primordial y medios de comunicación sujetos al favor gubernamental. En síntesis, todo el poder; sin embargo, en cada enclave, las posiciones de decisión son cubiertas por personajes alineados u obligados con el antecesor.

La continuidad de un proyecto explica que la administración sea una mixtura de lo anterior con lo nuevo, sin embargo, en política es una máxima que el poder no se comparte, mucho menos cuando de conducir una nación se trata. El menguado poder político de la institución presidencial solo le alcanza para hacer recomendaciones a su partido que son como llamados a misa, las cumple el que quiere.

Claudia Sheinbaum llegó al poder carente de capital político propio y no ha podido consolidarlo. Quienes se dicen los duros del movimiento mantienen un reto constante sobre las decisiones presidenciales, las cabezas visibles se muestran ambiguas o indiferentes, y los gobernadores en la ortodoxia acomodaticia.

No se puede hablar de un proyecto propio ni en lo político ni en lo económico. Las políticas sobre seguridad pública y combate al crimen organizado obedecen a las presiones estadounidenses; la política económica se subordina con la de nuestros vecinos; las reformas legales y nombramientos administrativos se le regatean; los antes aliados como la CNTE y los partidos Verde, PT han abierto nuevos frentes de negociación y su partido o movimiento tiende a ser rehén de los cacicazgos regionales incorporados por conveniencia y hoy, aparentemente, en desacato.

La estructura administrativa, debilitada presupuestalmente, es inoperante y los secretarios de despacho ausentes, mientras los frentes en lo agropecuario, medioambiental, educación, salud, se problematizan. Es impredecible que pasará después de la elección de ministros, magistrados y jueces. El aparato oficial tratará de legitimar el proceso, pero no hay garantías de que la administración de justicia vaya a mejorar, sino al contrario.

Difícil panorama para una presidente que, ya sea por convicción, por lealtad, o por impotencia, se niega a deshacerse de la sombra que se cierne no solo sobre ella, sino sobre el país. Por su formación, la presidente sabe lo que tiene que corregir, lo que no sabemos es si quiere hacerlo o simplemente no puede. En estas condiciones no se puede ver para dónde va el país, o si tiene un rumbo. Lo que se percibe es una inercia negativa, como la deriva del buque Cuauhtémoc.